Política institucional
Salta deberá afrontar una deuda superior a los 45 millones de dólares por la revocación de la licencia de Enjasa, una decisión tomada en 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey que derivó en un reclamo internacional contra la Provincia.
El caso quedó firme luego de que el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, rechazara los planteos contra el laudo que favoreció a Casinos Austria International. Con esa resolución, la Provincia quedó obligada a pagar una suma millonaria que incluye capital, intereses y costos del proceso.
El conflicto se originó cuando el gobierno salteño decidió quitarle a Enjasa la licencia para explotar juegos de azar en la provincia. La empresa, vinculada a capitales extranjeros, llevó el caso a instancias internacionales y reclamó por el perjuicio económico que, según sostuvo, le generó la decisión estatal.
Más de una década después, aquella medida administrativa se transformó en una carga concreta para las cuentas públicas. El impacto no es menor: una deuda de esta magnitud compite con prioridades provinciales como infraestructura, salud, educación, rutas, municipios y servicios básicos.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad institucional en la toma de decisiones públicas. Cuando una medida de gobierno termina judicializada y pierde en tribunales internacionales, el costo no lo paga una gestión en particular, sino el Estado provincial y, en definitiva, los salteños.
La discusión también tiene una dimensión política. La revocación de la licencia ocurrió durante la gestión de Urtubey, pero la obligación económica recae ahora sobre la Provincia. Por eso, el tema combina pasado administrativo, responsabilidad política y consecuencias fiscales actuales.
Para Salta, el caso Enjasa deja una señal clara: las decisiones estatales de alto impacto deben estar jurídicamente respaldadas, porque sus consecuencias pueden aparecer años después y condicionar el presupuesto público.
La deuda millonaria no solo cierra un litigio internacional. También abre una pregunta incómoda sobre cómo se toman, se defienden y se pagan las decisiones del poder político en la provincia.
Deja una respuesta