Política institucional
La causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni sumó una nueva medida judicial. El juez Ariel Lijo ordenó peritar el celular del contratista Matías Tabar, quien declaró haber cobrado US$ 245 mil en efectivo por refacciones realizadas en una vivienda del funcionario nacional.
La medida fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita y estará a cargo de la DATIP, el área especializada del Ministerio Público Fiscal. El objetivo es analizar comunicaciones, documentación y posibles registros que permitan corroborar el testimonio del contratista.
Tabar había declarado que recibió pagos en efectivo por trabajos realizados en una propiedad de Adorni. También afirmó que el funcionario lo habría contactado antes de su declaración para ofrecerle abogados, un punto que ahora podría ser revisado a partir del análisis del teléfono.
La investigación se desarrolla en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia busca determinar el origen de los fondos utilizados para afrontar gastos patrimoniales y personales, además de verificar si los movimientos declarados tienen respaldo documental.
El entorno de Adorni desestimó el monto señalado por el contratista, mientras que el fiscal rechazó un pedido de detención al considerar que no existían riesgos procesales suficientes. Por ahora, el expediente continúa en etapa de investigación y la responsabilidad penal deberá ser definida por la Justicia.
El caso mantiene relevancia institucional porque involucra transparencia patrimonial en funcionarios nacionales. Cuando se ocupan cargos públicos, los gastos, ingresos y movimientos económicos deben poder justificarse con claridad, especialmente si existen pagos elevados en efectivo.
Para provincias como Salta, el tema no tiene impacto local directo, pero sí valor público. Los funcionarios nacionales intervienen en decisiones sobre presupuesto, obras, tarifas, fondos y políticas que alcanzan a todo el país. Por eso, la rendición de cuentas no es un asunto privado, sino una condición básica de confianza institucional.
La pericia sobre el celular del contratista será clave para establecer si existen elementos que confirmen o contradigan su declaración. A partir de ese análisis, la Justicia podrá avanzar sobre una parte central del expediente: la trazabilidad del dinero y la consistencia de los datos aportados.
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