Autor: adminred

  • Metán: una secundaria restringe mochilas y cartucheras tras amenazas en el establecimiento

    Metán: una secundaria restringe mochilas y cartucheras tras amenazas en el establecimiento

    Social / Contexto local

    Una escuela secundaria de Metán resolvió prohibir el ingreso con mochilas y cartucheras como medida preventiva, en una decisión excepcional que refleja el nivel de preocupación generado por amenazas recientes dentro del establecimiento.

    La disposición comenzó a regir desde el 20 de abril y se mantendrá hasta nuevo aviso. A partir de ahora, los estudiantes solo podrán ingresar con los elementos indispensables para la jornada y de manera visible, una restricción que modifica de forma directa la rutina diaria dentro de la institución.

    En la práctica, la escuela permitirá únicamente carpetas y lapiceras, dejando afuera mochilas, cartucheras y otros objetos de uso habitual. La medida fue comunicada a las familias como parte de una acción orientada a reforzar la seguridad y reducir riesgos dentro del ámbito escolar.

    Más allá de lo operativo, la decisión deja una señal clara sobre el clima que atraviesa la comunidad educativa. No se trata de una regulación menor ni de una simple recomendación interna, sino de una respuesta concreta frente a una situación que la escuela interpreta como lo suficientemente delicada como para alterar el funcionamiento habitual.

    El caso también vuelve a poner en foco una preocupación que empieza a repetirse en distintos puntos: cuando aparecen amenazas o episodios de intimidación en instituciones educativas, el problema deja de ser solo disciplinario y pasa a impactar en toda la comunidad escolar, desde directivos y docentes hasta alumnos y familias.

    En ese marco, la medida tomada en Metán puede leerse como una decisión de contingencia, pensada para ordenar el ingreso y reforzar controles mientras persista el nivel de preocupación. No resuelve por sí sola el problema de fondo, pero muestra hasta qué punto la institución buscó actuar sobre lo inmediato.

    La situación abre además una discusión más amplia sobre convivencia, prevención y seguridad dentro de las escuelas. Cuando una institución llega al punto de limitar objetos tan cotidianos como mochilas y cartucheras, lo que queda expuesto no es solo una medida puntual, sino un malestar más profundo que exige atención y abordaje serio.

    Por ahora, la restricción seguirá vigente hasta nuevo aviso. En Metán, la noticia ya instaló una pregunta de fondo sobre el clima en las aulas y sobre los mecanismos que hoy están usando las escuelas para responder a situaciones que antes parecían excepcionales y que ahora empiezan a encender alertas en la comunidad.

  • Escala en Las Lajitas la causa por mensajes intimidatorios en el ámbito escolar

    Escala en Las Lajitas la causa por mensajes intimidatorios en el ámbito escolar

    Frontera / Seguridad

    La investigación por mensajes intimidatorios en una escuela de Las Lajitas siguió avanzando y ya suma seis estudiantes detenidos, en un caso que dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una preocupación concreta para la comunidad educativa y para la seguridad local.

    El nuevo avance de la causa volvió a poner el foco en un problema sensible: cuando las amenazas ingresan al ámbito escolar, el impacto no se limita al expediente penal. También altera la vida cotidiana de estudiantes, docentes y familias, en un contexto de tensión que rápidamente se expande más allá del aula.

    Según la información oficial difundida en las últimas horas, las detenciones están vinculadas a una investigación por mensajes intimidatorios detectados dentro del ámbito escolar. La escalada del caso llevó a ampliar las actuaciones y a profundizar las medidas ordenadas por la Justicia.

    El dato más fuerte es justamente ese crecimiento del expediente. Que la causa ya tenga seis estudiantes detenidos muestra que no se trató de una situación menor ni de un episodio rápidamente cerrado, sino de un caso que fue sumando derivaciones y que obligó a una intervención más intensa.

    Para Las Lajitas, el hecho tiene además una dimensión comunitaria evidente. En localidades de este tamaño, un conflicto de este tipo no queda encerrado dentro de una institución, sino que repercute en toda la comunidad, genera temor, multiplica rumores y obliga a mirar con más atención lo que ocurre dentro y fuera de la escuela.

    La clave editorial del caso no está en remarcar el operativo ni en endurecer el tono policial, sino en entender qué deja expuesto esta situación: la fragilidad que se genera cuando aparecen amenazas en espacios educativos y la necesidad de abordarlas con seriedad, prudencia y responsabilidad institucional.

    También es un tema que exige cuidado en el tratamiento público. Al involucrar a estudiantes, el interés informativo no puede correrse hacia la exposición personal ni hacia el sensacionalismo. Lo importante es la gravedad del hecho, su impacto social y la respuesta judicial que se activó.

    Con la causa todavía en desarrollo, lo que queda por delante es determinar el alcance real del episodio y sus responsabilidades. Pero aun antes de ese cierre, el caso ya dejó una señal clara en Las Lajitas: cuando la intimidación entra en la escuela, el problema deja de ser interno y se vuelve un asunto de interés público.

  • Salta busca subir multas y habilitar arrestos para el cobro informal de estacionamiento

    Salta busca subir multas y habilitar arrestos para el cobro informal de estacionamiento

    Política institucional

    La Cámara de Diputados de Salta analizará un proyecto que apunta a endurecer las sanciones contra el cobro informal por estacionamiento y cuidado de vehículos en la vía pública, una práctica extendida en zonas de alta circulación y en inmediaciones de eventos masivos.

    La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y propone modificar el Código Contravencional para incorporar un marco más severo frente a quienes cobren por estacionar, limpiar o cuidar autos sin autorización legal. El cambio no se limita a una multa: también habilita arrestos en determinados casos agravados.

    El eje del proyecto está puesto en ordenar una actividad que desde hace tiempo genera conflictos entre conductores, vecinos y quienes ocupan la calle para ofrecer ese servicio informal. En la práctica, la discusión no pasa solo por el cobro en sí, sino por el uso del espacio público, la presión sobre los automovilistas y las situaciones de tensión que suelen repetirse en algunas zonas urbanas.

    Según la propuesta, las sanciones podrán ir desde multas hasta arrestos de hasta 40 días. El esquema más duro se aplicaría especialmente cuando exista organización detrás de la actividad o cuando el cobro se realice en áreas sensibles, como inmediaciones de espectáculos públicos, parques, plazas o sectores de alta concentración de personas.

    Uno de los cambios más relevantes es la forma en que se calcularán las multas. El proyecto plantea usar un sistema de “días multa”, atado al valor de diez litros de nafta de mayor precio, una modalidad que busca actualizar automáticamente el monto de las sanciones y evitar que queden desfasadas frente a la inflación.

    También se establece que el arresto no podrá aplicarse a menores y que esa sanción debería utilizarse cuando otras medidas no resulten eficaces. Ese punto intenta darle al proyecto una base de gradualidad, aunque la reforma sigue mostrando una orientación clara hacia un mayor endurecimiento.

    La discusión en Diputados llega en un contexto donde el cobro informal por estacionamiento dejó de ser visto solo como una molestia menor y empezó a formar parte del debate sobre convivencia urbana, control del espacio público y capacidad del Estado para regular prácticas que se sostienen desde hace años en distintas ciudades.

    Más allá del resultado legislativo, el tema toca una situación cotidiana para muchos conductores en Salta capital y otras zonas urbanas de la provincia. Por eso, lo que está en juego no es solo una reforma contravencional, sino también la forma en que se busca intervenir sobre un problema callejero que combina informalidad, tensión y disputa por el espacio público.

  • El contrabando en la frontera cambia de forma y suma despachos por encomienda

    El contrabando en la frontera cambia de forma y suma despachos por encomienda

    Frontera / Seguridad

    El contrabando en la frontera norte no desapareció: cambió de modalidad. En Aguas Blancas, una de las principales preocupaciones ya no pasa solo por el cruce hormiga de mercadería, sino también por el despacho de productos hacia distintos puntos del país a través de encomiendas que, según la denuncia pública conocida en las últimas horas, estarían saliendo con controles insuficientes.

    La advertencia vuelve a poner en primer plano una dinámica conocida en la frontera salteña, donde el ingreso de mercadería ilegal no se sostiene únicamente por pasos informales o movimientos pequeños, sino también por circuitos logísticos que permiten que esos productos sigan viaje una vez que dejan la zona limítrofe.

    Uno de los rubros mencionados con mayor intensidad es el de los neumáticos. La modalidad, según se describió, combina el traslado en pequeñas cantidades por parte de bagayeros con un mecanismo de reducción de volumen que facilita el paso y el acopio. No se trata de un esquema nuevo, pero sí de una práctica que sigue mostrando capacidad de adaptación frente a controles que no logran cerrar el circuito.

    Lo más sensible del caso aparece después del cruce. La preocupación central está puesta en empresas de encomiendas que permitirían enviar esa mercadería hacia otros destinos sin una verificación efectiva de origen, contenido o legalidad. Esa falla, más que un detalle operativo, abre una discusión más profunda sobre la fragilidad de los controles una vez que la mercadería ya salió del borde fronterizo.

    El problema no se agota en el contrabando comercial. Cuando una vía de despacho funciona con bajo nivel de revisión, el riesgo también escala hacia otros posibles envíos ilegales. Por eso, la discusión no pasa solo por cubiertas o mercadería de reventa, sino por la capacidad real del Estado para seguir trazabilidad, revisar cargas y frenar circuitos que se vuelven más difíciles de detectar cuanto más se alejan de la frontera.

    En esa lógica, Aguas Blancas vuelve a quedar como un punto crítico no solo por el paso fronterizo en sí, sino por todo lo que ocurre después. La mercadería puede cruzar por etapas, fragmentada y disimulada, pero el verdadero salto de escala aparece cuando logra insertarse en cadenas de transporte hacia el interior del país.

    La situación también deja expuesta otra señal: muchos secuestros de mercadería terminan produciéndose lejos del norte salteño, en provincias a las que esos cargamentos llegan después de atravesar varios puestos y controles. Eso sugiere que el problema no está solo en la frontera, sino en una cadena más amplia de supervisión que presenta huecos en distintos tramos.

    Más que una denuncia aislada, el caso vuelve a mostrar cómo muta el contrabando en el norte. Ya no alcanza con mirar únicamente el cruce fronterizo. También hay que observar cómo se almacena, cómo se despacha y qué tan controlado está el recorrido posterior de esa mercadería dentro del país. Ahí es donde se juega hoy una parte importante del problema.

  • Salta refuerza el bloqueo sanitario tras cuatro muertes por hantavirus

    Salta refuerza el bloqueo sanitario tras cuatro muertes por hantavirus

    Social / Contexto local

    Salta enfrenta una nueva señal de alerta sanitaria por hantavirus, con cuatro fallecidos en lo que va del año y operativos de bloqueo que buscan contener riesgos en zonas donde se detectaron casos o contactos estrechos.

    La situación volvió a poner el foco sobre una enfermedad que, aunque no registra grandes brotes masivos, mantiene una peligrosidad alta por su letalidad y por la dificultad de detectar a tiempo algunos cuadros. En ese contexto, las acciones de vigilancia, prevención y control territorial pasan a ser centrales.

    El dato que más preocupa es la cantidad de muertes registradas en la provincia en los primeros meses del año. La cifra ya marca una presión sanitaria superior a la de otros períodos recientes y obliga a reforzar la atención en las áreas donde hubo circulación del virus o antecedentes de contagio.

    Frente a ese escenario, se activaron operativos de bloqueo sanitario para reducir riesgos y monitorear posibles contactos. Ese tipo de intervención apunta a cortar cadenas de exposición, ordenar la vigilancia epidemiológica y reforzar medidas preventivas en los entornos donde aparece la sospecha o la confirmación de casos.

    El hantavirus está asociado al contacto con roedores silvestres o con ambientes contaminados por saliva, orina o excremento de estos animales. Por eso, una parte clave de la prevención pasa por la limpieza segura de espacios cerrados, la ventilación de ambientes, el cuidado en zonas rurales o periurbanas y la eliminación de posibles focos de contaminación.

    En Salta, el tema tiene además una lectura territorial clara. El riesgo no se distribuye de manera uniforme y suele generar mayor preocupación en sectores rurales, zonas con monte o áreas donde las condiciones ambientales favorecen la presencia de roedores. En el norte provincial, donde ya hubo casos y fallecimientos, la vigilancia cobra todavía más relevancia.

    La dimensión del problema no debe leerse solo desde la cifra de muertes. También importa la capacidad de respuesta para detectar síntomas, asistir a tiempo y desplegar controles donde haga falta. En enfermedades de este tipo, la velocidad de intervención puede hacer una diferencia importante.

    Más allá del operativo actual, la situación deja una advertencia de fondo para toda la provincia: el hantavirus sigue siendo un problema de salud pública que exige información clara, prevención sostenida y seguimiento epidemiológico serio, sin alarmismo pero tampoco sin subestimar el riesgo.

  • Salta suma una brigada especializada para rescates en derrumbes y emergencias complejas

    Salta suma una brigada especializada para rescates en derrumbes y emergencias complejas

    Social / Contexto local

    Salta incorporó una brigada especializada en búsqueda y rescate urbano para intervenir en derrumbes, estructuras colapsadas y otras emergencias de alta complejidad, una capacidad que hasta ahora solo tenían otras tres provincias del país.

    La nueva unidad fue acreditada oficialmente y quedó integrada por 44 bomberos voluntarios del cuartel Campo Castañares, que trabajarán de manera coordinada con la Policía de Salta y Defensa Civil en situaciones que exijan respuesta técnica, organización y equipamiento específico.

    El dato de fondo no es solo institucional. Tener una brigada de este tipo significa sumar capacidad operativa para actuar en escenarios extremos, como edificios derrumbados, espacios confinados o desastres donde el rescate de personas requiere personal especialmente entrenado y protocolos distintos a los de una emergencia común.

    La formación de este equipo demandó cuatro años de preparación y una evaluación final en campo que incluyó 36 horas de simulacros en la zona norte de la capital. Allí se montó un esquema integral de respuesta con centro de comando, logística, comunicaciones, asistencia y equipamiento técnico, como parte del proceso de acreditación.

    Con esta incorporación, Salta pasa a ser la cuarta provincia argentina en contar con una brigada USAR, una denominación que identifica a los equipos preparados para búsqueda y rescate urbano bajo estándares específicos. Es un salto importante en términos de preparación, sobre todo en una provincia con riesgo sísmico y una geografía que combina zonas urbanas, áreas de difícil acceso y situaciones potenciales de alta exigencia operativa.

    La utilidad de esta brigada no debe leerse como una foto institucional ni como un simple reconocimiento administrativo. Lo central es que amplía la capacidad real de respuesta ante emergencias graves, con personal entrenado para localizar, estabilizar y extraer víctimas en contextos donde cada minuto cuenta y donde la improvisación puede costar vidas.

    También deja una señal sobre el lugar que empieza a ocupar la preparación técnica frente a desastres y eventos críticos en la agenda provincial. En un escenario donde las emergencias complejas pueden ir desde derrumbes hasta eventos naturales severos, contar con una brigada de este tipo mejora el margen de acción del sistema de respuesta.

    El desafío, de ahora en más, será sostener el nivel de entrenamiento, actualizar equipamiento y consolidar la articulación con las demás áreas de emergencia. La acreditación marca un punto de llegada, pero también abre una etapa en la que esa capacidad deberá traducirse en respuesta efectiva cuando la provincia la necesite.

  • Audiencias públicas, más oralidad y expediente digital: qué cambia con el nuevo sistema penal en Salta

    Audiencias públicas, más oralidad y expediente digital: qué cambia con el nuevo sistema penal en Salta

    Política institucional

    El 4 de mayo comenzará a regir en toda la provincia el nuevo Código Procesal Penal, una reforma que cambia de manera profunda la forma en que se tramitan las causas penales en Salta y reordena el papel de jueces, fiscales, defensores y oficinas judiciales.

    El cambio apunta a dejar atrás un esquema más escrito y fragmentado para pasar a un sistema de perfil adversarial, con mayor peso de la oralidad, audiencias públicas y un proceso más concentrado en el debate entre las partes. En términos prácticos, eso implica una dinámica distinta para investigar, discutir pruebas, resolver medidas y avanzar hacia sentencias en tiempos más acotados.

    Uno de los ejes centrales de la reforma es el fortalecimiento del rol del Ministerio Público Fiscal en la investigación penal. Bajo este modelo, los fiscales pasan a tener una función más marcada en la conducción de las pesquisas, mientras que los jueces quedan más enfocados en el control de garantías y en la resolución de los planteos que se discuten en audiencia.

    La implementación también se apoya en una plataforma tecnológica unificada que conectará a jueces, fiscales y defensores dentro de un mismo entorno digital. Esa interoperabilidad busca reducir trámites duplicados, acelerar el intercambio de información y ordenar mejor el recorrido de cada causa desde su inicio hasta las decisiones judiciales.

    Otro cambio importante es que el registro audiovisual pasará a ocupar un lugar central en el proceso. En vez de depender principalmente de actas escritas, las audiencias y distintas instancias quedarán respaldadas por grabaciones, en línea con un modelo que apuesta más a la inmediación, la transparencia y la trazabilidad de lo que ocurre en cada etapa.

    Dentro de ese nuevo esquema, la Oficina Judicial Penal aparece como una pieza clave para administrar tiempos, organizar audiencias y dar soporte al funcionamiento del sistema. La expectativa oficial es que esa estructura ayude a evitar demoras innecesarias y mejore la capacidad de respuesta de la Justicia penal.

    La reforma tiene un alcance provincial y no se limita a una sola jurisdicción. Por eso, su entrada en vigencia impactará también en el norte salteño y en todos los distritos donde se tramitan causas penales. No se trata de una modificación técnica menor, sino de una nueva lógica de funcionamiento para uno de los núcleos más sensibles del sistema judicial.

    De todos modos, el cambio normativo por sí solo no garantiza resultados automáticos. La apuesta es ambiciosa y busca una Justicia penal más ágil, pública y ordenada, pero su verdadero alcance empezará a medirse cuando el nuevo esquema entre en funcionamiento pleno y deba responder en la práctica a las causas reales, los tiempos judiciales y las demandas de la sociedad.

  • Tartagal y capital suman operativos de identificación: días, lugares, costos y turnos

    Tartagal y capital suman operativos de identificación: días, lugares, costos y turnos

    Social / Contexto local

    El Registro Civil desplegará durante esta semana operativos simultáneos de identificación en Salta capital y Tartagal, con atención por orden de llegada, cupos diarios y nuevos valores para los trámites de DNI y pasaporte.

    La propuesta apunta a acercar servicios en distintos puntos de ambas ciudades, aunque con una dinámica que obliga a estar atentos a horarios, números disponibles y medios de pago habilitados. En todos los casos, la atención será presencial y con entrega de turnos en el lugar.

    En Salta capital, los operativos se realizarán hasta el viernes 24 de abril en Lamadrid, Sanidad, Los Canillitas y Constitución. La atención comenzará a las 9 y se entregarán 70 números por jornada, por lo que la demanda puede dejar a parte de los vecinos sin turno si llegan más tarde.

    En Tartagal, en tanto, el cronograma incluye la comunidad 9 de Julio, la comunidad Pablo Secretario, el CIC Norte y el CIC Sur. En este caso, la atención arrancará a las 8 y habrá 120 turnos por día, una capacidad mayor que en capital, aunque también sujeta a cupos limitados.

    La información más importante para quienes necesiten hacer el trámite pasa por los costos y las condiciones de pago. El DNI regular tiene un valor de 10.000 pesos y el exprés cuesta 26.000. En el caso del pasaporte, el regular sale 100.000 pesos y el exprés 200.000.

    Otro dato clave es que los pagos solo podrán realizarse con tarjeta o billeteras virtuales, por lo que no habrá opción de abonar en efectivo. También se advirtió sobre los tiempos estimados de entrega: alrededor de 90 días para el DNI regular y 15 días hábiles para la versión exprés.

    Más allá del formato oficial del operativo, se trata de una información útil para vecinos de Tartagal y de la capital que necesiten renovar documentación o avanzar con trámites postergados. La clave será llegar temprano, verificar el punto más cercano y tener en cuenta tanto el costo como la demora prevista para la entrega.

    En ciudades donde estos operativos suelen concentrar alta demanda, el dato práctico pesa más que el anuncio. Por eso, la utilidad de la medida no está solo en sumar puntos de atención, sino en que la gente tenga claro dónde ir, qué llevar y bajo qué condiciones podrá completar el trámite.

  • Diputados de Salta debate una agenda cargada con foco en Orán, Remediar y cambios electorales

    Diputados de Salta debate una agenda cargada con foco en Orán, Remediar y cambios electorales

    Política institucional

    La Cámara de Diputados de Salta abrirá este martes una sesión con una agenda amplia, pero con algunos temas que sobresalen por su impacto político, institucional y territorial. Entre ellos aparecen la Carta Municipal de Orán, una propuesta para modificar el Régimen Electoral de la provincia y un proyecto de declaración contra el cierre y la reestructuración del programa Remediar.

    La sesión ordinaria pone sobre la mesa asuntos de distinto rango, desde iniciativas legislativas de alcance general hasta pedidos puntuales vinculados con infraestructura y organización del Estado. En ese marco, uno de los ejes de mayor interés será el tratamiento de la Carta Municipal de Orán, un tema con peso propio para el norte salteño y con efectos directos sobre la vida institucional del municipio.

    Junto con ese punto, también entrará en debate una iniciativa para modificar el Régimen Electoral provincial. Aunque el alcance final dependerá del tratamiento legislativo, se trata de una discusión sensible porque toca reglas de funcionamiento político y condiciones del sistema electoral salteño.

    Otro de los proyectos que se colará en la sesión apunta al plano social y sanitario. Diputados debatirá una declaración para repudiar la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de cerrar y reestructurar el programa Remediar, una política asociada al acceso a medicamentos y con impacto concreto en sectores que dependen del sistema público de salud.

    La agenda suma además una propuesta para avanzar con la construcción de un playón deportivo en el Colegio Secundario N° 5.198 de Paraje El Angosto de Parani, en el departamento Orán. Ese punto vuelve a darle a la sesión una bajada territorial concreta, porque conecta el debate legislativo con una demanda de infraestructura en el norte provincial.

    En materia normativa, también figuran iniciativas para establecer funciones sobre el uso de aeronaves del Estado provincial y para crear un Registro de Voluntades Anticipadas vinculado a decisiones médicas. Son proyectos distintos entre sí, pero que muestran una sesión con temas que cruzan organización institucional, salud y administración pública.

    A eso se suma un proyecto llegado en revisión desde el Senado para modificar artículos del Código Contravencional, incorporando regulaciones sobre el cobro de estacionamiento en la vía pública. Es un tema que puede parecer menor frente a otros asuntos del orden del día, pero que toca conflictos cotidianos y discusiones urbanas muy concretas.

    Más que una sesión cargada de cantidad, lo que aparece es una jornada con varios frentes abiertos y con temas que pueden tener efectos reales en distintos planos de la provincia. Orán, el acceso a medicamentos, las reglas electorales y la regulación del espacio público son parte de una misma agenda legislativa que combina política, gestión y demandas territoriales.

    Soporte factual de trabajo: la sesión es la 6ª ordinaria y entre los puntos destacados figuran la Carta Municipal de Orán, cambios al Régimen Electoral, el rechazo al cierre o reestructuración de Remediar, un playón deportivo en Paraje El Angosto de Parani, funciones sobre uso de aeronaves del Estado, un Registro de Voluntades Anticipadas y cambios al Código Contravencional sobre estacionamiento.

  • Más monotributistas y menos empleo formal: por qué ANSES recauda menos

    Más monotributistas y menos empleo formal: por qué ANSES recauda menos

    Economía y Producción

    El mercado laboral argentino viene mostrando un cambio que no siempre se ve a simple vista: puede haber actividad y hasta nuevas formas de ocupación, pero no todo trabajo aporta igual al sistema previsional. Ese movimiento es hoy uno de los factores que más presiona sobre la recaudación de ANSES y sobre la sostenibilidad de las jubilaciones.

    El punto central es que en los últimos años perdió peso el empleo asalariado formal, que realiza aportes más altos y constantes, mientras crecieron modalidades como el monotributo y el trabajo autónomo, que tienen una contribución mucho menor al sistema. Esa diferencia altera la caja previsional incluso cuando la cantidad total de personas ocupadas no cae en la misma proporción.

    Los datos muestran con claridad ese cambio de estructura. En 2005 aportaba al sistema previsional el 82% de los trabajadores. A fines de 2025 lo hacía casi el 69%. En paralelo, creció el peso de monotributistas y autónomos dentro del universo laboral, pero sin compensar la pérdida de recaudación que implica la caída del empleo registrado tradicional.

    La diferencia no es menor. Mientras un trabajador formal aporta junto con su empleador sobre una base salarial más robusta, los esquemas simplificados dejan montos bastante más bajos. Por eso, aunque aumente el número de monotributistas, el efecto fiscal no reemplaza lo que se pierde cuando desaparecen puestos en blanco.

    Ese deterioro se refleja en una comparación concreta: hoy se necesitan 24 monotributistas para cubrir una jubilación mínima, mientras que alcanzan poco más de dos asalariados formales para financiarla. En el caso de los autónomos, la relación también es mucho más favorable que la del monotributo, pero sigue lejos del rendimiento que tiene el empleo registrado asalariado.

    El problema se agrava con la evolución reciente del mercado laboral. Desde noviembre de 2023 se perdieron cientos de miles de puestos asalariados formales y también cerraron miles de empleadores con trabajadores registrados. Al mismo tiempo, sectores que ganaron peso en la actividad, como agro, minería e intermediación financiera, no generan por sí solos el volumen de empleo formal que sí sostienen rubros como industria, comercio o construcción.

    Detrás de esa transformación aparece una consecuencia directa: el sistema previsional depende cada vez más de impuestos y transferencias del Tesoro para cubrir jubilaciones. Hoy hay alrededor de dos trabajadores activos por cada jubilado, cuando el equilibrio requeriría una relación más cercana a tres a uno.

    La discusión, entonces, no pasa solo por cuántos empleos se crean, sino por qué tipo de empleo se consolida. Si el crecimiento del trabajo se apoya en formas más precarias o de menor aporte, la presión sobre ANSES aumenta y el sistema jubilatorio queda todavía más frágil.

    Es una señal que excede la macroeconomía y baja a la vida cotidiana. Habla de ingresos, de estabilidad laboral y también de la capacidad futura del sistema para sostener haberes previsionales sin seguir perdiendo poder real. En ese cruce entre empleo y jubilaciones está una de las tensiones más profundas del modelo laboral argentino actual.