Política institucional
La Justicia provincial investiga a dos efectivos de la Policía de Salta por una presunta maniobra vinculada a la emisión irregular de certificados de antecedentes penales. La causa busca determinar si los documentos fueron gestionados por fuera de los canales oficiales y si existen más personas involucradas.
La investigación está a cargo de la fiscal penal interina de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio. En ese marco, se realizaron allanamientos en viviendas de los barrios Juan Manuel de Rosas y San Isidro, donde se secuestraron celulares y documentación que será analizada.
El caso se originó a partir de la desaparición de once troqueles de seguridad utilizados para la confección de certificados. A partir de esa irregularidad, la investigación avanzó sobre la posible participación de dos policías en un circuito paralelo de emisión y cobro de trámites.
Según la causa, dos docentes habrían pagado $32.000 por certificados de antecedentes mediante transferencias bancarias. También se analizan comunicaciones y movimientos de dinero entre los sospechosos.
El expediente apunta ahora a determinar si se trató de una maniobra aislada o si hubo una red más amplia dentro o fuera de la fuerza. Hasta que avance el proceso judicial, los involucrados deben ser considerados investigados y no condenados.
El caso golpea la confianza en un trámite sensible del Estado. Los certificados de antecedentes penales son documentos utilizados para trabajos, docencia, trámites institucionales y presentaciones formales. Si se confirma la existencia de un circuito irregular, el daño no sería solo administrativo, sino también institucional.
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