Categoría: Política Institucional

El papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre y el Gobierno nacional ya prepara un operativo especial de seguridad y logística para acompañar las actividades previstas durante su estadía.

La gira incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, según la información confirmada hasta el momento por la Santa Sede. Será una de las visitas internacionales de mayor despliegue institucional del año y requerirá coordinación entre organismos nacionales, gobiernos provinciales, municipios y autoridades eclesiásticas.

Desde Nación comenzaron a trabajar sobre los traslados, los dispositivos de seguridad y la organización de los espacios donde se desarrollarán las principales actividades públicas. La presencia del pontífice también obligará a coordinar cortes de tránsito, circulación de delegaciones y controles en los puntos con mayor concentración de personas.

El viaje tendrá además una dimensión política por los encuentros institucionales que pueda mantener León XIV durante su estadía, aunque el programa definitivo todavía no fue informado.

En los últimos días comenzaron a circular distintas interpretaciones sobre el efecto que podrían tener sus discursos y reuniones en la agenda argentina. Sin embargo, esas lecturas corresponden por ahora a especulaciones políticas y no a definiciones conocidas del Vaticano.

La información confirmada es que la visita se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre y que Buenos Aires, Córdoba y Luján formarán parte del recorrido.

El Gobierno seguirá trabajando durante las próximas semanas con las jurisdicciones involucradas para definir el esquema operativo.

El detalle final de las actividades, los horarios y los encuentros que mantendrá el Papa todavía deberá ser comunicado oficialmente por la Santa Sede.

A 25 años de los atentados contra Estados Unidos, el 11 de septiembre sigue siendo una de las fechas que modificaron la seguridad aérea, la política exterior y la agenda internacional del siglo XXI. Los ataques dejaron 2.977 víctimas.

Todo ocurrió en apenas 102 minutos.

A las 8:46 del 11 de septiembre de 2001, el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la Torre Norte del World Trade Center, en Nueva York. A las 9:03, el vuelo 175 golpeó la Torre Sur.

A las 9:37, otro avión secuestrado impactó contra el Pentágono. La Torre Sur colapsó a las 9:59. Cuatro minutos después, a las 10:03, el vuelo 93 cayó en Pensilvania después de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control de la aeronave.

A las 10:28 cayó la Torre Norte. Habían pasado exactamente 102 minutos desde el primer impacto.

Los ataques dejaron 2.977 personas asesinadas en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania, sin contar a los 19 secuestradores.

Las consecuencias atravesaron rápidamente las fronteras estadounidenses. En octubre de 2001, Estados Unidos inició las operaciones militares en Afganistán. Un mes después creó la Administración de Seguridad en el Transporte, conocida como TSA, y federalizó buena parte de los controles aeroportuarios.

Los procedimientos de embarque, la vigilancia, los controles de pasajeros y equipajes y las políticas antiterroristas cambiaron desde entonces en Estados Unidos y tuvieron repercusión internacional.

Este 11 de septiembre de 2026, familiares de las víctimas vuelven a reunirse en el Memorial de Nueva York para leer sus nombres y guardar silencio en los horarios que marcaron cada ataque y cada derrumbe.

Pasaron 25 años. Los edificios, las guerras y las políticas posteriores forman parte de otra etapa histórica. Pero aquellos 102 minutos siguen siendo el punto de partida para entender buena parte de la seguridad y la política internacional que vino después.

La Policía de Salta incorporó los vehículos para reforzar unidades operativas de las tres ciudades del norte provincial. No se informó cuántas motocicletas corresponderán a cada localidad.

Veinte nuevas motocicletas serán destinadas a unidades policiales de Tartagal, Salvador Mazza y Embarcación, según informó oficialmente la Policía de Salta.

La entrega se realizó el jueves 10 de septiembre y forma parte de la incorporación de nuevos recursos para tareas de prevención y presencia policial en distintos sectores del norte provincial.

En Tartagal, las motocicletas serán asignadas a la División Motorista de Emergencia Policial. En Salvador Mazza y Embarcación, los vehículos estarán destinados a los respectivos Grupos de Intervención Conjunta.

Del acto participaron el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez; el jefe de Policía, Walter Toledo; el subjefe de Policía, Guido Burgos, y los intendentes de las localidades alcanzadas por la entrega.

La incorporación busca ampliar la capacidad de desplazamiento de las unidades operativas y reforzar la presencia policial en las tres ciudades.

La información oficial confirmó un total de 20 motocicletas para el norte provincial, aunque no detalló cómo se distribuirán entre Tartagal, Salvador Mazza y Embarcación.

Representantes de ocho localidades del norte salteño participarán del quinto encuentro regional. La jornada será de 14 a 18 en el Hotel Pórtico Norte.

Tartagal será sede el próximo 17 de septiembre de una nueva instancia regional del Plan Estratégico Salta 2050, el proceso impulsado para definir lineamientos de desarrollo provincial a largo plazo.

El encuentro se realizará de 14 a 18 en el Hotel Pórtico Norte y reunirá a representantes de Tartagal, Aguaray, Embarcación, General Mosconi, General Ballivián, Salvador Mazza, Rivadavia Banda Norte y Santa Victoria Este.

La convocatoria está dirigida a integrantes de organizaciones públicas, privadas y sociales que hayan sido invitados y designados para participar en representación de sus entidades.

Durante la jornada se trabajará sobre gobernabilidad, educación, empleo, salud, vivienda, infraestructura, seguridad, ambiente, recursos hídricos, turismo, minería, energía, producción, economía, tecnología e innovación, entre otros ejes.

Será el quinto taller regional organizado dentro de la etapa de diagnóstico y relevamiento del Plan Salta 2050. Los encuentros anteriores se realizaron en El Carril, Rosario de la Frontera, Cafayate y Cachi.

Después de Tartagal, el cronograma prevé continuar en San Ramón de la Nueva Orán, San Antonio de los Cobres, Joaquín V. González y la ciudad de Salta.

La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una sesión especial en la que distintos bloques buscarán fijar plazos para avanzar con proyectos vinculados al endeudamiento de los hogares y con la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad. La convocatoria está prevista para las 12.

Uno de los principales ejes será la situación de las familias con dificultades para afrontar deudas. En el Congreso existen cerca de 50 iniciativas relacionadas con endeudamiento, morosidad y mecanismos de refinanciación, aunque todavía no hay un texto único consensuado.

Por ese motivo, la discusión de este miércoles no implica la aprobación inmediata de una solución para los deudores. El objetivo es emplazar a las comisiones correspondientes para que establezcan fechas de tratamiento, trabajen sobre las distintas propuestas y puedan avanzar hacia un dictamen.

Entre las alternativas presentadas por diferentes bloques aparecen modificaciones a sistemas de refinanciación, límites sobre determinadas prácticas de cobro y herramientas destinadas a personas que acumularon obligaciones financieras. Sin embargo, ninguna de esas opciones puede considerarse acordada mientras continúe abierta la discusión legislativa.

El segundo eje será la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad. La oposición también buscará establecer un cronograma para que el tema sea tratado en comisión y pueda avanzar posteriormente hacia el recinto.

La sesión contará con participación de bloques provinciales y espacios vinculados a gobernadores. Legisladores relacionados con el oficialismo salteño se encontraban entre quienes anticiparon su presencia para contribuir al quórum.

El propio oficialismo nacional decidió participar de la sesión, por lo que el debate no dependerá exclusivamente de la oposición para alcanzar el número necesario de diputados presentes.

Lo que ocurra este miércoles será, principalmente, un movimiento para acelerar los tiempos parlamentarios. Ni las medidas destinadas a hogares endeudados ni la prórroga de la emergencia en discapacidad quedarán automáticamente convertidas en ley con esta sesión.

El paso siguiente será definir fechas de tratamiento en comisión, buscar acuerdos entre los distintos proyectos y establecer qué textos llegarán finalmente a una votación.

El gobernador de Salta reclamó acuerdos políticos que trasciendan los cambios de gobierno y sostuvo que la previsibilidad es una condición necesaria para atraer inversiones. También volvió a plantear la necesidad de mejorar las rutas nacionales, avanzar con el Corredor Bioceánico y discutir una nueva ley de coparticipación.

Gustavo Sáenz pidió que determinadas políticas de Estado permanezcan vigentes más allá del signo político de cada administración y puso como ejemplo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Durante su participación en el ciclo Democracia y Desarrollo, el gobernador cuestionó que las reglas económicas puedan modificarse cada vez que cambia un gobierno y sostuvo que esa inestabilidad afecta la confianza necesaria para promover inversiones de largo plazo.

En ese marco, defendió la continuidad del RIGI y cuestionó las propuestas políticas que plantean eliminarlo. Para Sáenz, Argentina necesita establecer un grupo reducido de políticas de Estado capaces de sostenerse en el tiempo.

El mandatario vinculó esa discusión con las posibilidades de desarrollo del Norte argentino y reclamó mejoras en infraestructura que permitan acompañar las inversiones productivas.

Entre los puntos señalados mencionó el estado de las rutas nacionales y la necesidad de avanzar con el Corredor Bioceánico, considerado una pieza estratégica para mejorar la conexión logística entre las provincias del Norte y los mercados internacionales.

Sáenz también volvió a reclamar una nueva ley de coparticipación federal. La reforma constitucional de 1994 estableció que debía sancionarse un nuevo régimen antes de finalizar 1996, pero esa modificación continúa pendiente.

El planteo del gobernador se concentró en la necesidad de combinar reglas económicas estables con infraestructura y una distribución de recursos que contemple las necesidades de las provincias alejadas del centro del país.

La intervención no incluyó anuncios de nuevas obras ni compromisos concretos de Nación sobre los proyectos mencionados. Los planteos forman parte de reclamos que Salta y otras provincias del Norte vienen sosteniendo ante el Gobierno nacional.

El exgobernador respaldó que Salta pueda recurrir al crédito, pero rechazó que la actual administración responsabilice a su gestión por las obligaciones que ahora busca refinanciar. Diputados autorizó una emisión por hasta 150 millones de dólares y el proyecto pasó al Senado.

Juan Manuel Urtubey defendió la posibilidad de que la Provincia vuelva a recurrir al financiamiento, aunque cuestionó que el Gobierno salteño utilice la deuda originada durante su administración como argumento para justificar la nueva operación.

Las declaraciones se produjeron después de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto enviado por el Ejecutivo que autoriza la emisión de un título de deuda por hasta 150 millones de dólares, destinado a refinanciar vencimientos vinculados al Plan Bicentenario.

Urtubey sostuvo en una entrevista con Aries que recurrir al crédito puede ser una herramienta legítima para financiar obras y recordó que distintas administraciones provinciales utilizaron préstamos de organismos internacionales y otros mecanismos de financiamiento.

Sin embargo, rechazó las críticas dirigidas hacia su gestión por el origen de las obligaciones. “Me fui hace siete años del Gobierno”, afirmó el exmandatario al reclamar que la actual administración asuma la responsabilidad sobre el manejo financiero posterior.

Urtubey también aseguró que cuando asumió la Gobernación, en diciembre de 2007, la deuda provincial equivalía al 73% de los recursos anuales y que al finalizar su mandato esa relación había descendido al 45%. Esos porcentajes corresponden a cifras expuestas por el propio exgobernador durante la entrevista.

El proyecto aprobado por Diputados busca afrontar vencimientos pendientes del Plan Bicentenario, una operación tomada originalmente en 2016 y posteriormente reestructurada. Durante el tratamiento legislativo, la diputada Laura Cartuccia informó que la Provincia enfrenta pagos por 50 millones de dólares en diciembre de 2026, 48 millones en junio de 2027 y 46 millones en diciembre de 2027.

Desde el oficialismo sostienen que la nueva operación permitirá refinanciar esas obligaciones sin afectar recursos destinados a servicios y obras públicas. Sectores de la oposición, en cambio, cuestionaron el tratamiento sobre tablas y reclamaron mayor información sobre las condiciones financieras de la emisión.

La autorización todavía no está firme: luego de la media sanción de Diputados, el proyecto debe ser tratado por el Senado provincial.

El Presidente instruyó al Ministerio de Economía para que el desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia tenga prioridad dentro del proyecto presupuestario que el Ejecutivo deberá enviar al Congreso el 15 de septiembre. Todavía no se informó qué monto tendrá asignado.

El presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Gobierno y deberá traducirse ahora en el proyecto presupuestario que el Poder Ejecutivo tiene previsto presentar ante el Congreso el 15 de septiembre.

La Base Naval Integrada no es una obra nueva. El proyecto comenzó años atrás y fue concebido para concentrar infraestructura logística y operativa de la Armada Argentina en Ushuaia, además de fortalecer las operaciones vinculadas con la actividad antártica y el Atlántico Sur.

La instrucción presidencial supone darle prioridad presupuestaria durante 2027, pero hasta el momento no se publicó el monto que el Ejecutivo proyecta destinar a la obra, ni el cronograma de trabajos que se pretende ejecutar durante el próximo año.

Tampoco implica que esos recursos ya estén aprobados. El Presupuesto deberá ingresar al Congreso, atravesar el tratamiento legislativo y eventualmente ser sancionado antes de que las partidas previstas adquieran vigencia.

La presentación del proyecto permitirá conocer cuánto dinero propone efectivamente el Gobierno para la base y qué lugar ocupará la obra dentro de las prioridades de inversión nacional para 2027.

Representantes de ocho localidades del norte salteño participarán de una nueva instancia del Plan Estratégico Salta 2050. El encuentro se realizará de 14 a 18 en el Hotel Pórtico Norte y forma parte del proceso de planificación provincial a largo plazo.

Tartagal será sede el próximo 17 de septiembre del quinto encuentro regional del Plan Estratégico Salta 2050, una iniciativa que busca definir lineamientos de desarrollo para la provincia con horizonte en las próximas décadas.

La actividad reunirá a representantes de ocho localidades del norte salteño y se desarrollará entre las 14 y las 18 horas en el Hotel Pórtico Norte.

El proceso es coordinado por el Consejo Económico Social de Salta y cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones. Los encuentros regionales forman parte de una etapa de consulta destinada a incorporar perspectivas territoriales antes de avanzar en la elaboración del documento estratégico.

La convocatoria presencial no es abierta al público general. Participan representantes invitados y personas designadas por organizaciones e instituciones de cada zona.

En paralelo, el Consejo Económico Social mantiene habilitada una encuesta digital para que cualquier ciudadano pueda realizar aportes al proceso de planificación.

El encuentro de Tartagal será la instancia correspondiente al norte provincial y permitirá incorporar temas vinculados con las necesidades y prioridades de las localidades participantes.

El Plan Estratégico Salta 2050 todavía se encuentra en etapa de construcción. Los encuentros regionales no implican decisiones definitivas ni anuncios de obras: funcionan como espacios de consulta cuyos aportes deberán ser procesados posteriormente dentro del documento general.

El Ejecutivo puso en marcha procedimientos contra 45 personas y empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en las islas, presentó una denuncia penal contra cinco compañías y anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

El Gobierno nacional avanzó en los últimos días con una serie de medidas administrativas, judiciales y legislativas vinculadas al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

El Decreto 868/2026 designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció nuevos plazos para tramitar sanciones contra personas o empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en áreas alcanzadas por la normativa.

A partir del nuevo procedimiento, los organismos nacionales deberán comunicar a Cancillería posibles infracciones dentro de los cinco días hábiles desde que tomen conocimiento. Una vez abierto un sumario, el presunto infractor tendrá diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas.

La legislación vigente contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años y, cuando corresponda, la reversión de concesiones hidrocarburíferas.

Procedimientos y denuncia penal

El 4 de septiembre, la Oficina del Presidente informó que Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas. Según el comunicado oficial, las actuaciones alcanzan no solo a compañías vinculadas directamente con la exploración y explotación, sino también a accionistas y prestadores de servicios.

Tres días después, el Gobierno anunció una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades en la Cuenca Malvinas Norte: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

La presentación también alcanza a directivos, administradores y representantes que eventualmente hayan intervenido en las conductas investigadas. El avance de las actuaciones no implica una condena: tanto los procedimientos administrativos como la denuncia deberán atravesar las instancias correspondientes.

El Decreto 868 también incorpora controles sobre el cumplimiento de la Ley 26.659 para proyectos que busquen ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y para quienes soliciten permisos, concesiones o autorizaciones hidrocarburíferas.

En paralelo, el Ejecutivo anunció que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Según la información oficial difundida el 3 de septiembre, la iniciativa prevé crear un Consejo de Seguridad Nacional y establecer regímenes de protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespacial y marítimo.

El envío fue anunciado formalmente, pero el proyecto todavía debe ingresar al Congreso y atravesar el debate legislativo. Hasta entonces, las medidas efectivamente vigentes son las establecidas por el decreto y los procedimientos administrativos y judiciales ya iniciados.