Social / Contexto local
Dos estudiantes de la Universidad Nacional de Salta están implicados en una causa por la creación y difusión de imágenes sexuales falsas generadas con inteligencia artificial. Hasta el momento hay 12 denuncias formalizadas y no se descarta que aparezcan nuevas víctimas o nuevos imputados.
El caso es investigado como violencia de género digital y generó fuerte preocupación dentro de la comunidad universitaria. Las imágenes habrían sido fabricadas mediante herramientas de IA, utilizando rostros de estudiantes sobre cuerpos desnudos, con el objetivo de producir contenido falso y dañino.
La UNSa se constituyó como querellante en la causa y anunció medidas de acompañamiento para las víctimas, además de acciones de prevención y capacitación. La intervención institucional busca marcar que este tipo de hechos no puede ser tratado como una broma ni como un uso menor de tecnología.
La investigación está en manos de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género. De manera provisoria, los hechos fueron calificados como lesiones graves agravadas por mediar violencia de género, mientras avanzan las medidas judiciales y el análisis del material secuestrado.
Uno de los imputados recibió restricciones, entre ellas la prohibición de acercarse a las víctimas, de ingresar a la universidad y de acceder a servicios de almacenamiento en la nube vinculados con la causa. La Justicia también busca determinar si hubo más personas involucradas en la producción, circulación o resguardo de las imágenes.
El caso expone una nueva dimensión de la violencia digital. La inteligencia artificial puede ser una herramienta de desarrollo, educación e innovación, pero su uso para fabricar imágenes íntimas falsas genera daños reales: afecta la privacidad, la reputación, la salud emocional y la vida académica de las víctimas.
Para Salta, lo ocurrido en la UNSa marca una alerta concreta. No se trata de un problema lejano ni futurista: ya impacta en estudiantes, familias e instituciones locales. La respuesta deberá combinar investigación judicial, acompañamiento a las víctimas, educación digital y reglas claras sobre el uso responsable de la tecnología.
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