Economía y Producción
Salta dejó de recibir $47.000 millones de coparticipación nacional durante el primer cuatrimestre del año. La caída de recursos achica el margen financiero de la Provincia y aumenta la presión sobre los municipios, que dependen de esas transferencias para sostener servicios, salarios y funcionamiento básico.
El dato fue informado por el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, quien señaló que la baja de fondos está vinculada a la caída de la actividad económica y de la recaudación nacional. Según el funcionario, si la economía hubiera mantenido niveles similares a los de 2023, la Provincia tendría alrededor de $500.000 millones adicionales.
El Gobierno provincial aseguró que, pese al escenario financiero, pagará el aguinaldo estatal el 16 de junio. También sostuvo un acuerdo con intendentes para fijar febrero como piso de coparticipación municipal, una medida pensada para dar previsibilidad a las comunas en medio de la baja de ingresos.
El impacto más sensible aparece en los municipios. En ciudades como Orán, Tartagal, San Martín, Rosario de la Frontera o localidades más pequeñas del interior, la caída de recursos no queda en una planilla contable: puede traducirse en menos margen para servicios urbanos, mantenimiento, asistencia social, obras y pago de compromisos básicos.
A ese escenario se suma la paralización de obras financiadas por Nación, que obligó a la Provincia a reordenar prioridades. Entre los casos mencionados figuran viviendas sociales que quedaron pendientes y proyectos que ahora dependen de nuevas fuentes de financiamiento o de la capacidad provincial para sostenerlos.
La situación muestra una tensión de fondo en la economía pública salteña. Cuando cae la recaudación nacional, se reducen las transferencias automáticas; cuando eso ocurre, la Provincia ajusta su margen de acción; y cuando el margen se achica, los municipios quedan como el eslabón más expuesto.
Para el interior salteño, especialmente en el norte provincial, la discusión sobre coparticipación no es técnica ni lejana. Define cuánto pueden hacer los gobiernos locales para mantener servicios, responder a demandas sociales y sostener pequeñas obras que impactan directamente en la vida cotidiana.
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