Nutricionistas advierten que el 80% está endeudado y piden debatir la crisis de la Caja

Social / Contexto local

Nutricionistas de Salta volvieron a reclamar que la Legislatura abra un debate de fondo por la crisis de la Caja Interprofesional de Seguridad Social, en medio de una situación que, según advierten, dejó endeudada a gran parte de la matrícula.

El conflicto gira en torno a los aportes obligatorios que deben realizar profesionales en nutrición y trabajo social. Desde el sector cuestionan que el esquema actual resulta difícil de sostener para quienes tienen ingresos variables, trabajan de forma independiente o no cuentan con una inserción laboral estable.

Uno de los datos más fuertes del reclamo es que, según los profesionales autoconvocados, cerca del 80% de los afiliados se encuentra endeudado. Para el sector, esa situación muestra que el problema no es individual, sino estructural: muchos no pueden afrontar el pago mensual sin comprometer su economía personal.

La convocatoria a legisladores busca instalar el tema en la agenda política y revisar el funcionamiento de la Caja, creada para garantizar cobertura previsional y de seguridad social. El planteo de fondo es si el sistema, tal como está diseñado, puede sostenerse sin convertirse en una carga excesiva para quienes recién comienzan o ejercen en condiciones inestables.

El reclamo también expone una tensión más amplia del mercado profesional en Salta. En áreas como nutrición y trabajo social, buena parte de los ingresos depende de consultorios pequeños, prestaciones parciales, contratos temporales o trabajo independiente. En ese contexto, un aporte obligatorio elevado puede transformarse en una barrera para sostener la matrícula y ejercer.

Desde los sectores que reclaman cambios insisten en que no buscan desentenderse de la seguridad social, sino discutir un esquema más realista, proporcional y viable. La preocupación principal es que la acumulación de deuda termine expulsando a profesionales del sistema o condicionando su continuidad laboral.

La discusión queda ahora en manos de la Legislatura, donde el desafío será escuchar a las partes, revisar los números y definir si el régimen actual necesita modificaciones. Para los profesionales afectados, el punto central es claro: sin cambios, la Caja puede dejar de ser una herramienta de protección para convertirse en un problema económico permanente.

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