Política institucional
La investigación judicial sobre el manejo de fondos en la AFA dio un salto fuerte y dejó de moverse en el terreno de las sospechas dispersas. Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió detener a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino, junto con otros acusados, en una causa que ya los ubica bajo imputación por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos.
El cambio de escala no es menor. Ya no se trata solo de una denuncia o de una investigación preliminar, sino de un dictamen fiscal amplio que plantea una estructura organizada para mover fondos, ocultar bienes y justificar transferencias mediante sociedades que, según la acusación, habrían funcionado como pantalla.
El punto más sensible del expediente pasa por el recorrido del dinero. La fiscalía sostiene que la AFA transfirió más de $3.633 millones a empresas vinculadas al entorno de Toviggino y que esas firmas habrían emitido facturas por servicios no prestados para dar apariencia legal a operaciones que en realidad tendrían otro destino. Según esa hipótesis, después aparecía una segunda capa de facturación cruzada entre las mismas sociedades para dificultar todavía más el rastreo de los fondos.
Ahí está el núcleo del caso. La acusación no se limita a cuestionar una operación aislada, sino que describe una mecánica sostenida en el tiempo, con roles repartidos, sociedades conectadas y bienes presuntamente puestos a nombre de terceros para disimular la procedencia real del dinero. En ese esquema, el fiscal ubicó a Toviggino como presunto jefe de la estructura y sostuvo que Tapia habría convalidado las transferencias desde su posición como presidente de la AFA.
La causa también suma otra capa de peso institucional por la dimensión de las medidas pedidas. Además de las detenciones, el dictamen reclamó la inhibición general de bienes y nuevas medidas de prueba sobre propiedades, vehículos, inversiones financieras y sociedades bajo investigación. La decisión final ahora quedó en manos del juez federal Guillermo Díaz, que deberá resolver si avala allanamientos, peritajes y el pedido de arresto.
Más allá del resultado judicial que termine teniendo el expediente, el caso ya impacta por el lugar que ocupa la AFA en la vida pública argentina. No es solo una causa contra dirigentes deportivos: es una investigación que toca el manejo de una de las instituciones con mayor visibilidad del país y la pone bajo una lupa penal por el posible uso irregular de fondos.
Por eso, el eje no debería quedar solo en el nombre de Tapia o Toviggino. Lo que está en juego es si la Justicia logra probar una estructura societaria usada para canalizar dinero, ocultar activos y sostener una operatoria irregular dentro de la principal entidad del fútbol argentino. Y si ese cuadro se confirma, el golpe dejaría de ser solo judicial para convertirse también en un problema institucional de gran escala.
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