La Dirección de Discapacidad de Salta advirtió que instituciones vinculadas con Incluir Salud atraviesan fuertes demoras en los pagos. Algunas debieron recurrir a créditos para sostener salarios y prestaciones.
Prestadores que atienden a personas con discapacidad en Salta acumulan demoras de más de tres meses en el cobro de prestaciones financiadas a través del programa nacional Incluir Salud.
La directora provincial de Discapacidad, Isabel Soria, afirmó que la falta de regularidad en las transferencias está complicando el funcionamiento de instituciones que necesitan sostener salarios, tratamientos, medicamentos e insumos.
Según explicó la funcionaria, algunas organizaciones llegaron a tomar créditos de hasta $50 millones para poder pagar a sus profesionales mientras esperan los fondos correspondientes.
La situación tiene impacto sobre un sistema con fuerte presencia en la provincia. De acuerdo con los datos presentados por Salta ante el Congreso durante septiembre, Incluir Salud registra 39.973 beneficiarios en territorio provincial. De ese total, 32.472 son titulares de pensiones no contributivas por invalidez.
Los aranceles aumentaron, pero persisten las demoras
La Secretaría Nacional de Discapacidad actualizó en septiembre un 1,7% los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, después de aplicar un incremento del 2,1% en agosto.
La actualización de los aranceles, sin embargo, es distinta del momento efectivo en que cada prestador recibe el dinero. La denuncia realizada desde Salta apunta justamente al atraso en esos pagos.
No es la primera vez durante 2026 que se registran dificultades. En abril, la Provincia informó que había gestionado ante Nación la liberación de partidas que afectaban a 43 instituciones y a más de 1.200 personas, luego de un período de demora.
Soria advirtió que cuando las prestaciones, medicamentos o insumos no llegan en término, las instituciones deben financiar parte de la atención o recurrir a otras fuentes de recursos para sostener el servicio.
El problema adquiere una dimensión adicional en el interior provincial, donde la disponibilidad de prestadores y alternativas de atención es menor y cualquier interrupción puede obligar a las familias a realizar traslados.
No existe por ahora una base pública que permita conocer cuántas instituciones salteñas mantienen pagos atrasados ni cuál es el monto total pendiente de transferencia.
