Categoría: Economía & Producción

Economía y Producción

Salta avanzó con la creación de un registro obligatorio para controlar los residuos urbanos generados por la actividad minera, una medida que busca ordenar un aspecto clave del crecimiento del sector: qué pasa con los desechos que producen campamentos, proveedores, servicios y operaciones vinculadas a proyectos de gran escala.

La iniciativa apunta a mejorar la trazabilidad de esos residuos, desde su generación hasta el transporte, tratamiento y disposición final. El objetivo es que las empresas y actores vinculados a la actividad tengan obligaciones claras y que el Estado pueda contar con información más precisa para fiscalizar.

El punto es importante porque el desarrollo minero no solo implica inversión, empleo y exportaciones. También genera presión sobre municipios, rutas, servicios, logística, infraestructura y sistemas de gestión ambiental. En zonas donde la actividad crece rápido, los residuos urbanos pueden convertirse en un problema si no existen controles adecuados.

La medida no debe confundirse automáticamente con residuos peligrosos o industriales propios de la explotación minera. El eje está puesto en los residuos urbanos asociados a la actividad: los que se generan por la presencia de trabajadores, campamentos, empresas contratistas, abastecimiento y servicios vinculados al movimiento minero.

Para Salta, la regulación aparece en un momento en el que la minería, especialmente el litio, ocupa un lugar central en la agenda productiva. Ese crecimiento exige no solo promoción de inversiones, sino también capacidad estatal para controlar impactos indirectos y ordenar responsabilidades.

El registro puede ayudar a identificar quién genera residuos, dónde se producen, cómo se trasladan y cuál es su destino final. Pero su efectividad dependerá de la fiscalización concreta, del cumplimiento empresarial y de la coordinación con municipios y organismos ambientales.

La lectura territorial es clara: más minería exige más control público. Si Salta busca consolidarse como provincia minera, también necesita demostrar que puede ordenar los efectos ambientales, urbanos y logísticos que acompañan a esa actividad. El desafío será que el registro no quede como un trámite administrativo, sino como una herramienta real de control y transparencia.

Economía y Producción

La inflación en el NOA se mantuvo en línea con el promedio nacional y volvió a mostrar una señal mixta para los hogares del norte argentino: los precios suben a menor ritmo que en otros momentos, pero el alivio todavía no se siente con fuerza en la economía cotidiana.

El dato regional confirma que la dinámica de precios del norte acompañó la tendencia general del país. Sin embargo, una inflación más moderada no significa automáticamente recuperación del poder de compra. Para muchas familias, el problema sigue estando en la relación entre ingresos, alimentos, servicios, transporte, alquileres y deudas.

En Salta, el impacto se mide en las compras de todos los días. Supermercados, almacenes, ferias, farmacias y comercios barriales son los primeros lugares donde se percibe si el bolsillo alcanza o no. Aunque los aumentos puedan ser menores que meses atrás, el consumo sigue condicionado por salarios ajustados y gastos fijos cada vez más pesados.

La lectura regional también importa porque el NOA suele tener una estructura económica más vulnerable: mayor informalidad laboral, ingresos promedio más bajos y fuerte dependencia del consumo interno. En ese contexto, incluso una inflación “en sintonía” con la nacional puede sentirse con más fuerza en los hogares.

Para comercios y pymes, la desaceleración de precios tampoco resuelve por sí sola el problema de fondo. Si las familias compran menos, cambian marcas o reducen cantidades, la actividad sigue bajo presión. Menos consumo implica menor movimiento en cajas, proveedores, logística y empleo comercial.

El dato deja una conclusión clara: la inflación puede mostrar una señal de moderación, pero la recuperación del bolsillo todavía necesita más tiempo y mejores ingresos. En Salta y el norte, la pregunta central ya no es solo cuánto suben los precios, sino cuándo esa desaceleración empezará a sentirse en la vida diaria.

Economía y Producción

El debate por la creación de un duty free en la frontera salteña volvió a instalar una discusión clave para el norte provincial: cómo ordenar el comercio fronterizo, reducir la informalidad y transformar la circulación permanente de personas y mercadería en actividad económica formal.

La propuesta apunta a generar un espacio comercial regulado en zona de frontera, con reglas claras, control fiscal y capacidad para atraer compradores. El argumento central es que una herramienta de este tipo podría ayudar a formalizar parte de una economía que hoy se mueve entre el comercio legal, la informalidad y las dificultades propias de una frontera activa.

El tema impacta especialmente en Orán y Aguas Blancas, donde el vínculo cotidiano con Bolivia marca buena parte del movimiento comercial, laboral y social. En esa zona, la frontera no es una idea abstracta: es tránsito diario, transporte, compra y venta de productos, pequeños ingresos familiares y también controles sobre mercadería.

Un duty free podría abrir una oportunidad para captar consumo, generar empleo y ordenar parte del flujo comercial. Pero no alcanza con crear un espacio de ventas. Para que tenga impacto real, debería venir acompañado de infraestructura, seguridad, conectividad, controles aduaneros eficientes y reglas que también contemplen al comercio local.

La discusión de fondo es si esta herramienta puede ayudar a convertir una parte de la economía fronteriza en actividad formal, con empleo registrado, recaudación y mayor previsibilidad. También queda abierta otra pregunta: cómo evitar que los beneficios se concentren en pocos actores y dejen afuera a pequeños comerciantes o trabajadores que hoy dependen del movimiento fronterizo.

Para el norte salteño, el debate tiene alto valor territorial. Aguas Blancas y Orán necesitan políticas que reconozcan la dinámica real de la frontera, pero también que ordenen los circuitos comerciales sin castigar a quienes viven de esa economía cotidiana.

La instalación de un duty free no sería una solución automática a la informalidad, pero sí puede ser una herramienta dentro de una estrategia más amplia. El desafío será que el proyecto no quede solo en un anuncio, sino que se piense como parte de una política de desarrollo fronterizo con control, empleo y beneficios concretos para la región.

Economía y Producción

La Cámara de Comercio e Industria de Salta advirtió que los embargos de ARCA sobre cuentas bancarias pueden agravar la situación de comercios y pymes que ya vienen golpeados por la caída del consumo, la presión impositiva y las dificultades para sostener la operatoria diaria.

El planteo apunta a los casos en los que una deuda o demora fiscal deriva en el bloqueo de fondos de empresas que necesitan liquidez para seguir funcionando. Para muchos comercios, una cuenta embargada puede significar no poder pagar proveedores, reponer mercadería, afrontar servicios o cumplir con salarios.

El reclamo aparece en un contexto de ventas bajas y fuerte cautela en el consumo. En la economía cotidiana, los comercios formales enfrentan una doble presión: por un lado, menor movimiento en mostradores y cajas; por otro, obligaciones tributarias nacionales, provinciales y municipales que se sostienen aun cuando la facturación cae.

Desde el sector advierten que estas medidas pueden terminar empujando a más negocios hacia la informalidad o directamente al cierre. La preocupación no se limita a grandes locales: afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas que dependen del flujo diario de dinero para sostener su actividad.

Para Salta capital y el interior provincial, el tema tiene una lectura concreta. El comercio es uno de los motores más importantes del empleo urbano y del movimiento económico en ciudades como Tartagal, Orán, General Güemes, Metán o Rosario de la Frontera. Cuando una pyme se queda sin margen financiero, el impacto se traslada a trabajadores, proveedores y consumidores.

El conflicto también muestra una tensión de fondo. El Estado necesita cobrar impuestos y ordenar deudas fiscales, pero los comercios advierten que los embargos pueden volverse una medida demasiado rígida en un momento de baja actividad. Si la herramienta termina paralizando a empresas que aún intentan sostenerse, el resultado puede ser menos recaudación, menos empleo y menos actividad formal.

La discusión, entonces, no pasa solo por el pago de impuestos, sino por cómo se administra una economía local debilitada. Para el comercio salteño, el pedido es que los mecanismos de cobro no terminen profundizando el problema que buscan resolver.

Economía y Producción

Las ventas en supermercados salteños cayeron 5,8% durante el primer trimestre de 2026 y volvieron a mostrar la presión que atraviesa el consumo masivo en la provincia. El dato refleja una tendencia concreta: las familias compran menos, ajustan el chango y reorganizan sus gastos frente a ingresos que siguen limitados.

La baja en supermercados es una señal sensible porque mide productos de consumo cotidiano. Cuando ese indicador retrocede, no solo habla de grandes cadenas comerciales, sino también del poder de compra de los hogares, la circulación de dinero en la economía local y la actividad de proveedores vinculados al sector.

En la práctica, la caída puede verse en compras más chicas, cambios de marcas, búsqueda de promociones, menor stock en el hogar o reemplazo de productos por opciones más económicas. También puede empujar a muchas familias a combinar supermercados con comercios de cercanía, ferias o mayoristas para tratar de estirar el ingreso mensual.

El dato golpea especialmente en una provincia donde buena parte del consumo depende de salarios, jubilaciones, empleo público, changas y actividad comercial. Si el ingreso pierde fuerza o queda absorbido por servicios, transporte, alquileres y deudas, el margen para compras de supermercado se achica.

Para Salta capital y el norte provincial, la caída tiene una lectura territorial clara. Menos ventas en supermercados también impactan en proveedores, logística, reposición, empleo comercial y pequeñas economías vinculadas al movimiento urbano. No se trata solo de consumo individual: es una señal sobre el ritmo general de la economía cotidiana.

El desafío hacia los próximos meses será observar si la baja empieza a moderarse o si el consumo sigue estancado. Por ahora, el primer trimestre dejó una foto clara: el bolsillo salteño continúa bajo presión y el ajuste se siente en una de las compras más básicas de las familias.

Economía y Producción

La industria argentina mostró una leve mejora en abril, pero todavía no logra consolidar una recuperación. El último Monitor de Desempeño Industrial de la Unión Industrial Argentina ubicó al índice en 43,5 puntos, por encima del promedio del primer trimestre, aunque todavía en un escenario de fragilidad para buena parte del sector.

La mejora mensual no alcanza para hablar de recuperación firme. Según el relevamiento, el repunte respondió en parte a una base de comparación baja por la estacionalidad de enero, y además el indicador quedó 2,2 puntos por debajo del nivel registrado en abril del año pasado.

Los datos más sensibles siguen marcando dificultades concretas para producir y vender. El 38% de las industrias consultadas informó una caída en su nivel de producción, mientras que el 45,5% reportó menores ventas en el mercado interno. También hubo retrocesos en exportaciones, con un 30,4% de empresas que declaró bajas en ese rubro.

La situación aparece más comprometida entre las micro y pequeñas empresas. En ese segmento, el 43,9% dijo haber producido menos y el 52,8% aseguró que vendió menos. En un contexto de menor demanda y costos en alza, el golpe se siente con más fuerza en las firmas de menor escala, que tienen menos margen financiero para sostener actividad.

El frente laboral también sigue bajo presión. El 22,4% de las empresas redujo personal durante abril, un valor que, aunque menor al de mediciones anteriores, continúa entre los más altos de la serie. Entre las firmas que ajustaron su dotación, varias también recortaron turnos, adelantaron vacaciones o aplicaron suspensiones.

A eso se suma el deterioro financiero. Casi el 45% de las compañías reconoció dificultades para cumplir al menos uno de sus compromisos, ya sea salarios, impuestos, servicios, deudas o pagos a proveedores. Los mayores problemas se concentraron en el pago de impuestos y en la cadena de proveedores, dos variables que reflejan la presión diaria sobre la caja de las empresas.

El principal problema, de todos modos, sigue siendo la falta de demanda. Casi la mitad de las firmas señaló ese factor como el obstáculo más importante para sostener la actividad. Dentro de ese cuadro también aparecen la baja del consumo de los hogares, la menor demanda de otras industrias y el freno de la obra pública. En segundo plano, crecieron además las preocupaciones por los costos y por la competencia con productos importados.

Para Salta y el norte argentino, el dato tiene una lectura clara. En una región donde muchas empresas dependen del consumo interno, de la actividad comercial y de cadenas productivas más chicas, una industria nacional débil impacta también en proveedores, transporte, empleo y servicios asociados. La señal, por ahora, no es de recuperación, sino de cautela y presión sobre la economía real.

Economía y Producción

El sector empresario de Tartagal abrió una agenda de trabajo con autoridades educativas de la Provincia para impulsar capacitaciones y adecuar la formación de jóvenes a las oportunidades que podría generar el Corredor Bioceánico.

El encuentro reunió a representantes del Centro de Empresarios de Tartagal con funcionarios del área de Gestión Educativa. El objetivo fue avanzar en proyectos que permitan redefinir perfiles de egresados según las nuevas demandas económicas, sociales y productivas del norte salteño.

La discusión apunta a un punto clave: el Corredor Bioceánico puede convertirse en una oportunidad logística y comercial para la región, pero ese potencial dependerá de que haya trabajadores, técnicos, emprendedores y pymes preparados para integrarse a esa nueva dinámica.

Para Tartagal y el departamento San Martín, el desafío no es solo esperar obras o inversiones. También será formar capacidades locales en áreas como logística, comercio, transporte, servicios, administración, tecnología, idiomas y oficios vinculados a la actividad productiva.

La reunión se da en un contexto complejo para el comercio local, marcado por baja de ventas y preocupación por la seguridad. Por eso, el planteo empresario busca mirar más allá de la coyuntura y conectar educación con empleo, producción y desarrollo regional.

A fines de junio está previsto un nuevo encuentro con intendentes, legisladores, cámaras comerciales y autoridades provinciales. La expectativa es avanzar hacia una agenda común que permita preparar a la región para aprovechar mejor las oportunidades que pueda abrir el corredor.

La clave estará en que la formación no quede en diagnósticos generales. Si el Corredor Bioceánico avanza, Tartagal necesitará perfiles concretos y una articulación real entre escuelas, empresas, municipios y Provincia para que el desarrollo no pase de largo.

Economía y Producción

La minería volvió a ocupar el centro de la agenda económica regional con la proyección de Rio Tinto en el NOA y el avance del proyecto Rincón en Salta. La empresa plantea una expansión de gran escala, pero el desafío para la provincia será que esa inversión se traduzca en empleo, proveedores locales, infraestructura y desarrollo territorial.

Durante el BritDay 2026, el gerente general de Rio Tinto Lithium en Argentina, Ignacio Costa, expuso la mirada de la compañía sobre el crecimiento minero en el norte argentino. La firma desarrolla proyectos estratégicos en la región y tiene en Salta uno de sus principales puntos de apuesta.

El proyecto Rincón, ubicado en la Puna salteña, contempla una inversión cercana a los 2.500 millones de dólares y fue el primero del sector minero en acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Ese dato confirma que la minería dejó de ser solo una promesa para convertirse en una actividad concreta dentro de la economía provincial.

Sin embargo, la magnitud de las inversiones también abre preguntas sobre el impacto real en el territorio. Para Salta, el crecimiento minero no puede medirse únicamente por montos anunciados o presencia de grandes empresas. También debe evaluarse por la cantidad de empleo que genera, la participación de proveedores locales, la formación de trabajadores y las obras que quedan para las comunidades.

Rio Tinto también puso sobre la mesa dos desafíos centrales: mejorar competitividad y formar talento. La expansión de la minería requiere técnicos, operarios, profesionales, logística, servicios y una cadena de empresas capaces de integrarse a los proyectos.

La lectura para el NOA es clara: la región empieza a ocupar un lugar estratégico en la minería argentina, especialmente por el litio y los minerales vinculados a la transición energética. Pero el salto productivo dependerá de que las inversiones no funcionen como enclaves aislados, sino como motores de una economía regional más amplia.

Para Salta, la etapa que viene será decisiva. La minería puede mover empleo, transporte, construcción, servicios y capacitación, pero el beneficio real dependerá de cuánto de ese crecimiento quede integrado al territorio y cuánto logre mejorar la vida económica más allá de los campamentos y plantas productivas.

Economía y Producción

Más de 90 empresarios de Salta, Jujuy y Tucumán participaron en Salta de un encuentro orientado a mejorar la gestión comercial, la planificación de ventas y la toma de decisiones en empresas de la región.

La jornada fue organizada por Vistage Argentina y tuvo como eje la necesidad de pasar de decisiones basadas solo en la intuición a procesos comerciales más ordenados, medibles y sostenibles. La conferencia central se tituló “Gestión comercial sin atajos. Del olfato a la metodología” y estuvo a cargo de Alicia Verna.

El encuentro también incluyó espacios de intercambio entre empresarios de distintos sectores, como producción, comercio y servicios. La idea fue compartir herramientas para mejorar ventas, liderazgo, planificación y competitividad en un escenario económico donde las empresas enfrentan costos altos, menor margen de error y clientes más exigentes.

Para Salta y el NOA, este tipo de espacios refleja una necesidad concreta del sector privado: profesionalizar la gestión para sostener crecimiento. En muchas empresas regionales, vender más ya no depende solo de experiencia o contactos, sino de contar con información, procesos claros y equipos comerciales mejor organizados.

Vistage cuenta en el NOA con casi 150 miembros, 12 grupos y 6 coordinadores, lo que muestra un crecimiento de redes empresariales orientadas al acompañamiento entre pares y la formación de líderes.

La agenda empresarial regional empieza a mirar con más fuerza la gestión comercial como una herramienta de competitividad. En mercados más ajustados, ordenar ventas, medir resultados y construir estrategia puede marcar la diferencia entre sostenerse o perder terreno.

Economía y Producción

Los ingresos por alquileres destinados a vivienda podrán quedar exentos del Impuesto a las Ganancias, pero no se trata de un beneficio general para todos los propietarios. La medida alcanza solo a determinados casos y deja afuera a varios tipos de contratos.

El cambio apunta a personas humanas y sucesiones indivisas que alquilen inmuebles para vivienda única, familiar y de ocupación permanente del inquilino. En esos casos, los ingresos obtenidos por ese alquiler dejarán de tributar Ganancias, con efecto retroactivo a enero de 2026.

La exención no alcanza a sociedades, empresas, fideicomisos ni otras personas jurídicas. Tampoco incluye alquileres temporarios, turísticos, comerciales ni contratos que no estén destinados a residencia habitual.

Uno de los puntos más relevantes es que un mismo propietario puede acceder al beneficio por más de un inmueble, siempre que cada contrato cumpla con las condiciones exigidas. El objetivo oficial es alentar la oferta de viviendas para alquiler permanente, en un mercado que sigue tensionado por precios altos y poca disponibilidad.

La duda práctica pasa por cómo se comprobará que el inmueble efectivamente se usa como vivienda única, familiar y permanente. Ese aspecto puede generar consultas entre propietarios, inmobiliarias y contadores, porque de esa verificación dependerá el acceso real al beneficio fiscal.

En Salta, el tema impacta especialmente en la capital y en ciudades donde el alquiler viene ocupando un lugar cada vez más sensible en la economía cotidiana. Si la exención mejora la rentabilidad de los contratos permanentes, podría sumar oferta al mercado. Pero eso dependerá de que la aplicación sea clara y no quede trabada por exigencias difíciles de cumplir.

La medida abre una oportunidad para propietarios que hoy dudan entre alquiler tradicional y alquiler temporal. La clave estará en ver si el incentivo fiscal alcanza para mover el mercado o si termina beneficiando solo a una parte limitada de los contratos.