Social / Contexto local
La atención de afiliados de PAMI en Salta atraviesa un momento de tensión por el reclamo de médicos de cabecera, que advierten una caída en los honorarios y un aumento de renuncias dentro del sistema.
Según el planteo de profesionales del sector, los médicos cobran alrededor de $2.100 por afiliado al mes, independientemente de la cantidad de veces que esa persona consulte durante ese período. El reclamo apunta a que ese esquema resulta insuficiente para sostener la atención cotidiana de jubilados y pensionados.
En la provincia, el plantel de médicos de cabecera supera los 130 profesionales, pero ya se habrían registrado cerca de 15 renuncias. Aunque el número no paraliza el sistema, representa una señal de alerta porque reduce la disponibilidad de atención y obliga a redistribuir afiliados.
Esa redistribución genera sobrecarga sobre los médicos que continúan prestando servicio. En la práctica, puede traducirse en turnos más demorados, menor capacidad de seguimiento y mayores dificultades para quienes necesitan controles frecuentes.
El problema golpea especialmente a personas mayores, para quienes el médico de cabecera suele ser la primera puerta de entrada al sistema de salud. Allí se ordenan consultas, recetas, controles, derivaciones y seguimiento de enfermedades crónicas.
En el interior de Salta, la situación puede sentirse con más fuerza si la disponibilidad de profesionales se reduce. Para muchos afiliados, conseguir turno, trasladarse y sostener controles médicos ya implica una dificultad previa.
El conflicto deja abierta una discusión de fondo sobre cómo se financia la atención primaria de los jubilados y qué condiciones necesita el sistema para evitar que la crisis administrativa termine afectando directamente a los pacientes.
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