Política institucional
El pedido para que docentes de la sede Tartagal de la UNSa se sometan a un narcotest abrió una nueva polémica en el norte salteño y sumó un fuerte rechazo de ADIUNSa, que cuestionó tanto el planteo como el enfoque elegido para instalar el tema.
La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Nicolás Arce, de La Libertad Avanza, a partir de supuestas denuncias de estudiantes sobre el estado en que algunos profesores darían clases. Según se difundió, esas observaciones incluían referencias a movimientos espasmódicos y cambios en el ánimo de docentes de la universidad.
La respuesta del gremio fue inmediata. Diego Maita, de ADIUNSa, rechazó el planteo y advirtió que poner el foco sobre los docentes de Tartagal no solo carece de sustento, sino que además puede expresar una mirada cargada de prejuicios sobre una zona fronteriza de la provincia.
El cruce no quedó solo en el pedido del narcotest. Desde el gremio también interpretaron que la propuesta busca correr la discusión de fondo sobre la situación que atraviesa hoy la universidad pública, en medio de un escenario de ajuste, conflicto presupuestario y reclamos por el financiamiento del sistema.
Maita sostuvo además que los controles de salud exigibles a los docentes ya están previstos al momento de asumir funciones y remarcó que, por la autonomía universitaria, un requerimiento externo de este tipo no tendría sustento ni viabilidad dentro de la estructura institucional de la UNSa.
La controversia suma ruido en Tartagal porque toca dos temas sensibles al mismo tiempo: la situación de la universidad pública en el interior y la facilidad con la que se instalan sospechas sobre instituciones y trabajadores del norte salteño. Más allá del recorrido que tenga el planteo, el episodio ya abrió una discusión política que excede el caso puntual y vuelve a poner en debate cómo se habla de Tartagal desde ciertos sectores.
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