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  • La ANMAT prohibió los productos de limpieza Qualibest en todo el país

    La ANMAT prohibió los productos de limpieza Qualibest en todo el país

    El organismo nacional dispuso el cese de uso, venta, publicidad y distribución de todos los domisanitarios de esa marca. No están inscriptos y no hay un establecimiento responsable habilitado.

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió en todo el país el uso, la venta, la publicidad y la distribución de los productos de limpieza de la marca Qualibest. La medida se tomó mediante la Disposición 5292/26 y, por tratarse de una prohibición nacional, rige también en Salta.

    El alcance es amplio: quedan comprendidos los limpiadores, los eliminadores de olores, los desinfectantes, los aromatizantes y los productos de acabado de superficies, además de cualquier otro domisanitario de esa marca.

    La ANMAT verificó que los productos no estaban inscriptos ante el organismo y que tampoco había un establecimiento responsable habilitado. A eso se sumó que las firmas Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L., que en su momento habían registrado productos de la marca, hoy tienen dadas de baja sus inscripciones en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios, lo que arrastró de baja también a los registros de sus productos. La autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires informó, además, que los productos tampoco figuraban registrados en esa jurisdicción.

    La consecuencia que señala el organismo es directa: al desconocerse las condiciones de fabricación y la formulación, no se puede garantizar la calidad, la seguridad ni la eficacia de lo que hay adentro del envase.

    No se informó qué debe hacer quien ya tenga estos productos en su casa ni a qué canal dirigir una denuncia si se los encuentra a la venta.

  • La Policía de Salta suma 300 agentes y 151 vehículos en septiembre

    La Policía de Salta suma 300 agentes y 151 vehículos en septiembre

    El gobernador Gustavo Sáenz anunció la incorporación de egresados de la Escuela de Suboficiales y la entrega de 121 motos y 30 cuatriciclos cero kilómetro para el 2 de septiembre. El parte oficial no informó cómo se reparten entre los distritos de la provincia.

    La Policía de Salta va a incorporar 300 agentes en septiembre y recibirá 121 motos y 30 cuatriciclos cero kilómetro. El anuncio lo hizo el gobernador Gustavo Sáenz durante la inauguración de las obras de ampliación del aeropuerto Martín Miguel de Güemes, en la ciudad de Salta.

    Los 300 agentes son egresados de la Dirección de la Escuela de Suboficiales de la Policía de Salta y se incorporan formalmente a partir de septiembre. La entrega de los vehículos tiene fecha: el 2 de septiembre.

    Los números del anuncio cierran. REDmedios sumó las dos cifras de la flota: 121 motos más 30 cuatriciclos dan los 151 vehículos que informó la Provincia.

    Sáenz sostuvo que durante su gestión se incorporaron más de 400 unidades y que eso permitió renovar más del 60% de la flota de la fuerza. Esas dos cifras no permiten deducir cuántos vehículos tiene hoy la Policía de Salta: las dos están expresadas como mínimos, sin techo, y de dos mínimos no se despeja un total. Lo que sí se puede establecer es una cota: contando la entrega del 2 de septiembre, la gestión habrá sumado al menos 551 unidades.

    El parte oficial no informa cómo se distribuyen los 300 agentes ni los 151 vehículos entre las unidades regionales de la provincia. No hay mención a ningún distrito en particular, ni criterio de asignación, ni referencia a los departamentos de frontera. Para San Martín y Orán, un anuncio sin reparto no permite saber qué cambia en la calle.

    El gobernador enmarcó el anuncio en la decisión de sostener inversiones en un contexto económico complejo. Dijo que hay que establecer prioridades y que su gestión se define por hechos y no por palabras.

    REDmedios va a solicitar a la Provincia la distribución territorial de los agentes y de los vehículos.

  • Prohibirle al Banco Central financiar a las provincias tiene media sanción

    Prohibirle al Banco Central financiar a las provincias tiene media sanción

    La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la giró al Senado. El texto le impide a la entidad prestarle plata al Tesoro y a los gobiernos provinciales.

    La Cámara de Diputados aprobó anoche la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones. El proyecto obtuvo media sanción y pasó al Senado, donde todavía tiene que discutirse.

    El texto fija como mandato principal del Banco Central preservar el valor de la moneda y avanza sobre el principio de emisión cero. Para eso prohíbe tres cosas: los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias y la compra de títulos públicos en el mercado primario. También limita el uso de letras intransferibles y establece que la entidad solo puede girar al Tesoro utilidades derivadas de ganancias reales.

    Un cuarto punto endurece la salida de las autoridades del organismo: para remover al presidente y a los directores harían falta dos tercios en las dos cámaras.

    El presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli, defendió la reforma diciendo que busca impedir que el Banco Central sea usado como una herramienta para hacer política. Itai Hagman, de Unión por la Patria, respondió que el oficialismo intenta blindar una política económica cuyos resultados no fueron los esperados. Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, rechazó la rigidez del esquema y sostuvo que la entidad debe responder al crecimiento y al desarrollo. Desde la UCR, Guillermo Agüero y Lisandro Nieri respaldaron el mandato único y la prohibición de financiar al Tesoro.

    La votación en particular tensó la sesión. El presidente de la Cámara, Martín Menem, aceptó el pedido del oficialismo de votar por títulos, mientras Unión por la Patria exigía hacerlo artículo por artículo. Hubo gritos y varios diputados opositores se acercaron al estrado.

    Después llegó la segunda votación de la noche: la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal, que reunió 139 votos positivos, 110 negativos y dos abstenciones. La Libertad Avanza sumó al PRO, sectores de la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo. Votaron en contra Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

    Los dos resultados, puestos uno al lado del otro, muestran algo que ninguna de las dos votaciones dice por separado. REDmedios sumó los votos de cada una: la reforma del Banco Central movilizó 255 voluntades y la Inocencia Fiscal, 251. Entre una y otra hubo cuatro votantes menos en el recinto, cinco afirmativos menos, ocho negativos más y siete abstenciones menos. La cuenta cierra: cinco votos que se van del sí, ocho que se suman al no y siete abstenciones que desaparecen dan los cuatro de diferencia. El oficialismo ganó las dos, con menos margen en la segunda.

    La ampliación de Inocencia Fiscal agranda el universo de contribuyentes que pueden entrar al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Hasta ahora entraban quienes tuvieran ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio de hasta 10.000 millones. La reforma elimina esos dos topes para las personas humanas y las sucesiones indivisas que residan en el país, y extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para adherir.

    Quienes se sumen tienen que operar por el sistema financiero formal, con medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. ARCA conserva sus facultades de fiscalización sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica, y las multas por infracciones formales a las pymes bajan un 25%.

    Los dos proyectos están ahora en el Senado. Para las provincias, el punto a seguir es el primero: si la reforma del Banco Central se convierte en ley, se cierra por vía legal una fuente de financiamiento a la que los gobiernos provinciales pudieron recurrir hasta hoy.

    No tenemos el desglose de cómo votó cada diputado por Salta en las dos sesiones.

  • En Orán, la Provincia pidió un comité de emergencia por municipio

    En Orán, la Provincia pidió un comité de emergencia por municipio

    El Gobierno provincial reunió en San Ramón de la Nueva Orán a intendentes y funcionarios de doce municipios de Orán, San Martín y Rivadavia. El eje fue que cada uno arme su propio comité local antes de la temporada de lluvias.

    El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, y el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, encabezaron ayer en Orán una reunión regional del Comité de Emergencia Climática. El anfitrión fue el intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Baltasar Lara Gros, y el encuentro convocó a autoridades de los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia.

    Lo que la Provincia les pidió a los municipios tiene dos partes. La primera es la creación de comités de emergencia locales, encabezados por los propios intendentes. Mimessi señaló que hay municipios que registran distintos tipos de eventos climáticos adversos a lo largo del año y que por eso importa afianzar el trabajo de esos comités. La segunda es que cada municipio tenga espacios determinados donde aplicar los protocolos de emergencia cuando el evento ocurra.

    Avellaneda planteó que uno de los ejes del encuentro fue fortalecer la capacidad de los municipios para responder de manera ordenada y eficiente, aprovechando los recursos que ya tienen. La convocatoria se apoyó en los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.

    De la reunión participaron doce municipios, según la cuenta que hizo REDmedios sobre la nómina que difundió la Provincia. Nueve estuvieron representados por su intendente: Orán, Hipólito Yrigoyen con Soledad Cabrera, Colonia Santa Rosa con Juan Navarro, Aguas Blancas con Adrián Zigarán, Embarcación con Carlos Funes, Salvador Mazza con Gustavo Suvelza, General Ballivián con Samuel Córdoba, Rivadavia Banda Norte con Ariel Arias y Rivadavia Banda Sur con Leopoldo Cuenca.

    Los otros tres —General Mosconi, Tartagal y Pichanal— mandaron funcionarios municipales, sin que el parte oficial precise sus nombres ni sus cargos. Tartagal y Mosconi son las dos ciudades más grandes del departamento San Martín.

    También asistieron cinco legisladores de los departamentos del norte: Patricia Hucena, Mónica Goicoechea, David Taranto, Matías Monteagudo y Alejandro Valenzuela.

    Por el Ministerio de Desarrollo Social estuvieron la secretaria de Personas Mayores, Agustina Esteban; la secretaria de Políticas Sociales, Jorgelina Bellagamba; el subsecretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz; la directora general de Emergencia, Gabriela Lucuratolo; y la coordinadora general Dolores Montarce. Por Seguridad participaron el secretario Ignacio Vilches, el subsecretario de Defensa Civil Gonzalo Rodríguez, el subsecretario del Sistema de Emergencias 9-1-1 Norberto Mastrandrea, el director de Operaciones de Defensa Civil Matías Garrone, y el jefe y el subjefe de Policía, Walter Toledo y Guido Burgos.

    La temporada de lluvias en el norte salteño arranca con la primavera y es cuando crecen el Bermejo y el Pilcomayo, los dos ríos que ordenan la geografía de estos tres departamentos.

    No se informó en qué plazo tienen que quedar constituidos los comités locales, ni si la Provincia va a aportar equipamiento o fondos para sostenerlos.

  • Brasil habilitó créditos por US$2.620 millones para empresas golpeadas por los aranceles

    Brasil habilitó créditos por US$2.620 millones para empresas golpeadas por los aranceles

    Es la tercera fase del programa Brasil Soberano. El desglose que publicó el Gobierno brasileño suma US$2.019 millones: quedan US$601 millones sin asignar.

    El Gobierno de Brasil publicó en el Diario Oficial de la Unión el dictamen que aprueba la distribución de US$2.620 millones en líneas de crédito para empresas afectadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos y por los efectos de conflictos internacionales. Es la tercera fase del programa Brasil Soberano.

    El desglose informado tiene tres partidas. La más grande, US$970 millones, va a exportadores y proveedores alcanzados por las nuevas sobretasas estadounidenses sobre productos brasileños. Otros US$79 millones financian a empresas y proveedores vinculados a exportaciones hacia países del golfo Pérsico afectadas por la inestabilidad internacional. Y una tercera partida, también de US$970 millones, se reparte entre sectores considerados estratégicos: fertilizantes e insumos, minerales críticos y estratégicos, y sectores industriales relevantes para el comercio exterior.

    Las tres partidas suman US$2.019 millones. Contra el total anunciado de US$2.620 millones quedan US$601 millones sin asignación informada, alrededor del 23% del programa. La cuenta es de REDmedios: el dictamen difundido no aclara si falta una partida por detallar o si hay un error en alguna de las cifras publicadas.

    Los créditos pueden usarse para capital de giro, compra de máquinas y equipos, ampliación de la capacidad productiva, innovación tecnológica, adaptación de productos y fortalecimiento de las cadenas productivas.

    La decisión se toma mientras Brasil negocia con Estados Unidos para intentar revertir las nuevas barreras comerciales.

  • Diputados trata la reforma del Banco Central y una capital nacional salteña

    Diputados trata la reforma del Banco Central y una capital nacional salteña

    La sesión de hoy dura unas 16 horas. Para asegurarse el quórum, el oficialismo sumó al temario una docena de proyectos de los bloques dialoguistas: uno de ellos declara a San José de los Cerrillos Capital Nacional del Cerdo Negro.

    La Cámara de Diputados sesiona hoy durante unas dieciséis horas con dos proyectos centrales para el Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. Para asegurarse el quórum, el oficialismo abrió el temario a una docena de iniciativas de los bloques dialoguistas, la mayoría sin costo fiscal. Una de ellas declara a San José de los Cerrillos Capital Nacional del Cerdo Negro.

    Con esos proyectos, según el propio oficialismo, espera sumar apoyos de los bloques Argentina Federal, que integran diputados de Misiones y Salta, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz, Independencia, Adelante Buenos Aires y Córdoba Federal. La sesión llega después del revés que el Gobierno sufrió en el Senado con las reformas de las leyes de tierras y de manejo del fuego.

    Qué cambia en el Banco Central

    La reforma de la Carta Orgánica prohíbe de manera explícita que el Banco Central financie al Tesoro, sea de forma directa o indirecta. Si se aprueba, la entidad no podrá otorgar más adelantos transitorios, la herramienta que se usó históricamente para cubrir déficit con emisión, ni comprar títulos públicos directamente en el mercado primario.

    El proyecto también reduce los objetivos de la institución. La reforma de 2012 le había fijado cuatro: estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social. La iniciativa deja uno solo: preservar el valor de la moneda.

    Cambia además el mecanismo para remover al presidente del Banco Central y a los integrantes del directorio. Haría falta acreditar una «causal grave» y reunir dos tercios en ambas cámaras.

    Un punto que le importa al norte

    Entre las cartas de negociación que el oficialismo dice tener bajo análisis figura un pedido de las provincias: federalizar el directorio del Banco Central designando a algunos de sus integrantes por regiones.

    Está en estudio y no forma parte del proyecto que se vota hoy. Pero si prosperara, sería la primera vez que el norte argentino tendría una vía institucional de representación en el directorio de la entidad.

    Quiénes entran a Inocencia Fiscal II

    El régimen se creó a fines del año pasado para formalizar ahorros fuera del sistema. Economía consideró que la versión original no funcionó y ahora amplía el universo de quienes pueden adherir.

    Se eliminan los topes que exigían no superar el equivalente a mil millones de pesos de ingresos anuales ni diez mil millones de patrimonio. Queda abierto a todas las personas humanas sin importar ingresos ni patrimonio. La única excepción son los Grandes Contribuyentes, que no acceden a las presunciones ni a los efectos liberatorios.

    Tras el escándalo por el caso de Manuel Adorni, y por presión de los aliados, se incorpora una cláusula sobre funcionarios de los tres poderes: pueden adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, pero no a la exteriorización de fondos no declarados.

    El proyecto redefine también cuándo ARCA puede rechazar una declaración simplificada por «discrepancia significativa». El umbral es que la diferencia entre lo declarado y lo detectado supere el 15% del impuesto, y ante una objeción el contribuyente tiene quince días para corregir, pagar la diferencia y conservar los beneficios.

    El Gobierno calcula que hay unos 179 mil millones de dólares fuera del sistema que podrían volcarse a la inversión.

    Lo que sigue frenado

    En la previa de la sesión, la oposición evaluaba pedir una ampliación de temario o emplazar a las comisiones a tratar alguno de los 34 proyectos sobre endeudamiento familiar que están sin avanzar. Necesita 129 votos: si los reúne, queda demostrado que puede convocar una sesión especial más adelante.

    El temario completo incluye además el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, cuyo Capítulo II quedó en reserva tras la resistencia de los laboratorios nacionales, y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. Sobre el cierre se sumó la Ley Joaquín, por la muerte de un chico de doce años aplastado por un arco de fútbol sin amarre en Junín de los Andes, presentada por la diputada Luciana Potenza y con dictamen unánime.

  • Murió el segundo operario del accidente en Vaca Muerta

    Murió el segundo operario del accidente en Vaca Muerta

    Cristian Ariel Latorre había quedado gravemente herido el martes en una planta de gas del bloque Rincón del Mangrullo. Con su muerte son dos las víctimas fatales del hecho.

    Cristian Ariel Latorre murió anoche en una clínica, adonde había sido trasladado en helicóptero tras resultar gravemente herido en el accidente del martes por la tarde en una planta de gas de Vaca Muerta. Con su fallecimiento son dos los muertos por el hecho.

    La primera víctima fue Jonathan Meliqueo, que murió el mismo martes en el lugar. Los dos trabajaban para la contratista AESA-La Ribera.

    El accidente ocurrió en la unidad USP 2, una Unidad Separadora Primaria del sector norte del bloque Rincón del Mangrullo, cerca de Añelo, en Neuquén. El área la opera YPF bajo un esquema 50/50 con Pampa Energía.

    Según la reconstrucción preliminar, falló una línea de alta presión de gas y se produjo una fuerte descompresión. Esa misma reconstrucción descartó que se hubiera tratado de una explosión. Reventó un caño de 12 pulgadas, unos 30 centímetros de diámetro. Meliqueo había ingresado a una trampa receptora cuando se desprendió una parte metálica que lo alcanzó.

    La compañía informó que desplegó sus equipos de emergencia, activó los protocolos previstos y que la situación quedó controlada. En el lugar trabajaron personal de la empresa, equipos médicos y efectivos de la Policía provincial.

    El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa también intervino en la emergencia y puso a disposición su cadena sanitaria. En declaraciones publicadas por LM Neuquén, el gremio afirmó que las víctimas «no son trabajadores de convenio» y sostuvo que fueron «dos personas que intentaron operar algo que no correspondía».

    Esa es la versión del sindicato y no hay hasta ahora ninguna investigación concluida que la respalde ni la desmienta. Los dos trabajadores murieron y no pueden responderla. La empresa AESA-La Ribera, por su parte, los despidió públicamente como sus compañeros y colaboradores.

    No se informó quién investiga el hecho, si intervino la Secretaría de Trabajo provincial o la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ni si la planta continúa operando.

  • En diez años 52 comunidades del Chaco salteño se conectaron al agua

    En diez años 52 comunidades del Chaco salteño se conectaron al agua

    Es la cifra que dio el jefe de Gabinete al cumplirse una década de la Mesa del Agua. En el mismo acto, Aguas del Norte habló de más de 480 comunidades alcanzadas. Las dos cifras no miden lo mismo y el Gobierno no lo aclaró.

    Más de 52 comunidades originarias del Chaco salteño están hoy conectadas al agua potable mediante un sistema de red. El dato lo dio el jefe de Gabinete de la Provincia, Sergio Camacho, durante el encuentro por los diez años de la Mesa del Agua para el Chaco salteño.

    En términos de conexión a red, eso da un promedio de 5,2 comunidades por año durante la década. La cuenta es de REDmedios: el Gobierno informó el total acumulado, no el ritmo.

    Dos cifras que no miden lo mismo

    En el mismo acto, el gerente general de la empresa estatal Aguas del Norte, Juan Bazán, dio otra cifra bastante más alta: dijo que las perforaciones, los pozos y la ampliación de redes distribuidoras mejoraron la calidad de vida de más de 480 comunidades originarias de la zona del Chaco salteño.

    Las dos cifras conviven en el parte oficial sin ninguna aclaración sobre qué mide cada una. No son necesariamente contradictorias: una cuenta comunidades con conexión a una red de agua potable y la otra cuenta comunidades alcanzadas por alguna obra hídrica, que puede ser una perforación o un pozo. Son universos distintos, pero el documento no lo explica y la bajada oficial se queda con la cifra menor.

    Falta el número que permitiría evaluar la década

    Ni 52 ni 480 significan algo por sí solos mientras no se sepa cuántas comunidades hay en total en el Chaco salteño. Ese dato no aparece en el parte, y tampoco cuántas siguen sin acceso al agua ni cuánto se invirtió en los diez años.

    El dato existe en algún lado: la coordinadora de la Mesa, Florencia Luñis Zavaleta, mencionó entre los logros de la década el desarrollo de un mapeo participativo e interactivo que permite planificar las acciones futuras. Un mapeo de ese tipo supone conocer el universo que releva.

    Qué es la Mesa del Agua

    Es un espacio interinstitucional creado hace diez años para articular el trabajo sobre acceso al agua en el Chaco salteño, la región de la provincia con mayor densidad de comunidades originarias y criollas dispersas. Según Luñis Zavaleta, ya reúne a más de 40 entidades de distintos niveles de gobierno y de la sociedad civil.

    El subsecretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almarás, señaló que en la década se instalaron más de 300 sistemas de cosecha de agua de lluvia, además de capacitaciones y acuerdos con instituciones académicas.

    Participan del espacio la empresa estatal Aguas del Norte, el INTA y la organización FUNDAPAZ, entre otras. El encuentro por el aniversario fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario.

    Camacho sostuvo que la Provincia va a continuar invirtiendo en infraestructura en la zona y que las soluciones tienen que ser permanentes, con acompañamiento en territorio y capacitación para sostener las instalaciones en el tiempo. También planteó que la extensión del Chaco salteño impide aplicar respuestas estandarizadas y que cada situación requiere un análisis particular.

  • Argentina tiene la mora más alta de la región y menos previsiones

    Argentina tiene la mora más alta de la región y menos previsiones

    El 7,3% de los préstamos del sistema bancario argentino está en situación irregular, contra un promedio latinoamericano de 2,78%. Y es uno de los dos únicos países donde los bancos previsionaron menos que el total de su cartera vencida.

    El sistema bancario argentino tiene el 7,3% de sus préstamos al sector privado en situación irregular, el nivel más alto entre los dieciséis países de América Latina que releva la Federación Latinoamericana de Bancos. El promedio de la región es 2,78%: la mora argentina lo multiplica por 2,6. El cálculo es de REDmedios sobre las dos cifras del informe.

    Los datos son de Felaban, entidad que agrupa a 540 bancos de la región, con cifras al primer trimestre de este año, y cubren solo al sector bancario tradicional. Quedan afuera las fintech, las tarjetas de supermercados y cadenas de electrodomésticos, las cooperativas y las mutuales.

    Detrás de Argentina aparecen Brasil, con 4,3%, y Colombia, con 3,7%. En el otro extremo están República Dominicana, con 1,1%; El Salvador, con 1,4%; y Uruguay, con 1,7%. La mora argentina es 4,3 veces la uruguaya y 6,6 veces la dominicana.

    El dato que el informe deja al final

    Hay un segundo indicador en el informe que dice más que el primero y que casi no se cita: la cobertura, que mide cuánta plata inmovilizaron los bancos para bancar los créditos que no cobran. Se calcula dividiendo las previsiones por el saldo de cartera vencida.

    El promedio de la región es 164%, y bajó desde el 170% de un año atrás. República Dominicana está en 316%, Uruguay en 226% y Ecuador en 210%. Argentina está en 84%.

    Traducido: por cada peso de crédito vencido, los bancos argentinos tienen previsionados 84 centavos. Argentina y Panamá, con 93%, son los dos únicos países de los dieciséis que no llegan a cubrir el total de su cartera vencida.

    Se presta poco y se cobra mal

    El otro número donde Argentina queda última es el ratio crédito sobre PBI, que mide cuánto financiamiento al sector privado hay en relación al tamaño de la economía. El argentino es 14,3%, contra un promedio regional de 47,3%. Es el 30% de la media de la región.

    Durante años esa poca profundidad funcionó como protección: si se presta poco, un problema de morosidad no se vuelve sistémico. Y la mora argentina se ubicaba cerca del promedio regional o por debajo. Esa combinación se rompió.

    El crédito al sector privado creció en los últimos dos años, de la mano de la desaceleración de la inflación, la menor competencia de los títulos remunerados del Banco Central y la estabilidad cambiaria. Con el crédito creció también la irregularidad.

    La mora sube en toda la región

    El fenómeno no es solo argentino. Según Felaban, la cartera vencida del sistema bancario latinoamericano cerró marzo en unos USD 104.621 millones, 10% arriba de diciembre de 2025 y 44% arriba de un año atrás.

    De esas dos variaciones se reconstruye la serie: en diciembre pasado el saldo era de unos USD 95.110 millones y en marzo de 2025, de unos USD 72.653 millones. En doce meses la cartera vencida de la región creció cerca de USD 32.000 millones. La reconstrucción es de REDmedios; el informe publica las variaciones, no los saldos anteriores.

    El indicador agregado de morosidad regional subió de 2,51% a 2,78% en el mismo período.

    Qué se discute en Argentina

    Cerca de 7 millones de argentinos mantienen deudas con entidades financieras, entre bancos, fintech y otras instituciones de crédito. El Gobierno sostiene que la morosidad es un asunto entre privados y que no va a intervenir. Analistas y voces de la oposición plantean que el Banco Central asuma algún grado de participación.

    El informe se conoce el mismo día en que el Gobierno anuncia un nuevo esquema para impulsar el crédito hipotecario, con una conferencia del ministro de Economía prevista para esta mañana. Son dos hechos separados: el informe de Felaban corresponde al primer trimestre y no evalúa las medidas anunciadas hoy.

    Felaban no desagrega los datos por provincia ni por región dentro de cada país, así que no hay número de morosidad específico para Salta ni para el norte salteño en este informe.

  • Las observaciones a las cuentas de Tartagal alcanzan a $139 millones

    Las observaciones a las cuentas de Tartagal alcanzan a $139 millones

    El informe de la Auditoría sobre el ejercicio 2020 no se agota en los programas sin documentación. Hay $43,9 millones de deuda sin registros que la respalden y $54,6 millones en ingresos y fondos mal asentados o no incorporados al presupuesto.

    Los montos alcanzados por observaciones en la Cuenta General del Ejercicio 2020 de la Municipalidad de Tartagal suman alrededor de $139 millones. La cifra es de REDmedios: la Auditoría General de la Provincia informa cada ítem por separado y no los totaliza.

    El lunes publicamos la primera parte de este expediente, los $37.773.639,02 de tres programas cuyos gastos el organismo no pudo verificar por falta de documentación. El informe completo abarca bastante más que eso.

    Con las observaciones sobre la mesa, la Auditoría aconsejó al Concejo Deliberante de Tartagal observar las cuentas del período. La decisión se tomó mediante la Resolución Conjunta 34, firmada por el actual presidente del organismo, Miguel Nanni, en el marco de las atribuciones de la Ley 7103. En 2020 la intendencia estaba a cargo de Mario Mimessi, hoy ministro de Desarrollo Social de la Provincia.

    Tres bloques distintos

    Los montos observados no son todos de la misma naturaleza, y conviene separarlos porque un gasto sin comprobantes no es lo mismo que un error de clasificación contable.

    El primer bloque son gastos de programas sin documentación de respaldo. A los tres que ya informamos —Tartagal Trabaja, los núcleos húmedos y la segunda etapa de la Defensa Yariguarenda— se suman ahora $2,9 millones de ayudas sociales, observados por ausencia de reglamentación y de comprobantes que permitieran determinar la trazabilidad de los fondos entregados. El bloque queda en unos $40,7 millones.

    El segundo bloque es deuda sin registros auxiliares que la justifiquen: $26,7 millones de deuda financiera y $17,2 millones de deuda social. Suman $43,9 millones.

    El tercero es el más grande y es el que no habíamos contado: $54,6 millones en ingresos y fondos que no fueron asentados donde correspondía.

    La tasa que pagó el vecino y no figura en los libros

    Dentro de ese tercer bloque hay un ítem que se explica solo. La Auditoría detectó $8,83 millones correspondientes a la Tasa por Servicios Retributivos, la que el municipio cobra a través de la factura de EDESA, que no fueron registrados en los libros municipales. Es plata que los vecinos de Tartagal pagaron en la boleta de luz y que no aparece asentada.

    En el mismo bloque están $23,2 millones asignados incorrectamente entre distintos programas de vivienda y $6,18 millones de excedente de recaudación que no fueron incorporados al presupuesto. También $562.233 del Fondo de Asistencia Crítica sin registrar y una diferencia de $2,37 millones en la Tasa de Actividades Varias entre los registros del municipio y las planillas de cobranza.

    Aparece además una operación que conviene explicar: $13,5 millones de anticipos financieros quedaron anotados como ingresos ordinarios. Un anticipo financiero es plata que hay que devolver, o sea deuda. Registrarlo como ingreso ordinario hace que el ejercicio muestre un resultado mejor que el real.

    Un sistema de control calificado de inadecuado

    La Auditoría fue explícita sobre el conjunto: calificó de «inadecuado» el sistema de control interno del municipio.

    Entre las deficiencias enumeró la falta de libros de clasificación presupuestaria, de contrataciones y de cajas chicas; la ausencia de inventarios de bienes; la carencia de libros contables auxiliares; la falta de formalización de escalas salariales y registros bancarios incompletos.

    El organismo advirtió también que la Municipalidad no presentó el Estado de Situación del Tesoro, el documento que permite conocer de cuánto dinero dispone y qué obligaciones tiene a corto plazo. Y que no se incorporó información de la empresa municipal Tartagal Productiva S.E. ni se respetaron las etapas del gasto público: compromiso, devengado y pagado.

    Qué no dice el informe

    La Auditoría no afirma que falte dinero. Lo que consigna es que no pudo verificar el destino o el registro de esos fondos por ausencia de documentación. No hay imputación, no hay denuncia y no hay causa judicial abierta a partir de este informe.

    Los montos que informa el organismo están expresados en pesos de 2020, seis años atrás.

    El siguiente paso está en el Concejo Deliberante de Tartagal, que es el cuerpo al que la Auditoría le aconsejó observar las cuentas. No se informó cuándo va a tratarlo ni qué ocurre si el municipio no presenta la documentación faltante.