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Economía y Producción

El Gobierno provincial y el Ente Regulador oficializaron un programa de asistencia para amortiguar el impacto del costo energético en los hogares de menores recursos y jubilados, bajo estrictas condiciones de postulación.

El hecho económico: subsidios focalizados frente al aumento de tarifas

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (ENRESP) instrumentó un régimen extraordinario de subsidios que cubrirá entre el 60% y el 100% del costo de las boletas de energía eléctrica (EDESA) y de agua corriente (CoSAySa). La medida busca mitigar el fuerte impacto que la quita de subsidios nacionales y la actualización de los cuadros tarifarios provocaron sobre los presupuestos de los sectores con menor capacidad de pago.

Para poder acceder al beneficio, los interesados deberán completar un proceso de postulación obligatorio, ya que la asistencia no se aplicará de manera automática. El programa está dirigido de forma prioritaria a jubilados, pensionados y familias cuyos ingresos totales declarados no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, el organismo de control aplicará un filtro patrimonial estricto: se denegará la cobertura a quienes posean más de un inmueble registrado o sean propietarios de automóviles de menos de diez años de antigüedad.

Qué significa para San Martín y Orán

En los departamentos del norte provincial, la reglamentación del beneficio contempla una salvedad fundamental que responde directamente a la realidad del territorio: la tenencia de motocicletas. Dado que en Orán y San Martín la moto no representa un bien de recreación sino el principal medio de movilidad familiar y una herramienta indispensable para el trabajo independiente de cercanía, el filtro patrimonial permitirá que los postulantes posean motovehículos de hasta 150 centímetros cúbicos de cilindrada sin que esto sea causal de rechazo para recibir el subsidio.

Este alivio es crítico para la región norte, donde las temperaturas extremas vuelven indispensable el uso continuo de ventiladores y equipos de refrigeración para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad. En esta zona de la provincia, el consumo eléctrico básico de un hogar de escasos recursos supera ampliamente la media de los centros urbanos templados. Por lo tanto, acceder a una tarifa subsidiada define la posibilidad de mantener el servicio activo o caer en la acumulación de deudas y posteriores cortes de suministro.

Contexto y tendencia de fondo

La implementación de este esquema de asistencia local expone la tensión existente entre la desregulación tarifaria promovida a nivel nacional y la capacidad de pago real en las provincias del interior del país. Al retirarse los subsidios de base de la tarifa de generación eléctrica mayorista, las distribuidoras provinciales trasladaron los incrementos de manera directa a los usuarios residenciales.

El programa de contingencia salteño intenta colocar un límite de contención social, pero su eficacia dependerá de la accesibilidad del trámite. La inscripción se podrá realizar mediante formularios digitales en la web del ENRESP y de forma presencial en las oficinas de las prestatarias y los municipios colaboradores, un factor clave para aquellas familias del interior que carecen de conectividad regular a internet.

Qué mirar en adelante

Durante los próximos meses, será determinante observar el nivel de aprobación de las solicitudes presentadas en los municipios del norte y si el tope de consumo subsidiado asignado a cada categoría residencial se adapta al uso real de energía que exigen las viviendas de San Martín y Orán. Asimismo, la atención estará puesta en la sustentabilidad financiera de este fondo de subsidios, el cual se financia con recursos provinciales en un contexto de fuerte restricción presupuestaria general.

Economía y Producción

El debate por las tasas abusivas de las aplicaciones en Salta Capital expone un problema de fondo: la falta de crédito formal para los trabajadores del transporte de cercanía, una realidad que en Orán y Tartagal se sufre a través de prestamistas informales y sobrecostos de mantenimiento.

El hecho económico: la usura digital en la capital

El crecimiento de las plataformas de entrega a domicilio en Salta Capital se consolidó como una salida de ingresos rápidos, pero también abrió la puerta a un silencioso ciclo de endeudamiento. Para sostener su actividad diaria, los repartidores necesitan herramientas operativas indispensables: un teléfono celular con conectividad constante y, fundamentalmente, una motocicleta o bicicleta en condiciones. Ante la falta de capital inicial o frente a imprevistos mecánicos, los trabajadores recurren a microcréditos y adelantos de efectivo ofrecidos por las mismas aplicaciones o plataformas financieras digitales asociadas.

El problema radica en las tasas de interés aplicadas por estas fintech, que operan en un marco de desregulación y con recargos significativamente superiores a los del mercado bancario formal. El mecanismo de cobro es directo y automatizado: las cuotas de las deudas se debitan de manera inmediata de las billeteras virtuales donde los repartidores acumulan sus ganancias diarias antes de que puedan disponer de ellas. Como resultado, el saldo disponible al final de la jornada se licúa, obligando al trabajador a extender sus horas de conducción solo para cubrir el costo financiero del día siguiente.

La realidad del norte: motomandados y usura analógica

A diferencia de lo que ocurre en Salta Capital, en los departamentos de San Martín y Orán no operan las grandes plataformas multinacionales de delivery. En ciudades como Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán, el servicio de entrega a domicilio sigue siendo local y tradicional, gestionado de manera directa por las pizzerías, rotiserías o a través de cooperativas y agencias independientes de «motomandados».

Sin embargo, la exclusión financiera y la precarización son idénticas. Al encontrarse en el sector informal, los cadetes norteños tampoco tienen acceso a líneas de crédito bancarias para renovar sus motos o comprar repuestos. En este territorio, la falta de financiamiento se agrava por la asimetría de precios: debido a las distancias y al costo del flete terrestre, insumos esenciales como neumáticos, cámaras y repuestos mecánicos llegan al norte con sobrecostos muy elevados en comparación con el centro de la provincia.

Ante una avería que les impide trabajar, y sin la opción de las fintech de las aplicaciones, los motomandados del norte salteño terminan recurriendo a circuitos de usura informal local (como los prestamistas informales o el sistema «gota a gota»). Las tasas de interés de estos prestamistas de barrio son aún más asfixiantes y peligrosas que las digitales, absorbiendo de inmediato la recaudación diaria de los trabajadores y dejándolos atrapados en la misma rueda: pedalear o acelerar jornadas de más de doce horas no para generar un ahorro, sino simplemente para pagar la deuda del vehículo.

Qué mirar en adelante

El escenario muestra que, con o sin tecnología de por medio, el transporte de cercanía en Salta carece de herramientas de fomento y protección financiera. En los próximos meses, será clave observar si desde el Gobierno provincial o los municipios del norte se impulsan programas de microcréditos productivos de carácter público o asociativo para trabajadores independientes. Facilitar el acceso a financiamiento blando para la compra de herramientas de trabajo y repuestos permitiría romper la dependencia de la usura —sea digital o analógica— y garantizar que el esfuerzo de los trabajadores locales permanezca y circule en la economía de la región.

Economía y Producción

El INDEC oficializó la inflación de junio en un 1,9%, una cifra que, de acuerdo al mecanismo de movilidad mensual vigente, define el porcentaje de incremento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en las prestaciones de agosto. Esta indexación automática busca acompañar la evolución general de los precios, aunque su aplicación con dos meses de rezago y el congelamiento de los bonos complementarios condicionan el impacto real en el bolsillo de los beneficiarios.

A partir del próximo mes, la jubilación mínima se establecerá en un valor base de 419.734 pesos. Al sumarse el bono extraordinario de 70.000 pesos —que el Gobierno nacional mantiene sin variaciones nominales—, el ingreso final para este sector alcanzará los 489.734 pesos. En la misma línea, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en 335.787 pesos de base (llegando a 405.787 pesos con el adicional), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) se fijarán en 293.815 pesos base, totalizando 363.815 pesos al incorporar el refuerzo. Por su parte, la Pensión para Madres de 7 Hijos quedará equiparada a la mínima, con un haber de 419.734 pesos que asciende a 489.734 pesos con el bono.

Para las asignaciones familiares y sociales, que no reciben el bono extraordinario, el aumento del 1,9% se aplica de forma directa sobre sus valores de referencia. De este modo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de 150.828 pesos por cada menor a cargo, en tanto que la Asignación por Hijo con Discapacidad ascenderá a los 491.111 pesos mensuales durante agosto.

En el norte salteño, fundamentalmente en los departamentos de San Martín y Orán, la dinámica de estos ingresos previsionales y de asistencia tiene un peso determinante en la actividad comercial de cercanía. Al registrarse históricamente una proporción elevada de hogares que dependen de asignaciones y pensiones mínimas para su subsistencia diaria, las fechas de cobro de ANSES regulan de forma directa el consumo de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad en los almacenes de barrio.

Sin embargo, el poder de compra de estos montos se ve recortado en la región por factores estructurales. La distancia geográfica con los grandes centros de distribución encarece los precios de góndola debido al costo del flete terrestre y del combustible, mientras que las altas temperaturas crónicas de la zona exigen un uso intensivo de energía eléctrica para refrigeración, un servicio básico que absorbe una porción desproporcionada de los ingresos familiares. En este escenario, la indexación mensual aporta previsibilidad para ordenar los gastos de subsistencia, pero consolida la brecha frente al costo real de la Canasta Básica Total, que en el norte provincial se encarece sistemáticamente por encima de la media nacional.