Economía y Producción
El debate por las tasas abusivas de las aplicaciones en Salta Capital expone un problema de fondo: la falta de crédito formal para los trabajadores del transporte de cercanía, una realidad que en Orán y Tartagal se sufre a través de prestamistas informales y sobrecostos de mantenimiento.
El hecho económico: la usura digital en la capital
El crecimiento de las plataformas de entrega a domicilio en Salta Capital se consolidó como una salida de ingresos rápidos, pero también abrió la puerta a un silencioso ciclo de endeudamiento. Para sostener su actividad diaria, los repartidores necesitan herramientas operativas indispensables: un teléfono celular con conectividad constante y, fundamentalmente, una motocicleta o bicicleta en condiciones. Ante la falta de capital inicial o frente a imprevistos mecánicos, los trabajadores recurren a microcréditos y adelantos de efectivo ofrecidos por las mismas aplicaciones o plataformas financieras digitales asociadas.
El problema radica en las tasas de interés aplicadas por estas fintech, que operan en un marco de desregulación y con recargos significativamente superiores a los del mercado bancario formal. El mecanismo de cobro es directo y automatizado: las cuotas de las deudas se debitan de manera inmediata de las billeteras virtuales donde los repartidores acumulan sus ganancias diarias antes de que puedan disponer de ellas. Como resultado, el saldo disponible al final de la jornada se licúa, obligando al trabajador a extender sus horas de conducción solo para cubrir el costo financiero del día siguiente.
La realidad del norte: motomandados y usura analógica
A diferencia de lo que ocurre en Salta Capital, en los departamentos de San Martín y Orán no operan las grandes plataformas multinacionales de delivery. En ciudades como Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán, el servicio de entrega a domicilio sigue siendo local y tradicional, gestionado de manera directa por las pizzerías, rotiserías o a través de cooperativas y agencias independientes de «motomandados».
Sin embargo, la exclusión financiera y la precarización son idénticas. Al encontrarse en el sector informal, los cadetes norteños tampoco tienen acceso a líneas de crédito bancarias para renovar sus motos o comprar repuestos. En este territorio, la falta de financiamiento se agrava por la asimetría de precios: debido a las distancias y al costo del flete terrestre, insumos esenciales como neumáticos, cámaras y repuestos mecánicos llegan al norte con sobrecostos muy elevados en comparación con el centro de la provincia.
Ante una avería que les impide trabajar, y sin la opción de las fintech de las aplicaciones, los motomandados del norte salteño terminan recurriendo a circuitos de usura informal local (como los prestamistas informales o el sistema «gota a gota»). Las tasas de interés de estos prestamistas de barrio son aún más asfixiantes y peligrosas que las digitales, absorbiendo de inmediato la recaudación diaria de los trabajadores y dejándolos atrapados en la misma rueda: pedalear o acelerar jornadas de más de doce horas no para generar un ahorro, sino simplemente para pagar la deuda del vehículo.
Qué mirar en adelante
El escenario muestra que, con o sin tecnología de por medio, el transporte de cercanía en Salta carece de herramientas de fomento y protección financiera. En los próximos meses, será clave observar si desde el Gobierno provincial o los municipios del norte se impulsan programas de microcréditos productivos de carácter público o asociativo para trabajadores independientes. Facilitar el acceso a financiamiento blando para la compra de herramientas de trabajo y repuestos permitiría romper la dependencia de la usura —sea digital o analógica— y garantizar que el esfuerzo de los trabajadores locales permanezca y circule en la economía de la región.
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