Política Institucional
El juez de la Corte de Justicia de Salta, Fabián Vittar, analizó el impacto de la reciente sanción de la baja de la edad de imputabilidad y planteó que el debate no debe centrarse únicamente en el número establecido por ley, sino en las condiciones reales de aplicación.
En declaraciones radiales, sostuvo que el principal desafío es definir qué hará el Estado con los menores que cometan delitos. Recordó que el sistema penitenciario se encuentra colapsado y que los estándares internacionales en materia de derechos humanos establecen que cualquier medida debe tener como eje la reinserción.
Según explicó, el Estado enfrenta una doble obligación: proteger a las víctimas y garantizar un tratamiento adecuado para quienes delinquen. En ese sentido, advirtió que una reforma sin inversión en infraestructura y programas específicos podría terminar siendo inviable.
Vittar fue especialmente crítico ante la posibilidad de alojar adolescentes en cárceles comunes. Señaló que, de no existir espacios diferenciados y políticas de reinserción, el sistema no solo fracasaría sino que podría agravar el problema a futuro.
La discusión, sostuvo, no se agota en la edad fijada por la ley, sino en la capacidad estructural del Estado para implementar un régimen que combine responsabilidad penal con mecanismos efectivos de rehabilitación.
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