Categoría: Economía y Producción

El mecanismo que impulsa el Gobierno pasa por las paritarias, y en el Gran Salta el 51% del empleo no está registrado. En el norte de la provincia no hay ningún dato: San Martín y Orán no entran en la medición oficial.

El salario mínimo, vital y móvil está hoy en $376.600. El piso de un millón de pesos del que se habla hace dos semanas es casi tres veces ese monto y no es lo mismo: son dos cosas distintas, con dos mecanismos distintos, y confundirlas cambia por completo a quién alcanza.

El salario mínimo lo fija el Estado y rige para todo trabajador registrado a jornada completa. El valor de $376.600 corresponde a agosto y está establecido por la Resolución 9/2025. A partir de septiembre no hay valor fijado: el Consejo del Salario tiene que volver a reunirse.

El millón es otra cosa. La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, busca que las negociaciones de los convenios colectivos incorporen un salario mínimo garantizado por encima de esa cifra. La referencia que puso sobre la mesa para agosto es de $1.070.000 brutos, unos $860.000 de bolsillo según los descuentos de cada trabajador. No lo fija el Estado por decreto: lo negocian los sindicatos con las cámaras empresarias, y Trabajo homologa después el acuerdo.

Puestos uno al lado del otro, los dos números dan la dimensión de lo que se discute. $1.070.000 dividido $376.600 da 2,84. El piso que se propone como referencia equivale a 2,8 veces el salario mínimo legal. La división es nuestra y los dos montos son oficiales.

El criterio ya se les transmitió a los sectores que están por debajo de ese nivel: Maestranza, la UOCRA y Sanidad. La construcción es uno de ellos y es uno de los que más empleo genera en el norte salteño cuando hay obra.

El millón no es el salario mínimo

La distinción explica por qué las cámaras responden cosas tan distintas cuando les preguntan si pueden pagarlo. En comercio, la escala del convenio ya está arriba. Los básicos de julio del CCT 130/75 van de $1.233.585 para Maestranza A a $1.299.445 para Administrativo F y Vendedor D, según el acuerdo que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios firmó con la Cámara Argentina de Comercio, CAME y UDECA. A eso se suman $120.000 no remunerativos y un bono de $50.000 pagado en dos cuotas.

Un empleado de comercio registrado en Tartagal, en Orán o en Mosconi ya cobra por convenio más que el piso que se está discutiendo. Para ese trabajador, la novedad no cambia nada.

Para la construcción sí. Es uno de los tres sectores a los que el Gobierno les marcó el criterio, y es donde la distancia entre la escala vigente y el piso propuesto se tiene que negociar en la paritaria.

En el norte no hay número

Acá aparece el límite de todo el debate. El mecanismo pasa por los convenios colectivos, y a un convenio solo se entra estando registrado.

En el Gran Salta, el 51% de los ocupados no lo está. El dato es del primer trimestre de 2026 y sale de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. A nivel nacional la informalidad es del 44,2%. La diferencia es de 6,8 puntos, y la resta es nuestra.

Adentro de ese promedio provincial las diferencias son grandes:

• Trabajadores por cuenta propia: 76,7% de informalidad
• Asalariados: 39,3%
• Empleadores: 29,2%
• Informalidad total Gran Salta, primer trimestre 2026: 51%
• Informalidad total país, mismo período: 44,2%

En el mismo trimestre, y a nivel nacional, el empleo formal se redujo en 156.786 puestos respecto de un año antes, mientras el empleo no registrado sumó 379.708 personas. Todo el crecimiento del empleo del período fue informal.

Ahora bien: ese 51% corresponde al aglomerado Gran Salta. Es el único de la provincia que releva la Encuesta Permanente de Hogares. Tartagal, General Mosconi, Aguaray, Salvador Mazza, Embarcación, San Ramón de la Nueva Orán y Pichanal no integran ningún aglomerado de la medición oficial.

Eso significa que no existe un número público sobre cuánta gente trabaja en negro en los departamentos San Martín y Orán. No es que el dato sea malo o esté desactualizado. No se produce.

Si el piso de un millón se define adentro de las paritarias, la pregunta de cuántos trabajadores del norte quedan alcanzados no tiene respuesta disponible. Y la única referencia que se puede usar es la del Gran Salta, que es una ciudad con otra estructura productiva.

El mismo día en que se discute el piso salarial, el Banco Central informó que la mora entre las familias llegó al 12,8% en junio. Son dos mediciones del mismo período y ningún organismo estableció una relación entre ellas.

El Consejo del Salario todavía no fijó el valor del salario mínimo de septiembre. Las paritarias de Maestranza, UOCRA y Sanidad son las que definirán si el piso de referencia se convierte en un número real o queda en una recomendación.

La norma del Banco Central ya exige que el Costo Financiero Total aparezca con el doble de tamaño en un contrato y cinco veces más grande que la tasa en cualquier publicidad. La mora entre las familias llegó al 12,8% en junio.

El Costo Financiero Total es el número que dice cuánto vas a pagar de verdad cuando sacás un préstamo o comprás en cuotas. No es la tasa: es todo junto, con gastos, seguros y comisiones incluidos. Y hay una norma del Banco Central que desde hace años obliga a mostrarlo de una manera muy precisa.

En un contrato, un recibo o una nota de débito, la cifra del Costo Financiero Total y el signo de porcentaje tienen que estar identificados de forma legible y destacada. La regla da dos caminos: mostrarlos con un tamaño que sea al menos el doble del resto de la información, manteniendo la misma tipografía y sus proporciones, o resaltarlos con una fuente o un color distinto.

En la publicidad la exigencia es más dura. Ahí el Costo Financiero Total debe exhibirse en un color destacado y con un tamaño al menos cinco veces mayor que el usado para informar la tasa nominal anual. Vale para diarios, carteles, folletos, internet, radio y televisión. Y vale también cuando el que publica no es el banco sino un tercero: una inmobiliaria, una concesionaria, un supermercado o cualquier otro intermediario.

El contrato tiene que llevar además la tasa de interés anual pactada, expresada en porcentaje y con al menos un decimal; la tasa efectiva anual equivalente, también con un decimal; y si la tasa es fija o variable, con los parámetros de ajuste en el segundo caso.

Qué pide Bullrich

La senadora Patricia Bullrich planteó que en el caso de los bancos y las fintech las condiciones de los préstamos tendrían que quedar todavía más claras, para que nadie firme sin saber lo que va a pagar. A la salida de una sesión en el Congreso sostuvo que esas empresas deberían generar mecanismos concretos de refinanciación y hacerse cargo de los clientes que hoy no pueden cumplir.

En declaraciones televisivas fue más lejos y pidió un formato tomado de los alimentos: «Tiene que aparecer un cartel gigante como en la brutalidad de los etiquetados frontales», dijo, con un texto que diga cuánto termina pagando alguien que se endeuda por cien mil pesos.

La comparación se sostiene sola. Lo que Bullrich propone y lo que la norma vigente ya ordena apuntan al mismo lugar: que el número real no quede en letra chica. La diferencia está en el formato, no en el objetivo.

Qué dicen los datos del Banco Central

El informe sobre bancos que elabora el propio Banco Central muestra que en junio la morosidad del sistema financiero bajó levemente y quedó en 7,6% del total de préstamos otorgados al sector privado. Ese porcentaje mide qué proporción de los créditos no se está pagando en tiempo y forma, y abarca a personas y a empresas.

El número de las familias es otro y es más alto: 12,8%. Bajó en tarjetas de crédito y subió en préstamos personales y prendarios. Los dos datos no se contradicen. Miden universos distintos, y el promedio general queda más abajo porque incluye a las empresas.

Los datos son de junio. Hoy es septiembre y el Banco Central todavía no publicó los meses siguientes.

Sobre esa base, el Presidente sostiene su posición: el nivel de morosidad no representa un riesgo para el sistema financiero y el endeudamiento es un asunto entre privados, en el que el Estado no tiene que intervenir. Se niega a usar recursos del Presupuesto para asistir a quienes ya están en mora o a las empresas que dieron esos préstamos.

Según una versión periodística construida sobre fuentes que no fueron identificadas, Javier Milei estaría estudiando pedirle al titular del Banco Central, Santiago Bausili, que firme un comunicado modificando la norma que regula cómo se muestra el Costo Financiero Total. La misma versión indica que no hay ninguna definición tomada. Ningún funcionario lo confirmó con su nombre.

Una medida así desincentivaría tomar deuda nueva, pero no alcanzaría a quienes ya dejaron de pagar. Ese es el punto que reclama la oposición: el peronismo consiguió un principio de quórum en la Cámara de Diputados y busca forzar una sesión el 9 de septiembre para tratar o emplazar uno de los proyectos que piden intervención estatal en la refinanciación.

El martes hay reunión de Gabinete en la Casa Rosada. No participa el ministro de Economía, Luis Caputo, que está en Estados Unidos en la cumbre del G20 de Finanzas.

Mientras tanto, la regla que ya rige alcanza para algo concreto. Antes de firmar doce cuotas en un comercio o un préstamo personal, el número que hay que buscar no es la tasa: es el Costo Financiero Total, y por norma tiene que estar más grande que todo lo demás.

El diputado Omar Exeni lo presentará este martes en la Legislatura y propone tasas reducidas y plazos de 24 a 36 cuotas. Se trata de una solicitud: el banco es una entidad privada y no está obligada a aceptarla.

El diputado provincial Omar Exeni anunció que presentará este martes un proyecto para solicitar a Banco Macro que implemente un plan especial de refinanciación destinado a personas que no pueden afrontar sus compromisos financieros. La propuesta plantea que las deudas se reorganicen con tasas de interés reducidas y plazos de entre 24 y 36 cuotas.

«Necesitamos darle un respiro a miles de familias que hoy no pueden salir de sus deudas», expresó el legislador al anticipar la presentación.

Conviene aclarar el alcance. Banco Macro es una entidad privada, aunque cumpla el rol de agente financiero de la provincia. Un proyecto de la Legislatura no puede obligarla a modificar sus condiciones crediticias: se trata de un pedido, y la decisión queda del lado del banco. Al momento de la presentación no hay respuesta de la entidad ni condiciones definidas.

El proyecto tiene un antecedente concreto. En julio, tras gestiones entre el Gobierno de Salta y Banco Macro, se anunció un programa de refinanciación para empleados públicos provinciales y municipales, con condiciones diferenciadas según el grado de atraso: un tratamiento para quienes acumulaban entre 30 y 89 días de mora y otro para quienes superaban los 90. Exeni busca extender un esquema semejante a un universo más amplio y no limitarlo a quienes trabajan en la administración estatal.

Cuánto se debe en Salta

Las cifras que sostienen el planteo son del propio diputado. Según los datos que difundió, casi 530 mil salteños están endeudados y más de 155 mil registran situación de mora. Exeni no informó de qué fuente surgen ni con qué metodología fueron construidas.

REDmedios hizo la cuenta y la comparó. Los 155 mil sobre 530 mil dan una proporción del 29,25% de deudores salteños en mora.

A nivel nacional, un análisis sobre los microdatos de la Central de Deudores del Banco Central correspondientes a junio de 2026 contabilizó 5.859.104 personas físicas con al menos una obligación en situación 3, 4 o 5, es decir en mora. Esa cantidad equivale al 27,1% de los deudores relevados, según ese recorte, o al 27,8% según otro más amplio que también surge del mismo trabajo. El monto involucrado asciende a $17,7 billones y representa el 15,5% del total adeudado en el país.

La proporción que informa Exeni para Salta queda entonces uno o dos puntos por encima del promedio nacional. El endeudamiento que describe el proyecto es real, pero la provincia no aparece fuera de escala respecto del resto del país.

La comparación tiene un límite y hay que decirlo: los dos indicadores miden personas en mora sobre personas deudoras, pero el diputado no publicó su metodología, de modo que no es una equivalencia exacta sino un orden de magnitud.

El análisis nacional fue elaborado por Matías Fernández, socio fundador de la consultora de estrategia y comunicación Pública, que trabajó en el Ministerio de Producción durante la gestión de Cambiemos y en la Fundación Pensar, del PRO. Los datos son del Banco Central; el procesamiento, suyo.

Ese mismo trabajo muestra que la proporción de personas con deudas impagas pasó del 13,6% en julio de 2024 al 27,8% en junio de 2026: prácticamente se duplicó en menos de dos años. El deterioro más pronunciado está entre los jóvenes de 18 a 25 años, donde la cantidad de deudores creció 38% y la tasa de mora saltó del 24,7% al 40,8%, con una deuda atrasada mediana de $282.000.

La deuda tampoco está repartida entre muchos acreedores. La mitad de las personas en mora le debe a una sola entidad y el 90% a un máximo de tres.

Dos medidas el mismo día

El anuncio del proyecto coincide con la entrada en vigencia de una herramienta que va en sentido inverso. Desde este lunes rige Cobros por Transferencia, que habilita a bancos y fintech a debitar la cuota vencida de un préstamo directamente de la cuenta bancaria o la billetera virtual del cliente, siempre que este lo haya autorizado de manera expresa y sin que la cuota supere el 30% de sus ingresos.

Los dos hechos ocurrieron el mismo día y ninguna fuente estableció una relación entre ellos.

La Central de Deudores del Banco Central registra el domicilio de cada deudor, pero no publica la información desagregada por departamento. No hay un dato oficial de cuántas personas están en mora en San Martín ni en Orán.

El empleo formal del sector tocó en junio su nivel más bajo del año, con 9.392 trabajadores registrados. El salario real acumula una caída del 10,6% en el semestre: es la segunda peor del país.

Salta registró en junio 9.392 puestos de trabajo registrados en la construcción, el nivel más bajo de 2026. El dato surge del último informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, el IERIC.

La caída se explica en dos meses. En abril la provincia había tocado un pico de 10.065 empleos. En mayo perdió 5,2% y en junio otro 1,5%. La resta entre el pico de abril y el dato de junio da 673 puestos menos, una caída del 6,7% en sesenta días. Es una cuenta de REDmedios sobre dos cifras publicadas por el organismo.

Los números del informe son consistentes entre sí. La pérdida de 145 puestos que se registró en junio implica un mayo de 9.537 trabajadores, valor que da −5,25% contra abril y −1,52% contra junio, prácticamente los mismos porcentajes que informa el IERIC. En el acumulado del primer semestre, el empleo del sector en Salta cae 3,8% respecto de igual período de 2025, y la comparación interanual de junio marca un retroceso del 2,6%.

Más empresas, menos trabajadores

Hay un dato que el informe presenta como favorable y que cambia de sentido al cruzarlo. En julio de 2026 había 443 empleadores registrados en Salta, un 3% más que un año atrás.

Con 9.392 puestos repartidos entre esas 443 empresas, el promedio da 21,2 trabajadores por empleador. Aplicando las variaciones informadas —3% más de empresas y 2,6% menos de empleo—, un año atrás esa relación era de 22,4 trabajadores por empresa.

El sector tiene más empleadores y cada uno emplea a menos gente. Es una deducción de REDmedios y es aproximada: el dato de empresas corresponde a julio y el de empleo a junio, de modo que los dos operandos no son del mismo mes.

El salario, el frente más débil

Si en empleo Salta quedó en una posición intermedia, en salarios está entre las peores del país.

El salario promedio de los trabajadores registrados de la construcción en la provincia fue de $1.949.838 en junio. El aumento nominal interanual fue del 31,8%, contra un 39,6% que promedió el país. En el acumulado del semestre la diferencia se agranda: 19% en Salta contra 32,7% a nivel nacional.

Descontada la inflación, el salario real acumula una caída del 10,6% en los primeros seis meses del año. Es la segunda peor performance del país, detrás de Catamarca, que perdió 18,3%. En la comparación interanual de junio, Salta también quedó en negativo con −1,5%, uno de los cuatro distritos con ese signo junto a Catamarca, Tierra del Fuego (−1,3%) y Tucumán (−0,5%).

El informe consigna una brecha de casi $140.000 mensuales entre lo que gana en promedio un trabajador de la construcción en Salta y el promedio nacional. Sumada al salario salteño, esa diferencia ubicaría el promedio del país en torno a los $2.089.838. El IERIC no publica ese valor de manera directa: surge de la operación sobre los dos datos que sí informa.

Cómo quedó el NOA

En junio, la Región Metropolitana de Buenos Aires fue la única del país que sumó empleo en la construcción, con una suba del 0,8%. Retrocedieron Cuyo (−3,2%), el NOA (−2,2%) y el NEA (−1,4%).

Dentro del NOA, la caída de Salta fue más moderada que la de sus vecinas: Santiago del Estero perdió 5,5% de sus puestos en el mes y Jujuy 4%, mientras que Tucumán creció 0,8%.

En el plano nacional, las mayores caídas mensuales se dieron en Misiones (−7,7%), Tierra del Fuego (−7,3%) y San Juan (−5,9%). En el otro extremo, Formosa (+3,8%), Entre Ríos (+3,3%) y La Pampa (+3,1%) fueron las que más empleo sumaron.

Lo que viene

El dato más alentador del informe son los permisos de obra. La superficie autorizada para construir acumuló entre enero y mayo un crecimiento interanual del 36,2%, muy por encima del promedio nacional (4,5%) y del NOA (24,0%).

Ese porcentaje corresponde a la ciudad de Salta. El relevamiento del INDEC que toma el IERIC mide la capital, no el conjunto de la provincia, de modo que no informa qué pasó con los permisos en el interior.

A los permisos se suma la expectativa por el crédito hipotecario. En junio se otorgaron $224.606 millones en créditos a nivel nacional, un 34,1% más que en mayo, aunque todavía 36,4% por debajo de junio de 2025.

Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, estimó que la provincia podría captar una porción de la nueva línea nacional. «De los 18 mil créditos que anunció el Gobierno, nosotros estimamos que unos 600 podrían recaer en Salta por la relación poblacional que tiene la provincia», señaló. Los 600 créditos equivalen al 3,33% del total anunciado. Se trata de una proyección propia del dirigente, calculada según peso demográfico, y no de una asignación oficial de cupos.

El IERIC publica sus datos de empleo por provincia. No informa cuántos puestos de construcción hay registrados en los departamentos San Martín y Orán.

Los decretos publicados este lunes fijan cuatro tramos entre septiembre y diciembre. Como cada uno se aplica sobre el sueldo ya actualizado del mes anterior, el resultado final supera al 6,8% que surge de sumar los porcentajes.

El Gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial los decretos 832/2026 y 834/2026 y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad, que fijan los aumentos salariales para el personal de la Administración Pública Nacional y de las fuerzas de seguridad federales. Rigen desde septiembre y hasta el 31 de diciembre.

El esquema para los estatales tiene cuatro tramos mensuales consecutivos:

• 1,90% desde el 1° de septiembre
• 1,80% desde el 1° de octubre
• 1,60% desde el 1° de noviembre
• 1,50% desde el 1° de diciembre

Sumados, los cuatro porcentajes dan 6,80%, que es la cifra en la que se cerró la propuesta oficial el 25 de agosto. Pero el propio decreto establece que cada tramo se aplica sobre las retribuciones vigentes al último día del mes anterior, es decir, sobre la base ya actualizada. Aplicada de esa manera, la sucesión da 6,97%.

La diferencia es de 17 centésimas a favor del trabajador. No es un recorte ni un agregado: es lo que resulta del mecanismo escrito en la norma, donde la suma simple de porcentajes subestima el efecto real.

REDmedios verificó la cuenta contra tres conjuntos de valores que el mismo decreto publica en pesos. El valor de la hora cátedra para docentes de la Administración Central queda en $8.982 desde septiembre, $9.144 desde octubre, $9.290 desde noviembre y $9.429 desde diciembre. Las variaciones entre esos montos dan 1,80%, 1,60% y 1,50%, exactamente los tramos declarados.

Lo mismo ocurre con el cargo de Bedel del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que pasa de $122.664 a $124.872, $126.870 y $128.773, y con el adicional por prestación de servicios en la Antártida para personal militar, que va de $1.598.124 a $1.626.890, $1.652.920 y $1.677.714. En los tres casos, el valor de diciembre queda 6,97% por encima de la base previa al primer tramo.

El decreto 832/2026 también dispone una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000, de carácter excepcional y por única vez, que se liquidará con los haberes de diciembre. Prorroga hasta fin de año el Premio Estímulo a la Asistencia, con actualización de montos, y mantiene sin cambios las sumas fijas previstas por el decreto 56/20.

Los porcentajes no son iguales para todos

Para las fuerzas de seguridad el panorama es distinto y menos claro. La norma detalla qué conceptos se actualizan, pero no publica un porcentaje.

En Gendarmería Nacional se modifican el haber mensual, el suplemento por Funciones de Prevención Barrial y la compensación por Recargo de Servicio para el personal con estado militar de gendarme. En Prefectura Naval, el haber mensual y el Recargo de Servicio. En la Policía Federal, el haber mensual, el suplemento por Zona, el valor del Servicio de Policía Adicional y las compensaciones de Custodia y Custodia Ferroviaria.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene actualizados algunos ítems del decreto 836/08 y el Recargo de Servicio. El Servicio Penitenciario Federal, el haber mensual, las compensaciones por Fijación de Domicilio y Variabilidad de Vivienda, el complemento por Función Ejecutiva, los suplementos por Zona Sur y Título Académico, el Régimen de Viáticos, el Resarcimiento de Gastos y el Reintegro de Gastos de Sepelio.

Los porcentajes de 1,90%, 1,80%, 1,60% y 1,50% corresponden al convenio colectivo de la Administración Pública homologado por el decreto 832/2026. No se informó si las fuerzas de seguridad reciben los mismos valores.

El acuerdo paritario fue aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación. La Asociación Trabajadores del Estado lo rechazó por considerarlo insuficiente y anunció medidas de fuerza.

La herramienta se llama Cobros por Transferencia y necesita que el tomador del préstamo la autorice de manera expresa. El permiso se puede revocar en cualquier momento y la cuota no puede superar el 30% de los ingresos.

Este lunes entra en vigencia una herramienta que permite a bancos y fintech debitar la cuota vencida de un préstamo directamente de la cuenta bancaria o de la billetera virtual del cliente. Se llama Cobros por Transferencia y no funciona sola: necesita que el tomador del crédito la autorice de manera expresa.

Esa autorización se puede revocar en cualquier momento y el efecto es inmediato.

La norma fija condiciones para evitar el sobreendeudamiento:

• Las cuotas tienen que ser fijas e iguales
• La cuota no puede superar el 30% de los ingresos de la persona
• La entidad tiene que avisar con un día de anticipación antes de debitar
• Se permite un intento inicial y como máximo dos reintentos, a las 48 y a las 96 horas
• Si el préstamo se depositó en un banco distinto al prestamista, la entidad que otorgó el crédito puede debitar de esa cuenta de destino cuando hay demoras

El mecanismo tiene un límite de diseño que salta a la vista: solo permite cobrar desde la cuenta donde se depositó el préstamo. Eso reduce su alcance práctico, porque una entidad difícilmente transfiera los fondos de un crédito a una cuenta de su competencia. Tampoco habilita a computar intereses por los retrasos.

Hay una segunda medida y todavía no está vigente. Se trata de la ampliación del código de descuento sobre el recibo de sueldo, que permite a los bancos descontar las cuotas directamente del salario. Está reglamentada en el artículo 36 de la reforma laboral, pero su entrada en vigencia depende del Banco Central, que tiene que definir y publicar las normas complementarias.

Esa segunda herramienta alcanza únicamente a quienes trabajan en relación de dependencia registrada, porque opera sobre el recibo de sueldo. Según el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Salta, el 80,5% de los trabajadores independientes del aglomerado Salta no está registrado. Ninguna fuente estableció una relación entre ambos datos: es el alcance que se desprende del propio mecanismo.

Las dos medidas apuntan a la morosidad. Según el Informe sobre Bancos del Banco Central, la mora en préstamos personales y saldos de tarjeta de crédito fue de 12,8% en junio, una décima menos que en mayo. Es la primera baja en un año y medio. La irregularidad del crédito, que mide el total de la cartera, quedó en 7,6%, también con una baja de una décima.

Cuántas personas están alcanzadas es un número que no está claro. El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel afirmó que casi 7 millones están en mora o cesación de pagos con tarjetas y billeteras virtuales. La cifra es la que dio el legislador y no está verificada contra un dato oficial. Michel propuso una moratoria para refinanciar deudas familiares y sostuvo que la gente se endeuda «no para comprarse un auto o una casa, sino para comer». También rechazó la explicación que atribuye parte de la mora a compras de televisores para el Mundial.

El Banco Central no informó cuándo publicará las normas complementarias que habilitan el descuento sobre el recibo de sueldo.

La Encuesta Permanente de Hogares mide el aglomerado Gran Salta y deja afuera a Tartagal, Orán y Mosconi. En la provincia, ocho de cada diez trabajadores independientes están sin registrar.

El 44,2% de los trabajadores argentinos está sin registrar, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondiente al primer trimestre de 2026. Un año antes esa proporción era del 42%. En doce meses el trabajo no registrado sumó alrededor de 500 mil personas y ya alcanza a casi 10 millones de trabajadores en todo el país.

Ese número explica lo que se ve los fines de semana en las plazas y las veredas de cualquier pueblo del norte salteño: mesas con ropa usada, ollas con comida, mercadería surtida sobre una lona. Lo que no existe es un número que lo mida.

El empleo que crece es el que no se registra

La forma en que se crea trabajo en Argentina cambió. Entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 se sumaron 212.827 ocupados. El desglose lo hizo la consultora Politikon Chaco sobre los datos del INDEC:

• Cuentapropistas: 144.894 más, una suba del 4,6%
• Patrones: 44.913 más, una suba del 10%
• Asalariados: 35.705 más, una suba del 0,4%
• Trabajadores familiares sin remuneración: 12.685 menos, una caída del 23,1%

Las cuatro cifras suman exactamente los 212.827 nuevos ocupados informados. REDmedios verificó la operación antes de publicarla.

Casi siete de cada diez de esos puestos nuevos fueron por cuenta propia. El empleo asalariado, que es el que trae aportes, obra social y aguinaldo, creció cuatro décimas en un año.

En Salta la fotografía es más dura. El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Salta procesó los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del cuarto trimestre de 2025 y estimó que la informalidad alcanza al 52,7% de los trabajadores del aglomerado Salta. Entre los trabajadores independientes, la cifra trepa al 80,5%.

Ocho de cada diez cuentapropistas salteños trabajan sin registro. Esa categoría es la del feriante, la del que vende comida, la del que revende ropa.

Hay una segunda medición y no coincide con la primera. Politikon Chaco ubica al Gran Salta en 51% de informalidad en el primer trimestre de 2026, entre los once aglomerados del país que superan la mitad de sus trabajadores en negro. Las dos cifras corresponden a trimestres distintos y a metodologías distintas, y por eso se publican las dos con su autor y su fecha.

Cruzando ese 51% con los 293 mil ocupados que el INDEC contabilizó en el aglomerado Salta en el primer trimestre de 2026, la cuenta da unos 149 mil trabajadores informales. Es una deducción de REDmedios: multiplicamos los dos valores del mismo trimestre, que provienen de fuentes distintas. Ninguno de los dos organismos publica ese producto de manera directa.

Tartagal, Orán y Mosconi fuera del mapa

Acá aparece el problema. La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC releva el aglomerado Gran Salta, que es la capital y sus alrededores. Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, General Mosconi, Salvador Mazza y Aguaray no tienen aglomerado propio en la encuesta.

La Dirección General de Estadísticas de la provincia publica un informe de mercado de trabajo con una apertura entre Gran Salta y Resto de Salta, elaborado por su Departamento Económico sobre los microdatos de la encuesta nacional. Pero Resto de Salta agrupa todo el interior en un solo valor. No hay un número que diga cuánta gente trabaja sin registro en el departamento San Martín, ni cuántos puestos funcionan un domingo en un barrio de Tartagal.

El único documento municipal reciente que toca el asunto es de junio. Por Resolución 2388/2026, la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Tartagal eximió del pago de la tasa por derecho de piso a los feriantes, gastronómicos, emprendedores y vendedores radicados en la ciudad que participaran de las fiestas del 102 aniversario. La medida se apoya en la Carta Orgánica Municipal y en el Código Fiscal, Ordenanza 1.268/07, y su fundamento menciona el difícil momento económico que viven las familias. La firmó el intendente Franco Hernández Berni.

Es una exención puntual para un evento, no un régimen de ferias barriales. Ninguno de los municipios del norte publica una ordenanza que regule ferias permanentes en los barrios, ni un registro de cuántos feriantes hay.

REDmedios consultó las bases públicas disponibles y no encontró relevamientos del fenómeno en el interior de Salta. La observación de que las ferias se multiplican en los pueblos del norte es de esta redacción y no está respaldada por ningún dato oficial, porque ese dato no se produce.

Las preguntas que faltan responder son concretas y las tienen los municipios: cuántos permisos de puesto se otorgaron este año y cuántos el anterior, cuántas ferias funcionan hoy en cada localidad, y si alguien lleva ese registro.

Las ofertas se reciben hasta el 11 de noviembre y la inversión estimada ronda los USD 1.000 millones. La licitación forma parte de un paquete de cinco privatizaciones que el oficialismo quiere cerrar antes de mitad de 2027.

El Gobierno nacional lanzó la licitación para concesionar las vías y los inmuebles aledaños de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza. El plazo de la concesión es de 50 años y la inversión que demandaría la operación ronda los USD 1.000 millones.

El cronograma oficial fija dos fechas. Las empresas pueden hacer consultas hasta el 28 de octubre y presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59.

Los dos números que difundió el Gobierno permiten una cuenta que el anuncio no hace. Mil millones de dólares divididos por los cincuenta años de concesión dan unos 20 millones de dólares por año, y ese monto se reparte entre las tres líneas del paquete. Es una deducción de REDmedios sobre las cifras oficiales, no un dato del pliego, y es aproximada porque el propio anuncio habla de una inversión «cercana a» los mil millones.

El pliego incluye el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una cláusula que impide participar a empresas extranjeras controladas por sus respectivos Estados.

La operación ferroviaria integra un plan más amplio. El oficialismo se propuso privatizar al menos cinco empresas públicas antes de que termine el primer semestre de 2027. Del esquema participan el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que conduce el abogado Diego Chaher, y las direcciones de cada una de las firmas.

La primera en la fila es AySA. La apertura de ofertas por el 90% del paquete accionario de la empresa de agua potable está fijada para el 15 de septiembre. La licitación no tiene precio base formal: el Banco de Inversión y Comercio Exterior armó una valuación de referencia que los oferentes tienen que superar. Entre los interesados aparecen Mauricio Filiberti, asociado a la constructora Rowing, y el Grupo Roggio.

El mapa se completa con Intercargo, la estatal que presta asistencia en tierra en los aeropuertos, para la que se prepara un segundo llamado antes de fin de año con una modalidad todavía sin definir.

El caso de ENARSA descansa en información menos firme. Según fuentes del Gobierno sin identificar, durante 2026 se convocaría a licitación por las termoeléctricas Belgrano y San Martín, y en el primer trimestre de 2027 por Central Vuelta de Obligado. En paralelo, el Ejecutivo prevé avanzar con los gasoductos de la compañía. Ninguna de esas fechas fue confirmada por una fuente con nombre.

No se informó qué trazados exactos comprende la concesión de cada línea ni qué obligaciones de inversión anual tendrá el concesionario.

Es la tercera fase del programa Brasil Soberano. El desglose que publicó el Gobierno brasileño suma US$2.019 millones: quedan US$601 millones sin asignar.

El Gobierno de Brasil publicó en el Diario Oficial de la Unión el dictamen que aprueba la distribución de US$2.620 millones en líneas de crédito para empresas afectadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos y por los efectos de conflictos internacionales. Es la tercera fase del programa Brasil Soberano.

El desglose informado tiene tres partidas. La más grande, US$970 millones, va a exportadores y proveedores alcanzados por las nuevas sobretasas estadounidenses sobre productos brasileños. Otros US$79 millones financian a empresas y proveedores vinculados a exportaciones hacia países del golfo Pérsico afectadas por la inestabilidad internacional. Y una tercera partida, también de US$970 millones, se reparte entre sectores considerados estratégicos: fertilizantes e insumos, minerales críticos y estratégicos, y sectores industriales relevantes para el comercio exterior.

Las tres partidas suman US$2.019 millones. Contra el total anunciado de US$2.620 millones quedan US$601 millones sin asignación informada, alrededor del 23% del programa. La cuenta es de REDmedios: el dictamen difundido no aclara si falta una partida por detallar o si hay un error en alguna de las cifras publicadas.

Los créditos pueden usarse para capital de giro, compra de máquinas y equipos, ampliación de la capacidad productiva, innovación tecnológica, adaptación de productos y fortalecimiento de las cadenas productivas.

La decisión se toma mientras Brasil negocia con Estados Unidos para intentar revertir las nuevas barreras comerciales.

El acto empieza a las 11 y lo encabeza Gustavo Sáenz con autoridades nacionales. El Gobierno no informó cuánto costó la obra ni qué incluye esta etapa.

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes habilita hoy la segunda etapa de su nueva terminal. El acto arranca a las 11 y lo encabeza el gobernador Gustavo Sáenz junto a autoridades nacionales, según informó la Secretaría de Prensa de la Provincia.

Entre los invitados están la presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Noelia Ruiz, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian. También asisten el director de Infraestructura de la empresa, Lucas Pérez Monsalvo, y el administrador del Aeropuerto Salta, Federico Durand.

Terminada la inauguración, el Chaqueño Palavecino da un recital.

Quien no vaya puede seguirlo por el canal de YouTube del Gobierno de la Provincia, que transmite el acto en vivo.

El parte oficial no precisó el monto de la obra, la superficie ampliada ni qué servicios suma esta segunda etapa para el pasajero.