Política institucional
El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta se sumó a una demanda colectiva presentada ante la Justicia Federal para intentar frenar dos artículos de la nueva ley laboral, en una movida que reúne a casi 30 entidades de abogados de distintos puntos del país.
La presentación fue realizada en el fuero Contencioso Administrativo Federal y busca que se dicte una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos cuestionados hasta que se resuelva el planteo de fondo sobre su posible inconstitucionalidad. El eje del reclamo pasa por cambios que, según los colegios profesionales, afectan el ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa en juicio.
Uno de los puntos centrales de la demanda apunta al régimen de honorarios profesionales en los juicios laborales. Según sostienen los demandantes, las modificaciones introducidas podrían habilitar pagos en cuotas y generar una reducción del cobro efectivo, afectando ingresos que consideran de naturaleza alimentaria.
También cuestionan aspectos vinculados a la regulación de costas y sanciones procesales, al entender que la nueva norma invade facultades que corresponden a las provincias y puede generar un efecto disuasivo sobre el trabajo de los abogados en litigios laborales. Para quienes impulsan la presentación, eso no solo impacta sobre la profesión, sino también sobre la posibilidad de una defensa adecuada para los trabajadores.
La adhesión del colegio salteño coloca a la provincia dentro de una reacción institucional más amplia frente a una de las reformas más sensibles impulsadas por el gobierno nacional. Aunque la discusión se da en tribunales federales, el tema también tiene bajada concreta en Salta, donde cualquier modificación en el esquema laboral y judicial repercute sobre abogados, trabajadores, empleadores y sobre el propio funcionamiento de la justicia.
Ahora la atención quedará puesta en cómo responde la Justicia a este nuevo planteo. Lo que está en juego no es solo la validez de dos artículos, sino también hasta dónde puede avanzar una reforma laboral nacional sobre áreas que distintos sectores consideran protegidas por garantías constitucionales y competencias provinciales.
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