El diputado provincial Juan José Esteban cuestionó en la Cámara de Diputados de Salta los cambios en materia de discapacidad incluidos en el proyecto original de Presupuesto Nacional 2027. Las modificaciones alcanzan el régimen de pensiones, su compatibilidad con el empleo formal y el sistema de aranceles de las prestaciones.
Durante el tramo de manifestaciones de la sesión, Esteban planteó objeciones a distintos artículos de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo nacional al Congreso.
Uno de los puntos señalados es el artículo 36, que propone establecer una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
El artículo 37 modifica además la relación entre esa prestación y el empleo registrado. Según la redacción enviada al Congreso, la pensión sería incompatible con mantener un vínculo laboral formal o estar inscripto en los regímenes general o simplificado.
Esteban sostuvo que ese cambio afectaría los avances logrados en inclusión laboral de las personas con discapacidad. También cuestionó las modificaciones previstas para el financiamiento de las prestaciones.
El debate por los aranceles
Otro de los puntos discutidos es el artículo 39. El proyecto mantiene el Nomenclador de Prestaciones Básicas, pero propone que sus valores dejen de ser universales para todos los financiadores.
Ese sistema alcanza prestaciones como rehabilitación, centros de día, acompañamiento terapéutico, transporte y apoyo educativo.
Durante su intervención, Esteban calificó las modificaciones como contrarias al sistema de protección vigente y sostuvo que podrían empeorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Se trata de la posición expresada por el legislador y no de una definición judicial sobre la constitucionalidad del proyecto.
Las disposiciones cuestionadas todavía no están vigentes. El Presupuesto 2027 ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el 15 de septiembre y fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El texto puede sufrir modificaciones durante el tratamiento parlamentario. En paralelo, el Gobierno nacional abrió negociaciones con bloques aliados para revisar algunos de los puntos vinculados con discapacidad.
La discusión continuará en el Congreso, que deberá definir qué redacción llega finalmente al recinto y cuáles de los cambios propuestos permanecen en el proyecto.
