Economía y Producción
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de “Súper RIGI”, un nuevo régimen de incentivo para atraer inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos. La iniciativa apunta a proyectos desde 1.000 millones de dólares y ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por un plazo de 30 años.
La propuesta busca ampliar el esquema del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, pero con foco en industrias nuevas o de alto impacto tecnológico y productivo. Entre los sectores alcanzados aparecen litio, baterías, hidrógeno, gas natural licuado, inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, infraestructura digital y otros proyectos vinculados a la economía del futuro.
Para Salta, el tema tiene una lectura directa. La provincia forma parte del mapa minero y energético del norte argentino, con proyectos vinculados al litio, proveedores regionales y una expectativa creciente sobre el desarrollo de cadenas de valor. Un régimen de estas características podría acelerar inversiones, pero también abre preguntas sobre empleo local, infraestructura, participación de empresas salteñas y beneficios reales para el territorio.
Entre los principales puntos del proyecto se destacan una alícuota de Ganancias del 15%, amortización acelerada, exenciones para importaciones y exportaciones, libre disponibilidad progresiva de divisas y estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante tres décadas. Para acceder, las empresas deberán presentar proyectos de gran escala y cumplir condiciones específicas de inversión.
Uno de los puntos más sensibles es la adhesión de provincias y municipios. El proyecto prevé que las jurisdicciones que quieran sumarse acepten restricciones sobre la creación o aumento de tributos locales que puedan afectar a los proyectos incluidos en el régimen. Esto coloca a las provincias ante una discusión de fondo: cómo atraer capitales sin resignar herramientas fiscales clave.
En el caso de Salta, esa tensión no es menor. La llegada de inversiones puede generar actividad, empleo y movimiento para proveedores, pero el impacto dependerá de cómo se integren esos proyectos al entramado productivo local. La minería, la energía y la infraestructura tienen capacidad de mover la economía regional, aunque no siempre garantizan desarrollo territorial por sí solas.
El debate que viene no será solo técnico. También pondrá sobre la mesa qué rol tendrán las provincias del norte en la nueva etapa de inversiones, qué condiciones se negociarán y cómo se asegurará que los beneficios no queden concentrados únicamente en las grandes empresas.
El Súper RIGI aparece así como una oportunidad económica, pero también como una prueba institucional: atraer inversiones de largo plazo sin perder de vista el interés local, la recaudación provincial y el desarrollo concreto de las comunidades donde esos proyectos se instalen.
