Autor: adminred

Economía & Producción

La Secretaría de Ambiente creó la categoría de Aplicador Aéreo No Tripulado y exige inscripción anual, licencia de piloto, seguro y capacitación. Los equipos tampoco podrán sobrevolar centros poblados.

La provincia de Salta reguló la aplicación de agroquímicos con drones y estableció requisitos que hasta ahora no existían para esa modalidad. La medida la dictó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y alcanza a las empresas y productores que hacen las aplicaciones, a los pilotos, a los asesores técnicos y a los propios equipos.

La norma crea la categoría de «Aplicador Aéreo No Tripulado», con inscripción anual obligatoria. Para anotarse hay que constituir domicilio en la provincia y presentar la documentación de la aeronave, incluido el certificado de inscripción del dron en el Registro Nacional de Aeronaves y la licencia del piloto. También hay que contratar un seguro de responsabilidad civil para el equipo.

A eso se suma la capacitación. El piloto, el personal de apoyo y el asesor técnico tienen que hacer un curso de Buenas Prácticas Agrícolas específico para operaciones con drones. Con ese curso se obtiene el Carné Provincial de Aplicador de Fitosanitarios, que dura dos años y hay que renovar antes del vencimiento. Los dictan la Secretaría de Ambiente o instituciones con convenio.

Tampoco se puede cargar cualquier producto. Los drones solo pueden aplicar los que SENASA habilitó expresamente para ese tipo de aplicación, y hay que seguir las Recomendaciones Técnicas de Uso que fija la legislación provincial. La decisión de qué y cómo se aplica deja de estar únicamente en manos de quien maneja el equipo.

El punto que más toca a la gente que no produce es el del traslado. Cuando los drones se transporten en vehículos y crucen zonas pobladas, tienen que ir descargados y completamente limpios de productos químicos o biológicos. Además, la ley que sirve de base a esta regulación ya prohíbe que las aeronaves de aplicación sobrevuelen centros poblados, incluso cuando ya agotaron la carga.

En el norte salteño eso no es un detalle técnico. En San Martín y Orán la producción de caña, cítricos, poroto y soja convive con barrios, escuelas rurales y comunidades asentadas al borde de los lotes, y la distancia entre el cultivo y la casa es un conflicto que se reactiva cada campaña. El dron cambió la escala del problema: es más barato que el avión, lo puede contratar un productor mediano y por eso se multiplicó sin que existiera un registro de quién lo estaba haciendo.

La Secretaría de Ambiente queda facultada para controlar las operaciones y exigir en cualquier momento la documentación del equipo y del operador, las autorizaciones aeronáuticas, el carné y las recomendaciones técnicas usadas en la aplicación.

No se informó desde cuándo rige la exigencia, si hay plazo de adecuación para quienes ya están operando, ni qué sanciones se aplican a quien no se inscriba.

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La mora de las familias está en niveles récord y quienes no pueden pagar lo que deben pierden el acceso al sistema. Un préstamo a tres meses cuesta hoy 18% de interés, una tasa efectiva de 5,66% mensual.

El número aparece en los informes que las consultoras hicieron circular este fin de semana. Seis millones de personas no pueden afrontar sus deudas y quedaron fuera del mercado de crédito. No es un dato bancario: es la cuenta de los hogares.

Detrás hay una decisión de política económica. El dólar en $1.500 funciona como techo, y para sostenerlo el Gobierno mantiene la tasa de interés alta. Eso encarece cualquier financiamiento. Hoy, alguien que necesita un préstamo a tres meses para cubrir un gasto imprevisto paga 18% de interés en ese lapso, mientras una Lecap al mismo plazo rinde 1,9% efectivo mensual.

La consultora EconViews describió el efecto en cadena. Una persona que cae en mora no solo deja de pagarle al banco o a la billetera virtual: también reduce su consumo. Cuando eso ocurre en millones de hogares al mismo tiempo, profundiza la debilidad de la actividad y retroalimenta el círculo.

El informe aclara un punto importante: no es una crisis bancaria. Los bancos mantienen niveles de capital y previsiones suficientes para absorber esas pérdidas, así que no hace falta ningún salvataje como el de Estados Unidos en 2008. El deterioro está en los balances de las familias, no en los de las entidades.

Lo que se discute, según esa consultora, es cómo hacer para que quien renegocia su deuda pueda recuperar el acceso al crédito en condiciones razonables, en lugar de quedar afuera del sistema por años.

Hubo una señal menos mala en julio: la mora dejó de subir y los bancos refinanciaron préstamos a tres años con tasas del 30%.

En paralelo, el Ministerio de Economía habilitó a los bancos a prestar hasta el 15% de los depósitos en dólares a empresas que no generan divisas, como las de la construcción. Esa restricción se había implementado después de 2001, justamente para que quienes no tienen ingresos en dólares no queden expuestos a una devaluación. La consultora que dirige Miguel Kiguel señaló que el cambio no parece riesgoso en sí mismo —alcanza solo a empresas, con mayores requisitos de capital y evaluación de riesgo más estricta— pero advirtió que sí lo sería si fuera el primer paso para ampliar todavía más el uso del dólar.

El cuadro cierra con lo que venimos publicando. El sueldo de seis de cada diez argentinos no llega al día 20. Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% pese a las promociones. Las metalúrgicas usan menos del 40% de sus máquinas. Y el crédito, que podría ser la salida de corto plazo, está cerrado para seis millones de personas.

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La producción metalúrgica cayó 4,4% interanual en julio y acumula un retroceso de 5,5% en los primeros siete meses del año. El uso de la capacidad instalada quedó en 39,2%, un nivel similar al de la salida de la pandemia.

El dato surge del informe mensual del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Frente a junio la producción quedó prácticamente igual, con una variación de 0,1%, pero la comparación contra julio del año pasado marca la caída de 4,4%.

El indicador más elocuente es el de capacidad instalada. Que las plantas usen menos del 40% de lo que pueden producir significa que seis de cada diez máquinas están paradas. El número bajó seis puntos porcentuales en un año.

Casi todas las ramas del sector retrocedieron. Bienes de Capital fue la de peor desempeño, con una caída de 9,5%, seguida por Maquinaria Agrícola con 7,7%, Equipos y Aparatos Eléctricos con 4,3% y Equipamiento Médico con 3,9%. También bajaron Carrocerías y Remolques, Otros Productos de Metal y Fundición. La única excepción fue Autopartes, que creció 1,9% frente al mes anterior, aunque acumula una caída de 3,1% en el último semestre.

Medido por cadenas de valor, el cuadro es completo: todas cayeron por segundo mes consecutivo. Cuatro de ellas son las que mueven la economía del norte salteño. Construcción bajó 8,2%; Agrícola, 7,9%; Minería, 6,4%; y Petróleo y Gas, 4,4%. La mayor contracción de todas fue Consumo Final, con 9,6%.

El empleo del sector siguió el mismo camino, con una caída interanual de 2,2%.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, sostuvo que la producción sigue estancada, con niveles de productividad históricamente bajos, y que la baja demanda afecta a todos los sectores productivos. Planteó como necesario desarrollar herramientas para promover la inversión y sostener el empleo industrial.

Las expectativas tampoco cambian el panorama: siete de cada diez empresas no esperan modificaciones en su producción durante el próximo trimestre.

El informe se apoya sobre lo que ya venía marcando el empleo registrado. La Industria Manufacturera es el rubro que más puestos formales perdió desde noviembre de 2023 en cantidad de personas: 85.561. La Construcción es la que más cayó en términos porcentuales, con 14,2%. Este relevamiento muestra el mismo proceso desde adentro de las plantas.

El informe releva Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe. Salta no está entre las provincias medidas, así que no puede saberse cómo le fue a la actividad metalúrgica local.

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La iniciativa contempla destinar entre 2.000 y 2.500 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a fondear préstamos para vivienda a largo plazo. Está en elaboración y todavía no tiene aprobación.

La idea no implica vender las acciones ni los bonos que integran la cartera del fondo. Lo que se evalúa es usar los recursos que el FGS mantiene en plazos fijos, fondos comunes de inversión y otros instrumentos de corto plazo, para generar colocaciones a plazos largos que les den a los bancos un fondeo estable para ofrecer hipotecas.

Detrás hay un problema viejo del sistema financiero argentino: el descalce entre lo que dura un depósito y lo que dura un préstamo. Los plazos fijos del sistema son a 30 días y un crédito hipotecario es a 30 años. Ningún banco puede prestar a tres décadas con plata que se le puede ir el mes que viene. Según explicó una fuente del Gobierno que conoce la iniciativa, ese descalce podría resolverse si el FGS subasta tasas para plazos fijos largos y esos recursos se destinan a créditos.

El punto sensible es de dónde sale la plata. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad depende de la ANSES, que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. En su entorno señalaron que la ministra no ve la idea con malos ojos, pero que no va a avanzar sobre nada que implique riesgo institucional y que el Ministerio de Economía va a tener que presentar el detalle fino antes de que dé luz verde.

El proyecto todavía está en plena elaboración. No hay anuncio oficial, resolución ni fecha.

El contexto ayuda a entender por qué apareció ahora. Después de estabilizar las principales variables macroeconómicas, en la Casa Rosada empezó a instalarse la discusión sobre cómo hacer que la economía vuelva a crecer, y a crecer antes de 2027. Un dirigente oficialista involucrado en esas conversaciones lo resumió en que sin reactivación va a ser más difícil ganar la elección en primera vuelta.

Para el norte salteño, donde el acceso al crédito hipotecario es prácticamente inexistente y la construcción es el sector que más empleo formal perdió desde 2023, cualquier movimiento en esa dirección importa. Pero por ahora es una idea en estudio.

No se informó qué proporción de esos fondos se destinaría a cada banco ni bajo qué condiciones de tasa.

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El 61% de los argentinos dijo que su dinero le alcanza como máximo hasta el día 20 del mes, según un relevamiento de la consultora Zentrix. Otro 24,3% llega a fin de mes pero sin margen para ahorrar nada.

Solo el 13% de los consultados respondió que puede cubrir sus gastos y guardar una parte del ingreso. El dato no significa que esos hogares se queden sin plata en términos absolutos, sino que el dinero disponible para los gastos corrientes se agota antes de que termine el mes.

La percepción acompaña al número: el 86,1% considera que su salario no le gana a la inflación.

Por qué el sueldo sube y rinde menos

En mayo los precios aumentaron 2,1% respecto de abril, según el INDEC. En el mismo mes los salarios privados registrados subieron 2%, los de los empleados públicos nacionales 1,9% y los de los provinciales 1,4%. Vista en un solo mes, la diferencia parece mínima.

En doce meses ya no lo es. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el salario real del sector privado registrado cayó 2,9%. El de los estatales nacionales retrocedió 7,3% y el de los provinciales, 3,2%.

Y contra noviembre de 2023, la brecha se abre del todo. El salario real de los empleados públicos nacionales está 36,5% por debajo de aquel nivel. El de los trabajadores públicos provinciales cayó 9,8%. El de los privados registrados, 3,6%.

Ese 9,8% es el número que más se siente en el interior salteño, donde la administración pública provincial y municipal y la docencia son buena parte del empleo formal disponible.

Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que dirige Nadin Argañaraz, midió la pérdida acumulada desde 2017 sobre el Índice de Salarios del INDEC. En 98 meses, un trabajador privado registrado resignó el equivalente a 16,2 salarios mensuales medidos en poder de compra de 2017. Un empleado público promedio resignó 21,8. Traducido: alrededor de un año y cuatro meses de ingresos en un caso, casi dos años en el otro.

Los adelantos de sueldo y el segundo trabajo

Hay un indicador que no aparece en ninguna estadística oficial y que los comercios ven todos los meses. «Lo más común que vemos es adelantos de sueldo», señaló Salvador Femenía, vocero de CAME, y agregó que a mitad de mes muchos trabajadores los piden.

La otra respuesta es buscar un segundo ingreso. Según datos de la consultora Delfos, el 43% de los argentinos está buscando trabajo, y una parte importante de ese grupo ya tiene una ocupación: busca sumar, no reemplazar. El mismo relevamiento midió en abril que el 52% no llega a fin de mes, el nivel más alto de su serie, y que otro 31% llega con lo justo.

También cambió la composición del empleo. En el último año cerca de 100.000 asalariados privados registrados perdieron su puesto, mientras se sumaron más de 90.000 monotributistas y creció el trabajo no registrado. Es el mismo movimiento que muestran los datos de la Secretaría de Trabajo: 241.176 puestos formales menos desde noviembre de 2023.

Y desemboca en el mostrador. Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% interanual pese a que ocho de cada diez comercios hicieron promociones. Menos empleo formal, menos salario real, menos ventas: los tres números describen lo mismo desde tres lugares distintos.

La desaceleración de la inflación, por sí sola, no revierte ese cuadro. Para que el sueldo vuelva a llegar a fin de mes no alcanza con que los precios suban menos: tiene que subir más el salario.

Los datos de Zentrix y Delfos salen de estudios diferentes y no son directamente comparables entre sí. Tampoco se informó cómo se distribuyen esos porcentajes por provincia.