Política institucional
La Cámara de Diputados de Salta aprobó cambios a la ley que regula el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Ministerio Público, con el objetivo de habilitar la suspensión preventiva de jueces y otros funcionarios judiciales ante denuncias graves.
El proyecto modifica el artículo 12 de la Ley 7.138 y ya contaba con media sanción del Senado. Sin embargo, como Diputados introdujo cambios, la iniciativa deberá volver a la Cámara alta para su revisión definitiva.
La reforma busca que el Jury pueda aplicar medidas cautelares en casos excepcionales, cuando existan hechos denunciados considerados graves y verosímiles. Entre esas medidas aparece la suspensión preventiva del magistrado o funcionario investigado, además del eventual allanamiento de inmunidad y medidas de seguridad.
El punto central del debate es el equilibrio entre control institucional y garantías judiciales. Para quienes respaldan la reforma, la suspensión preventiva puede evitar que un funcionario denunciado por hechos graves continúe en funciones mientras avanza el proceso. Para los sectores críticos, el riesgo está en afectar el debido proceso o habilitar decisiones con impacto político antes de una resolución de fondo.
Durante el tratamiento también se incorporó una vista previa de dos días al Procurador General y multas para denunciantes maliciosos, e incluso para sus abogados cuando corresponda. Ese punto también abrió discusión, porque algunos legisladores advirtieron que podría desalentar denuncias legítimas.
La votación tuvo rechazos de legisladores de La Libertad Avanza y de diputados como Guillermo Durand Cornejo y José Gauffín, quienes plantearon objeciones vinculadas al procedimiento, la independencia judicial y la concentración de facultades.
Para Salta, la reforma toca una zona sensible del sistema institucional. Jueces, fiscales y funcionarios judiciales intervienen en causas penales, civiles, laborales, familiares y administrativas que afectan la vida cotidiana de la población.
En el norte provincial, donde muchas veces se reclama mayor control, respuestas más rápidas y transparencia en el funcionamiento judicial, la herramienta puede ser leída como un avance. Pero su aplicación deberá ser cuidadosa para evitar que una medida preventiva termine usada como castigo anticipado.
El proyecto seguirá ahora en el Senado. Allí se definirá si Salta incorpora finalmente este mecanismo al funcionamiento del Jury, en un debate que combina demanda social de control y necesidad de preservar garantías básicas dentro del Poder Judicial.
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