Autor: adminred

Economía y Producción

La morosidad de los hogares volvió a crecer y encendió una señal de alerta sobre la capacidad de pago de las familias. Cada vez más personas se atrasan con créditos, tarjetas, préstamos personales y financiamiento a través de billeteras virtuales.

Según los datos difundidos, la mora en créditos a familias llegó al 12% en abril, el nivel más alto en más de dos décadas. Además, acumula 18 meses consecutivos de aumento, lo que muestra que el problema no es aislado ni pasajero.

La situación es todavía más fuerte en entidades no bancarias y plataformas digitales, donde la mora alcanzó el 31,5%. Ese dato refleja el peso creciente de financieras, aplicaciones y billeteras virtuales como vía de acceso rápido al crédito para gastos cotidianos.

El problema de fondo es que muchas familias usan deuda para sostener consumo básico, pagar servicios, cubrir compras en cuotas o llegar a fin de mes. Cuando los ingresos no alcanzan y el crédito se vuelve caro, el atraso aparece como una consecuencia directa.

La morosidad no afecta solo a los bancos. También golpea el comercio, porque las familias endeudadas reducen compras, evitan nuevas cuotas y pierden margen para consumir en almacenes, supermercados, indumentaria, electrodomésticos y servicios.

En Salta y el norte argentino, el fenómeno se siente con fuerza en tarjetas, préstamos personales, financieras, compras en cuotas y billeteras virtuales. En muchos hogares, el crédito dejó de ser una herramienta para comprar bienes durables y pasó a funcionar como parche frente a ingresos ajustados.

El aumento de la mora también puede complicar el acceso futuro al financiamiento. Quienes quedan en situación irregular pueden enfrentar más restricciones, tasas más altas o directamente quedar fuera del sistema formal de crédito.

La señal es clara: aunque algunos indicadores macroeconómicos muestren estabilidad, una parte importante de los hogares sigue bajo presión. La deuda familiar se convirtió en otro termómetro del costo de vida y de la dificultad para sostener gastos básicos con ingresos que todavía no alcanzan.

Economía y Producción

La inflación de mayo volvió a mostrar una desaceleración, pero todavía no logró perforar el piso del 2% mensual, según las estimaciones de consultoras privadas.

El dato oficial del INDEC aún no fue publicado, pero las mediciones preliminares ubican el índice entre 2,1% y 2,5%, por debajo del 2,6% registrado en abril. La tendencia confirma una baja gradual en el ritmo de aumentos, aunque todavía lejos de un alivio claro para los bolsillos.

Entre las consultoras, Equilibra estimó una inflación de 2,3% para mayo, mientras que Libertad y Progreso calculó 2,1%. En tanto, LCG midió una suba de 2,5% en el promedio de las últimas cuatro semanas.

Uno de los rubros que sigue generando mayor preocupación es alimentos. Aunque el ritmo general de precios se moderó, algunos productos básicos continúan presionando el gasto cotidiano de las familias. Las verduras, en particular, tuvieron aumentos fuertes y empujaron el comportamiento de los productos estacionales.

El Gobierno nacional mira la desaceleración como una señal positiva dentro del proceso de estabilización. Sin embargo, el desafío sigue siendo consolidar una baja sostenida que no dependa solo de la recesión, la caída del consumo o el atraso de algunos precios regulados.

Para Salta y el norte argentino, el impacto se mide en la vida diaria. Aunque el índice nacional sea más bajo que meses anteriores, los aumentos en alimentos, transporte, medicamentos, alquileres y servicios siguen marcando el presupuesto de hogares, comercios y trabajadores.

La inflación que baja en las planillas no siempre se traduce de inmediato en alivio real. Por eso, el dato de mayo deja una lectura intermedia: los precios suben menos, pero todavía suben a un ritmo que mantiene ajustada la economía familiar.

El mercado espera que la inflación pueda perforar el 2% mensual recién en los próximos meses. Hasta entonces, la pregunta central seguirá siendo si la desaceleración logra sostenerse sin frenar aún más la actividad económica.

Economía y Producción

Carlos Pagni analizó en Salta el presente político argentino y el nuevo peso estratégico que empieza a ganar el norte del país a partir del avance de la minería, la energía y las inversiones vinculadas a recursos naturales.

La charla reunió a gobernadores, empresarios, funcionarios y referentes del sector productivo, en un contexto donde Salta y Jujuy aparecen cada vez más conectadas con proyectos mineros y energéticos de alcance nacional e internacional.

Uno de los ejes del análisis fue la crisis de representación política y el liderazgo de Javier Milei, en medio de un escenario nacional marcado por reformas, tensiones institucionales y reacomodamientos entre Nación y provincias.

Pero el punto más relevante para la región estuvo en la lectura sobre el norte argentino. Pagni señaló que provincias como Salta y Jujuy empiezan a ocupar un lugar distinto dentro del mapa económico del país por su potencial minero, energético y productivo.

Ese cambio puede tener consecuencias políticas. Si el norte concentra recursos estratégicos para la transición energética y para nuevas inversiones, sus gobernadores pueden ganar mayor capacidad de negociación frente al poder central.

Para Salta, la minería no representa solo una oportunidad de inversión. También abre debates sobre infraestructura, empleo local, proveedores, controles ambientales, licencia social y distribución de beneficios en los territorios donde se desarrollan los proyectos.

La presencia de actores políticos y empresariales en la charla mostró que el tema ya no se limita al sector minero. La discusión de fondo es qué lugar ocupará el norte argentino en la economía nacional de los próximos años.

El desafío será transformar ese potencial en desarrollo real. Para que la minería y la energía generen un cambio territorial sostenido, no alcanza con atraer capitales: también será necesario mejorar caminos, servicios, formación laboral, control público y participación de las comunidades.

Economía y Producción

El precio de la hoja de coca volvió a generar malestar entre consumidores salteños, que advierten aumentos constantes y valores cada vez más difíciles de sostener para una práctica profundamente arraigada en la vida cotidiana del norte argentino.

En distintos puntos de venta, el octavo de hoja de coca ronda los $14.000, aunque algunos consumidores aseguran haber visto precios de hasta $18.000. Otras presentaciones también muestran valores altos: el cuarto puede llegar a $27.000 y el medio kilo a $54.000.

La queja no pasa solo por el monto, sino por la falta de una referencia clara. A diferencia de otros productos de consumo masivo, la hoja de coca no tiene un precio oficial regulado, por lo que su valor depende de la disponibilidad, el transporte, la demanda, los controles fronterizos y la intermediación comercial.

Esa situación expone una zona gris que forma parte del problema. En Salta, la venta de hoja de coca es visible y el consumo está socialmente extendido, pero el ingreso del producto al país se mueve en un marco legal complejo. Esa combinación genera un mercado poco transparente, donde los precios pueden variar fuerte de un comercio a otro.

Para muchos salteños, la hoja de coca no es un producto marginal. Está presente entre trabajadores rurales, choferes, comerciantes, feriantes, obreros y consumidores habituales que la incorporan a sus rutinas laborales y sociales. Por eso, cada aumento se siente como el encarecimiento de una costumbre cotidiana.

El problema también tiene una dimensión fronteriza. La oferta depende en buena medida de la circulación regional y de las condiciones de ingreso desde países vecinos. Cuando hay restricciones, mayores controles o menor disponibilidad, el precio suele trasladarse rápidamente al consumidor final.

La discusión de fondo es quién puede ordenar un mercado que funciona sin reglas claras. Mientras los consumidores reclaman valores más razonables, los comerciantes señalan costos de reposición, traslado y abastecimiento. En el medio queda una práctica cultural muy salteña que, por los aumentos, empieza a sentirse cada vez más como un lujo.

Sin regulación clara ni información transparente sobre la formación del precio, la bronca de los coqueros salteños seguirá creciendo. Lo que antes era parte estable del consumo cotidiano hoy se vuelve otro termómetro del costo de vida en la provincia.

Economía y Producción

La baja del riesgo país volvió a instalar en el Gobierno nacional una posibilidad que hasta hace poco parecía lejana: regresar al mercado internacional de deuda para conseguir financiamiento y cubrir parte de las necesidades de los próximos meses.

El debate aparece en un momento en que los bonos argentinos muestran mejor recepción entre inversores y el riesgo país se acerca a sus niveles más bajos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Ese indicador es clave porque marca cuánto más debe pagar la Argentina para endeudarse frente a países considerados más seguros.

Con un riesgo país más bajo, emitir deuda puede volverse menos costoso. Por eso, en el mercado empezó a circular la posibilidad de que Nación evalúe una colocación importante en el exterior, aunque por ahora no hay una operación confirmada oficialmente.

El objetivo económico sería doble: aliviar vencimientos de deuda y fortalecer el frente financiero. Pero también aparece otro punto sensible: parte de esos recursos podría destinarse a obra pública provincial, un tema que vuelve a ganar peso en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.

Para Salta, la discusión tiene impacto concreto. La provincia arrastra reclamos por obras nacionales demoradas, rutas deterioradas y proyectos de infraestructura que dependen de fondos federales. Si Nación vuelve a financiar obras con deuda, la pregunta será qué proyectos entran, bajo qué criterios y cuánto llegará efectivamente al interior.

El tema también abre una discusión política. La obra pública puede mejorar la relación con las provincias y ordenar apoyos legislativos, pero no debería reducirse solo a una lectura electoral. El punto central es si el financiamiento externo se usará para resolver necesidades reales de infraestructura o si quedará concentrado en prioridades de corto plazo.

El regreso al mercado todavía depende de condiciones financieras, tasas internacionales, confianza de inversores y estabilidad económica interna. La baja del riesgo país es una señal positiva, pero no garantiza por sí sola crédito barato ni inversiones automáticas.

La discusión que viene será clave: si Argentina vuelve a endeudarse, el desafío será que esos fondos no solo sirvan para pasar vencimientos, sino también para destrabar obras que mejoren conectividad, producción y servicios en provincias como Salta.