Política institucional
El Gobierno nacional decidió escalar en la Justicia su pelea por el financiamiento universitario y presentó un recurso para llegar a la Corte Suprema con el objetivo de frenar la aplicación de la ley y evitar, al menos por ahora, el desembolso de fondos que ya habían sido reclamados por vía judicial.
La presentación fue hecha horas antes de que venciera el plazo para que el Ministerio de Economía cumpliera con la transferencia ordenada por una cautelar. En ese escrito, el Ejecutivo cuestionó la decisión de la Cámara y buscó suspender la aplicación de los artículos clave de la norma aprobada por el Congreso.
La jugada deja en claro que el conflicto ya no pasa solo por una discusión presupuestaria. Lo que está en disputa es quién impone condiciones sobre el financiamiento del sistema universitario: si el Congreso y la Justicia, que empujan el cumplimiento de la ley, o el Ejecutivo, que intenta ganar tiempo y evitar un impacto fiscal fuerte.
En paralelo, el oficialismo también pidió que los tres jueces de la Corte se excusen del caso por su vínculo con la docencia universitaria, una estrategia que en ámbitos judiciales fue leída como un planteo débil y dilatorio. Mientras tanto, universidades de todo el país volvieron a reclamar por los fondos para funcionar y advirtieron sobre el deterioro de salarios, becas y estructura académica.
La discusión tiene impacto directo más allá de Buenos Aires. En provincias como Salta, el financiamiento universitario no es una pelea abstracta: afecta el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio, la situación docente y la continuidad de servicios y actividades en un contexto de ajuste. Lo que resuelva la Corte puede definir no solo una pulseada política, sino también el margen real con el que seguirán operando las universidades públicas.
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