Política institucional
La Cámara de Diputados de la Nación prepara una sesión clave para el 24 de junio, con una agenda de fuerte interés para el Gobierno nacional. El temario incluiría el tratamiento de la ley de lobby, el proyecto conocido como Súper RIGI y la autorización del plan de pago a dos fondos buitre.
La convocatoria fue comunicada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a referentes parlamentarios del oficialismo y de la oposición. La intención es llegar a esa fecha con los dictámenes firmados y abrir el recinto con una agenda legislativa que combina transparencia institucional, incentivos a inversiones de gran escala y compromisos financieros del Estado nacional.
Uno de los proyectos centrales es la ley de lobby, que busca crear un régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses. La iniciativa apunta a registrar las gestiones que empresas, intermediarios u organizaciones realizan ante funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales o influir en decisiones del Poder Ejecutivo y del Congreso.
El proyecto contempla la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses, donde deberían inscribirse los lobistas. También prevé declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones, además de obligaciones para que funcionarios públicos informen sus audiencias con representantes de intereses privados.
El otro punto fuerte de la agenda es el Súper RIGI, una ampliación del régimen de incentivos a grandes inversiones. A diferencia del RIGI original, este esquema apunta a proyectos de mayor escala, con un piso mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares.
La iniciativa está orientada a nuevas industrias y desarrollos tecnológicos vinculados con la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores e inteligencia artificial.
Para esos sectores, el régimen ofrecería estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años. El objetivo oficial es atraer inversiones de largo plazo en áreas consideradas estratégicas, aunque su impacto concreto dependerá de los proyectos que efectivamente se presenten y de las condiciones productivas de cada región.
Para Salta y el norte argentino, el debate tiene una lectura particular. La provincia viene posicionándose en minería, litio, energía y servicios asociados a grandes proyectos, por lo que cualquier cambio en los incentivos nacionales puede incidir en la competencia por inversiones. Sin embargo, el beneficio no sería automático: dependerá de que existan iniciativas concretas, capacidad local de acompañamiento y encadenamientos productivos reales.
La sesión también incluiría el tratamiento del acuerdo de pago a dos fondos buitre por 171 millones de dólares, luego de la media sanción obtenida en el Senado. El Gobierno busca cerrar ese capítulo antes del 30 de junio, plazo fijado en el entendimiento.
El Congreso volverá así a discutir una agenda sensible para la administración nacional. En el caso del Súper RIGI, el punto de fondo será si los incentivos logran traducirse en inversiones efectivas y si provincias productivas como Salta pueden capturar parte de ese movimiento sin quedar solo como territorio de extracción o paso.
