Categoría: Política Institucional

La Guardia Revolucionaria afirmó haber lanzado misiles y drones en represalia por el bombardeo estadounidense contra la isla de Larak, frente al estrecho de Ormuz. Jordania confirmó que interceptó ocho misiles en su espacio aéreo.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó que lanzó un ataque con misiles balísticos y drones contra dos bases militares de Estados Unidos en Jordania: King Hussein y Al Azraq. La operación fue denominada «Castigo al Agresor» y se difundió a través de medios oficiales iraníes.

De todo lo que se informó este lunes, un solo dato tiene confirmación de un actor que no participa del conflicto: las fuerzas armadas de Jordania reconocieron que interceptaron ocho misiles que ingresaron a su espacio aéreo.

El resto son afirmaciones de las partes.

Teherán sostuvo que alcanzó instalaciones técnicas, áreas de mantenimiento y zonas de despliegue de aeronaves, y que provocó daños significativos. También advirtió que cada ataque recibirá respuestas más devastadoras. Ninguna de esas afirmaciones fue verificada de manera independiente.

Del otro lado, el Comando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas destruyeron dos lanzadores iraníes tras detectar que integrantes de la Guardia Revolucionaria preparaban cohetes con minas navales para dirigirlos hacia el estrecho de Ormuz. El capitán Tim Hawkins, vocero del organismo, describió la operación como limitada y dirigida específicamente contra esos lanzadores. Esa versión tampoco tiene confirmación externa.

El objetivo del bombardeo estadounidense fue la isla de Larak, en la provincia iraní de Hormozgán, frente al estrecho de Ormuz. Irán calificó la acción como una agresión terrorista y afirmó que dejó muertos y heridos entre integrantes de la Guardia Revolucionaria y civiles. La agencia iraní Tasnim informó dos fallecidos, cifra que no pudo verificarse de forma independiente.

Medios estatales iraníes informaron además sobre un ataque con drones contra personal militar estadounidense en la base aérea de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos. No hubo confirmación sobre los daños.

El escenario de la crisis es el estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por el que circula una parte central de las exportaciones de petróleo y gas de Medio Oriente. Las bases jordanas atacadas están a unos 1.900 kilómetros de ese punto.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central estadounidense, señaló que las operaciones para despejar minas de las rutas marítimas terminaron la semana pasada y que Washington comenzó a escoltar buques comerciales mientras mantiene patrullas aéreas y navales en la zona.

La escalada ocurre mientras el gobierno de Donald Trump sostiene una política de máxima presión sobre Irán, con nuevas sanciones económicas y la advertencia de que no descarta futuras acciones militares.

Javier Milei tiene previstas cuatro actividades en Buenos Aires, un viaje a Chile y una visita a Puerto Iguazú. Ninguna de las provincias del NOA aparece en el cronograma difundido.

El presidente Javier Milei tiene por delante una semana cargada de actividades. Según la agenda difundida, el cronograma incluye cuatro compromisos en el área metropolitana de Buenos Aires, un viaje a Chile y una visita a Misiones. Ninguna provincia del noroeste argentino figura entre los destinos.

La semana arranca este lunes con la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil, que se realiza en la sede del Automóvil Club Argentino. El encuentro vuelve al país después de casi quince años y llega mientras el propio mandatario dijo que trabaja para concretar el regreso de la Fórmula 1.

El martes retoma las reuniones de Gabinete, la segunda en dos semanas. La mesa política se reúne a las 13 y el vocero presidencial, Adrián Ravier, corrió la conferencia de prensa a las 15.

El miércoles cierra el evento «Vientos de Cambio», organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el Hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro. Allí también expone el ministro de Economía, Luis Caputo, de regreso de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, que se hizo en Asheville, Carolina del Norte.

Ese mismo miércoles se celebra el Día de la Industria. La Unión Industrial Argentina reúne a unas 200 personas en la planta del laboratorio Elea Phoenix, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. Milei no asistirá, como tampoco lo hizo en 2025. En su lugar irá el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que recibirá el mensaje de los industriales.

El jueves viaja a Chile por el Foro Madrid, un encuentro regional que organiza la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. Allí se reunirá con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, y a las 11.30 mantendrá una bilateral con el presidente chileno José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda.

Sobre el final de la semana está prevista una visita a Puerto Iguazú, en Misiones, donde participará de la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Sectores yerbateros de la provincia anunciaron una protesta para el día de la llegada.

En la previa, el presidente de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Nuñez, anunció por su cuenta de X el lanzamiento de una herramienta digital para monitorear los gastos presupuestarios provinciales, con un mensaje dirigido al gobernador Hugo Passalacqua.

En paralelo, los equipos de la Secretaría General de la Presidencia y de los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores trabajan con la delegación vaticana que encabeza monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, para definir los detalles de la visita del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre. Después de recorrer los lugares donde se harían las actividades, está prevista una reunión ampliada con representantes de Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

En el plano legislativo, la senadora Patricia Bullrich anticipó que el oficialismo buscará retomar el debate por la eliminación de las PASO, una discusión que requiere acuerdos con gobernadores aliados de cara a 2027.

Este relevamiento se basa en las actividades difundidas públicamente. No se informó si hay compromisos previstos en Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero o Catamarca que no hayan sido comunicados, ni cuándo fue la última visita presidencial a la provincia.

Las imágenes que publicó su cuenta en X están fechadas el 25 de junio y aparecieron a casi ocho meses de su captura en Caracas.

La cuenta oficial de Nicolás Maduro en X publicó fotos del ex presidente venezolano desde la cárcel de Nueva York donde está detenido. En las imágenes se lo ve con ropa deportiva, haciendo la seña de la victoria. Están fechadas el 25 de junio, más de dos meses antes de que se difundieran.

Maduro fue capturado el 3 de enero durante una operación militar en Caracas y trasladado ese mismo día a una prisión de Nueva York. Está acusado de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Su esposa, Cilia Flores, también quedó acusada por delitos vinculados al ingreso de drogas y a la tenencia de armas.

El juicio contra los dos empieza el 1 de junio de 2027. La fecha la fijó a fines de julio un tribunal federal de Nueva York. Son veintiún meses desde ahora.

El mensaje que acompañó las fotos estaba dirigido a sus nietos y a quienes lo apoyan. «Quiero que sepan que estamos firmes», escribió, y agregó que Venezuela renacerá.

Mientras tanto, el país cambió de manos. El gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez restableció las relaciones con Washington después de siete años de ruptura y el viernes confirmó un acuerdo petrolero con Estados Unidos. Rodríguez lo presentó como un hito de la relación bilateral y agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio.

No se precisó en qué unidad penitenciaria de Nueva York está alojado Maduro.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la giró al Senado. El texto le impide a la entidad prestarle plata al Tesoro y a los gobiernos provinciales.

La Cámara de Diputados aprobó anoche la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones. El proyecto obtuvo media sanción y pasó al Senado, donde todavía tiene que discutirse.

El texto fija como mandato principal del Banco Central preservar el valor de la moneda y avanza sobre el principio de emisión cero. Para eso prohíbe tres cosas: los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias y la compra de títulos públicos en el mercado primario. También limita el uso de letras intransferibles y establece que la entidad solo puede girar al Tesoro utilidades derivadas de ganancias reales.

Un cuarto punto endurece la salida de las autoridades del organismo: para remover al presidente y a los directores harían falta dos tercios en las dos cámaras.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli, defendió la reforma diciendo que busca impedir que el Banco Central sea usado como una herramienta para hacer política. Itai Hagman, de Unión por la Patria, respondió que el oficialismo intenta blindar una política económica cuyos resultados no fueron los esperados. Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, rechazó la rigidez del esquema y sostuvo que la entidad debe responder al crecimiento y al desarrollo. Desde la UCR, Guillermo Agüero y Lisandro Nieri respaldaron el mandato único y la prohibición de financiar al Tesoro.

La votación en particular tensó la sesión. El presidente de la Cámara, Martín Menem, aceptó el pedido del oficialismo de votar por títulos, mientras Unión por la Patria exigía hacerlo artículo por artículo. Hubo gritos y varios diputados opositores se acercaron al estrado.

Después llegó la segunda votación de la noche: la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal, que reunió 139 votos positivos, 110 negativos y dos abstenciones. La Libertad Avanza sumó al PRO, sectores de la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo. Votaron en contra Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Los dos resultados, puestos uno al lado del otro, muestran algo que ninguna de las dos votaciones dice por separado. REDmedios sumó los votos de cada una: la reforma del Banco Central movilizó 255 voluntades y la Inocencia Fiscal, 251. Entre una y otra hubo cuatro votantes menos en el recinto, cinco afirmativos menos, ocho negativos más y siete abstenciones menos. La cuenta cierra: cinco votos que se van del sí, ocho que se suman al no y siete abstenciones que desaparecen dan los cuatro de diferencia. El oficialismo ganó las dos, con menos margen en la segunda.

La ampliación de Inocencia Fiscal agranda el universo de contribuyentes que pueden entrar al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Hasta ahora entraban quienes tuvieran ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio de hasta 10.000 millones. La reforma elimina esos dos topes para las personas humanas y las sucesiones indivisas que residan en el país, y extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para adherir.

Quienes se sumen tienen que operar por el sistema financiero formal, con medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. ARCA conserva sus facultades de fiscalización sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica, y las multas por infracciones formales a las pymes bajan un 25%.

Los dos proyectos están ahora en el Senado. Para las provincias, el punto a seguir es el primero: si la reforma del Banco Central se convierte en ley, se cierra por vía legal una fuente de financiamiento a la que los gobiernos provinciales pudieron recurrir hasta hoy.

No tenemos el desglose de cómo votó cada diputado por Salta en las dos sesiones.

La sesión de hoy dura unas 16 horas. Para asegurarse el quórum, el oficialismo sumó al temario una docena de proyectos de los bloques dialoguistas: uno de ellos declara a San José de los Cerrillos Capital Nacional del Cerdo Negro.

La Cámara de Diputados sesiona hoy durante unas dieciséis horas con dos proyectos centrales para el Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. Para asegurarse el quórum, el oficialismo abrió el temario a una docena de iniciativas de los bloques dialoguistas, la mayoría sin costo fiscal. Una de ellas declara a San José de los Cerrillos Capital Nacional del Cerdo Negro.

Con esos proyectos, según el propio oficialismo, espera sumar apoyos de los bloques Argentina Federal, que integran diputados de Misiones y Salta, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz, Independencia, Adelante Buenos Aires y Córdoba Federal. La sesión llega después del revés que el Gobierno sufrió en el Senado con las reformas de las leyes de tierras y de manejo del fuego.

Qué cambia en el Banco Central

La reforma de la Carta Orgánica prohíbe de manera explícita que el Banco Central financie al Tesoro, sea de forma directa o indirecta. Si se aprueba, la entidad no podrá otorgar más adelantos transitorios, la herramienta que se usó históricamente para cubrir déficit con emisión, ni comprar títulos públicos directamente en el mercado primario.

El proyecto también reduce los objetivos de la institución. La reforma de 2012 le había fijado cuatro: estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social. La iniciativa deja uno solo: preservar el valor de la moneda.

Cambia además el mecanismo para remover al presidente del Banco Central y a los integrantes del directorio. Haría falta acreditar una «causal grave» y reunir dos tercios en ambas cámaras.

Un punto que le importa al norte

Entre las cartas de negociación que el oficialismo dice tener bajo análisis figura un pedido de las provincias: federalizar el directorio del Banco Central designando a algunos de sus integrantes por regiones.

Está en estudio y no forma parte del proyecto que se vota hoy. Pero si prosperara, sería la primera vez que el norte argentino tendría una vía institucional de representación en el directorio de la entidad.

Quiénes entran a Inocencia Fiscal II

El régimen se creó a fines del año pasado para formalizar ahorros fuera del sistema. Economía consideró que la versión original no funcionó y ahora amplía el universo de quienes pueden adherir.

Se eliminan los topes que exigían no superar el equivalente a mil millones de pesos de ingresos anuales ni diez mil millones de patrimonio. Queda abierto a todas las personas humanas sin importar ingresos ni patrimonio. La única excepción son los Grandes Contribuyentes, que no acceden a las presunciones ni a los efectos liberatorios.

Tras el escándalo por el caso de Manuel Adorni, y por presión de los aliados, se incorpora una cláusula sobre funcionarios de los tres poderes: pueden adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, pero no a la exteriorización de fondos no declarados.

El proyecto redefine también cuándo ARCA puede rechazar una declaración simplificada por «discrepancia significativa». El umbral es que la diferencia entre lo declarado y lo detectado supere el 15% del impuesto, y ante una objeción el contribuyente tiene quince días para corregir, pagar la diferencia y conservar los beneficios.

El Gobierno calcula que hay unos 179 mil millones de dólares fuera del sistema que podrían volcarse a la inversión.

Lo que sigue frenado

En la previa de la sesión, la oposición evaluaba pedir una ampliación de temario o emplazar a las comisiones a tratar alguno de los 34 proyectos sobre endeudamiento familiar que están sin avanzar. Necesita 129 votos: si los reúne, queda demostrado que puede convocar una sesión especial más adelante.

El temario completo incluye además el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, cuyo Capítulo II quedó en reserva tras la resistencia de los laboratorios nacionales, y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. Sobre el cierre se sumó la Ley Joaquín, por la muerte de un chico de doce años aplastado por un arco de fútbol sin amarre en Junín de los Andes, presentada por la diputada Luciana Potenza y con dictamen unánime.

El informe de la Auditoría sobre el ejercicio 2020 no se agota en los programas sin documentación. Hay $43,9 millones de deuda sin registros que la respalden y $54,6 millones en ingresos y fondos mal asentados o no incorporados al presupuesto.

Los montos alcanzados por observaciones en la Cuenta General del Ejercicio 2020 de la Municipalidad de Tartagal suman alrededor de $139 millones. La cifra es de REDmedios: la Auditoría General de la Provincia informa cada ítem por separado y no los totaliza.

El lunes publicamos la primera parte de este expediente, los $37.773.639,02 de tres programas cuyos gastos el organismo no pudo verificar por falta de documentación. El informe completo abarca bastante más que eso.

Con las observaciones sobre la mesa, la Auditoría aconsejó al Concejo Deliberante de Tartagal observar las cuentas del período. La decisión se tomó mediante la Resolución Conjunta 34, firmada por el actual presidente del organismo, Miguel Nanni, en el marco de las atribuciones de la Ley 7103. En 2020 la intendencia estaba a cargo de Mario Mimessi, hoy ministro de Desarrollo Social de la Provincia.

Tres bloques distintos

Los montos observados no son todos de la misma naturaleza, y conviene separarlos porque un gasto sin comprobantes no es lo mismo que un error de clasificación contable.

El primer bloque son gastos de programas sin documentación de respaldo. A los tres que ya informamos —Tartagal Trabaja, los núcleos húmedos y la segunda etapa de la Defensa Yariguarenda— se suman ahora $2,9 millones de ayudas sociales, observados por ausencia de reglamentación y de comprobantes que permitieran determinar la trazabilidad de los fondos entregados. El bloque queda en unos $40,7 millones.

El segundo bloque es deuda sin registros auxiliares que la justifiquen: $26,7 millones de deuda financiera y $17,2 millones de deuda social. Suman $43,9 millones.

El tercero es el más grande y es el que no habíamos contado: $54,6 millones en ingresos y fondos que no fueron asentados donde correspondía.

La tasa que pagó el vecino y no figura en los libros

Dentro de ese tercer bloque hay un ítem que se explica solo. La Auditoría detectó $8,83 millones correspondientes a la Tasa por Servicios Retributivos, la que el municipio cobra a través de la factura de EDESA, que no fueron registrados en los libros municipales. Es plata que los vecinos de Tartagal pagaron en la boleta de luz y que no aparece asentada.

En el mismo bloque están $23,2 millones asignados incorrectamente entre distintos programas de vivienda y $6,18 millones de excedente de recaudación que no fueron incorporados al presupuesto. También $562.233 del Fondo de Asistencia Crítica sin registrar y una diferencia de $2,37 millones en la Tasa de Actividades Varias entre los registros del municipio y las planillas de cobranza.

Aparece además una operación que conviene explicar: $13,5 millones de anticipos financieros quedaron anotados como ingresos ordinarios. Un anticipo financiero es plata que hay que devolver, o sea deuda. Registrarlo como ingreso ordinario hace que el ejercicio muestre un resultado mejor que el real.

Un sistema de control calificado de inadecuado

La Auditoría fue explícita sobre el conjunto: calificó de «inadecuado» el sistema de control interno del municipio.

Entre las deficiencias enumeró la falta de libros de clasificación presupuestaria, de contrataciones y de cajas chicas; la ausencia de inventarios de bienes; la carencia de libros contables auxiliares; la falta de formalización de escalas salariales y registros bancarios incompletos.

El organismo advirtió también que la Municipalidad no presentó el Estado de Situación del Tesoro, el documento que permite conocer de cuánto dinero dispone y qué obligaciones tiene a corto plazo. Y que no se incorporó información de la empresa municipal Tartagal Productiva S.E. ni se respetaron las etapas del gasto público: compromiso, devengado y pagado.

Qué no dice el informe

La Auditoría no afirma que falte dinero. Lo que consigna es que no pudo verificar el destino o el registro de esos fondos por ausencia de documentación. No hay imputación, no hay denuncia y no hay causa judicial abierta a partir de este informe.

Los montos que informa el organismo están expresados en pesos de 2020, seis años atrás.

El siguiente paso está en el Concejo Deliberante de Tartagal, que es el cuerpo al que la Auditoría le aconsejó observar las cuentas. No se informó cuándo va a tratarlo ni qué ocurre si el municipio no presenta la documentación faltante.

La Auditoría General de la Provincia revisó las cuentas municipales de 2020, cuando Mario Mimessi era intendente, y aconsejó al Concejo Deliberante observarlas. El organismo aclara que no pudo comprobar si los pagos correspondían a servicios efectivamente prestados.

La Auditoría General de la Provincia no pudo verificar $37.773.639,02 de tres programas de la Municipalidad de Tartagal correspondientes al ejercicio 2020, porque el municipio no presentó la documentación que respalda esos gastos. En ese período la intendencia estaba a cargo de Mario Mimessi, hoy ministro de Desarrollo Social de la Provincia.

El dato surge del informe definitivo sobre la Cuenta General del Ejercicio 2020, aprobado por la Resolución Conjunta 34 de la Auditoría y publicada este lunes en el Boletín Oficial de Salta. En esa resolución el organismo aconsejó al Concejo Deliberante de Tartagal observar las cuentas del período.

Qué es lo que no se pudo comprobar

El monto más alto corresponde al programa Tartagal Trabaja: $20.340.482,43. El municipio no presentó los subsidios por contraprestación, el listado de beneficiarios, las altas y bajas, los cronogramas de tareas ni los procesos de pago. Sin esos papeles, la Auditoría no pudo comprobar si cada pago se correspondía con un servicio efectivamente realizado.

Le siguen $14.032.549,16 destinados a 40 núcleos húmedos. Para esos gastos no se entregaron legajos técnicos, órdenes de pago ni documentación de contratación, y por eso tampoco se pudo seguir el recorrido de los fondos. Repartido entre las 40 unidades, el monto da un promedio de $350.813,73 por núcleo húmedo. Esa división la hizo REDmedios sobre los datos de la resolución: el informe no consigna el costo unitario.

El tercer ítem son $3.400.607,43 de la segunda etapa de la Defensa Yariguarenda, con las mismas faltas: legajos técnicos, órdenes de pago y documentación de contrataciones.

La resolución informa los tres montos por separado y no los suma. La suma es de REDmedios: $20.340.482,43 más $14.032.549,16 más $3.400.607,43 dan $37.773.639,02.

Qué dice y qué no dice el informe

La Auditoría no afirma que falte dinero. Lo que consigna es que no pudo verificar el destino de esos fondos por ausencia de documentación respaldatoria. No hay imputación, no hay denuncia y no hay causa judicial abierta a partir de este informe.

El expediente también deja constancia de que Mimessi respondió parte de las observaciones formuladas durante la auditoría. A partir de esas explicaciones, 17 observaciones originales fueron levantadas. Las que se mantuvieron quedaron en pie porque las respuestas o la documentación aportada no alcanzaron.

El siguiente paso está en el Concejo Deliberante de Tartagal, que es el cuerpo al que la Auditoría le aconsejó observar las cuentas. No se informó cuándo va a tratarlo, si el municipio todavía puede presentar la documentación fuera de término, ni qué consecuencias tiene si no lo hace.

Los presidentes de las tres entidades rurales reclamaron obras, tren y cambios impositivos ante el gobernador Gustavo Sáenz. También pidieron una ley de semillas que diferencie a la chía y el poroto de los commodities pampeanos.

El gobernador Gustavo Sáenz inauguró la 82ª Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial de la Sociedad Rural Salteña. En su discurso reclamó una distribución equitativa de los recursos y cuestionó las decisiones tomadas «desde un escritorio a más de mil kilómetros que parecen mirar a corto plazo y no mucho más allá de la General Paz». Dijo que el Norte Grande «no pide dádivas ni subsidios» y que exige lo que le corresponde «por justicia histórica».

Pero los pedidos concretos llegaron después, en boca de los tres dirigentes que hablaron detrás del Gobernador.

Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural Salteña, pidió avanzar con la concesión del Belgrano Cargas para bajar costos logísticos e integrar al NOA a los puertos. Reclamó además inversión sostenida en rutas nacionales y provinciales, y propuso crear consorcios camineros con participación del Estado y de los productores, como funcionan en otras provincias. Advirtió que el mal estado de los caminos no afecta solo a la producción sino a la vida cotidiana de los salteños.

Figueroa agradeció al Gobierno provincial el crédito de reproductores y la exención de Sellos y Actividades Económicas, y afirmó que esas medidas permitieron comercializar 19.000 cabezas de invernada en la Expo de este año. Es una cifra dicha por el propio dirigente, sin verificación independiente.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, insistió con el reclamo del sector por los derechos de exportación: «Queremos retenciones cero por ley y para siempre de manera responsable y compatible con el ordenamiento de las cuentas públicas». Señaló que las economías regionales enfrentan distancias y costos logísticos más altos, y pidió políticas diferenciales, mejora de rutas, ferrocarril, energía y corredores logísticos.

El pedido más específico para el norte lo hizo Carlos Castagnani, de la Confederación Rural Argentina. Reclamó una nueva ley de semillas que diferencie los commodities de las especialidades de economías regionales, y nombró dos: la chía y el poroto. Los dos se producen en el norte salteño y quedan hoy bajo el mismo régimen que la soja y el maíz. Castagnani pidió también tipificar el delito rural, para que la rotura de silobolsas y el robo en el campo tengan pena de prisión.

Sobre el tren, Castagnani sostuvo que más del 90% de la producción del país se transporta por ruta y que el ferrocarril aliviaría los costos del norte argentino. Los tres dirigentes coincidieron en el Belgrano Cargas y en el estado de los caminos.

Sáenz respondió que su gestión sostiene el equilibrio de las cuentas públicas y que ese equilibrio tiene que ir con equilibrio social. «La mejor política social es la generación de empleo genuino, y para que haya empleo debe haber producción, previsibilidad y posibilidades de crecer», dijo. Afirmó que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos habilita el potencial de más de 2 millones de hectáreas para ganadería integrada, una cifra que el Gobierno no acompañó con el detalle por departamento.

Del Corredor Bioceánico se habló tres veces —Sáenz, Figueroa y Pino— sin que se informara estado de obra, plazo ni monto. El Gobierno tampoco precisó qué gestiones concretas están en curso.

Acompañaron el acto el ministro de Producción y Minería, José Ignacio Lupión, y el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, junto a representantes de sociedades rurales de provincias vecinas, del INTA y del Senasa.

El presidente habló ante empresarios en Rosario y sostuvo que rescatar a quien no pagó genera un incentivo perverso. Ofreció refinanciación privada y educación financiera como única salida.

El presidente Javier Milei ratificó que su gobierno no va a asistir a los deudores en mora. Lo dijo este viernes en el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, ante empresarios y referentes del sector financiero, en un discurso que dedicó casi por completo a la discusión sobre el nivel de incumplimiento de créditos que afecta a familias y empresas.

El argumento central fue el riesgo moral. Milei sostuvo que auxiliar con fondos públicos a quienes no pudieron pagar —lo mismo que rescatar bancos— crea el incentivo a repetir la conducta, y ubicó en ese tipo de intervención el deterioro del sistema crediticio argentino. Definió los préstamos como contratos entre privados, en los que las dos partes acordaron un monto y una tasa, y planteó que no corresponde que el conjunto de los contribuyentes cargue con el error de una de ellas.

También rechazó que las decisiones oficiales expliquen el aumento de la morosidad. Según su lectura, el problema arrancó en la segunda mitad de 2025, cuando la volatilidad previa a las elecciones empujó hacia arriba el riesgo país y las tasas de interés, y los bancos respondieron restringiendo los préstamos. De ahí derivó su afirmación más concreta: que la mora que se ve hoy no corresponde a créditos otorgados en 2025 sino en 2024, porque durante el año pasado el sistema racionó el crédito.

Sobre las tasas que pagan quienes toman préstamos fuera del sistema bancario, el presidente defendió que sean más altas. Planteó que hay personas que no califican en el mercado formal y terminan en entidades dispuestas a asumir más riesgo, y que a mayor riesgo corresponde mayor retorno. En esa línea ubicó el crecimiento de los créditos otorgados por entidades no financieras, entre ellas las billeteras virtuales.

Para relativizar la magnitud del problema, comparó con Estados Unidos: dijo que allí la mora se ubica en 13%, un nivel que consideró similar al argentino. La cifra es una estimación propia del presidente, que no citó fuente ni serie estadística. «¿Se dan cuenta que estamos discutiendo de algo que no es un verdadero problema cuantitativamente?», planteó ante el auditorio.

Lo único operativo que ofreció fue la refinanciación. Milei afirmó que el sistema financiero se está coordinando para renegociar las deudas en mora al 20% anual a tres años, como efecto de la baja de tasas que impulsa su gestión. No mencionó qué entidades participan del esquema ni desde cuándo rige, y ninguna cámara bancaria lo confirmó públicamente hasta el momento.

El segundo punto que reconoció como responsabilidad estatal fue la información. El Gobierno trabaja en ampliar los datos disponibles para quien toma un crédito, sobre una normativa aprobada en el Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger, hoy ministro de Desregulación. Educación financiera, dijo, es el único terreno donde el Estado tiene un rol frente a la morosidad.

El debate no está cerrado. La discusión sobre si corresponde alguna forma de asistencia a los deudores sigue abierta en el Congreso y tiene correlato político de cara a 2027.

El presidente del ENREJA dio la cifra ante legisladores que analizan dos proyectos sobre juego ilegal. El organismo admitió que no puede sancionar a los sitios clandestinos alojados fuera del país, que son por donde entran los menores.

Las apuestas digitales movieron 16.000 millones de pesos en Salta durante julio de 2026, empujadas por el Mundial de fútbol. La cifra la dio Aníbal Caro, presidente del Ente Regulador de los Juegos de Azar (ENREJA), durante una exposición ante legisladores provinciales.

Caro habló en el marco del análisis de dos proyectos de ley que apuntan a las apuestas ilegales y al acceso de menores a plataformas clandestinas. En esa exposición, las autoridades del organismo describieron el crecimiento del juego online y las dificultades que tienen para controlar los sitios que operan fuera del sistema autorizado.

El movimiento de julio se dio, según Caro, mientras el juego presencial atraviesa un descenso a nivel global. La competencia mundialista concentró la actividad en el canal digital durante ese mes.

Qué mide la cifra y qué no

Junto a los 16.000 millones apareció otro número: los 8.583 millones de pesos que ENREJA percibió en concepto de canon durante todo 2025, ingresos que provinieron en su gran mayoría del juego presencial. Las dos cifras se leen juntas con facilidad y no miden lo mismo.

Los 16.000 millones son lo que apostaron las personas en un mes. Los 8.583 millones son lo que cobró el Estado en un año. Uno es el volumen del juego; el otro, la porción que se queda el regulador. Para saber si el online superó al presencial habría que comparar el canon de julio contra el canon de 2025, o el movimiento de 2025 contra el de julio. Ninguno de esos dos números se informó, y sin ellos la comparación no se puede hacer. Esta advertencia es una observación de REDmedios.io, no del organismo.

Queda una segunda pregunta abierta y es más importante que la anterior. ENREJA regula las plataformas habilitadas. No se informó si los 16.000 millones corresponden solo a esos sitios o si incluyen también lo que se mueve por los clandestinos. Si la medición sale del sistema autorizado, entonces el fenómeno del que el propio organismo vino a hablar quedaría afuera del número que presentó.

Por dónde entran los menores

En la exposición, las autoridades del ente explicaron que los menores acceden principalmente a plataformas clandestinas y no a los sitios habilitados en la provincia. La diferencia entre unos y otros es verificable desde el celular.

Los sitios autorizados en Salta tienen estas características:

• Terminación de dominio .bet.ar
• Validación de identidad obligatoria para registrarse
• Filtros de registro que bloquean el acceso de menores

Un sitio de apuestas que no pide documento y no termina en .bet.ar está funcionando fuera del sistema provincial.

El problema que ENREJA planteó a los legisladores es que ahí se termina su capacidad de acción. Los sitios alojados en el exterior o de origen desconocido no pueden ser sancionados con las herramientas de las autoridades locales. El organismo puede clausurar lo que está bajo su jurisdicción; sobre lo demás, no tiene alcance.

Esa es la brecha que buscan cubrir los dos proyectos que se discuten en el Senado provincial, orientados a establecer mecanismos de protección frente al acceso de niños y adolescentes a estas plataformas.

No se informó qué porcentaje del movimiento de apuestas cobra el Estado en concepto de canon ni cuándo se tratarán los proyectos.