Categoría: Política Institucional

La Cámara de Senadores le dio sanción definitiva a la reforma y el texto pasa al Ejecutivo para su promulgación. Entre los cambios, los concejales del municipio tendrán mandatos de cuatro años.

La Cámara de Senadores de Salta aprobó en definitiva la reforma de la Carta Orgánica de Salvador Mazza. Con esa sanción, el texto queda listo para pasar al Poder Ejecutivo provincial, que debe promulgarlo.

Una carta orgánica es la norma de mayor jerarquía dentro de un municipio: define cómo se organiza el gobierno local, qué atribuciones tiene cada poder, cómo se eligen las autoridades y de qué manera se administran los recursos. Solo pueden dictarla los municipios que ejercen autonomía plena, y se reforma en procesos que ocurren cada varias décadas.

El cambio concreto que se informó tiene que ver con los concejales. La nueva Carta establece que su mandato será de cuatro años. Según explicó el senador por San Martín, Manuel Pailler, la modificación adecúa la normativa municipal a las directrices de la reciente Reforma Constitucional Provincial y le da al cuerpo deliberativo mayor estabilidad política.

Pailler también sostuvo que el documento no presenta contradicciones con las Constituciones Nacional y Provincial, y que fue diseñado respetando el marco jerárquico superior. Para el senador, el instrumento representa el ejercicio pleno de la autonomía municipal y consolida a la localidad como unidad política y financiera.

El de Salvador Mazza no fue el único caso tratado. En la misma sesión, el Senado aprobó también la Carta Orgánica de Las Lajitas, en el departamento Anta. Hay municipios de la provincia adecuando sus normas de base a la reforma constitucional.

Del tratamiento en el recinto no surgió el detalle completo de la reforma. No se informó qué otros artículos se modificaron, cómo quedó integrada la convención que redactó el texto ni desde cuándo empiezan a regir los cambios, incluido el nuevo mandato de los concejales.

El Presidente defendió su programa económico ante empresarios y enumeró cifras de inflación, pobreza y actividad. Ubicó el riesgo país entre 450 y 500 puntos: el último cierre informado fue de 517.

«¿Falta? Sí, claro que falta un montón. La foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor de la historia argentina». La frase es de Javier Milei y la dijo este jueves ante empresarios, en el Council of the Americas, durante un discurso de 58 minutos en el que defendió el rumbo de su gestión y a la vez reconoció que la situación social sigue siendo dura.

El Presidente ordenó su defensa alrededor de la inflación. Sostuvo que la recibió en 211,4% y que hoy «está viajando al 31,5», lo que según su cálculo representa una baja del 85%. Comparó ese número con el de gobiernos anteriores y ahí incluyó una crítica a Mauricio Macri, en pleno tramo de negociación entre el PRO y La Libertad Avanza: dijo que Macri la recibió en 26,9% y la entregó en 53,8%, es decir que la duplicó. También afirmó que la inflación mayorista de julio «arrancó con cero», en 0,8%.

Sobre actividad, Milei sostuvo que en 2024 la economía creció 6% medida por el EMAE desestacionalizado «a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad», y que Argentina después creció 4%, con una expansión acumulada de más de diez puntos en dos años.

El tramo social del discurso fue el más cargado de cifras. Dijo que llegó con un déficit consolidado de 15 puntos del PBI y que hizo un ajuste de esa misma magnitud, que bajó impuestos por 100 mil millones de dólares, que sacó a más de 14 millones de personas de la pobreza, que la indigencia pasó del 20% al 6% y que la pobreza infantil bajó del 70% al 42%. Todas esas cifras son las que dio el Presidente en el acto. No fueron contrastadas con datos oficiales durante la exposición.

Hay una que sí se puede contrastar. Milei afirmó que la relación deuda-producto cayó de 100% del PBI a menos del 40% y que, como contracara, el riesgo país pasó de niveles de 3.000 puntos a ubicarse «entre los 450 y los 500 puntos». El último cierre informado del indicador fue de 517 puntos, el miércoles. El discurso fue el jueves al mediodía, con la rueda todavía abierta.

El otro eje del discurso fue la natalidad, que el Presidente vinculó de manera directa con el crecimiento económico y el sistema previsional. «Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes», afirmó. Y amplió: «Hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Por lo tanto, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento. Y ni les cuento en términos de sistema previsional».

La referencia apunta a la interrupción voluntaria del embarazo, legal en Argentina desde 2020 por la ley 27.610, sancionada por el Congreso y vigente en todo el país. El Presidente no anunció ninguna medida sobre esa norma.

La admisión de que «falta un montón» llega en una semana en la que planteos parecidos aparecieron desde distintos lugares. El titular del Banco Central, Santiago Bausili, dijo ante empresarios en Mendoza que le hubiese gustado que la economía creciera más rápido. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, pidió más velocidad para que las mejoras se sientan en la vida cotidiana. Y el gobernador Gustavo Sáenz sostuvo que con el equilibrio fiscal no se hacen rutas.

El gobernador afirmó que hace dos años y medio que no se conservan las rutas nacionales y responsabilizó directamente a la Nación. Le preguntaron si el Gobierno gana las elecciones con estas políticas y respondió que no sabe.

Dos años y medio sin conservación ni mantenimiento. Ese es el estado en el que el gobernador Gustavo Sáenz dijo que están las rutas nacionales, en una entrevista con Infobae en vivo. El mandatario salteño sostuvo que quien viaja hacia el norte se encuentra con cráteres y que la provincia ya no puede seguir haciéndose cargo de todo mirando para otro lado.

El planteo apuntó a un punto concreto: quién responde. Sáenz señaló que el problema dejó de ser el del caballo que se cruza en la ruta y la culpa del concesionario vial. Para el gobernador, hoy el responsable del estado de las carreteras es el Gobierno nacional.

A eso le sumó el argumento del impuesto. Sáenz recordó que los usuarios pagan un tributo destinado al mantenimiento y la conservación de esas rutas, y que en ese lapso las tareas no se hicieron. No detalló a qué impuesto se refería ni qué obras concretas quedaron sin ejecutar.

De ahí pasó al eje del programa económico de Javier Milei. «Con el equilibrio fiscal no se come, no se cura, no se educa ni se hacen rutas, no se hace nada», afirmó el gobernador.

Sáenz aclaró que no discute el objetivo sino la exclusividad del objetivo. Su planteo es que las cuentas ordenadas tienen que ir junto a lo que llamó equilibrio social, y que todavía no se llegó a un punto intermedio entre las dos cosas. Cuando le preguntaron si el Gobierno nacional gana las elecciones del año que viene con estas políticas, respondió: «No sé».

La definición llega el mismo día en que dentro del oficialismo aparecieron planteos parecidos. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, pidió públicamente más velocidad para que las mejoras económicas se sientan en la vida cotidiana. El titular del Banco Central, Santiago Bausili, había admitido ante empresarios en Mendoza que le hubiese gustado que la economía creciera más rápido. Tres voces distintas, la misma semana, describiendo la misma distancia entre el número macro y lo que se ve abajo.

Para el norte salteño el tramo que se discute no es abstracto. Las rutas nacionales que unen la región con el resto del país son la vía por la que salen la producción, entra la mercadería y viajan las personas que necesitan atención médica fuera de su localidad.

Desde Nación no hubo respuesta pública a los dichos del gobernador. Tampoco se informó qué obras de conservación están previstas para las rutas nacionales de Salta ni con qué plazos.

La jefa del bloque libertario en el Senado publicó el reclamo en redes y poco después modificó el texto para quitarle la parte más dura.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, reclamó públicamente que las mejoras económicas que anuncia el Gobierno se noten en el día a día. «Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana», escribió en su cuenta de X.

El mensaje no salió una sola vez. Bullrich lo publicó, lo modificó minutos después y le sacó un tramo del final, más extenso y más directo que el que quedó en línea. La versión que sigue publicada es la más corta.

El planteo llega en una semana en la que el propio Gobierno viene admitiendo demoras. El titular del Banco Central, Santiago Bausili, dijo ante empresarios en Mendoza que le «hubiese gustado» que la economía creciera más rápido, y atribuyó el ritmo más lento al miedo que dejaron las crisis anteriores, a las expectativas y a lo que definió como un «estrés postraumático».

Javier Milei viene marcando la posición contraria. Esta misma semana el Presidente cuestionó por X a periodistas que señalaron dificultades económicas en la vida diaria, y volvió a poner el eje en la herencia: «El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero», escribió.

Es la tercera vez en pocas semanas que Bullrich se corre de la línea oficial desde adentro. Antes había cuestionado el capítulo de tierras de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y había recortado el proyecto de ley de Sociedades que impulsa Federico Sturzenegger. No se informó por qué modificó el mensaje de anoche.

Política Institucional

Reemplaza a Marcos Segura Alzogaray al frente de la Auditoría General de la Provincia. Reconoció conflictos internos y atrasos en la publicación de informes, y anunció un sistema digital para unificar las rendiciones de los 60 municipios.

Miguel Nanni asumió este miércoles la presidencia de la Auditoría General de la Provincia de Salta, en reemplazo de Marcos Segura Alzogaray, que continúa como auditor general. Al asumir reconoció que el organismo llega a esta etapa con problemas internos y con demoras en el trabajo que constituye su razón de ser: controlar las cuentas públicas.

«La Auditoría en muchas cuestiones ha estado en mora», afirmó en una entrevista radial, al referirse a expedientes y controles de ejercicios de años anteriores que todavía siguen saliendo con atraso. También admitió que hubo cortocircuitos y diferencias entre los integrantes del cuerpo, aunque aclaró que las disidencias son válidas mientras no dañen a la institución.

Como primera definición de gestión anunció que va a incrementar la productividad del organismo. Dijo que en los últimos días ya se publicaron 20 informes nuevos, aunque no precisó sobre qué universo total ni de qué ejercicios corresponden.

La medida con mayor alcance territorial es otra: la Auditoría trabaja en un sistema digital para uniformar la presentación de las cuentas de los 60 municipios de la provincia y acelerar su procesamiento. Hoy cada municipio rinde con su propio formato, lo que obliga a un trabajo manual de compatibilización antes de poder analizar nada. Un esquema único permitiría comparar entre municipios y publicar más rápido. Nanni no informó plazos ni fecha de implementación.

Hacia adentro planteó recuperar el funcionamiento del equipo técnico, reorganizar al personal y realizar concursos jerárquicos que llevan tiempo sin hacerse. Sostuvo que la planta del organismo tiene profesionales y gerentes con experiencia que resultan claves para mejorar el control de la hacienda pública.

La admisión llega en una semana particular para las cuentas provinciales. Este martes se publicó en el Boletín Oficial el convenio por el que Salta reconoció una deuda de $265.914 millones con Nación, que se va a cancelar mediante retenciones directas sobre su coparticipación federal hasta fines de 2027. El organismo encargado de auditar cómo se administran esos recursos empieza su nueva etapa reconociendo que está atrasado.

Para los municipios del norte —Tartagal, General Mosconi, Aguaray, Embarcación, Orán, Pichanal— el punto a seguir es el sistema digital. Es lo que determina si sus rendiciones pasan a ser consultables y comparables o si el control sigue dependiendo de expedientes que aparecen años después del ejercicio que revisan.

Política Institucional

Más de 50 personas que viven sobre la ruta impulsaron la presentación ante el Juzgado Federal. Según el exsenador Sergio Leavy, que encabezó el reclamo, el fallo fue favorable y la Cámara lo ratificó tras la apelación del organismo.

Un amparo colectivo impulsado por más de 50 vecinos vinculados a la Ruta Nacional 34 tramitó ante el Juzgado Federal de Tartagal y obtuvo una resolución favorable, que después fue ratificada por la Cámara luego de que Vialidad Nacional apelara. El dato lo aportó el exsenador nacional por Salta Sergio «Oso» Leavy, que encabezó la presentación, en declaraciones a una radio salteña.

Leavy contó que antes de ir a la Justicia envió 15 cartas documento al Presidente, al jefe de Gabinete y a las autoridades de Vialidad Nacional, y que después llevó el reclamo al Congreso. Recién entonces se armó el amparo con los vecinos de la ruta.

El exsenador también dijo haber denunciado civil y penalmente a Vialidad Nacional por el deterioro de las rutas que atraviesan la provincia, y responsabilizó al organismo por la vida y los bienes de quienes circulan por esos corredores.

Sobre los trabajos hechos en la 34, sostuvo que buena parte de los bacheos volvió a romperse con las primeras lluvias. Y pidió a los automovilistas que denuncien formalmente los daños que sufren sus vehículos por el estado del asfalto: según explicó, esos registros sirven como antecedente para fortalecer el reclamo judicial. Es la parte del planteo que cualquier vecino puede usar sin abogado propio.

Al referirse al financiamiento, Leavy afirmó que el Gobierno nacional recaudó $1,5 billones por el impuesto a los combustibles sin destinarlos a la reparación de las rutas. «Mientras los argentinos estamos destruyendo nuestros vehículos, mientras pagamos nuestros impuestos para que se reparen esas rutas, Milei la tiene en el circuito financiero», cuestionó. La cifra y la acusación son suyas: no hay documentación pública adjunta al reclamo que las respalde.

El fallo y su ratificación fueron relatados por una de las partes. No trascendieron el número de expediente, la fecha de la resolución ni qué obligaciones concretas le impuso el juzgado a Vialidad Nacional. El organismo no respondió públicamente al planteo.

La 34 es el corredor por el que se mueve el tránsito de carga y el traslado laboral diario entre el norte salteño, Jujuy y la frontera con Bolivia. Es también la traza donde se concentran los siniestros viales más graves de la región.

Política Institucional

La Provincia acordó con Nación una deuda de $265.914 millones y, dentro del mismo convenio, desistió del amparo que había presentado en 2024 por el FONID. El monto que cobran 30 mil docentes no se actualiza desde entonces.

Un docente salteño cobra hoy $28.700 por cargo en concepto de incentivo. Es el mismo valor que tenía el Fondo Nacional de Incentivo Docente cuando Nación dejó de transferirlo, en 2024. Desde entonces no se movió, mientras los precios y los salarios sí lo hicieron. El martes, el Gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial un convenio con Nación que, entre otras cosas, deja sin efecto el juicio que podía haber cambiado esa situación.

El acuerdo está incorporado al Decreto 493/26 y forma parte del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un mecanismo que compensa lo que cada jurisdicción le debe a la otra. Salta reconoce obligaciones con el Estado nacional por $267.782.530.505,63. Nación reconoce una deuda con la Provincia de $1.868.473.048,25, por un acuerdo de obras públicas de vivienda. Compensados los dos montos, queda un saldo de $265.914.057.457,38 a favor de Nación.

En el mismo instrumento, la Provincia acepta desistir de la acción y del derecho en tres expedientes iniciados contra el Gobierno nacional. Uno es el amparo por el FONID, caratulado CSJ 529/2024. Los otros dos son actuaciones de 2019 por los decretos que modificaron Ganancias e IVA. Ningún funcionario explicó si el desistimiento fue una condición del acuerdo de pago. Lo que está publicado es que ambas cosas viajan en el mismo decreto.

De dónde salió la deuda

El origen es un anticipo financiero de $259.000 millones que Salta pidió en abril, cuando cayeron los recursos de coparticipación. Nación lo giró en tres desembolsos: $120.000 millones en abril, $60.000 millones en mayo y $79.000 millones en junio, a una tasa nominal anual del 15%. La devolución original estaba prevista en cuatro cuotas mensuales desde agosto. El convenio nuevo cambia esas condiciones y estira los plazos.

Al anticipo se le sumaron $7.986.164.383,56 de intereses acumulados hasta el 29 de julio y $796.366.122,07 por fondos no rendidos del Fondo Federal Solidario. Así se llega a los $267.782 millones que la Provincia reconoce.

El cronograma que fija el decreto:

• 2026: $77.700 millones en cuatro cuotas iguales de $19.425 millones, entre agosto y noviembre
• Diciembre de 2026: $7.986.164.383,56 en una sola cuota, más los intereses generados desde la firma
• 2027: $180.227.893.073,82 en siete cuotas de unos $25.746,8 millones, de junio a diciembre

Las tres cifras suman exactamente el saldo compensado. El 68% del total queda concentrado en el segundo semestre de 2027. Estirar los plazos tiene costo: desde el 1 de enero de 2027 el capital pendiente sigue devengando el 15% anual, con intereses pagaderos todos los meses. El cobro no depende de que la Provincia gire el dinero: se hace por retención directa sobre los recursos de coparticipación federal que le corresponden a Salta.

Lo que cobra el docente

El reclamo judicial había empezado en abril de 2024, cuando la gestión de Gustavo Sáenz presentó el amparo ante la Corte Suprema contra los ministerios de Economía y Capital Humano, después de que el Gobierno de Javier Milei cortara las transferencias del incentivo y de los fondos de conectividad. Un mes antes, la ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, había advertido en el Senado provincial que Nación había dejado de girar alrededor de $1.600 millones mensuales por ese concepto.

Mientras el expediente avanzaba, la Provincia decidió cubrir la caída con fondos propios. Hoy el beneficio alcanza a unos 30 mil docentes y representa una erogación provincial cercana a los $1.100 millones por mes, según datos del Ministerio de Educación. Pero el monto por cargo quedó clavado en los $28.700 originales.

La Asociación Docente Provincial calculó, antes de la última paritaria, que si esa suma se hubiese actualizado por la inflación acumulada debería ubicarse entre $100.000 y $150.000 por cargo. Es decir, entre tres y cinco veces lo que se paga. Por eso el gremio pidió incorporar el concepto al salario básico: de esa manera dejaría de ser una suma fija y se movería con cada aumento del sector.

Con el desistimiento, la vía judicial para recuperar los fondos nacionales queda cerrada. El incentivo sigue existiendo, lo paga la Provincia, y su actualización pasa a depender exclusivamente de una decisión política provincial o de la mesa paritaria.

Política Institucional

El Decreto 735/2026 se publicó este martes en el Boletín Oficial y alcanza aeronaves, motores, repuestos y armamento del sistema comprado a Dinamarca. Es la cuarta norma en dos años que clasifica una etapa de la misma operación.

El Gobierno declaró secreto militar la exportación de material vinculado al sistema de armas que incorporó la Fuerza Aérea Argentina. La medida quedó formalizada en el Decreto 735/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y alcanza partes de las aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.

Según los fundamentos de la norma, se trata de material sensible que requiere tratamiento especial y resguardo de la información. Las exportaciones alcanzadas están vinculadas a tareas de mantenimiento y actualización del sistema. La decisión se tomó después de que el 30 de marzo de este año comenzaran las actividades de vuelo en el Área Material Río IV.

Firmaron el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti. La Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares deberá instrumentar las operaciones bajo las condiciones que fija el Decreto 9390/63, la norma que regula el secreto militar desde hace más de sesenta años.

El decreto no llega solo. Es el cuarto que clasifica una etapa del mismo programa desde que el Gobierno compró los aviones:

• Decreto 370/2024 (abril de 2024) — declaró secreto militar la operación contractual de adquisición del sistema de armas
• Decreto 807/2024 (septiembre de 2024) — extendió la clasificación a la contratación de obras de infraestructura y a la importación del material
• Decreto 1073/2024 (fin de 2024) — incorporó los contratos adicionales, entre ellos los acuerdos con Estados Unidos por el programa Foreign Military Sales y con la Armada estadounidense
• Decreto 735/2026 (hoy) — suma la exportación de material para mantenimiento y actualización

Cada uno cubrió un tramo distinto: la compra, la obra, los contratos complementarios y ahora la salida de material del país. Sumados, dejan bajo clasificación el ciclo completo de la operación.

El programa corresponde a los 24 aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca. La compra incluyó además cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, repuestos garantizados por cinco años y la capacitación de pilotos y mecánicos. Entre las instalaciones alcanzadas por las clasificaciones anteriores figuran la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto, en Córdoba.

El decreto publicado este martes no informa qué material se exportará, hacia qué destinos ni por qué plazo rige la clasificación.

Política Institucional

El encuentro es a las 17 en Casa Rosada y reúne a funcionarios nacionales, al Gobierno porteño y a la Iglesia para empezar a definir seguridad, traslados y recorridos del viaje de León XIV, previsto para noviembre.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza este martes a las 17 en Casa Rosada la primera reunión formal de organización de la visita del papa León XIV a la Argentina. Es el primer encuentro con todos los actores involucrados sentados a la misma mesa.

Participan funcionarios nacionales de las áreas de seguridad y logística, representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y autoridades de la Iglesia Católica. Por la Iglesia asisten el arzobispo porteño Jorge García Cuerva, el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, Matías Taricco, y Máximo Jurcinovic, responsable del área de Comunicación.

La visita está prevista inicialmente entre el 8 y el 11 de noviembre. La reunión de hoy busca avanzar sobre el recibimiento, los traslados, los operativos de seguridad y los lugares que van a integrar la agenda.

Ninguno de esos destinos está cerrado. Entre las alternativas que se manejan aparecen actividades en la Ciudad de Buenos Aires, una posible visita a la Basílica de Luján y una escala en Córdoba. El norte argentino no figura hasta ahora entre las opciones que trascendieron, aunque el itinerario recién empieza a discutirse hoy.

Sería la primera vez que un Papa visita la Argentina desde Juan Pablo II, en 1987.

No se informó cuándo se dará a conocer el itinerario definitivo ni si habrá actividades fuera de Buenos Aires y Córdoba.

Política Institucional

Representantes de las diez provincias se reúnen este martes en Casa Rosada con Diego Santilli y funcionarios de Energía. Piden un esquema diferenciado para los meses de más calor, una promesa que el Gobierno anunció y todavía no firmó.

El Gobierno nacional recibe este martes a representantes del Norte Grande para discutir un régimen de tarifas eléctricas diferenciadas en zonas cálidas. El encuentro lo encabeza el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con funcionarios del área de Energía. Del lado de las provincias participa el bloque que integran diez distritos del norte argentino, entre ellos Salta.

El reclamo no es nuevo y sigue sin resolverse. Apareció en el primer renglón del listado que los gobernadores llevaron a la última reunión regional, por encima de las obras viales y de los pedidos de infraestructura de servicios que el bloque arrastra desde hace años. Lo que existe hasta ahora es un anuncio: una propuesta que el Ejecutivo puso sobre la mesa y que todavía no se convirtió en norma.

Qué significa una tarifa de zona cálida

El esquema tarifario eléctrico argentino no reconoce hoy que consumir energía en Tartagal en enero no es lo mismo que consumirla en Buenos Aires. En el norte salteño el aire acondicionado y el ventilador dejan de ser un gasto optativo durante cuatro o cinco meses al año: son la condición para poder dormir, trabajar y mantener a un chico o a una persona mayor en una casa donde la temperatura no baja de noche.

Ese consumo se factura con la misma lógica que en el resto del país. El resultado es que las facturas de verano en el norte pegan un salto que en otras regiones no tiene equivalente, y que cae sobre hogares con ingresos más bajos que el promedio nacional.

Una tarifa diferenciada por zona cálida corregiría eso: reconocería el clima como variable de cálculo, igual que ya se hace en sentido inverso con el gas en las provincias frías, donde existe un régimen especial desde hace años. La discusión de fondo es esa asimetría. El sur tiene su esquema reconocido por ley; el norte no.

El paquete donde está metido el pedido

El problema es que el reclamo no viaja solo. Llega en el peor momento posible: cuando el Gobierno necesita votos en el Congreso y las provincias necesitan definiciones antes de las elecciones de 2027.

En los pasillos del Congreso circula que la norma de zonas cálidas funcionaría como contrapartida para que el oficialismo consiga aprobar el recorte de subsidios al gas en zonas frías, un proyecto frenado en el Senado desde mayo que apunta a modificar la ley sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández. Es una versión, no un acuerdo firmado, y el propio Ejecutivo enfrenta el problema de que la operación se lea como un trueque.

Al mismo tiempo, el Gobierno tiene abierta la negociación por la reforma electoral, donde busca eliminar las PASO y todavía no reúne los votos. Ahí también pesan los legisladores que responden a cada gobernador.

El Norte Grande no vota en bloque. Reúne posiciones muy distintas:

• Radicales con buen vínculo con Casa Rosada: Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy)
• Peronismo opositor duro: Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja)
• Peronismo dialoguista: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta)
• Fuera del calendario 2027: Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Elías Suárez (Santiago del Estero), que asumieron en 2025
• Impulsor de la última cita regional: Hugo Passalacqua (Misiones)

Sáenz está en el grupo que más interesa a las dos puntas. Es peronista dialoguista, tiene votos propios en el Congreso y todavía debe resolver una cuestión de interpretación legal para poder competir por la reelección el año que viene. Eso lo deja negociando en dos mesas a la vez: la de la tarifa y la de su propia continuidad.

Del otro lado, el kirchnerismo también empezó a moverse sobre las provincias del PJ dialoguista. No busca disputarles la gobernación, sino condicionar las listas para las legislaturas locales y frenar cualquier acuerdo con el oficialismo nacional.

Para el norte salteño, la traducción es simple. La tarifa de verano no se define por un cálculo técnico sobre el clima, sino por cuántos votos ponga cada gobernador en Diputados y en el Senado. Si el paquete se traba, el verano de 2027 llega con el mismo esquema que el anterior.

El encuentro de este martes no tiene resultado comprometido de antemano. Nadie en el bloque esperaba que de la reunión saliera un respaldo automático a los proyectos del Ejecutivo, y el propio Norte Grande tiene dificultades para unificar un criterio de negociación entre diez provincias con necesidades distintas.

No se informó qué provincias quedarían alcanzadas por el régimen ni desde cuándo regiría.