Blog

Bloques opositores comenzaron a buscar apoyos en Diputados para rechazar el decreto que derogó la Ley de Tierras. El debate tiene un impacto particular en Salta: el último registro oficial disponible muestra que nueve departamentos superaban el límite del 15% que establecía aquella norma.

El debate por la propiedad de las tierras rurales volvió al Congreso después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado la derogación de la Ley 26.737.

Diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas comenzaron a buscar los votos necesarios para llevar nuevamente al recinto el DNU 70/2023.

El decreto, dictado en diciembre de 2023, derogó mediante su artículo 154 la denominada Ley de Tierras Rurales. Esa norma establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales tanto a escala nacional como provincial y departamental.

El Senado ya rechazó el DNU 70/2023 el 14 de marzo de 2024. Por eso, un eventual rechazo de Diputados completaría el rechazo de ambas cámaras.

La discusión se reactivó después de que la Corte Suprema dejara sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. El máximo tribunal resolvió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación para impulsar esa acción.

La Corte no resolvió, por lo tanto, si la derogación dispuesta por el DNU es constitucional o inconstitucional. La decisión judicial estuvo centrada en quién estaba habilitado para iniciar la demanda.

Salta y el límite que establecía la ley

El último registro disponible del Registro Nacional de Tierras Rurales, actualizado en agosto de 2025, muestra que el 11,40% de la superficie rural de Salta estaba en titularidad extranjera.

El porcentaje provincial estaba por debajo del antiguo límite del 15%, pero la situación cambiaba al observar cada departamento.

Nueve departamentos salteños superaban ese umbral: Cafayate, Cerrillos, Chicoana, General Güemes, Guachipas, La Viña, Molinos, Orán y San Carlos.

En Orán, uno de los territorios prioritarios de cobertura de REDmedios.io, la extranjerización alcanzaba el 23,28%: unas 276 mil hectáreas sobre una superficie rural cercana a 1,19 millones.

En el departamento General José de San Martín, en cambio, el registro ubicaba la proporción en 12,41%, con aproximadamente 201 mil hectáreas en titularidad extranjera.

Los datos corresponden a agosto de 2025 y describen la situación registrada bajo el régimen anterior. No permiten determinar por sí solos cuánto cambió la propiedad de la tierra desde entonces.

La ofensiva opositora todavía no tiene una fecha formal de sesión publicada. El próximo punto será si Diputados consigue reunir los apoyos para llevar el DNU al recinto o si el Congreso avanza por una regulación específica sobre tierras rurales.

El Concejo Deliberante pasó a cuarto intermedio mientras discutía cuestionamientos por las ausencias de Ana Guerrero Palma. La Carta Municipal establece cómo se reemplaza temporalmente a la intendenta y fija un procedimiento específico para una eventual destitución.

El Concejo Deliberante de General Mosconi suspendió su sesión ordinaria mientras trataba cuestionamientos relacionados con las ausencias de la intendenta Ana Guerrero Palma.

La reunión del jueves 24 terminó con un cuarto intermedio hasta la semana siguiente después de una discusión entre integrantes del cuerpo y personal de los bloques.

Antes del conflicto, los concejales estaban abordando las ausencias de Guerrero Palma del país. Parte de los cuestionamientos fueron impulsados por la concejal Roxana Gauna, quien había difundido información sobre movimientos de entrada y salida hacia Bolivia.

La discusión generó además versiones sobre una posible destitución de la jefa comunal. Sin embargo, hasta ahora no está acreditado públicamente que exista un procedimiento de remoción iniciado en los términos establecidos por la Carta Municipal.

La norma vigente en General Mosconi desde junio de 2026 diferencia una ausencia transitoria de una situación que pueda derivar en responsabilidad política.

Cuando la ausencia o impedimento de la intendenta es temporal, la Carta Municipal establece que debe ser reemplazada por la presidencia del Concejo Deliberante.

Una eventual destitución requiere otro procedimiento. Puede producirse por condena penal o mal desempeño y debe comenzar con una denuncia fundada que detalle los hechos, las pruebas y la causal invocada.

Luego debe intervenir una Comisión Especial de Juicio Político integrada por representantes de los distintos bloques. Esa comisión debe determinar si existe mérito para avanzar, garantizando posteriormente el derecho de defensa y una instancia de prueba.

Para concretar una remoción se necesita el voto favorable de dos tercios del total del Concejo Deliberante.

Por ahora, el hecho confirmado es que el cuerpo discutía las ausencias de la intendenta cuando una disputa interna obligó a interrumpir la sesión. No se informó públicamente la apertura formal de un juicio político ni la constitución de la comisión prevista para ese procedimiento.

El debate deberá continuar cuando el Concejo retome la sesión que quedó en cuarto intermedio.