Categoría: Social / Contexto

Social / Contexto local

El Instituto Provincial de Salud de Salta aseguró que logró reducir una parte importante de su deuda y que buscará ponerse al día con los prestadores en un plazo de tres meses. La obra social provincial había acumulado compromisos por unos $25 mil millones al momento de la intervención y actualmente esa cifra estaría por debajo de los $10 mil millones.

La mejora financiera fue atribuida al respaldo de la Provincia y a una reducción relativa de gastos. Sin embargo, el IPS todavía mantiene atrasos en los plazos de pago a médicos, clínicas, sanatorios y otros prestadores del sistema.

El gasto mensual de la obra social ronda los $30 mil millones, una cifra que muestra la magnitud del sistema y también la dificultad para sostener el equilibrio financiero. Aunque la deuda ya no estaría concentrada en grandes prestadores, persisten demoras en convenios que deberían abonarse en 45 días y que en algunos casos se pagan a los 60 o 70 días.

Según la conducción del organismo, el atraso promedio ronda los 10 días, aunque hay situaciones que pueden extenderse a 20 o 30 días. El objetivo declarado es ordenar esos pagos y alcanzar una mayor normalidad en los próximos tres meses.

El tema es sensible porque el IPS no solo administra números: sostiene la cobertura de miles de afiliados en toda la provincia. Cuando los pagos a prestadores se atrasan, puede resentirse la atención, la disponibilidad de turnos, las prestaciones médicas o la relación con clínicas, profesionales y farmacias.

En el interior salteño, el impacto puede sentirse con más fuerza. En departamentos como San Martín y Orán, donde la oferta de prestadores es más limitada y muchas atenciones requieren derivaciones, cualquier tensión financiera puede afectar más rápido el acceso a servicios de salud.

El organismo también advierte que el equilibrio sigue siendo frágil. Aumentos en medicamentos, insumos médicos o prótesis pueden volver a presionar las cuentas y generar nuevos desfasajes, aun cuando la deuda acumulada haya bajado.

La señal es doble: el IPS muestra una mejora respecto del punto crítico inicial, pero todavía no cerró el problema. La normalización de pagos será clave para sostener la confianza de los prestadores y garantizar que los afiliados no terminen pagando, en la práctica, las consecuencias de los atrasos.

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River eliminó a San Lorenzo por penales y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura, después de un partido intenso que terminó 2 a 2 en el tiempo reglamentario y se definió desde los doce pasos.

El equipo de Núñez logró sostenerse en una noche complicada, en la que San Lorenzo estuvo cerca de quedarse con la clasificación. Sin embargo, River reaccionó sobre el final, forzó la definición y terminó imponiéndose 4 a 3 en la tanda de penales.

La figura de la noche fue Beltrán, clave en la definición y decisivo para que River siga en carrera. Con este resultado, el Millonario dejó afuera a uno de sus clásicos rivales y se metió entre los ocho mejores del certamen.

El partido tuvo todos los condimentos de una serie eliminatoria: goles, tensión, cambios de dominio y una definición cargada de presión. San Lorenzo compitió hasta el final, pero no pudo sostener la ventaja y terminó quedando eliminado.

Para River, la clasificación representa un impulso importante en el tramo decisivo del torneo. El equipo avanzó de ronda y ahora espera rival para los cuartos de final, con la expectativa de seguir peleando por el título.

El resultado también mantiene al club en el centro de la agenda deportiva nacional, en una semana donde cada instancia empieza a pesar más y los márgenes de error se achican.

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El Ministerio de Educación de Salta avanzó con una nueva reglamentación para ordenar el funcionamiento de las cooperadoras escolares y poner límites a los pedidos de dinero dentro de las escuelas. El punto central es claro: los aportes de las familias podrán seguir existiendo, pero no podrán ser obligatorios ni estar vinculados a trámites como la inscripción o la entrega de constancias.

La medida busca transparentar una práctica habitual en muchas instituciones educativas, donde las cooperadoras cumplen un rol importante para cubrir gastos de mantenimiento, materiales pedagógicos o actividades escolares. Sin embargo, también apunta a evitar que esos aportes terminen funcionando como cobros encubiertos para las familias.

Con la nueva resolución, queda prohibido exigir pagos relacionados con la inscripción de alumnos o con la emisión de constancias de alumno regular. En la práctica, esto significa que ningún estudiante debería ver condicionado su acceso a la escuela o a documentación básica por falta de pago a una cooperadora.

Los aportes voluntarios podrán destinarse a necesidades concretas de la institución, como mejoras edilicias, compra de elementos pedagógicos y apoyo a actividades recreativas o deportivas. Pero cada pedido deberá contar con autorización previa del Ministerio de Educación, para evitar abusos y ordenar el uso de los fondos.

La reglamentación también establece que las cooperadoras deberán iniciar su organización con una comisión provisoria integrada por al menos tres padres, madres o tutores. A partir de allí, tendrán un plazo de seis meses para regularizar su funcionamiento.

El Ministerio, además, lleva adelante un censo para conocer cuántas cooperadoras escolares funcionan actualmente en la provincia. Ese dato será clave para dimensionar el peso real que tienen estas organizaciones dentro del sistema educativo salteño.

La discusión también abrió una preocupación en el interior. Algunos planteos advierten que exigir requisitos demasiado complejos, como personería jurídica, podría complicar a escuelas de zonas alejadas, donde muchas veces la participación de las familias permite resolver necesidades urgentes que el sistema no cubre con rapidez.

En Salta capital, San Martín, Orán y otros departamentos, la medida puede tener un impacto directo en la relación entre escuelas y familias. El desafío será encontrar equilibrio: evitar cobros indebidos sin debilitar una herramienta comunitaria que, en muchos casos, ayuda a sostener parte de la vida escolar cotidiana.

La nueva regulación deja una señal institucional importante: las cooperadoras pueden seguir colaborando, pero bajo reglas más claras. Para las familias, el mensaje principal es que el aporte debe ser voluntario y que ningún trámite escolar básico puede quedar condicionado por un pago.

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La jubilación mínima volvió a quedar en el centro de la discusión social por su pérdida de poder de compra y por el impacto que tiene en la vida cotidiana de los adultos mayores. Con ingresos que no alcanzan para cubrir gastos básicos, cada vez más jubilados buscan volver al mercado laboral o sostener actividades informales para completar sus ingresos.

La jubilación mínima se ubica en $473.174,10, con un bono de $70.000 que permanece congelado. Para muchos adultos mayores, ese monto no alcanza para cubrir alimentos, medicamentos, servicios, alquileres, transporte y otros gastos esenciales.

El problema no es solo previsional. También se refleja en el mercado laboral. En los últimos años creció la cantidad de personas mayores de 65 años que siguen trabajando, muchas veces por necesidad y no por elección.

A fines de 2025 había 686.160 personas de 65 años o más ocupadas en aglomerados urbanos. Ese grupo creció 32,6% respecto de 2016, por encima del aumento del empleo total, que fue del 17,8% en el mismo período.

La mayoría trabaja en condiciones de baja protección. El 48,1% de los trabajadores mayores de 65 años lo hace por cuenta propia, mientras que la informalidad asalariada en ese grupo pasó del 47% en 2016 al 55,7% en 2025.

En el último año, además, los asalariados formales mayores de 65 años cayeron 11%, mientras que los informales crecieron 21,2%. Los rubros con mayor presencia de adultos mayores ocupados incluyen construcción, comercio de alimentos y actividades jurídicas o contables.

La imagen se repite en Salta y en el norte argentino: jubilados que siguen haciendo changas, atendiendo comercios, vendiendo comida, trabajando en oficios o ayudando económicamente a sus familias. En muchos casos, la jubilación no funciona como descanso, sino como un ingreso base que debe completarse con trabajo.

La situación también se cruza con el endeudamiento. Con haberes bajos y costos altos, muchas familias recurren a tarjetas, préstamos o refinanciaciones. La mora de los hogares llegó al 11,5% en marzo, una señal de la presión que enfrentan los ingresos familiares.

El problema de fondo es que una jubilación insuficiente no afecta solo al adulto mayor. También golpea a hogares enteros, especialmente cuando los jubilados sostienen parte del consumo familiar o colaboran con hijos y nietos.

La discusión ya no pasa únicamente por cuánto se actualizan los haberes, sino por qué nivel de protección ofrece el sistema previsional. Cuando una persona mayor debe volver a trabajar para cubrir necesidades básicas, el dato deja de ser económico y se convierte en una señal social de alarma.

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Un nuevo inconveniente en el transformador de la Estación Transformadora La Estrella dejó sin energía eléctrica durante casi 10 horas a miles de vecinos de Rivadavia Banda Norte.

El corte comenzó durante la madrugada del domingo, cerca de la 1.32, cuando el transformador TR1 salió de servicio por una falla vinculada al bajo nivel de aceite en el Regulador Bajo Carga. El sistema de protección actuó para evitar daños mayores en el equipo.

La interrupción afectó a más de 2.000 usuarios residenciales, con un impacto estimado sobre unas 9.000 personas. El suministro recién se normalizó alrededor de las 11.15, después de la intervención técnica correspondiente.

El episodio generó preocupación porque el transformador actual había sido trasladado desde Catamarca tras el incendio del equipo anterior, ocurrido en 2025. Por eso, el nuevo desperfecto volvió a poner bajo atención la confiabilidad de la infraestructura eléctrica en la zona.

La demora en la reposición del servicio estuvo relacionada con la complejidad técnica del problema y con la necesidad de contar con personal especializado para revisar el sistema y ponerlo nuevamente en funcionamiento.

En localidades alejadas de los principales centros urbanos, un corte prolongado no afecta solo la comodidad de los hogares. También impacta en la conservación de alimentos, comercios, comunicación, seguridad, atención sanitaria y actividades básicas de la comunidad.

La Estrella vuelve a mostrar una tensión que se repite en distintos puntos del interior salteño: servicios esenciales que dependen de infraestructura crítica y de respuestas técnicas que no siempre llegan con la rapidez que necesitan los vecinos.

La clave ahora será conocer si el inconveniente quedó resuelto de manera definitiva o si el equipo requerirá nuevas intervenciones. Para Rivadavia Banda Norte, la prioridad es contar con un servicio eléctrico estable, previsible y con mantenimiento suficiente para evitar nuevos apagones prolongados.

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Un crucero que había partido desde Ushuaia terminó bajo protocolos sanitarios internacionales después de un brote de hantavirus que dejó dos personas fallecidas y varios pasajeros bajo seguimiento médico.

Entre los viajeros se encontraba Carlos Ferello, el único argentino a bordo del MV Hondius, quien relató cómo vivió la emergencia sanitaria durante la navegación por rutas remotas.

El caso comenzó con los primeros síntomas en un matrimonio neerlandés. Ambos pasajeros murieron tras el avance del cuadro, mientras que también resultaron infectados el médico del barco y un guía, que lograron recuperarse.

Tras la detección del brote, se activaron medidas de control sanitario y seguimiento para los pasajeros. El crucero arribó a Tenerife, donde las autoridades coordinaron los pasos posteriores para quienes estuvieron expuestos.

Ferello viajará a Países Bajos junto a otros pasajeros para cumplir con controles médicos. El seguimiento incluirá análisis de sangre y monitoreo durante 15 días, con el objetivo de detectar cualquier evolución compatible con la enfermedad.

El caso no debe leerse con alarma, sino como una muestra de cómo una enfermedad zoonótica puede activar protocolos internacionales cuando aparece en viajes turísticos, zonas remotas o embarcaciones con pasajeros de distintos países.

El hantavirus puede transmitirse por contacto con secreciones de roedores infectados o por exposición a ambientes contaminados. Por eso, las autoridades sanitarias suelen reforzar medidas de prevención, aislamiento y vigilancia cuando se detecta un caso sospechoso o confirmado.

Para Argentina, el episodio también tiene una lectura sanitaria: el turismo internacional y los traslados entre países obligan a sostener sistemas de alerta, comunicación y respuesta rápida ante enfermedades que pueden cruzar fronteras.

La investigación sanitaria deberá determinar con precisión el origen del contagio y el alcance real del brote. Mientras tanto, los pasajeros expuestos continuarán bajo monitoreo médico preventivo.

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ANSES iniciará el lunes 11 de mayo el calendario de pagos correspondiente al mes de mayo para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y beneficiarios de distintas prestaciones sociales.

El cronograma se organiza según el tipo de beneficio y la terminación del DNI, por lo que cada persona deberá revisar su fecha específica de cobro antes de concurrir al banco o consultar por canales digitales.

La agenda incluye jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, jubilaciones y pensiones superiores a la mínima, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, asignaciones de pago único, pensiones no contributivas y prestación por desempleo.

Para muchas familias de Salta y del norte provincial, el calendario de ANSES no es solo un dato administrativo. También ordena compras básicas, pagos de servicios, movimiento comercial y circulación de dinero en barrios y localidades del interior.

Por eso, la información de fechas de cobro suele ser una de las consultas más importantes para jubilados, pensionados, madres, padres y trabajadores que dependen de estas prestaciones.

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de pago según DNI y prestación a través de los canales oficiales de ANSES o en la sucursal bancaria donde cobran habitualmente.

La recomendación es consultar el cronograma antes de movilizarse, especialmente en localidades donde el traslado hasta bancos, cajeros o puntos de pago implica tiempo y costo adicional.

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Una madre de General Mosconi denunció públicamente falta de inclusión y presunto maltrato institucional hacia su hijo con Trastorno del Espectro Autista en la Escuela N° 4.496 “Lilia Manuela Cardozo de Mariño”.

Según el reclamo familiar, el niño no estaría recibiendo el acompañamiento necesario para ingresar y permanecer en la institución en condiciones adecuadas. La madre sostuvo que, en una de las situaciones denunciadas, no le habrían permitido acompañarlo al ingreso, pese a que el menor se encontraba desregulado.

La familia afirma que ya realizó planteos ante la escuela y que también viajó a Salta capital para presentar una denuncia ante el Ministerio de Educación. Hasta el momento, no se informó una respuesta pública de la institución educativa.

El caso requiere prudencia porque se trata de una denuncia en curso y todavía falta conocer la versión oficial de la escuela y de las autoridades educativas. Sin embargo, el reclamo expone una problemática sensible: el acceso real a la inclusión escolar para niños con discapacidad o neurodivergencias en el interior provincial.

La inclusión educativa no depende solo de permitir la inscripción de un alumno. También requiere apoyos, acompañamiento, criterios pedagógicos, comunicación con la familia y protocolos claros para evitar situaciones que puedan afectar al niño.

En localidades del norte salteño, estas dificultades suelen agravarse por la falta de equipos especializados, demoras administrativas y la distancia con los organismos centrales de decisión. Que una madre tenga que viajar hasta Salta capital para pedir respuestas muestra una desigualdad territorial que el sistema educativo debe atender.

El punto central ahora será que el Ministerio de Educación evalúe la denuncia, escuche a todas las partes y garantice una respuesta concreta que priorice el derecho del niño a estudiar en un entorno seguro, acompañado e inclusivo.

El caso también abre una discusión más amplia para las escuelas de la provincia: cómo se implementa la inclusión en la práctica cotidiana y qué herramientas tienen docentes, directivos y familias para acompañar trayectorias escolares que requieren apoyos específicos.

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La tragedia de Rivadavia Banda Sur sumó nuevas novedades mientras continúa la investigación por la muerte de dos trabajadores de Aguas del Norte durante tareas en un sistema cloacal.

Uno de los sobrevivientes, Leonardo Méndez, de 29 años, fue trasladado en vuelo sanitario a Salta capital para recibir seguimiento médico especializado. El trabajador presentaba un cuadro respiratorio y signos que requerían control cardiológico, por lo que se dispuso su derivación.

Méndez había sido uno de los cuatro operarios afectados durante la intervención realizada en Rivadavia Banda Sur. En el mismo hecho murieron Emanuel Aguirre y Raúl Torres, mientras que otro trabajador, Lisandro Ruiz, también logró sobrevivir.

Los cuatro operarios eran oriundos de La Unión, una comunidad golpeada por el caso y por la espera de respuestas. Tras varios días de demora, las familias finalmente recibieron los cuerpos de los trabajadores fallecidos y pudieron iniciar la despedida.

La investigación judicial busca determinar qué ocurrió dentro del pozo cloacal donde los operarios se descompensaron. Una de las hipótesis mencionadas por familiares apunta a la posible inhalación de gases tóxicos, aunque esa información deberá ser confirmada por los estudios y pericias correspondientes.

La familia de Emanuel Aguirre señaló que no se habría podido completar la autopsia por el nivel de toxicidad detectado y que se realizaron análisis toxicológicos. Ese dato refuerza la necesidad de esperar los resultados oficiales para establecer con precisión la causa de muerte.

El caso abrió un fuerte reclamo de justicia y explicaciones sobre las condiciones en que se realizaron los trabajos. Familiares y vecinos piden saber si los operarios contaban con el equipamiento adecuado, si se siguieron los protocolos de seguridad y cómo fue la respuesta ante la emergencia.

La tragedia expone una discusión más amplia sobre la seguridad laboral en tareas de infraestructura sanitaria, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Los trabajos en pozos cloacales y redes de saneamiento pueden implicar riesgos graves si no existen controles, ventilación, protección específica y asistencia inmediata.

Para La Unión, Rivadavia Banda Sur y el norte salteño, el caso no es solo una investigación judicial. También es una demanda de respuestas sobre cómo se protege a quienes sostienen servicios esenciales en el territorio.

La causa continuará abierta hasta que las pericias determinen qué provocó la descompensación de los trabajadores y si hubo fallas en las medidas de prevención.

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La muerte de dos trabajadores de Aguas del Norte en Rivadavia Banda Sur sigue bajo investigación judicial. La Fiscalía ordenó nuevas pericias para determinar qué provocó la descompensación de cuatro operarios mientras realizaban tareas en un pozo cloacal.

El hecho ocurrió el martes, cuando una cuadrilla de la empresa trabajaba en una intervención vinculada al sistema de cloacas. Durante el procedimiento, cuatro trabajadores se descompensaron. Dos de ellos murieron y otros dos debieron ser trasladados para recibir atención médica.

Las autopsias fueron realizadas en Orán, pero la investigación dispuso el envío de muestras a Salta capital para estudios complementarios. Esas pericias serán clave para establecer si en el lugar había presencia de gases, sustancias tóxicas u otros factores que hayan provocado la tragedia.

La demora en la entrega de los cuerpos generó preocupación y dolor entre los familiares, que esperan precisiones sobre lo ocurrido y respuestas oficiales sobre las causas de la muerte.

La investigación está a cargo de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien deberá avanzar con el análisis de las pruebas, los informes médicos y las condiciones en las que se realizaban las tareas.

Aguas del Norte informó que acompaña a las familias y que también inició una investigación interna para esclarecer lo sucedido. Ese proceso deberá aportar información sobre los protocolos de seguridad, el equipamiento utilizado y las medidas de prevención aplicadas durante el trabajo.

El caso vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad laboral en servicios esenciales. Las tareas en redes cloacales, pozos y sistemas sanitarios pueden implicar riesgos graves si no existen controles adecuados, ventilación, protección específica y protocolos estrictos.

En el norte salteño, donde muchas intervenciones en infraestructura básica se realizan lejos de los principales centros administrativos, la respuesta institucional y la prevención cobran todavía más importancia.

La causa deberá determinar si se cumplieron las medidas de seguridad y qué factores concretos provocaron la muerte de los dos trabajadores. Para las familias, la prioridad inmediata es recibir los cuerpos y conocer con claridad qué pasó.