Política Institucional
La interna del Partido Justicialista en Salta sumó un nuevo capítulo de tensión y empieza a tomar un rumbo más profundo: la posibilidad de una intervención judicial, siguiendo el antecedente reciente de Jujuy.
El planteo fue formalizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, quien cuestionó el cronograma presentado por los interventores del partido y advirtió que no garantiza una normalización real.
Según el escrito presentado ante la Justicia Federal, la propuesta de elecciones para octubre excede los plazos legales de la intervención, que vencen en mayo, lo que abre un conflicto sobre la validez del proceso.
El punto central del reclamo es claro: no habría una convocatoria efectiva a elecciones, sino un esquema “estimativo” que podría dilatar la regularización del partido.
En ese marco, Amat pidió que se deje sin efecto el cronograma actual y se ordene una convocatoria inmediata con fechas concretas. Además, planteó que, si se incumplen los plazos, la Justicia avance directamente con una intervención judicial del PJ en Salta.
El conflicto no es nuevo. La crisis interna se arrastra desde 2025, cuando el Consejo Nacional desplazó a las autoridades locales y designó interventores para reorganizar el partido.
Desde entonces, el proceso de normalización viene siendo cuestionado por distintos sectores, que denuncian demoras en tareas clave como la depuración del padrón y la definición de un calendario electoral.
El antecedente de Jujuy aparece ahora como un espejo cercano. En esa provincia, la falta de avances en el proceso interno derivó en la intervención judicial del partido, lo que refuerza el escenario de presión en Salta.
Más allá de la interna partidaria, el conflicto expone un problema institucional: la falta de reglas claras y plazos cumplidos en un partido con peso histórico en la provincia.
El desenlace ahora depende de la Justicia. Si no hay avances concretos en la convocatoria a elecciones, el PJ salteño podría entrar en una etapa aún más crítica, con control directo del proceso por vía judicial.
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