Economía y Desarrollo Productivo
El Gobierno nacional impulsó una modificación de la Ley de Glaciares (26.639) que ya obtuvo media sanción en el Senado y que propone cambios en el régimen de protección de zonas glaciares y periglaciales.
El proyecto elimina la prohibición automática de actividades extractivas en esas áreas y la reemplaza por un sistema de evaluaciones ambientales caso por caso. De aprobarse en Diputados, empresas mineras e hidrocarburíferas podrían intervenir en sectores que hoy se encuentran vedados por la normativa vigente.
La iniciativa también plantea una reducción del alcance del Inventario Nacional de Glaciares, limitándolo a zonas consideradas estratégicas como reserva hídrica. Según el texto, esto dejaría fuera de la protección legal a otras áreas actualmente contempladas.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la reforma permitiría habilitar proyectos de megaminería que hoy no pueden desarrollarse y que podrían atraer inversiones, generar empleo y ampliar exportaciones.
En contrapartida, organizaciones ambientalistas como Greenpeace expresaron su rechazo y advirtieron sobre el riesgo de afectación de reservas de agua dulce, el uso de sustancias químicas en procesos extractivos y posibles impactos irreversibles sobre glaciares y cuencas.
En provincias del norte argentino con fuerte presencia de proyectos mineros, como Salta, Jujuy y Catamarca, el debate adquiere especial relevancia. Allí, la actividad minera convive con la necesidad de preservar recursos hídricos en zonas de alta fragilidad ambiental. La definición legislativa marcará el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental en regiones donde el agua es un recurso estratégico.
Deja una respuesta