Frontera / Seguridad
Salta volvió a reclamar la radarización de la frontera norte como una herramienta clave para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El planteo fue realizado por el gobernador Gustavo Sáenz durante la I Reunión Interprovincial del Consejo de Seguridad Interior, realizada en San Miguel de Tucumán.
El encuentro reunió a autoridades nacionales, gobernadores del NOA, fuerzas federales y equipos provinciales de seguridad. El eje estuvo puesto en la necesidad de coordinar acciones frente a delitos que no reconocen límites jurisdiccionales y que afectan de manera directa a las provincias fronterizas.
Sáenz remarcó que la frontera norte necesita más tecnología y presencia operativa para mejorar el control territorial. En ese sentido, volvió a insistir con la radarización como parte de una estrategia más amplia contra vuelos ilegales, rutas del narcotráfico y movimientos vinculados al crimen organizado.
Durante la reunión también se destacó el funcionamiento del Plan Güemes, implementado en Salta con participación de Nación, Provincia, fuerzas federales y la Policía provincial. Según los datos expuestos, en 17 meses se logró la detención de más de 700 personas vinculadas al narcotráfico y el secuestro de más de 7 toneladas de droga.
La Provincia también señaló que actualmente la frontera norte cuenta con más de 1.700 efectivos federales desplegados entre Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina. A ese esquema se suma la instalación de una base operativa de Prefectura en Salta, presentada como parte del refuerzo de presencia federal en la zona.
Desde Nación se anunció el avance de convenios específicos sobre tránsito aéreo irregular con Salta, Jujuy y Tucumán, además de instrumentos similares con Santiago del Estero. La discusión incluyó inteligencia criminal, vuelos ilegales, logística del narcotráfico y cooperación entre provincias.
Para el norte salteño, la radarización no es un debate técnico aislado. Orán, San Martín, Aguas Blancas, Salvador Mazza y las zonas rurales de frontera forman parte de un territorio donde el control terrestre, fluvial y aéreo exige recursos sostenidos, coordinación y continuidad política.
La discusión de fondo es cómo mejorar la capacidad del Estado para vigilar una frontera extensa y compleja. Los anuncios y convenios pueden marcar un avance, pero el impacto real dependerá de que la tecnología, los equipos y la presencia operativa lleguen efectivamente al territorio.
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