Política institucional
La Corte de Justicia de Salta resolvió aplicar un plan de contención del gasto por seis meses y congelar los aumentos salariales para sus jueces. La medida se da en medio del ajuste provincial y deja una señal fuerte: el recorte ya no queda solo en el Poder Ejecutivo, sino que también alcanza a otro de los poderes del Estado.
La decisión fue formalizada a través de una acordada y se apoya en el contexto económico actual, que según el propio tribunal obliga a extremar cuidados en la ejecución del gasto público. En ese marco, el máximo tribunal provincial dispuso que sus jueces no perciban incrementos salariales durante el próximo semestre.
Pero el ajuste no se limita a los sueldos. También incluye restricciones sobre compras de insumos, bienes de uso, viáticos, pasajes, alquileres, horas complementarias y funcionamiento de la flota oficial. A eso se suma un pedido de mayor control sobre consumo de energía, gas y telefonía dentro de las dependencias judiciales.
La lectura política e institucional es clara. La Justicia, que suele quedar al margen de este tipo de decisiones o aparecer como uno de los sectores más resguardados, ahora también entra en lógica de austeridad. Eso transforma una resolución administrativa en un mensaje más amplio sobre el momento financiero que atraviesa la provincia.
En Salta, la medida también abre otra discusión. Si el ajuste alcanza al Poder Judicial, la pregunta ya no es solo cuánto se recorta, sino hasta dónde estas decisiones pueden impactar en el funcionamiento cotidiano del sistema, en sus servicios y en su capacidad operativa.
Por ahora, la Corte presenta la decisión como un gesto de responsabilidad fiscal y de acompañamiento al esfuerzo general del Estado. Pero más allá de esa justificación, el dato ya quedó instalado: el ajuste llegó a uno de los poderes más sensibles de la provincia y dejó una señal política difícil de pasar por alto.
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