Política institucional
El Gobierno nacional podría postergar partes de la reforma laboral para garantizar el cumplimiento de las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional. El compromiso fue asumido por el ministro de Economía, Luis Caputo, dentro del nuevo esquema de seguimiento del programa económico.
El objetivo oficial es sostener un superávit primario cercano al 1,5% del PBI en 2026. Para lograrlo, Nación se comprometió a aplicar medidas adicionales si los números fiscales se complican, entre ellas demorar la entrada en vigencia de componentes de la reforma laboral que implican costo para el Estado.
Uno de los puntos bajo análisis es el Fondo de Asistencia Laboral, que no entraría en vigencia en junio. La normativa habilita postergar su aplicación hasta el 1° de diciembre de 2026. Esa demora permitiría un ahorro estimado en 0,15% del PBI.
Además, el Gobierno evalúa otras medidas para reforzar el resultado fiscal, como fortalecer impuestos especiales y mejorar la focalización de subsidios al transporte. Cada una de esas decisiones podría aportar cerca de 0,10% del PBI, según las estimaciones incluidas en el acuerdo.
El planteo marca una tensión dentro del propio programa económico. Por un lado, el oficialismo busca avanzar con reformas estructurales. Por otro, necesita evitar que esas reformas generen costos fiscales que pongan en riesgo la meta acordada con el FMI.
Caputo reconoció que seguir construyendo superávit solamente a partir del recorte del gasto resulta cada vez más difícil. Por eso, el Gobierno empieza a combinar ajuste, postergaciones, revisión de subsidios y posibles cambios tributarios para sostener el equilibrio fiscal.
Para Salta y el norte argentino, el tema puede tener impacto indirecto en tres planos: empleo formal, transporte y fondos nacionales. Si la reforma laboral se demora, empresas y trabajadores deberán esperar definiciones. Si se ajustan subsidios al transporte, puede haber presión sobre boletos y servicios. Y si Nación mantiene una política fiscal más restrictiva, las provincias pueden seguir enfrentando límites en obra pública, programas y transferencias.
La decisión final dependerá de la evolución de las cuentas públicas. Por ahora, el mensaje es claro: el Gobierno prioriza el superávit fiscal y está dispuesto a recalibrar parte de su agenda de reformas para cumplir con el FMI.
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