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  • Salta mantiene activa la investigación por las turistas francesas

    Salta mantiene activa la investigación por las turistas francesas

    A 15 años de los asesinatos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, la investigación judicial continúa abierta en Salta con nuevas pericias genéticas y líneas todavía sin resolver. El gobernador Gustavo Sáenz ratificó en París el compromiso de la Provincia de colaborar con la causa durante un encuentro con Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre.

    El crimen de las dos turistas francesas ocurrido en 2011 continúa generando medidas judiciales después de un recorrido marcado por condenas, revisiones y nuevas investigaciones.

    El último gesto institucional se produjo en París, donde Sáenz se reunió el 2 de octubre con Jean-Michel Bouvier y manifestó la disposición del Gobierno provincial para colaborar con los requerimientos de las autoridades judiciales.

    El encuentro coincide con una etapa en la que la causa volvió a registrar movimientos concretos en Salta.

    En febrero de 2025, el Ministerio Público Fiscal conformó una Unidad Fiscal Especial para continuar trabajando sobre líneas investigativas pendientes del doble crimen. Desde entonces se realizaron nuevas medidas, entre ellas cotejos genéticos destinados a determinar el origen de perfiles detectados durante los estudios realizados sobre las muestras del caso.

    Nuevas pericias buscan determinar el origen de perfiles genéticos

    En marzo de 2026 se realizaron extracciones de muestras a distintas mujeres para compararlas con un perfil genético femenino identificado por expertos franceses.

    La medida busca establecer si ese ADN corresponde a alguna persona relacionada con las actuaciones realizadas durante la investigación o si puede aportar información para una nueva línea.

    La Fiscalía también informó sobre la existencia de dos perfiles genéticos masculinos obtenidos en Francia, aunque señaló que estaban incompletos y no permitían realizar comparaciones concluyentes.

    Estas medidas no prueban por sí mismas la participación de nuevas personas en los asesinatos. Su función es confirmar o descartar hipótesis dentro de una investigación que continúa activa.

    El expediente atravesó numerosos cambios desde el hallazgo de los cuerpos de Bouvier y Moumni en 2011.

    Uno de los principales capítulos estuvo vinculado a Santos Clemente Vera, quien había sido condenado por el doble crimen. En 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto esa condena y ordenó revisar el caso.

    En diciembre de 2024, el Tribunal de Impugnación de Salta dispuso su sobreseimiento por insubsistencia de la acción penal, al considerar transcurrido el plazo razonable para mantenerlo sometido al proceso.

    Esa decisión cerró su situación procesal, pero no determinó el cierre completo de las investigaciones sobre el doble crimen. La Unidad Fiscal Especial creada posteriormente mantiene abiertas otras líneas.

    Otra causa investiga la actuación de policías

    En paralelo existe otro expediente judicial que no debe confundirse con la investigación de los asesinatos.

    Dieciséis policías y expolicías están acusados de apremios ilegales agravados presuntamente cometidos durante la investigación original del caso.

    El 29 de septiembre, un tribunal rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por las defensas. Los acusados continúan sometidos al proceso y sus abogados anunciaron que apelarán la resolución.

    La causa todavía no llegó a una condena y la responsabilidad penal de los efectivos deberá definirse judicialmente.

    Ese expediente y la investigación del doble crimen son procesos diferentes: uno intenta esclarecer aspectos todavía pendientes de los asesinatos de Bouvier y Moumni y el otro analiza presuntos delitos cometidos durante las actuaciones policiales posteriores.

    En París, Sáenz sostuvo ante Jean-Michel Bouvier que la Provincia continuará colaborando con las autoridades argentinas y francesas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

    La cooperación judicial entre ambos países ya forma parte de la investigación y permitió, entre otras medidas, intercambiar elementos y avanzar con estudios genéticos realizados en Francia y Argentina.

    Quince años después de los asesinatos, el punto central ya no pasa únicamente por reconstruir lo ocurrido en 2011. La investigación deberá determinar qué pueden aportar las nuevas pericias, si existen líneas capaces de producir avances concretos y cómo se resolverán los expedientes derivados de las actuaciones realizadas durante aquellos primeros años.

    Por ahora, los últimos cotejos genéticos no tienen un resultado definitivo difundido públicamente.

  • Bolivia juzga a ocho guaraníes salteños por tierras que declaró argentinas

    Bolivia juzga a ocho guaraníes salteños por tierras que declaró argentinas

    Los acusados son miembros de la comunidad Tape Iguapegui, de General Mosconi. Dos organismos del propio Estado boliviano dictaminaron entre 2023 y 2024 que el predio en disputa no existe y que las coordenadas corresponden a territorio argentino.

    Ocho integrantes de la comunidad ava guaraní Tape Iguapegui, de General Mosconi, son juzgados este lunes por un tribunal de Bolivia. La causa tramita ante el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer 2 de Tarija, a cargo de la jueza Minerva Tárraga Gutiérrez, y los acusa de turbaciones y daños.

    Entre los acusados está Natalí Vásquez, cacique de la comunidad de Churqui. Otras dos mujeres y cinco miembros más de la comunidad completan el grupo. Ninguno puede presentarse en la audiencia: sobre todos ellos pesan órdenes de detención vigentes en territorio boliviano.

    La alternativa es la videollamada. Para conseguir señal, los acusados deben caminar hasta la orilla salteña del río Grande de Tarija. Tampoco cuentan con un abogado que los represente desde el lado argentino.

    El territorio en disputa está en las serranías occidentales del departamento San Martín, sobre la banda fronteriza del río Grande de Tarija. Los parajes involucrados son Churqui, Aujoncito, San Telmo, Volcán, Algarrobito y Media Luna.

    Qué dicen los organismos bolivianos

    La denuncia contra los guaraníes la presentó Horacio Cruz Castro, productor cañero de Bermejo, que reclama derechos de propiedad sobre un predio que denomina Isla Valle Dorado.

    Sobre ese predio existen dos dictámenes de organismos del Estado boliviano, ambos emitidos a raíz de una denuncia anterior del mismo Cruz Castro, presentada en 2020 y luego desestimada en el mismo distrito judicial.

    El primero es del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA. El fiscal José Gustavo Valeriano le pidió un informe y el 12 de mayo de 2023 la directora del organismo, Evelyn Elías Arroyo, respondió que tras verificar las bases de datos se evidenció que no existe el predio Isla Valle Dorado-Bermejo, y que por lo tanto no hay registro de derecho propietario a nombre de Cruz Castro ni de su esposa, Francisca Pérez Garnica.

    El segundo es de la Cancillería de Bolivia. En respuesta a un requerimiento de la fiscal Jhovana Salinas Berruga, el director general de Asuntos Jurídicos, Bernardo Ortíz Cortez, precisó que las coordenadas adjuntas al pedido se encuentran en territorio argentino. El informe agrega que una de las partes del proceso tendría una confusión respecto del territorio que ocupa, cuestión que las coordenadas enviadas desvirtúan. Cruz Castro fue notificado de ese informe el 11 de enero de 2024.

    Ambos dictámenes fueron puestos de manifiesto ante fiscalías de Tarija durante 2024.

    La cronología

    Los documentos permiten ordenar el expediente por fechas.

    La primera denuncia por remoción de hitos fronterizos en esa zona data de 1994: hace 32 años. En 2020 Cruz Castro denunció por primera vez a los referentes de Tape Iguapegui y la causa se desestimó. En mayo de 2023 el INRA dictaminó que el predio no existe. En enero de 2024 la Cancillería boliviana dictaminó que las coordenadas son argentinas. En septiembre de 2025, Gendarmería Nacional constató las plantaciones en Churqui.

    El 6 de enero de 2026, la jueza Tárraga Gutiérrez libró el mandamiento de aprehensión contra Natalí Vásquez, Vanesa Alemán y otros miembros de la comunidad. El 21 de abril, la fiscal Janeth Soliz Torrez insistió para que se ejecutaran las detenciones.

    La orden de detención se dictó dos años y ocho meses después del dictamen del INRA y casi dos años después de que la Cancillería boliviana notificara al denunciante que esas coordenadas están en la Argentina.

    La medida de la Comisión de Límites

    Días atrás, la Comisión de Límites realizó una medida constatatoria en la zona, con presencia de funcionarios de los dos países. El informe oficial ratificó que los suelos ocupados y cercados en Churqui son argentinos.

    Para llegar a la banda del río Grande de Tarija, la comisión mixta tuvo que rodear por territorio boliviano. Es el mismo recorrido que hacen los pobladores ava guaraníes, los docentes, los agentes sanitarios y los productores de la zona: no existe un camino transitable que conecte ese borde fronterizo con San Ramón de la Nueva Orán ni con General Mosconi.

    El informe registró además una admisión de los cañeros. Consultados sobre las plantaciones desde las que se traslada caña de azúcar hacia Bolivia desde Aujoncito, sostuvieron ante los funcionarios que esas tierras están en territorio salteño y que las explotan bajo régimen de arriendo. No se informó quién figura como arrendador de tierras argentinas ni bajo qué título.

    La inspección abarcó Churqui y Aujoncito. En Aujoncito vive Rosa Villa, cacique general de la comunidad Tape Iguapegui. Su testimonio no fue recogido por los funcionarios de la comisión mixta.

    Lo que no está informado

    Tres datos permitirían medir el alcance real del caso y hoy no figuran en ninguna fuente pública: si la Cancillería argentina se presentó en la causa de Tarija, si existe actuación de la Justicia federal de Orán o de Tartagal sobre la ocupación, y quién figura como titular registral de esas tierras del lado argentino.

    REDmedios no pudo establecer, con la información disponible, el resultado de la audiencia de este lunes.