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  • Egresar de las escuelas policiales ya no garantiza el ingreso

    Egresar de las escuelas policiales ya no garantiza el ingreso

    Terminar y aprobar la formación en las escuelas de la Policía de Salta ya no garantizará la incorporación inmediata a la fuerza. Los egresados pasarán a una nueva modalidad de “Reserva para Incorporación Oportuna” y deberán esperar que existan vacantes y autorización presupuestaria para ser nombrados.

    El cambio fue establecido por el Ministerio de Seguridad mediante la Resolución 1061, firmada el 18 de agosto y publicada este lunes 21 de septiembre en el Boletín Oficial.

    La medida alcanza a los estudiantes que actualmente cursan en la Escuela de Cadetes y en las escuelas de Suboficiales de la Policía provincial.

    Una vez terminado y aprobado el plan de estudios, los egresados ingresarán a la reserva. La resolución establece expresamente que completar la formación no genera por sí mismo el derecho al ingreso automático a la planta permanente.

    La incorporación dependerá de las vacantes existentes y del crédito presupuestario autorizado para sumar personal.

    Habrá un orden de mérito para ingresar

    Cuando finalice cada ciclo de formación se confeccionará un Orden de Mérito General. Para establecerlo se tendrán en cuenta el promedio académico, la aptitud policial y la conducta de cada egresado.

    El número de nuevos policías que podrán incorporarse será definido anualmente según las vacantes y el presupuesto autorizado por la Coordinación Administrativa de la Gobernación y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

    Una vez habilitado el cupo, los ingresos deberán respetar ese orden de mérito hasta completar las vacantes disponibles.

    Mientras permanezcan en reserva, los egresados podrán realizar cursos voluntarios de perfeccionamiento y especialización organizados por la Policía. El desempeño en esas capacitaciones también podrá ser considerado posteriormente para definir sus destinos dentro de la fuerza.

    El congelamiento de vacantes está detrás del cambio

    Entre los fundamentos de la resolución aparece el Decreto 206/2026, que dispuso el congelamiento de vacantes y de nuevas contrataciones de servicios personales en la administración pública provincial.

    El Ministerio también señala que las nuevas incorporaciones requieren partidas presupuestarias suficientes y que la formación profesional y el ingreso efectivo a la Policía deben considerarse dos instancias diferentes.

    El nuevo sistema no significa que se hayan cerrado las incorporaciones. Establece que, desde ahora, recibirse será un requisito previo pero no una garantía de nombramiento inmediato.

    La resolución no determina cuánto tiempo podrá permanecer una persona en reserva ni cuántos de los actuales estudiantes quedarán en esa situación durante el próximo proceso de incorporación. Esos datos dependerán de las vacantes y del presupuesto que se autoricen cada año.

  • La Armada investiga irregularidades por casi $938 millones en haberes

    La Armada investiga irregularidades por casi $938 millones en haberes

    La Armada Argentina investiga irregularidades detectadas en la acreditación de haberes de su personal por un monto cercano a los $938 millones. Las inconsistencias abarcan operaciones registradas entre julio de 2022 y enero de 2026.

    La investigación se inició dentro de la propia fuerza, en el área encargada de la liquidación de sueldos. Después de detectar las anomalías, la Armada abrió actuaciones administrativas y presentó una denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2.

    La institución informó además que apartó preventivamente de sus funciones al personal militar involucrado mientras avanzan las investigaciones administrativa y judicial.

    La medida no implica que esas personas hayan sido condenadas ni determina todavía responsabilidades penales. Según explicó oficialmente la Armada, el apartamiento permanecerá vigente hasta que se establezca la eventual responsabilidad disciplinaria de cada integrante involucrado.

    La primera comunicación oficial sobre el caso fue difundida el 15 de septiembre. Dos días después, la fuerza precisó el período investigado, informó que las irregularidades alcanzaban un monto cercano a $938 millones y confirmó el apartamiento del personal.

    Hasta el momento, la información oficial no detalla cuántas personas están involucradas, quiénes son, cuántas acreditaciones irregulares fueron detectadas ni mediante qué mecanismo se produjeron.

    Esos puntos forman parte de la investigación en curso y no corresponde presentar como probado un desvío deliberado de fondos mientras la Justicia no determine las responsabilidades.

    El expediente continuará ahora en paralelo por la vía administrativa dentro de la Armada y por la vía judicial ante el Juzgado Federal N° 2.

  • En General Ballivián, Córdoba defendió cuentas que la Auditoría recomendó observar

    En General Ballivián, Córdoba defendió cuentas que la Auditoría recomendó observar

    El intendente de General Ballivián, Gerardo Córdoba, defendió la Cuenta General del ejercicio 2020 y sostuvo que las objeciones formuladas por la Auditoría General de la Provincia responden principalmente a cuestiones formales y documentales. El organismo de control, sin embargo, recomendó oficialmente al Concejo Deliberante observar esas cuentas.

    La diferencia entre ambas posiciones quedó expuesta después de que la Auditoría aprobara su informe definitivo sobre el ejercicio financiero municipal de 2020. Mediante la Resolución Conjunta 33, el organismo remitió el expediente al Concejo para su tratamiento legislativo.

    La resolución no afirma que haya existido apropiación de fondos ni establece que el dinero observado haya desaparecido. Sí cuestiona procedimientos de contratación, documentación respaldatoria y distintos aspectos de la información financiera presentada por el municipio.

    Córdoba rechazó que el informe demuestre faltantes de recursos o hechos que comprometan la transparencia de la administración. También sostuvo que la Cuenta General de 2020 había sido tratada y aprobada por el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza 247/2021.

    Qué cuestionó la Auditoría

    La revisión detectó contrataciones realizadas durante 2020 sin aplicar los procedimientos previstos por la Ley Provincial 8072.

    Entre los gastos examinados aparecen aproximadamente $2,45 millones de aquel año en combustibles y lubricantes, $1,8 millones en repuestos y accesorios, $731 mil en productos químicos y medicinales y $1,4 millones en honorarios.

    El señalamiento de la Auditoría no implica por sí mismo que esos bienes o servicios no hayan existido. El cuestionamiento se concentra en que el procedimiento utilizado no permitió garantizar plenamente condiciones como competencia entre proveedores, publicidad, transparencia e igualdad en las contrataciones públicas.

    El organismo también concluyó que el Estado de Situación del Tesoro y el Estado de la Deuda Pública no reflejaban razonablemente la situación del municipio en los aspectos examinados.

    A eso se sumó la falta del Estado de Situación de los Bienes, uno de los documentos que debía integrar la Cuenta General y cuya ausencia limitó esa parte del control.

    Con esos antecedentes, la Auditoría resolvió aconsejar formalmente al Concejo Deliberante que observe la Cuenta General del Ejercicio 2020.

    Córdoba atribuyó las observaciones al contexto de pandemia

    El intendente planteó que las contrataciones deben analizarse teniendo en cuenta las condiciones excepcionales de 2020, durante la pandemia de COVID-19.

    Según su explicación, el municipio debió sostener durante ese período gastos en medicamentos, combustible, asistencia social y otros servicios esenciales en una localidad con distancias importantes y una oferta limitada de proveedores.

    Córdoba afirmó además que la administración municipal presenta regularmente sus cuentas, presupuestos e informes trimestrales y sostuvo que la documentación de los programas sociales fue rendida.

    Esas afirmaciones constituyen la posición del intendente frente al informe. No modifican la conclusión administrativa adoptada por la Auditoría, que recomendó observar la Cuenta General.

    Tampoco corresponde traducir las observaciones del organismo como “dinero faltante”. El informe cuestiona respaldo documental, procedimientos de contratación y la calidad de parte de los estados contables, categorías distintas de una determinación judicial o administrativa de apropiación de fondos.

    La próxima instancia corresponde al Concejo Deliberante de General Ballivián, que recibió la resolución para darle tratamiento legislativo y deberá pronunciarse sobre la recomendación formulada por el organismo provincial de control.

  • Salta acumula más vino mientras el consumo sigue en mínimos históricos

    Salta acumula más vino mientras el consumo sigue en mínimos históricos

    Las bodegas salteñas tenían 334.197 hectolitros de vino disponibles al 1 de agosto de 2026, un 5,4% más que un año antes. El aumento del stock coincide con un mercado interno nacional que en 2025 registró apenas 16,1 litros de consumo por habitante y con una caída de los despachos salteños durante el primer semestre de este año.

    Los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura muestran que al 1 de agosto de 2025 las existencias disponibles en Salta alcanzaban los 317.119 hectolitros. Un año después habían subido a 334.197.

    La diferencia es de 17.078 hectolitros. La variación del 5,4% surge de dividir esos 17.078 hectolitros adicionales por los 317.119 registrados un año antes, cálculo realizado por REDmedios a partir de las dos publicaciones oficiales.

    Las cifras son provisorias y corresponden a vinos disponibles declarados en el Libro Electrónico de Bodegas. El informe no incluye vinos especiales, frisantes ni espumantes.

    El aumento de las existencias por sí solo no permite afirmar que todo ese volumen sea excedente sin salida comercial. El stock vitivinícola también cambia por los ciclos de elaboración, guarda y comercialización. Sin embargo, el dato adquiere otra dimensión cuando se lo observa junto con la evolución de los despachos.

    Los despachos de Salta cayeron en el primer semestre

    Durante junio de 2026, los vinos originados en Salta y enviados al mercado interno sumaron aproximadamente 1,1 millón de litros, un 20,6% más que en el mismo mes del año anterior.

    Pero el acumulado de enero a junio mostró el movimiento contrario: los despachos provenientes de Salta cayeron 13,5% interanual.

    A nivel nacional, el mercado interno tuvo una evolución diferente. En el primer semestre se comercializaron 343,7 millones de litros, un incremento del 0,8% frente al mismo período de 2025.

    Esto significa que el desempeño de Salta fue peor que el promedio nacional durante los primeros seis meses del año, aunque junio haya mostrado una recuperación puntual.

    La situación se suma a una contracción que ya había aparecido en 2025. Ese año, Salta despachó 119.039 hectolitros al mercado interno, frente a 128.641 en 2024: una baja del 7,5%.

    Salta representó el 1,6% del vino enviado al mercado interno argentino durante 2025. Más de dos tercios de ese volumen correspondieron a vinos varietales.

    El consumo nacional está cerca de sus niveles más bajos

    El problema de fondo atraviesa a toda la actividad vitivinícola argentina.

    El consumo nacional cerró 2025 en 16,1 litros de vino por habitante, frente a 16,3 litros en 2024. La comercialización total cayó 2,6% y quedó en 7,46 millones de hectolitros.

    La comparación histórica muestra la magnitud del cambio. En 1970, el consumo había alcanzado 91,8 litros anuales por habitante. Desde entonces la tendencia de largo plazo fue descendente, aunque con años de recuperación parcial.

    Eso no significa que una persona promedio haya pasado literalmente de beber 91,8 a 16,1 litros: el indicador divide el volumen comercializado en el país por la población total y sirve para seguir la evolución general del mercado.

    En Salta, el escenario combina así tres datos distintos: existencias disponibles 5,4% superiores a las de agosto de 2025, despachos al mercado interno 13,5% menores durante el primer semestre y un mercado argentino cuyo consumo por habitante permanece muy por debajo de sus niveles históricos.

    Lo que los registros oficiales no permiten establecer todavía es cuánto de las existencias acumuladas corresponde a un problema efectivo de sobreoferta para las bodegas salteñas. Para afirmarlo harían falta datos sobre ventas, rotación de stock, precios y capacidad de almacenamiento de los establecimientos.

    Por ahora, el dato verificable es que hay más vino disponible en las bodegas de Salta mientras sus despachos acumulados al mercado interno vienen retrocediendo.

  • Bolivia subió 83% el diésel y presiona los costos fronterizos

    Bolivia subió 83% el diésel y presiona los costos fronterizos

    Bolivia eliminó la subvención al diésel y llevó el precio regulado de 9,80 a 17,95 bolivianos por litro. El salto modifica uno de los principales costos del transporte interno boliviano y abre presión sobre los circuitos comerciales que abastecen los pasos con el norte argentino.

    El nuevo valor comenzó a regir tras la publicación del Decreto Supremo 5716. La norma reemplazó el esquema anterior por un sistema vinculado al costo de importación y a referencias internacionales del combustible.

    La diferencia entre ambos valores representa una suba del 83,2%. El cálculo de REDmedios surge de dividir el aumento de 8,15 bolivianos por el precio anterior de 9,80.

    Ese porcentaje corresponde exclusivamente al combustible. No significa que los fletes, la ropa, los alimentos u otros productos hayan aumentado en la misma proporción.

    El cambio tiene especial relevancia para los corredores Aguas Blancas-Bermejo y Salvador Mazza-Yacuiba, donde una parte del comercio depende de mercadería transportada desde distintas regiones de Bolivia.

    Ropa, calzado, artículos de bazar, pequeños electrónicos y otros productos que llegan a las ciudades fronterizas recorren largas distancias antes de alcanzar los puntos de venta. La hoja de coca también depende del transporte desde las zonas productoras hacia el sur boliviano.

    El impacto local todavía no está medido

    Comerciantes y sectores vinculados al transporte ya advierten sobre posibles aumentos de costos, pero todavía no existe un relevamiento verificable que permita determinar cuánto del nuevo precio del diésel fue trasladado a los fletes o al consumidor en la frontera salteña.

    Por eso, no puede afirmarse que los productos hayan aumentado 83% ni establecer todavía un porcentaje general de incremento en Aguas Blancas o Salvador Mazza.

    El Decreto 5716 también establece que el precio del diésel podrá modificarse según la evolución de referencias internacionales y los costos de importación. El valor inicial quedó establecido en 17,95 bolivianos por litro, con IVA incluido.

    Para el norte salteño, el próximo dato relevante será el precio efectivo de los productos y del transporte en ambos pasos fronterizos. Sin ese relevamiento, el aumento del combustible confirma una mayor presión sobre la estructura de costos, pero no permite medir todavía cuánto terminará pagando el consumidor.

  • Salta exoneró en 2026 a cuatro policías condenados en 2019

    Salta exoneró en 2026 a cuatro policías condenados en 2019

    El Gobierno de Salta dispuso la exoneración de cuatro integrantes de la Policía provincial que habían sido condenados en diciembre de 2019 por vejaciones agravadas por el uso de violencia. El hecho que originó la causa ocurrió en octubre de 2018.

    La medida fue formalizada mediante el Decreto 588/26, firmado el 16 de septiembre y publicado este lunes 21 en el Boletín Oficial de la Provincia.

    Los exonerados son Franco Nahuel Flores, Enzo Lucas Emanuel Quipildor, Pablo Hernán Castillo y Gabriela Yanina Arjona. La decisión implica su destitución de la fuerza y la pérdida del estado policial.

    El expediente administrativo se inició a partir de un episodio ocurrido el 3 de octubre de 2018. Según reconstruyó el decreto, los cuatro efectivos alcanzaron y agredieron físicamente a un hombre que intentaba retirarse del lugar. Las lesiones requirieron su internación en el Hospital San Bernardo.

    La causa llegó a juicio al año siguiente.

    La condena fue dictada en diciembre de 2019

    El 10 de diciembre de 2019, la Sala IV del Tribunal de Juicio condenó a los cuatro policías a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.

    La Justicia los encontró responsables del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia. También les impuso reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio, mantenerse bajo control del organismo correspondiente y no acercarse a la víctima.

    Después de la sentencia continuó el procedimiento administrativo dentro de la Policía.

    El decreto publicado ahora señala que las actuaciones internas calificaron las conductas como faltas muy graves y que Fiscalía de Estado no formuló objeciones a la aplicación de la sanción expulsiva.

    La decisión final del Poder Ejecutivo fue disponer la destitución por exoneración de los cuatro agentes.

    Entre el hecho investigado y la exoneración transcurrieron casi ocho años, mientras que desde la condena judicial pasaron más de seis. La documentación consultada permite establecer esas fechas, pero no atribuir todo ese período exclusivamente al trámite administrativo.

    Con la publicación del Decreto 588/26, la expulsión quedó formalizada y los cuatro condenados dejaron de integrar la Policía de la Provincia.

  • León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre

    León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre

    El papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre como parte de una gira por Uruguay, Argentina y Perú. El Vaticano confirmó que durante su paso por el país estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

    Será la primera visita de un Papa a la Argentina desde Juan Pablo II en 1987. Francisco, nacido en Buenos Aires, no regresó al país durante sus 12 años de pontificado.

    León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, después de completar la primera etapa de su viaje en Uruguay. Entre sus primeras actividades figuran un homenaje al general José de San Martín y encuentros con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

    El lunes 9 desarrollará distintas actividades en el área metropolitana de Buenos Aires. Está prevista una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y posteriormente una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

    La agenda continuará con un encuentro vinculado al mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, una reunión con representantes de distintas comunidades religiosas y una celebración en la Catedral Metropolitana.

    El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y mantendrá encuentros con miembros de la Iglesia. Ese mismo día regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

    La última jornada en Argentina será el miércoles 11. El programa incluye una visita a un complejo penitenciario de Buenos Aires y una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

    Después de la ceremonia de despedida en Ezeiza, León XIV partirá rumbo a Perú, última etapa de la gira latinoamericana que comenzará el 6 de noviembre en Uruguay y terminará el 17.

  • En Salta, 60 mil ocupados buscan otro trabajo pese al menor desempleo

    En Salta, 60 mil ocupados buscan otro trabajo pese al menor desempleo

    La desocupación bajó del 6,6% al 4,3% en el aglomerado Salta entre los segundos trimestres de 2025 y 2026. Al mismo tiempo, la cantidad de personas que ya tienen una ocupación pero buscan activamente otro empleo aumentó de 52 mil a 60 mil, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

    El dato muestra dos movimientos simultáneos. Por un lado, hubo más personas ocupadas: pasaron de 286 mil a 293 mil en un año. Por otro, dentro de ese universo aumentó el grupo que continúa buscando una nueva ocupación.

    La población económicamente activa se mantuvo en torno a las 306 mil personas. Los desocupados bajaron de aproximadamente 20 mil a 13 mil y la tasa de empleo subió del 42,5% al 43,2%.

    Pero la reducción del desempleo no eliminó la presión sobre el mercado laboral.

    Uno de cada cinco activos ya trabaja y sigue buscando

    Los ocupados demandantes de empleo representaron el 19,5% de la población económicamente activa en el segundo trimestre de 2026. Un año antes eran el 17%.

    En números absolutos, son unas 60 mil personas que cuentan con una ocupación y, al mismo tiempo, realizan una búsqueda activa de otro trabajo. Son ocho mil más que en el mismo período de 2025.

    El indicador no permite determinar por qué buscan otra ocupación. La EPH identifica la búsqueda activa, pero ese dato por sí solo no demuestra que el motivo sea un salario insuficiente, la inestabilidad del puesto o la necesidad de sumar un segundo ingreso.

    La subocupación aporta otra dimensión. La tasa general pasó del 11,4% al 11,7% entre ambos períodos, una variación pequeña. Sin embargo, cambió su composición.

    La subocupación demandante —personas que trabajan menos de 35 horas semanales, quieren trabajar más y además buscan activamente otra ocupación— pasó del 6,1% al 7,9%. La subocupación no demandante bajó del 5,3% al 3,9%.

    Eso significa que dentro de un nivel de subocupación prácticamente estable aumentó el grupo que está buscando ampliar su participación en el mercado laboral.

    El empleo registrado también retrocedió

    La información del Sistema Integrado Previsional Argentino suma otra capa, aunque con una cobertura diferente: mide empleo registrado en toda la provincia y no solamente el aglomerado relevado por la EPH.

    En junio de 2026, Salta registró alrededor de 116.400 asalariados privados formales. Fueron aproximadamente 3.000 menos que un año antes, una caída interanual del 2,5%.

    Ese descenso convive con el aumento de ocupados registrado por la EPH. No existe una contradicción necesaria entre ambos indicadores: una persona puede aparecer como ocupada en la encuesta aunque su trabajo no sea un empleo asalariado privado registrado.

    El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Salta había estimado, además, que alrededor del 51% de los ocupados del Gran Salta trabajaba sin descuento jubilatorio en su empleo principal durante el primer trimestre de 2026.

    Ese porcentaje corresponde a otro trimestre y no debe combinarse directamente con las cifras del segundo trimestre. Sirve como contexto sobre la estructura laboral, no como explicación automática del aumento de quienes buscan otra ocupación.

    El dato no representa al norte salteño

    La principal limitación territorial sigue siendo la misma: cuando la EPH informa el dato identificado como Salta, mide el aglomerado de la capital provincial y localidades de sus alrededores.

    Tartagal, Orán, General Mosconi, Aguaray y Salvador Mazza no tienen un aglomerado propio dentro de esta medición.

    Por eso, las 60 mil personas ocupadas que buscan otro empleo no representan a toda la provincia y tampoco permiten saber qué está ocurriendo específicamente en el mercado laboral del norte salteño.

    La próxima medición permitirá observar si el aumento de ocupados demandantes continúa o si fue una variación puntual. Hoy, el dato disponible muestra una baja del desempleo en el aglomerado Salta acompañada por una mayor proporción de trabajadores que, aun estando ocupados, siguen buscando otra oportunidad laboral.

  • Los controles viales detectaron 168 alcoholemias positivas en Salta

    Los controles viales detectaron 168 alcoholemias positivas en Salta

    La Policía Vial detectó 168 alcoholemias positivas durante los controles realizados este fin de semana en distintos puntos de la provincia de Salta. El operativo se reforzó por las actividades vinculadas al Día del Estudiante.

    Según informó la Dirección General de Seguridad Vial, durante las jornadas fueron fiscalizados 12.069 vehículos y se realizaron 9.238 test de alcoholemia.

    Los controles terminaron con 1.517 infracciones por distintos incumplimientos a las normas de tránsito. Esa cifra corresponde a actas labradas y no permite determinar cuántos conductores diferentes fueron sancionados, ya que el informe oficial no presenta ese desglose.

    Entre las pruebas de alcoholemia, 168 conductores registraron graduación alcohólica y fueron sancionados de acuerdo con la normativa vigente.

    Controles en rutas y zonas urbanas

    El operativo se desplegó mediante puestos fijos y móviles en distintos sectores de la provincia. La Policía informó que este tipo de fiscalizaciones se realizan tanto en rutas nacionales y provinciales como en zonas urbanas.

    El parte oficial no detalló en qué localidades se registraron las alcoholemias positivas ni cómo se distribuyeron territorialmente las 1.517 infracciones. Tampoco discriminó qué faltas, además del consumo de alcohol al volante, concentraron la mayor cantidad de actas.

    Los controles viales continuarán de manera permanente en rutas y áreas urbanas de la provincia.

  • Tabacaleros reclaman controles por aportes impagos al Fondo del Tabaco

    Tabacaleros reclaman controles por aportes impagos al Fondo del Tabaco

    Productores y dirigentes tabacaleros de Salta, Jujuy y Misiones llevaron a la Secretaría de Agricultura de la Nación un reclamo por aportes impagos de empresas cigarreras al Fondo Especial del Tabaco (FET), en un momento clave para la campaña 2026/27 por el inicio del trasplante y el aumento de los costos en campo.

    El planteo fue presentado en una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, de la que participaron el dirigente salteño Enrique Cornejo, el asesor de la Cámara del Tabaco de Salta, Luis Cevasco, y el representante de productores de Misiones, Isac Lenguaza. También se transmitió el reclamo de entidades de Jujuy.

    Según expusieron los representantes del sector, empresas cigarreras como Espert SA y Cigarrillos y Tabaco no estarían realizando en tiempo y forma los aportes que deben ingresar periódicamente al FET. Por eso pidieron que se regularicen esos pagos y advirtieron que evalúan acciones judiciales para reclamar los fondos.

    El punto central del reclamo no pasa por una demora de las transferencias nacionales a las provincias, sino por los recursos que, según el sector, no estarían ingresando al fondo desde parte de la industria. Esa diferencia es clave porque el FET financia recursos que después se distribuyen entre las provincias productoras y sostienen parte de la actividad tabacalera.

    Cornejo también informó sobre un proyecto presentado en el Congreso para gravar nuevas manufacturas de tabaco y ampliar la recaudación del fondo. Según indicó, la iniciativa cuenta con respaldo de dirigentes de las siete provincias productoras.

    Además del planteo por los aportes impagos, los representantes de Salta, Misiones y Jujuy realizaron gestiones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por una presunta subfacturación en la venta de cigarrillos. De acuerdo con los cálculos del sector, cerca del 40% de las operaciones no tributaría sobre el precio real de comercialización.

    Siempre según esa estimación, la maniobra implicaría una pérdida superior a los 700 millones de dólares anuales para el Tesoro nacional. Los dirigentes agregaron que ese desfasaje también impactaría sobre otros recursos vinculados a la actividad, incluido el impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos.

    Como parte de las propuestas de control, el sector planteó incorporar un código QR en los paquetes de cigarrillos para que los consumidores puedan consultar el precio declarado y denunciar ventas por encima de ese valor.

    Después de la reunión con Agricultura, el reclamo quedó centrado en dos frentes: la regularización de los aportes al FET y un mayor control sobre la facturación de la industria cigarrera.