Social / Contexto local
El Instituto de Provincial de Salud (IPS) aplicará multas y sanciones a la Asociación Bioquímica de Salta tras comprobar que diversos laboratorios cobraron sumas adicionales no autorizadas a los afiliados por prestaciones que cuentan con cobertura total dentro de los convenios vigentes. La medida busca sentar un límite a una práctica recurrente que golpea de manera directa el presupuesto de las familias salteñas.
La determinación de la obra social provincial —que brinda cobertura a más de 250.000 beneficiarios en Salta— se tomó luego de que auditorías internas corroboraran el cobro de adicionales o «plus» en efectivo en laboratorios de análisis clínicos. Las autoridades del organismo aclararon que las prácticas médicas y de diagnóstico señaladas ya se encontraban canceladas bajo los acuerdos corporativos previos, por lo que cualquier exigencia de dinero en mostrador constituye una infracción directa al contrato de prestación de servicios.
La advertencia del IPS no se limita únicamente al sector bioquímico, sino que se extendió como un apercibimiento explícito al resto de los colegios profesionales, clínicas y prestadores médicos de la provincia que incurran en maniobras similares. La exigencia de cobros extras, muchas veces justificada por los profesionales debido a la devaluación de los aranceles frente a la inflación, fue calificada por las autoridades estatales como un traslado indebido y abusivo de los costos financieros hacia el bolsillo del paciente.
Esta problemática adquiere mayor gravedad en las localidades del interior, fundamentalmente en los departamentos de San Martín y Orán. A diferencia de Salta Capital, la baja cantidad de prestadores bioquímicos alternativos limita las opciones de los usuarios en el norte provincial, forzándolos a pagar los adicionales exigidos en efectivo para no retrasar diagnósticos de laboratorio urgentes. La vulnerabilidad del afiliado en el mostrador se profundiza en regiones donde la oferta de salud se encuentra concentrada.
Para frenar este tipo de abusos, se instó a los afiliados a exigir siempre la factura o el comprobante oficial de pago ante cualquier cobro no autorizado y a formalizar la denuncia correspondiente para tramitar el reintegro de los fondos. El control estricto y la aplicación efectiva de las sanciones administrativas serán los factores determinantes para evaluar si el sistema de salud provincial logra contener una práctica corporativa que precariza el acceso a la salud en todo el territorio.
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