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  • “Gente que antes ayudaba hoy viene a pedir”: la advertencia social de la Iglesia

    “Gente que antes ayudaba hoy viene a pedir”: la advertencia social de la Iglesia

    Social / Contexto local

    La Iglesia advirtió sobre un cambio cada vez más visible en la asistencia social: personas y familias que antes colaboraban con Cáritas hoy se acercan a pedir ayuda. La señal apunta al deterioro de los ingresos y al avance de las dificultades económicas sobre sectores de clase media baja que hasta hace poco podían sostener sus gastos básicos.

    El planteo fue realizado por Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien alertó sobre el aumento de la demanda en espacios de asistencia. Según describió, ya no se trata solo de los sectores históricamente más vulnerables, sino también de personas que trabajaban, ayudaban o participaban como colaboradoras y ahora necesitan alimentos, medicamentos o acompañamiento.

    El dato refleja una situación que se siente en la vida cotidiana: salarios que pierden poder de compra, changas inestables, alquileres más difíciles de pagar, servicios más caros y familias que deben ajustar consumos básicos. En ese escenario, las redes comunitarias vuelven a ocupar un lugar clave para contener lo que muchas veces no aparece de inmediato en las estadísticas.

    En Salta y el norte provincial, esta advertencia tiene una lectura directa. Cáritas, parroquias, comedores, merenderos y organizaciones barriales suelen ser el primer lugar al que llegan las familias cuando el ingreso ya no alcanza. Allí se ve antes que en otros espacios el cambio en el perfil de quienes piden ayuda.

    La preocupación no pasa solamente por el aumento de la pobreza, sino por la caída de hogares que estaban apenas por encima de la línea de necesidad y que ahora empiezan a depender de asistencia para completar alimentos, medicamentos o gastos esenciales.

    El fenómeno también muestra una presión creciente sobre las redes solidarias. Si quienes antes ayudaban hoy necesitan pedir, la capacidad de respuesta comunitaria se vuelve más frágil y la demanda social se amplía.

    La advertencia de la Iglesia deja una señal clara: el deterioro de ingresos ya no golpea únicamente a los sectores más excluidos. También alcanza a familias trabajadoras que, hasta hace poco, podían colaborar con otros y hoy deben buscar ayuda para sostener su propio hogar.

  • Tartagal: un delivery fue atacado con un machete en barrio Lugones

    Tartagal: un delivery fue atacado con un machete en barrio Lugones

    Frontera / Seguridad

    Un repartidor fue atacado este domingo por la tarde por un hombre armado con un machete mientras realizaba una entrega en barrio Lugones, en Tartagal. El hecho generó preocupación entre trabajadores de reparto y vecinos de la zona.

    Según relató la familia de la víctima, el agresor intentó herirlo en varias oportunidades. El delivery logró defenderse y pidió ayuda a los gritos, lo que permitió que vecinos intervinieran rápidamente y redujeran al atacante.

    El trabajador no habría sufrido heridas de gravedad. De acuerdo con el testimonio familiar, el camperón que llevaba puesto ayudó a amortiguar los golpes durante el ataque.

    Vecinos retuvieron al agresor hasta la llegada de asistencia. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál es su situación judicial ni si quedó detenido o demorado por el hecho.

    El caso encendió nuevamente el reclamo por mayor seguridad en distintos barrios de Tartagal. Para los repartidores, la preocupación es concreta: trabajan circulando por la ciudad, muchas veces en horarios de baja circulación, y quedan expuestos a situaciones de violencia en la vía pública.

    La intervención vecinal evitó que el ataque pasara a mayores, pero también dejó en evidencia una tensión creciente en la seguridad urbana. El punto central ahora será conocer qué medidas adoptará la Justicia y si habrá una respuesta preventiva para quienes trabajan haciendo entregas en la ciudad.

  • Un exjefe de Inteligencia de Gendarmería fue condenado por una carga de 161 kilos de cocaína

    Un exjefe de Inteligencia de Gendarmería fue condenado por una carga de 161 kilos de cocaína

    Frontera / Seguridad

    El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 9 años de prisión efectiva al exsargento Carlos Alberto Sorani, exjefe del área de Inteligencia del Escuadrón 52 “Tartagal” de Gendarmería Nacional, por su participación en una maniobra de transporte de 161 kilos de cocaína detectada en Aguaray.

    La Justicia lo consideró coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de varias personas y por su condición de funcionario público. La droga había sido descubierta en mayo de 2025 dentro de una camioneta Ford Ranger acondicionada con dobles fondos para ocultar el cargamento.

    El caso tiene un peso institucional fuerte para la frontera norte. Sorani no era un integrante cualquiera de la fuerza: cumplía funciones vinculadas a inteligencia en una zona sensible para el control del narcotráfico. Para el tribunal, su rol fue clave en la organización logística de la maniobra.

    En la causa ya fueron condenadas otras personas vinculadas al traslado de la cocaína, entre ellas otro gendarme y los transportistas del cargamento. Además, continúa prófugo Gustavo Ariel Barrios, señalado como proveedor de la droga.

    La investigación estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal y contó con la intervención de áreas especializadas en narcocriminalidad. El expediente permitió reconstruir cómo se habría organizado el traslado, el uso del vehículo acondicionado y la participación de los distintos involucrados.

    Para San Martín, el caso golpea en un punto sensible: la frontera necesita controles firmes, pero también instituciones confiables. La condena muestra que las redes narco no dependen solo del paso físico de la droga, sino también de logística, información, vehículos preparados y posibles apoyos internos.

    La gravedad del fallo no debe confundirse con una generalización sobre toda la fuerza. Gendarmería cumple un rol central en el control de rutas y pasos fronterizos del norte argentino. Pero justamente por eso, cuando un funcionario con experiencia en inteligencia termina condenado por narcotráfico, el impacto institucional es mayor.

    El caso de Aguaray vuelve a dejar una señal clara: la lucha contra el narcotráfico en la frontera no solo exige operativos y decomisos. También requiere depuración interna, controles sostenidos y una Justicia capaz de avanzar sobre las estructuras que facilitan el negocio desde adentro.

  • Bolivia en crisis: bloqueos, operativo humanitario y asistencia argentina

    Bolivia en crisis: bloqueos, operativo humanitario y asistencia argentina

    Política institucional

    Bolivia atraviesa una escalada de tensión política y social tras más de diez días de bloqueos de rutas, protestas y problemas de abastecimiento en zonas clave del país. El conflicto enfrenta al gobierno de Rodrigo Paz Pereira con sectores sindicales, campesinos e indígenas que reclaman en las calles y exigen respuestas frente a la crisis económica y política.

    La situación se agravó por los cortes en carreteras, que comenzaron a impactar en el ingreso de alimentos, medicamentos, ambulancias y oxígeno medicinal hacia La Paz y El Alto. Ante ese escenario, el Gobierno boliviano lanzó el operativo “Corredor humanitario”, con un despliegue de alrededor de 2.500 policías y 1.000 militares para despejar rutas y garantizar el paso de suministros básicos.

    El conflicto también tiene un fuerte componente político por la situación judicial de Evo Morales. La Justicia boliviana ordenó su captura después de que el expresidente no se presentara a una audiencia en una causa por presunta trata agravada de personas. Morales rechaza las acusaciones y denuncia persecución política, mientras sus seguidores mantienen movilizaciones y presión sobre el gobierno nacional.

    En paralelo, Argentina confirmó el envío de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea para colaborar con el traslado de alimentos y suministros hacia Bolivia. La asistencia fue presentada como apoyo humanitario ante el desabastecimiento generado por los bloqueos y se suma a un escenario regional que empieza a ser seguido con atención desde los países vecinos.

    Para el norte argentino, la crisis boliviana no es un tema lejano. Salta y Jujuy comparten una relación fronteriza, comercial y social permanente con Bolivia, por lo que cualquier alteración sostenida en rutas, abastecimiento o estabilidad institucional puede tener impacto indirecto en pasos internacionales, transporte, comercio regional y controles fronterizos.

    El punto central para seguir de cerca es si el operativo logra abrir corredores sin profundizar la confrontación. Bolivia llega a esta etapa con una combinación delicada: protestas sociales, disputa política, tensión judicial alrededor de Morales, acusaciones de desestabilización y asistencia externa para sostener el ingreso de bienes esenciales.

    La crisis deja una señal clara para la región: cuando un conflicto interno bloquea rutas estratégicas y afecta alimentos, medicamentos y combustible, el problema deja de ser solo político. También se convierte en una alerta humanitaria, económica y fronteriza para todo el norte sudamericano.

  • Otro derrame expone el riesgo de los pozos petroleros abandonados en el norte de Salta

    Otro derrame expone el riesgo de los pozos petroleros abandonados en el norte de Salta

    Especial / Profundo

    Un nuevo derrame en un yacimiento inactivo del área Aguaragüe volvió a encender la alarma sobre los pozos petroleros que permanecen sin abandono definitivo en el norte de Salta. El caso se registró en una zona de yungas de Campamento Vespucio, en General Mosconi, y reabrió una discusión que combina ambiente, control estatal, responsabilidad empresaria y trabajo local.

    En el lugar se tomaron muestras de suelo que serán analizadas por un laboratorio especializado de Tartagal, con el objetivo de determinar la composición de las surgencias y su posible impacto ambiental. El episodio se suma a otros antecedentes que ya habían puesto en evidencia los riesgos de los pasivos petroleros en la región.

    El problema de fondo no es solo el derrame puntual, sino la existencia de pozos inactivos que no fueron cerrados de manera definitiva. En Salta hay cerca de 1.400 pozos petroleros, pero apenas unos 50 mantienen algún nivel de producción. El resto forma parte de una estructura heredada de décadas de actividad hidrocarburífera que todavía necesita relevamiento, control técnico y remediación.

    El norte provincial ya conoce los costos de esa falta de cierre adecuado. En Lomas de Olmedo, el pozo LO-X10 permanece con fugas desde 2023 y generó acciones por daños sobre suelos, acuíferos, flora, fauna silvestre y animales de cría en zonas cercanas a La Estrella, en Pichanal. Otro antecedente grave fue el pozo MDT-14, en Puesto Guardián, que tuvo erupciones de hidrocarburos mezclados con agua en 2006 y recién pudo ser sellado años después.

    La Provincia informó que inició un relevamiento de los pozos que siguen sin los sellados exigidos para su abandono definitivo. Ese paso aparece como clave para dimensionar el riesgo real y definir responsabilidades, porque los pasivos ambientales no desaparecen solos: requieren monitoreo, intervención técnica y controles sostenidos.

    El diputado por San Martín, Nicolás Arce, planteó que el problema también puede abrir una oportunidad de trabajo genuino en la zona. Las tareas de saneamiento, medición, apertura de caminos, instalación de obradores, toma de muestras y cierre técnico podrían involucrar a empresas y trabajadores del departamento, donde existe experiencia vinculada a la actividad petrolera.

    Para San Martín y Orán, el tema tiene una lectura directa: el norte no solo fue territorio de extracción, también convive con las consecuencias ambientales cuando los proyectos quedan sin control suficiente. La discusión de fondo es si la provincia puede transformar un pasivo heredado en una política seria de remediación, prevención y empleo local.

    El nuevo derrame en Aguaragüe vuelve a mostrar que los pozos abandonados no son un problema del pasado. Son una deuda ambiental activa, ubicada en territorios donde viven comunidades, trabajan productores y todavía existen capacidades técnicas que podrían ser parte de la solución.

  • La minería busca jóvenes profesionales y marca una señal para el empleo técnico regional

    La minería busca jóvenes profesionales y marca una señal para el empleo técnico regional

    Economía y Producción

    Newmont lanzó un programa de jóvenes profesionales para su operación Cerro Negro, en Santa Cruz, y volvió a poner sobre la mesa un tema que también empieza a ganar peso en provincias como Salta: la necesidad de formar y retener perfiles técnicos para una actividad minera en expansión.

    La convocatoria está dirigida a graduados recientes de Ingeniería en Minas, Electromecánica, Metalurgia, Química y Geología. El programa contempla 10 plazas, una duración de 12 meses y modalidad presencial, con un esquema de formación que incluye rotación por distintas áreas, trabajo en terreno y acompañamiento dentro de la empresa.

    Más allá del anuncio puntual, el dato relevante es otro: la minería no solo mueve inversiones, sino que también empieza a demandar personal joven con formación específica para cubrir puestos vinculados a la operación, el mantenimiento, los procesos y la supervisión técnica.

    En el caso de Cerro Negro, la iniciativa se inscribe además en un contexto de expansión. La compañía avanza con una inversión de 800 millones de dólares para ampliar el desarrollo de la operación y extender su vida útil más allá de 2035. Ese horizonte refuerza una tendencia que se repite en distintos proyectos del país: cuando la actividad crece, crece también la necesidad de contar con capital humano calificado.

    Para Salta, donde la minería viene ganando centralidad por el desarrollo del litio y otros proyectos vinculados a la cadena productiva, el movimiento también deja una señal. La discusión ya no pasa solo por atraer inversiones, sino por cómo se preparan las provincias para generar empleo local y evitar que la mayor parte de los puestos técnicos terminen cubriéndose con profesionales formados fuera del territorio.

    En ese escenario, programas como el de Newmont muestran que la formación profesional puede convertirse en una pieza clave para conectar a los jóvenes con sectores de alta demanda. También dejan una pregunta abierta para el norte argentino: si la minería va a seguir creciendo, qué tan listas están las universidades, los institutos y el entramado productivo local para acompañar ese proceso.

  • Dos homicidios con arma blanca conmocionaron al interior salteño

    Dos homicidios con arma blanca conmocionaron al interior salteño

    Frontera / Seguridad

    Dos homicidios con arma blanca ocurridos durante el fin de semana conmocionaron al interior de Salta y activaron investigaciones judiciales en distintas localidades de la provincia.

    Los hechos fueron registrados en contextos diferentes, pero comparten una misma gravedad: episodios de violencia extrema que terminaron con víctimas fatales y dejaron a comunidades locales atravesadas por el impacto.

    En ambos casos intervinieron efectivos policiales, equipos de emergencia y las fiscalías correspondientes. También se realizaron tareas de Criminalística para relevar la escena, reunir pruebas y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

    La Justicia deberá determinar las circunstancias de cada crimen, el vínculo entre las personas involucradas, la mecánica de los hechos y las responsabilidades penales que correspondan. Hasta que avance la investigación, resulta clave mantener prudencia y no afirmar móviles que todavía no estén confirmados.

    Este tipo de hechos tiene un efecto fuerte en el interior provincial, donde las redes familiares y comunitarias son más cercanas y cada episodio de violencia letal golpea de manera directa en vecinos, barrios y localidades enteras.

    El caso vuelve a poner en primer plano la necesidad de respuestas rápidas, investigación rigurosa y prevención de conflictos que pueden escalar hasta consecuencias irreparables. La violencia con armas blancas no siempre aparece asociada a grandes estructuras delictivas, pero su impacto social es profundo y deja señales de alerta para las comunidades afectadas.

  • Tragedia vial en el norte salteño: cuatro fallecidos y dos heridos graves

    Tragedia vial en el norte salteño: cuatro fallecidos y dos heridos graves

    Social / Contexto local

    Un choque frontal entre dos camionetas dejó cuatro personas fallecidas y dos heridos graves sobre la ruta provincial 13, en el norte salteño. El siniestro ocurrió el domingo por la tarde, entre Lomas de Olmedo y La Laguna Aguada.

    Según las primeras informaciones, una camioneta Ford roja y una Toyota blanca impactaron de frente en una curva considerada peligrosa. La violencia del choque provocó la muerte de dos ocupantes de cada vehículo casi en el acto.

    Dos personas resultaron gravemente heridas y fueron asistidas por equipos de emergencia. Luego fueron trasladadas en código rojo al hospital San Vicente de Paúl de Orán, centro de referencia para la zona norte.

    En el lugar trabajaron ambulancias del hospital de Pichanal, personal policial, Criminalística y equipos de emergencia. También se realizaron tareas para ordenar el tránsito y avanzar con las pericias que permitirán determinar cómo ocurrió el siniestro.

    La tragedia golpeó a comunidades del chaco salteño y volvió a poner en primer plano la vulnerabilidad de las rutas del interior. En zonas alejadas de los grandes centros urbanos, cada accidente grave también expone la importancia de la asistencia rápida, la prevención y el estado de los corredores viales.

    La mecánica exacta del choque sigue bajo investigación. Mientras tanto, el caso deja una advertencia fuerte sobre los riesgos de circulación en rutas provinciales donde una maniobra, una curva o un error pueden terminar en consecuencias irreparables.

  • Empleo formal en Salta: dejó de caer, pero sigue por debajo del nivel de 2025

    Empleo formal en Salta: dejó de caer, pero sigue por debajo del nivel de 2025

    Economía y Producción

    El empleo formal privado en Salta dejó de caer en los últimos meses, pero todavía no logra recuperar el nivel que tenía un año atrás. En febrero, la provincia registró 122.300 trabajadores asalariados privados, unos 4.500 menos que en febrero de 2025.

    La caída interanual fue del 3,6%, aunque el dato muestra una señal de estabilización. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la cantidad de puestos registrados se mantuvo prácticamente sin cambios, después de haber tocado un piso de 119.300 empleos en julio de 2025.

    La lectura económica es mixta. Salta logró frenar la pérdida de empleo formal, pero todavía no puede hablarse de una recuperación consolidada. La provincia sigue con menos trabajadores registrados que un año antes y con una actividad que aún no alcanza para recomponer los puestos perdidos.

    El dato también alcanza a las empresas. En febrero había 15.220 empleadores privados registrados, apenas ocho más que en enero. Sin embargo, en la comparación interanual, Salta perdió 1.177 empresas o emprendimientos con al menos un trabajador registrado.

    Para la economía real, el empleo formal es un indicador central. Sostiene salarios, consumo, alquileres, crédito, comercios y estabilidad familiar. Cuando el trabajo registrado no se recupera, el impacto se siente en ventas más bajas, mayor cautela de los hogares y menor movimiento en pymes y servicios.

    En Salta capital y el norte provincial, la situación tiene una lectura directa. En departamentos como San Martín y Orán, donde conviven comercio, empleo público, servicios, actividad fronteriza y economías regionales, la falta de recuperación formal presiona sobre el consumo y la capacidad de las familias para sostener gastos básicos.

    El freno en la caída es una señal relevante, pero todavía insuficiente. La recuperación del empleo privado dependerá de que mejore la actividad económica, se sostengan las empresas y vuelva a crecer la demanda de trabajadores registrados.

  • Caso Adorni: la Justicia revisa viajes, consumos y evolución patrimonial

    Caso Adorni: la Justicia revisa viajes, consumos y evolución patrimonial

    Política institucional

    La fiscalía federal avanza en el análisis de viajes, consumos y movimientos patrimoniales atribuidos a Manuel Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete nacional.

    La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y busca determinar si los gastos y la evolución patrimonial del funcionario resultan compatibles con sus ingresos declarados. Entre los elementos bajo revisión aparecen 21 viajes, consumos millonarios, deudas y documentación bancaria, fiscal, migratoria y patrimonial.

    El caso forma parte de una investigación en curso, por lo que no implica una condena ni una conclusión judicial definitiva. La fiscalía reúne información para establecer si existen inconsistencias que justifiquen nuevas medidas dentro del expediente.

    La revisión de viajes y gastos personales de un funcionario de alto rango tiene relevancia institucional porque se vincula con la transparencia patrimonial, el control público y la obligación de rendir cuentas de quienes ocupan cargos en el Estado.

    Para Salta y el norte argentino, el interés no está en el detalle privado de los consumos, sino en el funcionamiento de los mecanismos de control. Cuando se investigan posibles inconsistencias patrimoniales en la conducción nacional, el tema impacta en la confianza ciudadana y en la calidad institucional.

    El expediente seguirá avanzando con nuevas medidas de análisis documental y patrimonial. La clave será determinar si los movimientos observados tienen respaldo suficiente o si la Justicia encuentra elementos para profundizar la investigación.