Salta perdió $646.000 por habitante en fondos nacionales, mientras CABA terminó con saldo a favor

Economía y Producción

Salta aparece entre las provincias golpeadas por la caída de fondos nacionales en el actual ciclo de ajuste fiscal. Un informe de análisis estimó que, entre enero de 2024 y febrero de 2026, la provincia acumuló una pérdida de $646.000 por habitante, en contraste con la Ciudad de Buenos Aires, que cerró el período con saldo positivo.

El dato forma parte de una comparación más amplia sobre cómo evolucionaron las transferencias nacionales hacia las provincias y CABA. En ese período, las 23 provincias registraron una pérdida acumulada de recursos, tanto por la baja en transferencias no automáticas como por la caída de envíos automáticos vinculados a coparticipación y leyes especiales.

En términos agregados, la reducción acumulada para las provincias fue de $36 billones. Más de la mitad de esa caída se explicó por menores transferencias no automáticas, mientras que el resto respondió a la baja de fondos automáticos.

La situación de CABA fue distinta. Aunque también sufrió una merma en transferencias automáticas, terminó con una mejora neta por el efecto de la cautelar de la Corte Suprema que amplió el porcentaje de coparticipación que recibe. Esa diferencia dejó expuesta una brecha fuerte entre la situación de la capital del país y la de las provincias.

Para Salta, el dato no es menor. Una menor llegada de fondos nacionales reduce margen para sostener obra pública, programas, infraestructura y capacidad de respuesta estatal. En provincias con más dependencia de recursos externos y menor espalda fiscal propia, el impacto del ajuste se siente con más fuerza.

La discusión, en el fondo, no es solo contable. También vuelve a poner sobre la mesa una pregunta política e institucional: cómo se distribuye el esfuerzo fiscal en la Argentina y qué lugar ocupan las provincias en ese esquema. En ese reparto, Salta aparece claramente del lado de los distritos que perdieron recursos.

En el norte provincial, donde muchas demandas dependen de inversión sostenida en rutas, servicios, salud, educación e infraestructura, la caída de fondos nacionales no es un dato abstracto. Puede traducirse en menos capacidad de ejecución y en más presión sobre unas finanzas provinciales ya condicionadas.

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