Política institucional
La universidad pública volverá a salir a la calle en todo el país y Salta tendrá su propia convocatoria en reclamo por presupuesto, recomposición salarial y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La movilización forma parte de la cuarta Marcha Federal Universitaria, con acto central previsto en Plaza de Mayo. En Salta, la concentración será a las 16 en el Monumento 20 de Febrero y desde allí se marchará hacia la plaza 9 de Julio.
La convocatoria reúne a universidades nacionales, docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y organizaciones vinculadas al sistema científico y educativo. En la provincia participarán sectores de la UNSa, CONICET, ADIUNSa, APUNSa y centros de estudiantes.
El reclamo apunta a la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes, al atraso presupuestario y a las dificultades para sostener el funcionamiento de las universidades. También se exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, considerada clave por la comunidad académica para garantizar recursos mínimos al sistema.
Según los datos difundidos por el sector universitario, las transferencias presupuestarias habrían sufrido una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Esa reducción impacta en salarios, becas, investigación, mantenimiento edilicio y actividades académicas.
En Salta, el conflicto tiene una lectura territorial fuerte. La UNSa cumple un rol central para miles de jóvenes de la capital y del interior, muchos de ellos primera generación universitaria. Para el norte provincial, la universidad pública no solo representa formación profesional: también es movilidad social, investigación, extensión y acceso a oportunidades.
El ajuste presupuestario también puede afectar áreas estratégicas para la provincia, desde carreras vinculadas a salud, educación, ingeniería y producción, hasta proyectos científicos relacionados con problemas regionales.
La marcha no se reduce a una consigna política. El punto de fondo es institucional: cómo se financia la universidad pública y qué condiciones necesita para seguir funcionando. En una provincia donde el acceso a estudios superiores todavía depende en gran medida del sistema público, el debate presupuestario tiene impacto directo en estudiantes, familias y comunidades del interior.
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