Regulación y trazabilidad: avanza la ley para controlar el comercio de metales no ferrosos y frenar el robo de cables en la provincia

Política Institucional

La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción al proyecto que crea el Registro Provincial de Comercializadores de Metales No Ferrosos. La medida busca desarticular la cadena ilegal de acopio y venta de cobre, bronce y aluminio, exigiendo la bancarización de operaciones y libros de registro para resguardar las redes de electricidad, agua y conectividad en toda la provincia.

Desarrollo

La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de ley que establece un régimen provincial de control, fiscalización y trazabilidad sobre la compra, venta, transporte y acopio de metales no ferrosos (principalmente cobre, bronce y aluminio).

La iniciativa, articulada entre el Poder Ejecutivo y legisladores provinciales, crea el Registro Provincial de Comercializadores de Metales No Ferrosos y exige que toda persona física o jurídica dedicada al rubro mantenga un libro rubricado y digitalizado donde conste la identificación del vendedor, comprobación de origen de la mercadería y el volumen de las operaciones. Asimismo, dispone la bancarización obligatoria de las compras que superen montos mínimos y faculta a las fuerzas de seguridad y organismos de control a realizar inspecciones de oficio, disponer clausuras preventivas e incautar material que no acredite procedencia legal.

Impacto territorial

En la estructura urbana y productiva de los departamentos San Martín y Orán, la implementación del régimen de trazabilidad apunta a desarticular incentivos económicos locales:

• Resguardo de servicios públicos neurálgicos: El robo sistemático de cables de cobre en tendidos eléctricos provoca apagones prolongados en municipios como Tartagal, Orán, Embarcación, Mosconi y Salvador Mazza, afectando además el funcionamiento continuo de las bombas de agua potable.
• Desarticulación del acopio en franja de frontera: En el norte provincial, parte del material sustraído es almacenado en chacaritas o depósitos informales para su posterior traslado hacia la frontera. Las fiscalizaciones obligatorias permitirán detectar galpones clandestinos.
• Empadronamiento y formalización: Los comerciantes y recuperadores urbanos que operan dentro del marco normativo deberán formalizar su actividad ante el registro provincial, separando el circuito legal de la comercialización clandestina.

Contexto institucional

El avance legislativo responde al incremento de actos vandálicos contra las redes de infraestructura en distintos puntos de Salta. Las empresas prestadoras de energía eléctrica, telecomunicaciones y agua potable reportan daños multimillonarios en el tendido aéreo, transformadores y medidores.

Hasta la sanción de este proyecto, la respuesta estatal se concentraba mayoritariamente en la aprehensión individual de quienes ejecutaban el corte y hurto de cables en la vía pública. La nueva regulación cambia la estrategia institucional hacia la cadena de comercialización, penalizando la compra intermedia en los centros de acopio informal.

Cierre

Tras la aprobación en la Cámara Baja, el proyecto aguarda el tratamiento y sanción definitiva en el Senado provincial. De ser promulgado, el Ministerio de Seguridad y los municipios del interior coordinarán los reglamentos y plazos de empadronamiento obligatorio, iniciando inspecciones sobre los depósitos de metales de la región.