Política institucional
El juicio por el robo de rieles en Salta cerró con un fallo dividido que dejó dos salidas muy distintas dentro de la misma causa. El Tribunal Oral Federal 2 absolvió al exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado Atta Gerala, y condenó al subayudante Mauro Javier Rodríguez por cohecho pasivo.
La diferencia central estuvo en el peso de la prueba. En el caso de Atta Gerala, el tribunal entendió que no había elementos concluyentes para sostener una condena. En cambio, sobre Rodríguez valoró que sí existían pruebas directas y comunicaciones que lo vinculaban con la maniobra.
Rodríguez recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y reglas de conducta. Entre ellas, se fijó una restricción de acercamiento a Rivadavia Banda Norte.
El fallo vuelve a poner sobre la mesa una causa que tuvo fuerte impacto político e institucional en el norte salteño. No solo por los nombres involucrados, sino porque toca una zona sensible: el cruce entre poder local, controles estatales y una maniobra que durante meses expuso debilidades graves en la protección de bienes públicos.
La lectura de fondo es clara. En una causa de alta exposición, el tribunal marcó que no alcanza con el peso político del caso ni con la sospecha pública: la condena exige prueba firme. Y cuando esa prueba aparece, la respuesta judicial puede ser directa.
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