Categoría: Social / Contexto

Social / Contexto local

Unos 2.500 estudiantes de la Universidad Nacional de Salta podrían perder el Pase Libre Estudiantil desde junio si no cumplen con los requisitos académicos exigidos para mantener el beneficio.

Actualmente, alrededor de 10 mil estudiantes universitarios cuentan con el pase. Según la información remitida por Saeta a la UNSa, unos 8 mil cumplirían con la condición vigente, que exige haber aprobado al menos dos materias entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

La cifra de estudiantes en riesgo todavía podría modificarse. Desde la universidad advierten que algunos casos pueden actualizarse por finales rendidos recientemente o por trámites de excepcionalidad, por lo que el número final dependerá de la revisión administrativa y académica.

El tema no es menor para la vida universitaria. Para muchos estudiantes, el transporte gratuito es una condición concreta para poder cursar, rendir exámenes y sostener la regularidad durante el año.

En Salta capital, el costo de trasladarse todos los días puede representar una carga importante para familias con ingresos ajustados. En el interior, donde la UNSa también tiene presencia en sedes como Orán y Tartagal, el acceso a la educación superior depende muchas veces de beneficios que ayuden a reducir gastos básicos.

El control del pase libre abre una discusión necesaria: el Estado puede exigir regularidad académica para sostener el beneficio, pero también debe contemplar trayectorias reales, dificultades económicas y situaciones particulares de estudiantes que siguen vinculados a la universidad.

La revisión seguirá en las próximas semanas y será clave que los alumnos consulten su situación, actualicen información si corresponde y recurran a las vías previstas para evitar perder un beneficio que, en muchos casos, define la posibilidad de seguir estudiando.

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Un nuevo brote de ébola en África central encendió la alerta sanitaria internacional por la cantidad de casos sospechosos, las muertes reportadas y la aparición de contagios vinculados entre República Democrática del Congo y Uganda.

El foco principal se ubica en el este de República Democrática del Congo, especialmente en la provincia de Ituri, una región con alta movilidad fronteriza y dificultades para sostener controles sanitarios rápidos. También se informó un caso importado en Uganda, lo que aumentó la preocupación por la posible expansión regional.

Los reportes más recientes hablan de más de 500 casos sospechosos y alrededor de 130 muertes sospechosas asociadas al brote. Las autoridades sanitarias trabajan para confirmar diagnósticos, aislar contactos y contener la circulación del virus.

La variante identificada es Bundibugyo, una cepa menos común del ébola. A diferencia de otros brotes provocados por la variante Zaire, para esta no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados, lo que vuelve más complejo el trabajo sanitario.

El ébola es una enfermedad grave, pero no se transmite por el aire como una gripe. El contagio ocurre principalmente por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, objetos contaminados o cuerpos de fallecidos por la enfermedad.

Para Argentina y Salta no hay una alerta sanitaria directa informada. Sin embargo, el tema tiene valor público porque permite explicar con claridad qué está pasando, dónde ocurre y por qué los organismos internacionales siguen el brote con atención.

La preocupación principal está en la detección tardía, la movilidad entre zonas fronterizas, la capacidad de respuesta sanitaria y la falta de herramientas específicas contra esta variante. Por eso, el seguimiento internacional apunta a evitar que el brote se expanda antes de ser controlado.

La clave es informar sin alarmismo: el brote está localizado en África central, pero su evolución importa porque muestra cómo una enfermedad de alta letalidad puede complicarse cuando aparece en regiones con sistemas sanitarios presionados, circulación intensa y dificultades de acceso.

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Cada 18 de mayo se celebra en Argentina el Día de la Escarapela, una fecha que recuerda a uno de los símbolos patrios más usados en escuelas, actos oficiales y celebraciones nacionales.

La escarapela fue impulsada por Manuel Belgrano en 1812, cuando pidió al Primer Triunvirato la creación de un distintivo común para identificar a las tropas patriotas. Hasta ese momento, los cuerpos militares utilizaban insignias diferentes, lo que generaba confusión en medio del proceso revolucionario.

El pedido fue aceptado y la escarapela celeste y blanca comenzó a consolidarse como símbolo de identidad nacional. Con el tiempo, esos colores también quedarían asociados a la bandera argentina, creada por el propio Belgrano ese mismo año.

La fecha del 18 de mayo fue instituida oficialmente en 1935 por el Consejo Nacional de Educación, con el objetivo de promover su uso y fortalecer el valor histórico del símbolo en las escuelas del país.

En Salta y en todo el norte argentino, la escarapela suele aparecer con fuerza en las aulas durante la Semana de Mayo, en actos escolares y en actividades comunitarias vinculadas a la historia nacional.

Aunque es una insignia sencilla, su valor está en lo que representa: pertenencia, memoria e identidad. Por eso, cada año vuelve a ocupar un lugar especial en el calendario escolar y en las celebraciones patrias argentinas.

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La Iglesia advirtió sobre un cambio cada vez más visible en la asistencia social: personas y familias que antes colaboraban con Cáritas hoy se acercan a pedir ayuda. La señal apunta al deterioro de los ingresos y al avance de las dificultades económicas sobre sectores de clase media baja que hasta hace poco podían sostener sus gastos básicos.

El planteo fue realizado por Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien alertó sobre el aumento de la demanda en espacios de asistencia. Según describió, ya no se trata solo de los sectores históricamente más vulnerables, sino también de personas que trabajaban, ayudaban o participaban como colaboradoras y ahora necesitan alimentos, medicamentos o acompañamiento.

El dato refleja una situación que se siente en la vida cotidiana: salarios que pierden poder de compra, changas inestables, alquileres más difíciles de pagar, servicios más caros y familias que deben ajustar consumos básicos. En ese escenario, las redes comunitarias vuelven a ocupar un lugar clave para contener lo que muchas veces no aparece de inmediato en las estadísticas.

En Salta y el norte provincial, esta advertencia tiene una lectura directa. Cáritas, parroquias, comedores, merenderos y organizaciones barriales suelen ser el primer lugar al que llegan las familias cuando el ingreso ya no alcanza. Allí se ve antes que en otros espacios el cambio en el perfil de quienes piden ayuda.

La preocupación no pasa solamente por el aumento de la pobreza, sino por la caída de hogares que estaban apenas por encima de la línea de necesidad y que ahora empiezan a depender de asistencia para completar alimentos, medicamentos o gastos esenciales.

El fenómeno también muestra una presión creciente sobre las redes solidarias. Si quienes antes ayudaban hoy necesitan pedir, la capacidad de respuesta comunitaria se vuelve más frágil y la demanda social se amplía.

La advertencia de la Iglesia deja una señal clara: el deterioro de ingresos ya no golpea únicamente a los sectores más excluidos. También alcanza a familias trabajadoras que, hasta hace poco, podían colaborar con otros y hoy deben buscar ayuda para sostener su propio hogar.

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Un choque frontal entre dos camionetas dejó cuatro personas fallecidas y dos heridos graves sobre la ruta provincial 13, en el norte salteño. El siniestro ocurrió el domingo por la tarde, entre Lomas de Olmedo y La Laguna Aguada.

Según las primeras informaciones, una camioneta Ford roja y una Toyota blanca impactaron de frente en una curva considerada peligrosa. La violencia del choque provocó la muerte de dos ocupantes de cada vehículo casi en el acto.

Dos personas resultaron gravemente heridas y fueron asistidas por equipos de emergencia. Luego fueron trasladadas en código rojo al hospital San Vicente de Paúl de Orán, centro de referencia para la zona norte.

En el lugar trabajaron ambulancias del hospital de Pichanal, personal policial, Criminalística y equipos de emergencia. También se realizaron tareas para ordenar el tránsito y avanzar con las pericias que permitirán determinar cómo ocurrió el siniestro.

La tragedia golpeó a comunidades del chaco salteño y volvió a poner en primer plano la vulnerabilidad de las rutas del interior. En zonas alejadas de los grandes centros urbanos, cada accidente grave también expone la importancia de la asistencia rápida, la prevención y el estado de los corredores viales.

La mecánica exacta del choque sigue bajo investigación. Mientras tanto, el caso deja una advertencia fuerte sobre los riesgos de circulación en rutas provinciales donde una maniobra, una curva o un error pueden terminar en consecuencias irreparables.

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Salta celebrará este domingo el Día Internacional de los Museos con más de 70 actividades gratuitas en distintos museos, centros culturales y espacios patrimoniales de la provincia. La agenda incluirá visitas guiadas, talleres, muestras, conciertos y propuestas para familias.

La iniciativa busca acercar el patrimonio cultural a vecinos, estudiantes, turistas y público general. Más que una cartelera de fin de semana, la jornada representa una oportunidad para recorrer espacios que forman parte de la historia, la identidad y la memoria salteña.

Las actividades estarán distribuidas en diferentes instituciones culturales, con propuestas pensadas para distintos públicos. Habrá recorridos especiales, experiencias participativas y encuentros vinculados al arte, la historia, la música y el patrimonio.

Para Salta capital, la agenda fortalece el circuito cultural y turístico del fin de semana. Pero también abre una lectura más amplia: los museos no son solo lugares para visitantes, sino espacios de educación, encuentro y apropiación comunitaria.

En una provincia con fuerte identidad histórica y cultural, abrir los museos de manera gratuita permite que más personas se acerquen a su propio patrimonio. La cultura pública también cumple una función social cuando habilita el acceso, especialmente para familias y jóvenes que no siempre participan de estos espacios.

El desafío será que este tipo de propuestas no queden concentradas solo en los circuitos más conocidos, sino que también permitan activar espacios patrimoniales del interior y nuevas audiencias. Este domingo, la invitación es simple: recorrer Salta desde sus museos y redescubrir parte de su historia.

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Salta tendrá cuatro representantes en el Desafío Ruta 40, una de las competencias más importantes del rally raid internacional. La prueba se correrá del 24 al 29 de mayo en Mendoza y San Juan, y será la tercera fecha del Mundial de Rally Raid.

La carrera reunirá a 151 inscriptos, con pilotos y asistentes de 36 países. Entre ellos habrá 69 argentinos, una presencia fuerte que vuelve a poner al país como protagonista dentro de una disciplina exigente, marcada por navegación, resistencia y largos recorridos fuera de ruta.

La representación salteña estará encabezada por Luciano Benavides, quien competirá en motos con el dorsal 77. El piloto llega como una de las figuras argentinas de mayor proyección internacional en el rally raid.

También estará Kevin Benavides, que debutará en autos dentro de la categoría Ultimate. Lo hará junto a Lisandro Sisterna y llevará el dorsal 247, en una nueva etapa deportiva después de su destacada trayectoria sobre dos ruedas.

La nómina salteña se completa con Baltazar Frezze Pissoni, quien correrá en Rally 2 con el número 41, y Alfredo Olmedo, que competirá en la categoría Open junto a Daniel López, con el dorsal 755.

Para Salta, la presencia de cuatro representantes en una competencia mundial refuerza una identidad deportiva vinculada al rally raid. No se trata solo de resultados: también es una vidriera internacional para pilotos salteños en una disciplina que exige preparación, estrategia y experiencia.

El Desafío Ruta 40 volverá a poner a prueba a los competidores en terrenos duros del oeste argentino. Para los salteños, será una oportunidad de buscar protagonismo en una fecha clave del calendario internacional.

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Dos estudiantes de la Universidad Nacional de Salta están implicados en una causa por la creación y difusión de imágenes sexuales falsas generadas con inteligencia artificial. Hasta el momento hay 12 denuncias formalizadas y no se descarta que aparezcan nuevas víctimas o nuevos imputados.

El caso es investigado como violencia de género digital y generó fuerte preocupación dentro de la comunidad universitaria. Las imágenes habrían sido fabricadas mediante herramientas de IA, utilizando rostros de estudiantes sobre cuerpos desnudos, con el objetivo de producir contenido falso y dañino.

La UNSa se constituyó como querellante en la causa y anunció medidas de acompañamiento para las víctimas, además de acciones de prevención y capacitación. La intervención institucional busca marcar que este tipo de hechos no puede ser tratado como una broma ni como un uso menor de tecnología.

La investigación está en manos de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género. De manera provisoria, los hechos fueron calificados como lesiones graves agravadas por mediar violencia de género, mientras avanzan las medidas judiciales y el análisis del material secuestrado.

Uno de los imputados recibió restricciones, entre ellas la prohibición de acercarse a las víctimas, de ingresar a la universidad y de acceder a servicios de almacenamiento en la nube vinculados con la causa. La Justicia también busca determinar si hubo más personas involucradas en la producción, circulación o resguardo de las imágenes.

El caso expone una nueva dimensión de la violencia digital. La inteligencia artificial puede ser una herramienta de desarrollo, educación e innovación, pero su uso para fabricar imágenes íntimas falsas genera daños reales: afecta la privacidad, la reputación, la salud emocional y la vida académica de las víctimas.

Para Salta, lo ocurrido en la UNSa marca una alerta concreta. No se trata de un problema lejano ni futurista: ya impacta en estudiantes, familias e instituciones locales. La respuesta deberá combinar investigación judicial, acompañamiento a las víctimas, educación digital y reglas claras sobre el uso responsable de la tecnología.

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Salta registró en 2025 un fuerte aumento de embarazos en menores de 15 años, un dato que encendió alertas en el sistema de salud y volvió a poner en discusión el acceso a métodos anticonceptivos, la prevención temprana y la protección integral de niñas y adolescentes.

Según los datos informados por autoridades sanitarias, la provincia pasó de 89 casos en años anteriores a 189 embarazos en menores de 15 años. La suba marca un retroceso en indicadores que habían mostrado mejoras durante los últimos años, especialmente a partir de políticas de salud sexual y acceso sostenido a insumos anticonceptivos.

Desde el sistema de salud provincial vinculan parte de ese deterioro con la menor disponibilidad de insumos enviados por Nación. Entre los faltantes aparecen implantes subdérmicos, preservativos, anticonceptivos orales e inyectables, herramientas clave para sostener la prevención en adolescentes y jóvenes.

Uno de los datos más sensibles es la caída en la disponibilidad de implantes subdérmicos. En años anteriores, Salta llegó a contar con cerca de 20 mil unidades en un año. En la actualidad, se colocaron alrededor de 10 mil, lo que reduce la capacidad de cobertura en una provincia donde la prevención depende en gran parte de la presencia efectiva del sistema público de salud.

Frente a ese escenario, la Provincia decidió comprar mil implantes con fondos propios para intentar sostener la atención hasta fin de año. Sin embargo, el problema excede la provisión puntual de insumos: también involucra educación sexual, acceso territorial a controles, acompañamiento familiar, continuidad escolar y capacidad de detección temprana.

En el norte salteño, donde se combinan pobreza, distancia, barreras de acceso a la salud y situaciones de mayor vulnerabilidad, el impacto puede ser todavía más grave. Un embarazo a edades tan tempranas no solo compromete la salud física y emocional, sino que también afecta la escolaridad, la autonomía y las posibilidades futuras de niñas y adolescentes.

El aumento de estos casos obliga a mirar el problema más allá del dato estadístico. En menores de 15 años, el embarazo no puede analizarse como una situación aislada ni como una simple variable sanitaria. Requiere prevención sostenida, acceso real a derechos y una intervención estatal capaz de llegar a tiempo, especialmente en los territorios donde las redes de cuidado son más débiles.

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Un operativo realizado en distintos puntos de Salta terminó con el secuestro de 22 caballos que se encontraban sueltos y representaban un riesgo para la circulación. La medida busca prevenir siniestros viales y reforzar la responsabilidad de los propietarios de animales.

La presencia de caballos en rutas, accesos y zonas periurbanas es una problemática recurrente en la provincia. Cuando los animales ingresan a sectores de tránsito, el peligro aumenta para conductores de autos, motociclistas, transporte público, camiones y vehículos de emergencia.

El procedimiento se realizó tras detectar animales sin resguardo en lugares donde podían provocar accidentes. En estos casos, la intervención apunta a retirar los ejemplares de la vía pública y avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

El problema no debe leerse como una situación menor. Un animal suelto sobre una ruta puede generar maniobras bruscas, choques, caídas y consecuencias graves para personas que circulan, especialmente durante la noche o en sectores con poca iluminación.

En el interior salteño y en zonas de acceso a ciudades, la situación se repite con frecuencia. Por eso, los controles deben ir acompañados por sanciones, identificación de propietarios y medidas preventivas que eviten que los animales vuelvan a quedar sueltos.

La seguridad vial también depende de acciones básicas de cuidado y responsabilidad. Mantener a los animales bajo resguardo no solo protege la propiedad de sus dueños: también evita poner en riesgo la vida de quienes transitan por rutas y calles de la provincia.