Autor: adminred

  • Hasta 20 cuotas sin interés: la apuesta para mover ventas en el comercio salteño

    Hasta 20 cuotas sin interés: la apuesta para mover ventas en el comercio salteño

    Economía y Producción

    Banco Nación y la Cámara de Comercio e Industria de Salta avanzan en una agenda conjunta para empujar ventas en el comercio formal, en un contexto donde el consumo sigue débil y cada herramienta de financiamiento gana peso.

    La propuesta más fuerte es el programa “Pagá con BNA”, que permitirá comprar bienes durables en hasta 20 cuotas sin interés con tarjetas del banco. La iniciativa apunta a rubros como electrodomésticos, tecnología, materiales de construcción, muebles, bicicletas y motos.

    El movimiento no debe leerse solo como una promoción comercial. También funciona como señal del momento que atraviesa el sector: si hoy se sale a ofrecer financiamiento tan largo, es porque vender cuesta más y hace falta estimular decisiones de compra que vienen más frenadas.

    Además de ese programa, el banco impulsa otras herramientas como “Semana Nación”, con promociones por rubro, y “Viaja+”, que ofrece hasta 12 cuotas para gastos turísticos. También se presentaron soluciones digitales de pago para agilizar operaciones en puntos de venta.

    En Salta, la búsqueda es clara: sostener al comercio formal, mejorar competitividad y darle algo de aire a un mercado que necesita movimiento. Más que una novedad bancaria, la apuesta muestra que reactivar el consumo volvió a ser una urgencia concreta para el sector.

  • Conflicto en PAMI Salta: médicos de cabecera atienden solo casos urgentes

    Conflicto en PAMI Salta: médicos de cabecera atienden solo casos urgentes

    Social / Contexto local

    La atención de médicos de cabecera del PAMI en Salta quedó reducida a casos urgentes en medio de una medida de fuerza que vuelve a poner en foco la situación de una obra social que ya venía acumulando reclamos de afiliados.

    El conflicto se originó por cambios en el esquema de pagos a los profesionales, que denuncian una fuerte reducción de ingresos. En ese marco, decidieron limitar la atención y concentrarse solo en urgencias, entrega de medicación, derivaciones y tratamientos que no pueden esperar.

    La situación no golpea solo a los prestadores. También vuelve a dejar en el medio a jubilados y pensionados que dependen del sistema para resolver consultas, controles y tratamientos en un contexto que ya venía marcado por quejas sobre demoras, autorizaciones y acceso a la atención.

    Ahí está el punto más delicado del problema. Cuando se recorta o se altera el esquema de prestación, el impacto no queda en una discusión administrativa: baja directamente al afiliado, que es quien termina enfrentando más trabas en un sistema sensible y muchas veces saturado.

    En Salta, el conflicto suma otra señal de alarma sobre el funcionamiento del PAMI. No se trata solo de una protesta sectorial, sino de un episodio que vuelve a mostrar la fragilidad de la atención para una población que necesita respuestas rápidas, continuidad médica y menos obstáculos.

    La medida es por tiempo limitado, pero deja una pregunta de fondo mucho más amplia: cuánto puede seguir deteriorándose la atención antes de que el problema deje de ser un reclamo puntual y pase a convertirse en una crisis más visible para los afiliados.

  • La industria salteña entró en zona crítica: menos consumo, despidos y presión fiscal

    La industria salteña entró en zona crítica: menos consumo, despidos y presión fiscal

    Economía y Producción

    La industria salteña atraviesa un momento cada vez más delicado. La caída del consumo, la pérdida de empleo y la presión fiscal empezaron a combinarse en un cuadro que ya no aparece como una dificultad pasajera, sino como una señal de deterioro más profunda para la actividad productiva.

    Desde la Unión Industrial de Salta advirtieron que la crisis golpea a casi todos los rubros y que el problema dejó de ser aislado. El freno en las ventas impacta de lleno sobre la producción y obliga a muchas empresas a trabajar con menos margen, menos movimiento y más incertidumbre sobre lo que viene.

    En Salta, el diagnóstico todavía no habla de cierres masivos, pero sí de despidos y de una caída del empleo industrial. Esa diferencia no alcanza para tranquilizar al sector. Al contrario: muestra que muchas firmas están intentando resistir, aunque ya empezaron a ajustar donde más duele.

    A ese escenario se suma otro frente de conflicto: la presión impositiva. Empresarios del sector cuestionaron los embargos de ARCA sobre cuentas de compañías con deudas fiscales y sostienen que, en medio de la retracción económica, esas medidas terminan agravando una situación que ya es frágil.

    El problema, además, no empieza ni termina en la coyuntura. En el norte argentino, la industria carga desde hace años con desventajas estructurales, como mayores costos logísticos, distancia de los puertos y menor competitividad frente a otras regiones del país. Cuando cae el consumo, esas debilidades pesan todavía más.

    La foto que hoy deja la industria salteña es clara: menos ventas, empleo en retroceso y empresas tratando de sostenerse en un contexto que se volvió mucho más duro. La discusión ya no pasa por crecer, sino por resistir.

  • Campichuelo sumó una oferta educativa para que jóvenes y adultos terminen la escuela

    Campichuelo sumó una oferta educativa para que jóvenes y adultos terminen la escuela

    Social / Contexto local

    Campichuelo sumó una nueva propuesta educativa para que jóvenes y adultos puedan retomar y completar sus estudios sin tener que trasladarse a otras localidades. En una comunidad pequeña del norte provincial, donde las distancias también funcionan como barrera, la apertura de este espacio cambia una parte concreta del acceso a la educación.

    La nueva oferta funciona como anexo del BSPA y permite cursar en la propia localidad. Eso apunta a un problema habitual en muchas zonas rurales del departamento San Martín: cuando terminar la escuela depende de viajar, sostener la continuidad educativa se vuelve mucho más difícil.

    El espacio cuenta con un plurimódulo que abarca primero, segundo y tercer año, con 28 estudiantes. En el mismo edificio también funciona un aula satélite con 20 alumnos más, lo que refuerza la articulación entre primaria y secundaria para jóvenes y adultos.

    En Campichuelo, donde viven alrededor de 350 personas, la medida tiene un peso real en escala local. No se trata solo de sumar una oferta más, sino de acercar una posibilidad concreta de finalización educativa en una comunidad donde cada servicio disponible impacta de forma directa.

    La novedad no cambia por sí sola los problemas estructurales del norte, pero sí resuelve una necesidad clara: que estudiar no dependa de salir del pueblo. Y en ese punto, la decisión tiene valor social, territorial y comunitario.

  • El ajuste llegó a la Corte de Salta: seis meses sin subas para jueces y plan de austeridad

    El ajuste llegó a la Corte de Salta: seis meses sin subas para jueces y plan de austeridad

    Política institucional

    La Corte de Justicia de Salta resolvió aplicar un plan de contención del gasto por seis meses y congelar los aumentos salariales para sus jueces. La medida se da en medio del ajuste provincial y deja una señal fuerte: el recorte ya no queda solo en el Poder Ejecutivo, sino que también alcanza a otro de los poderes del Estado.

    La decisión fue formalizada a través de una acordada y se apoya en el contexto económico actual, que según el propio tribunal obliga a extremar cuidados en la ejecución del gasto público. En ese marco, el máximo tribunal provincial dispuso que sus jueces no perciban incrementos salariales durante el próximo semestre.

    Pero el ajuste no se limita a los sueldos. También incluye restricciones sobre compras de insumos, bienes de uso, viáticos, pasajes, alquileres, horas complementarias y funcionamiento de la flota oficial. A eso se suma un pedido de mayor control sobre consumo de energía, gas y telefonía dentro de las dependencias judiciales.

    La lectura política e institucional es clara. La Justicia, que suele quedar al margen de este tipo de decisiones o aparecer como uno de los sectores más resguardados, ahora también entra en lógica de austeridad. Eso transforma una resolución administrativa en un mensaje más amplio sobre el momento financiero que atraviesa la provincia.

    En Salta, la medida también abre otra discusión. Si el ajuste alcanza al Poder Judicial, la pregunta ya no es solo cuánto se recorta, sino hasta dónde estas decisiones pueden impactar en el funcionamiento cotidiano del sistema, en sus servicios y en su capacidad operativa.

    Por ahora, la Corte presenta la decisión como un gesto de responsabilidad fiscal y de acompañamiento al esfuerzo general del Estado. Pero más allá de esa justificación, el dato ya quedó instalado: el ajuste llegó a uno de los poderes más sensibles de la provincia y dejó una señal política difícil de pasar por alto.

  • En tres meses, la inflación casi alcanzó toda la proyección oficial para 2026

    En tres meses, la inflación casi alcanzó toda la proyección oficial para 2026

    Economía y Producción

    La inflación del primer trimestre dejó al Gobierno casi sin margen frente a una de sus principales metas económicas para este año. El Presupuesto 2026 había previsto una suba de precios de 10,1% para todo el año, pero en solo tres meses el acumulado ya llegó a 9,4%.

    El dato de marzo terminó de encender la alarma. El IPC fue de 3,4% y mostró que, aunque la inflación ya no está en los niveles más altos del año pasado, sigue lejos de una desaceleración que permita sostener la pauta oficial sin sobresaltos.

    La diferencia entre lo proyectado y lo que ya ocurrió no es un detalle técnico. Cuando una meta inflacionaria queda casi consumida en el primer trimestre, también se resienten la previsibilidad, las expectativas económicas y la capacidad de ordenar precios, salarios y consumo hacia adelante.

    Además, el comportamiento de los precios volvió a mostrar presión en rubros sensibles. Educación encabezó las subas por el inicio del ciclo lectivo, mientras otras áreas tuvieron un movimiento menor. Eso confirma que el proceso sigue siendo desigual, pero con impacto fuerte en gastos cotidianos que pegan de lleno en las familias.

    Para Salta y el norte, la lectura es directa. Si la inflación sigue por encima de lo previsto, también se complica más el día a día: cae la capacidad de compra, se encarecen servicios y alimentos, y se vuelve más difícil sostener ingresos en una economía donde el bolsillo ya viene muy ajustado.

    El problema de fondo no es solo que una proyección haya quedado vieja. Lo más delicado es que el Gobierno había planteado un escenario de mayor desaceleración y, por ahora, los precios siguen corriendo a otra velocidad. Con nueve meses todavía por delante, la meta anual ya quedó prácticamente al borde del desborde.

  • La industria del Norte Grande pidió una ley de emergencia y encendió una alarma regional

    La industria del Norte Grande pidió una ley de emergencia y encendió una alarma regional

    Economía y Producción

    La industria del Norte Grande salió a plantear que la crisis ya no se puede leer como una dificultad pasajera. En una reunión con el Parlamento regional, las uniones industriales pidieron avanzar con una ley de emergencia y advirtieron que el deterioro de la actividad ya compromete producción, empleo y continuidad operativa.

    El planteo incluye a Salta y pone sobre la mesa un problema estructural del norte argentino: producir en la región cuesta más, hay menos margen para absorber caídas de actividad y cada cierre fabril golpea con más fuerza sobre el entramado económico local.

    Según expusieron las entidades reunidas en Tucumán, la situación del sector se volvió crítica por la contracción de la actividad y por una estructura regional más frágil que la del centro del país. En ese contexto, remarcaron que la menor densidad económica y la menor diversificación productiva hacen que la pérdida de una unidad industrial no sea un episodio aislado, sino un daño difícil de revertir.

    El reclamo no se limitó a una declaración general. También incluyó pedidos concretos: impulsar leyes provinciales de emergencia industrial, revisar tasas municipales, liberar saldos a favor de Ingresos Brutos para cancelar obligaciones fiscales y eliminar mecanismos que encarecen la logística y restan competitividad.

    La advertencia también apunta al impacto sobre el empleo formal y sobre las finanzas públicas. Cuando cae la actividad industrial, no solo se resiente la producción: también se reduce la base tributaria y se debilitan recursos que terminan afectando a toda la economía regional.

    Para Salta, la señal es importante. La provincia forma parte de un norte que sigue teniendo menos espalda para soportar crisis prolongadas y donde la discusión por competitividad, costos y desarrollo productivo viene creciendo cada vez más. Por eso, el pedido de emergencia no debe leerse solo como un reclamo sectorial, sino como una alerta sobre el estado real de la economía industrial en la región.

    Más allá de si el planteo avanza o no en términos legislativos, el mensaje ya quedó instalado: una parte del aparato productivo del Norte Grande considera que ya no está discutiendo beneficios, sino condiciones mínimas para sostenerse.

  • El Gobierno quiere delegar obras en rutas nacionales: qué puede significar para Salta

    El Gobierno quiere delegar obras en rutas nacionales: qué puede significar para Salta

    Política institucional

    El Gobierno nacional avanzará con un decreto para que algunas provincias puedan ejecutar obras en rutas nacionales dentro de sus territorios. La medida aparece como una respuesta al retiro de la inversión nacional en infraestructura y abre una discusión directa para Salta, donde el deterioro vial ya dejó de ser una queja aislada para convertirse en un problema cotidiano.

    La novedad no pasa tanto por la reunión política en Casa Rosada como por el cambio de esquema. Si Nación empieza a correrse de la obra pública sobre corredores nacionales, serán las provincias las que deberán asumir parte de esa carga, ya sea con recursos propios, convenios o mecanismos de inversión privada.

    Para Salta, el tema no es menor. El mal estado de varias rutas nacionales afecta la circulación diaria, la producción, el transporte de cargas y la seguridad vial. En distintos puntos de la provincia, los reclamos por baches, banquinas deterioradas y tramos peligrosos se vienen acumulando hace tiempo, mientras municipios y vecinos intentan resolver como pueden situaciones que exceden sus competencias.

    Ahí está el punto más sensible de la discusión. Las rutas nacionales son responsabilidad del Estado nacional, pero el nuevo esquema puede trasladar parte del problema a las provincias. Eso abre una pregunta concreta: si Nación se corre, quién financia, quién ejecuta y quién responde cuando el deterioro ya afecta la vida diaria y la actividad económica.

    En una provincia extensa, con corredores clave para la conexión interna y para la salida de producción, el estado de las rutas no es un detalle técnico. Es una variable que impacta en costos, tiempos, seguridad y acceso. Por eso, cualquier cambio en la forma de hacer obras sobre esos trazados tiene una lectura territorial inmediata.

    Más que un anuncio administrativo, la decisión puede marcar un cambio de fondo. Para Salta, la discusión ya no es solo si habrá decreto, sino si este nuevo modelo servirá para acelerar soluciones o si terminará dejando a las provincias frente a un problema cada vez más pesado.

  • Jubilaciones en mayo: suben 3,38%, pero el bono congelado vuelve a achicar la mejora

    Jubilaciones en mayo: suben 3,38%, pero el bono congelado vuelve a achicar la mejora

    Social / Contexto local

    Las jubilaciones y pensiones volverán a subir en mayo, pero el alivio real seguirá siendo limitado para quienes cobran menos. El aumento será de 3,38% y el haber mínimo pasará a $393.174. Con el bono de $70.000, el ingreso total llegará a $463.174.

    La clave del tema no está solo en el porcentaje anunciado. El problema es que ese bono sigue congelado desde hace más de dos años, por lo que la mejora efectiva termina siendo menor para quienes perciben la mínima. En los hechos, el aumento existe, pero no alcanza a corregir del todo la pérdida que vienen sintiendo los ingresos más bajos.

    Eso vuelve a marcar una distancia entre el anuncio oficial y el bolsillo real. Mientras el ajuste se aplica sobre el haber, el refuerzo extra no cambia, y ahí es donde la actualización pierde fuerza frente a gastos que siguen presionando todos los meses, como alimentos, medicamentos, transporte y servicios.

    Para Salta y el norte, el tema tiene un valor claro de servicio. En muchos hogares, la jubilación no solo sostiene al adulto mayor, sino que también ayuda a cubrir gastos básicos de toda la familia. Por eso, más allá del número oficial, lo importante es cuánto rinde realmente ese ingreso en la vida cotidiana.

    La actualización también alcanzará a otras prestaciones. La PUAM quedará en $314.539 y con bono llegará a $384.539, mientras que la pensión no contributiva por invalidez será de $275.222 y con refuerzo alcanzará $345.222.

    El dato de mayo deja una lectura simple: sí habrá aumento, pero el ingreso más bajo seguirá condicionado por un bono que no acompaña la suba general. Y ahí está la parte más sensible del problema.

  • Un edificio tokenizado se financió en horas en Salta: qué muestra este nuevo negocio

    Un edificio tokenizado se financió en horas en Salta: qué muestra este nuevo negocio

    Economía y Producción

    Salta volvió a aparecer en una tendencia que mezcla inversión digital, mercado inmobiliario y capital global. Un proyecto tokenizado logró reunir fondos en menos de 24 horas y dejó una señal sobre cómo empiezan a moverse algunos negocios en la provincia.

    La operación reunió a 132 inversores de 17 países y consiguió US$958.800 para financiar un desarrollo comercial en San Lorenzo Chico. La clave del caso no está solo en la velocidad, sino en el mecanismo: en lugar de una inversión tradicional, el proyecto se ofreció mediante tokenización, una lógica que permite dividir un activo real en partes digitales para que más personas puedan entrar con montos más bajos.

    Dicho en simple, no se trata exactamente de una criptomoneda, pero sí de un esquema que toma elementos del universo cripto. Un inmueble o proyecto se representa digitalmente, se fracciona y se ofrece como participación a distintos inversores. Eso reduce barreras de entrada y abre una puerta nueva para captar fondos.

    La novedad, en este caso, no pasa solo por el edificio. Lo que aparece es una forma distinta de financiar negocios desde Salta, en una provincia donde el crecimiento minero, la expansión urbana y la demanda de servicios están empujando nuevas oportunidades de inversión.

    Ahí está el punto más interesante del caso. Mientras gran parte de la población sigue lejos del crédito hipotecario o del acceso a la vivienda, empiezan a ganar espacio instrumentos más sofisticados, vinculados a activos digitales y a capital internacional. Esa tensión muestra que no toda la economía se mueve al mismo ritmo ni para los mismos sectores.

    Más que una historia de ladrillos, el caso funciona como una señal de época. Salta empieza a entrar en circuitos donde se cruzan tecnología, real estate e inversión global. La pregunta de fondo ya no es solo cuánto tardó en financiarse un proyecto, sino qué tipo de economía se está consolidando y quiénes pueden participar de ella.