Política institucional
Un procedimiento de extracción de muestras biológicas en el marco de la causa por el crimen de las turistas francesas terminó suspendido tras momentos de tensión en Ciudad Judicial. La medida estaba dirigida a Beatriz Yapura y fue cuestionada por su defensa, que planteó objeciones sobre el modo en que se intentó realizar.
La causa está vinculada al asesinato de Houria Moumni y Cassandre Bouvier, ocurrido en Salta y considerado uno de los casos judiciales de mayor impacto en la provincia. En ese expediente se ordenaron nuevas medidas de prueba, entre ellas la obtención de material genético.
Durante el procedimiento se produjeron forcejeos y la extracción no pudo concretarse. El abogado Roberto Reyes cuestionó el uso de la fuerza pública y sostuvo que una medida corporal de este tipo debería contar con intervención de un juez de garantías.
La defensa también reclamó la posibilidad de incorporar un perito de parte para controlar el procedimiento. Según el planteo del abogado, esa intervención no habría sido admitida antes del intento de extracción, lo que abrió una nueva discusión sobre garantías procesales y control de la prueba.
El caso vuelve a poner en el centro la necesidad de equilibrio entre investigación penal y derechos de las partes. En causas sensibles, especialmente cuando se trata de medidas invasivas sobre el cuerpo, la actuación judicial debe ser clara, controlable y ajustada a garantías.
La investigación seguirá bajo revisión de los organismos judiciales correspondientes. Lo ocurrido en Ciudad Judicial no define el fondo de la causa, pero sí abre un debate sobre cómo deben producirse pruebas en expedientes de alto impacto público.
Para Salta, el caso de las turistas francesas mantiene una fuerte carga institucional y social. Años después del crimen, cada nueva medida vuelve a ser observada con atención por la ciudadanía, por lo que la transparencia del proceso resulta tan importante como el avance de la investigación.
Deja una respuesta