Autor: adminred

Frontera / Seguridad

Gendarmería realizó siete allanamientos en la ciudad de Salta y secuestró mercadería de distintos rubros que no contaba con aval aduanero de ingreso al país. El operativo se dio en el marco de una causa federal que investiga presuntas infracciones al Código Aduanero y a la Ley de Marcas.

Los procedimientos fueron llevados adelante por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería, por orden del Juzgado Federal de Garantías N° 2. Las medidas alcanzaron distintos inmuebles vinculados a la investigación.

Durante los allanamientos se secuestraron 21.613 artículos textiles y 251 pares de zapatillas. También se incautaron vehículos, teléfonos celulares, DVR, una contadora de billetes y más de $7,6 millones en efectivo.

Además, la investigación derivó en el congelamiento de una cuenta bancaria que registraba acreditaciones por $1.180 millones. Ese dato abrió una línea de análisis sobre el posible volumen económico de la operatoria investigada.

El caso muestra que la mercadería irregular no solo circula por pasos fronterizos o rutas de ingreso. También puede insertarse en circuitos urbanos de acopio, distribución y comercialización, con impacto sobre el comercio formal y la recaudación.

Para Salta, el procedimiento se conecta con una agenda más amplia: frontera porosa, contrabando, depósitos urbanos, ferias, venta informal y controles sobre mercadería que ingresa sin documentación respaldatoria.

Las personas involucradas quedaron supeditadas a la causa. Ahora, la Justicia deberá determinar responsabilidades y avanzar sobre el origen, la trazabilidad y el destino comercial de los productos secuestrados.

Frontera / Seguridad

La frontera norte volvió a quedar en el centro de la agenda de seguridad nacional. La directora nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo, Virginia Cornejo, señaló que Nación trabaja para reforzar los controles, recuperar tecnología abandonada y avanzar con la radarización de zonas sensibles.

El planteo se dio después de una reunión interprovincial del Consejo de Seguridad Interior, donde se abordaron temas vinculados al Plan Güemes, la situación con Bolivia, el narcotráfico, el contrabando y la necesidad de mejorar la capacidad de monitoreo en áreas fronterizas.

Cornejo describió la situación con Bolivia como compleja y marcó que durante años hubo dificultades para avanzar en acuerdos binacionales que permitieran tener fronteras más ágiles y mejor controladas. En ese marco, defendió el Plan Güemes como una herramienta para fortalecer la presencia del Estado en puntos críticos del norte.

Uno de los ejes más sensibles es la tecnología. La funcionaria sostuvo que se busca recuperar equipos que habían quedado fuera de funcionamiento o sin uso, entre ellos camiones radares, antenas, centros de monitoreo y drones. La intención oficial es volver a poner esos recursos al servicio del control fronterizo.

La radarización aparece como una prioridad. Según Cornejo, el refuerzo de controles en rutas puede empujar a las organizaciones criminales a buscar otras vías, entre ellas el espacio aéreo. Por eso, Nación evalúa ampliar herramientas de vigilancia para detectar movimientos irregulares y mejorar la respuesta operativa.

La funcionaria también fue consultada por el contrabando en Aguas Blancas. Evitó dar cifras cerradas y explicó que el volumen de mercadería ilegal depende en buena parte de la situación cambiaria entre Argentina y Bolivia. Cuando las diferencias de precios se profundizan, la frontera se vuelve más atractiva para el comercio informal y los controles se intensifican.

Otro punto de preocupación son las drogas sintéticas. Cornejo advirtió que el problema requiere investigaciones más profundas, seguimiento de redes y trazabilidad de los movimientos, porque ya no alcanza con incautar cargamentos aislados.

Para Orán, San Martín, Aguas Blancas y Salvador Mazza, la discusión no es abstracta. La frontera combina comercio legal, circulación diaria, contrabando y riesgo de delitos complejos. Sin tecnología, coordinación y presencia sostenida, los controles quedan limitados frente a redes que cambian de modalidad con rapidez.

El desafío será que los anuncios se traduzcan en capacidad real de vigilancia. Recuperar radares, drones y centros de monitoreo puede mejorar el control, pero el resultado dependerá de que esa tecnología llegue al territorio y funcione de manera coordinada con las fuerzas federales y provinciales.

Frontera / Seguridad

Gendarmes detectaron dos almohadas con carga ilegal oculta durante una inspección de encomiendas en Salta. El procedimiento volvió a poner bajo la lupa una modalidad frecuente en causas vinculadas al traslado de drogas o mercadería prohibida: el uso de envíos para intentar atravesar controles sin levantar sospechas.

El hallazgo se produjo durante una revisión de paquetes, cuando el personal de Gendarmería advirtió irregularidades en dos almohadas. Al inspeccionarlas con mayor detalle, encontraron que habían sido acondicionadas para ocultar el contenido en su interior.

La carga fue secuestrada y quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente. A partir del procedimiento, se abrió una investigación para determinar el origen, el destino y las personas vinculadas al envío.

Este tipo de casos muestra que las encomiendas siguen siendo utilizadas como vía de traslado ilegal. A diferencia de los grandes cargamentos en rutas, estos envíos buscan pasar desapercibidos mediante objetos de uso cotidiano, como ropa, bolsos, electrodomésticos o elementos del hogar.

Para Salta, el control de encomiendas tiene un valor estratégico. La provincia funciona como punto de tránsito dentro de rutas que conectan zonas de frontera con otros centros urbanos del país, por lo que las inspecciones sobre transporte, paquetería y logística son una parte clave de la prevención.

El caso también confirma que las modalidades de ocultamiento cambian, pero la necesidad de control sigue siendo la misma. En una región atravesada por circulación fronteriza e interprovincial, detectar estos envíos permite cortar movimientos ilegales antes de que lleguen a destino.

Frontera / Seguridad

Los operativos de control realizados durante el fin de semana en Salta dejaron un saldo de 58 personas demoradas y más de 500 infractores multados. El balance corresponde a procedimientos preventivos desplegados por la Policía en distintos puntos de la provincia, con foco en seguridad urbana, contravenciones y control del espacio público.

El dato muestra una actividad sostenida de fiscalización en jornadas donde suele aumentar la circulación de personas, vehículos y reuniones sociales. Los controles apuntaron a detectar incumplimientos, prevenir incidentes y reforzar la presencia policial en zonas de mayor movimiento.

Además de las demoras, los procedimientos derivaron en cientos de actas por distintas infracciones. Aunque se trata de un balance general, la cifra vuelve a poner en evidencia que buena parte de la tarea preventiva del fin de semana sigue concentrada en faltas vinculadas a convivencia, orden público y control de personas.

En términos de seguridad, el operativo deja dos lecturas. Por un lado, muestra una fuerte presencia policial en calle. Por otro, confirma que persisten conductas e infracciones que obligan a sostener controles de manera permanente, especialmente en noches y madrugadas, cuando suelen concentrarse más intervenciones.

Para Salta capital y otras ciudades de la provincia, este tipo de balances sirve también para medir la intensidad de la prevención en fines de semana largos o jornadas de mayor actividad social. En el norte salteño, donde también se combinan controles urbanos y viales, la continuidad de estos operativos sigue siendo una herramienta clave para reducir riesgos y ordenar la circulación.

Más allá del número de actas y demoras, el punto de fondo está en si estas acciones logran mejorar la prevención y bajar la reincidencia. Ese será el indicador más importante para evaluar el impacto real de los controles en la vida cotidiana.

Frontera / Seguridad

La crisis política y social en Bolivia sumó un nuevo foco de tensión con choques entre manifestantes y policías en La Paz. Los enfrentamientos se produjeron en medio de bloqueos de rutas, problemas de abastecimiento y una disputa interna que mantiene paralizadas distintas zonas del país vecino.

La situación ya no se limita a cortes de caminos. La resistencia de manifestantes frente a los intentos oficiales de despejar rutas muestra una escalada que combina conflicto político, malestar económico y presión sobre la circulación de personas, alimentos, combustibles e insumos básicos.

El Gobierno boliviano busca recuperar el control de corredores estratégicos, mientras los grupos movilizados mantienen bloqueos en distintos puntos del país. En ese contexto, los operativos de las fuerzas de seguridad derivaron en nuevos enfrentamientos y elevaron el nivel de preocupación.

Para Salta, lo que ocurre en Bolivia tiene impacto regional. La frontera norte mantiene un intercambio permanente con el país vecino a través del comercio, el transporte, los pasos internacionales y los circuitos de abastecimiento. Cuando la crisis boliviana escala, la tensión también puede sentirse en Orán, Aguas Blancas, Salvador Mazza y otros puntos del norte provincial.

El riesgo principal está en la continuidad de los bloqueos y en sus efectos sobre precios, combustibles, mercadería, camiones varados y circulación fronteriza. En una región donde las economías locales están conectadas diariamente con Bolivia, la estabilidad del país vecino es un factor clave.

La evolución del conflicto marcará los próximos días. Si los enfrentamientos se profundizan y no hay una salida política, la crisis puede seguir presionando sobre la frontera salteña y sobre el movimiento económico del norte argentino.