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  • Jóvenes de Rivadavia Banda Norte comienzan su carrera como soldados voluntarios

    Jóvenes de Rivadavia Banda Norte comienzan su carrera como soldados voluntarios

    Ocho jóvenes de parajes y localidades de Rivadavia Banda Norte completaron diez semanas de instrucción y fueron incorporados al Ejército Argentino como soldados voluntarios. El destino asignado es la Brigada Mecanizada X, con asiento en La Pampa.

    Ocho jóvenes de Pluma de Pato, Los Blancos, Morillo, Kilómetro 2 y La Esquina, en Rivadavia Banda Norte, se incorporaron al Ejército Argentino luego de completar el Núcleo de Instrucción Básico, una etapa de formación inicial que se extendió durante diez semanas.

    La incorporación se formalizó tras ese proceso de capacitación, que funciona como paso previo para ingresar al régimen de soldado voluntario.

    Según la información difundida sobre el acto, los ocho fueron destinados a la Brigada Mecanizada X, ubicada en la provincia de La Pampa.

    Qué implica el ingreso

    El régimen de soldado voluntario está abierto a jóvenes de entre 18 y 24 años, con estudios primarios completos y aptitud física y psicofísica para el servicio.

    El ingreso contempla un haber mensual, cobertura sanitaria y aportes previsionales. También permite continuar posteriormente una carrera dentro de la fuerza, ya sea como suboficial u oficial, mediante los mecanismos de ingreso correspondientes.

    La incorporación tiene además una dimensión territorial: los jóvenes provienen de localidades y parajes de Rivadavia Banda Norte, una de las zonas más alejadas de los grandes centros urbanos de la provincia.

    La información disponible confirma el ingreso de los ocho jóvenes, las diez semanas de instrucción cumplidas y su destino en La Pampa. No se precisó públicamente qué función específica cumplirá cada uno dentro de la unidad ni cómo continuará su formación una vez incorporados.

  • En Salta funcionan más de 90 centros para la primera infancia

    En Salta funcionan más de 90 centros para la primera infancia

    La red provincial atiende a más de 3.500 niños de entre 6 meses y 4 años. Un nuevo centro inaugurado en Rosario de Lerma suma capacidad para 45 chicos, mientras la Provincia continúa obras que incluyen espacios en Tartagal y Aguaray.

    Salta cuenta con más de 90 Centros de Primera Infancia (CPI), que actualmente brindan atención a más de 3.500 niños de entre 6 meses y 4 años, de acuerdo con información difundida por el Gobierno provincial.

    La red sumó ahora un nuevo espacio en Rosario de Lerma, con capacidad para recibir a 45 chicos. Los centros ofrecen acompañamiento durante los primeros años de vida y trabajan también con las familias.

    La apertura forma parte de un conjunto de obras destinadas a ampliar la infraestructura para primera infancia en distintos puntos de la provincia.

    Obras que también alcanzan al norte

    La Provincia informó que asumió la terminación de 18 Centros de Primera Infancia que habían quedado afectados por la interrupción del financiamiento nacional.

    Dentro de ese grupo se encuentran espacios ubicados en Tartagal y Aguaray, además de otros municipios salteños.

    Según la información oficial, ambos centros del departamento San Martín ya forman parte de las obras terminadas.

    La cifra provincial permite dimensionar la red existente, aunque todavía no se informó públicamente cómo se distribuyen los más de 3.500 niños atendidos entre cada localidad ni cuántos lugares disponibles tiene actualmente cada centro.

    Tampoco se detalló la cantidad de cupos disponibles en los CPI de Tartagal y Aguaray, un dato necesario para conocer el alcance efectivo del servicio en el norte provincial.

  • El Gobierno acelera sanciones por Malvinas y prepara una nueva ley

    El Gobierno acelera sanciones por Malvinas y prepara una nueva ley

    El Ejecutivo puso en marcha procedimientos contra 45 personas y empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en las islas, presentó una denuncia penal contra cinco compañías y anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

    El Gobierno nacional avanzó en los últimos días con una serie de medidas administrativas, judiciales y legislativas vinculadas al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

    El Decreto 868/2026 designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció nuevos plazos para tramitar sanciones contra personas o empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en áreas alcanzadas por la normativa.

    A partir del nuevo procedimiento, los organismos nacionales deberán comunicar a Cancillería posibles infracciones dentro de los cinco días hábiles desde que tomen conocimiento. Una vez abierto un sumario, el presunto infractor tendrá diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas.

    La legislación vigente contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años y, cuando corresponda, la reversión de concesiones hidrocarburíferas.

    Procedimientos y denuncia penal

    El 4 de septiembre, la Oficina del Presidente informó que Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas. Según el comunicado oficial, las actuaciones alcanzan no solo a compañías vinculadas directamente con la exploración y explotación, sino también a accionistas y prestadores de servicios.

    Tres días después, el Gobierno anunció una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades en la Cuenca Malvinas Norte: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

    La presentación también alcanza a directivos, administradores y representantes que eventualmente hayan intervenido en las conductas investigadas. El avance de las actuaciones no implica una condena: tanto los procedimientos administrativos como la denuncia deberán atravesar las instancias correspondientes.

    El Decreto 868 también incorpora controles sobre el cumplimiento de la Ley 26.659 para proyectos que busquen ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y para quienes soliciten permisos, concesiones o autorizaciones hidrocarburíferas.

    En paralelo, el Ejecutivo anunció que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Según la información oficial difundida el 3 de septiembre, la iniciativa prevé crear un Consejo de Seguridad Nacional y establecer regímenes de protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespacial y marítimo.

    El envío fue anunciado formalmente, pero el proyecto todavía debe ingresar al Congreso y atravesar el debate legislativo. Hasta entonces, las medidas efectivamente vigentes son las establecidas por el decreto y los procedimientos administrativos y judiciales ya iniciados.

  • Desempleados con 30 años de aportes perdieron la vía de jubilación anticipada

    Desempleados con 30 años de aportes perdieron la vía de jubilación anticipada

    La prestación permitía acceder hasta cinco años antes de la edad jubilatoria a quienes cumplían requisitos de edad, aportes y desempleo. El plazo para nuevas solicitudes terminó en septiembre de 2025 y no fue prorrogado.

    Las personas desempleadas que tienen 30 años de aportes pero todavía no alcanzaron la edad jubilatoria ya no pueden solicitar la Prestación Anticipada creada en 2021. El régimen extraordinario venció el 30 de septiembre de 2025 y no registra una nueva prórroga vigente.

    La herramienta estaba destinada a personas que se encontraban cerca de jubilarse y habían quedado fuera del mercado laboral. Permitía acceder al beneficio hasta cinco años antes de cumplir la edad establecida por el régimen general.

    Para los varones, la edad requerida era de entre 60 y 64 años. Para las mujeres, de 55 a 59. En ambos casos se necesitaban al menos 30 años de aportes y cumplir con la condición de desempleo establecida por la normativa.

    La última extensión, aprobada mediante el Decreto 558/2023, modificó ese requisito temporal: podían acceder quienes acreditaran estar desempleados al 30 de junio de 2023.

    Quienes obtenían la prestación cobraban el 80% del haber jubilatorio calculado al momento de solicitarla, con la garantía de no quedar por debajo del haber mínimo. Al alcanzar la edad jubilatoria ordinaria, el beneficio se transformaba automáticamente en el 100% del haber correspondiente.

    El vencimiento afecta el ingreso de nuevos solicitantes. No significa que las personas que ya habían obtenido la Prestación Anticipada hayan dejado de cobrarla: esos beneficios continúan bajo las condiciones establecidas originalmente.

    El régimen había sido creado en septiembre de 2021 y luego prorrogado durante dos años. Al justificar esa extensión, el Gobierno informó en 2023 que unas 23.000 personas habían accedido a la prestación desde su creación y que más de 14.000 continuaban cobrándola en ese momento.

    Desde entonces no se publicó una cifra oficial actualizada que permita saber cuántas personas tienen hoy 30 años de aportes, permanecen desempleadas y se encuentran a menos de cinco años de alcanzar la edad jubilatoria.

    Para ese grupo, el vencimiento dejó sin vigencia la vía extraordinaria que permitía anticipar el acceso a la jubilación. Una eventual reapertura requeriría una nueva norma o una prórroga del régimen.

  • El Gobierno prepara el Presupuesto y define el envío de la ley por Malvinas

    El Gobierno prepara el Presupuesto y define el envío de la ley por Malvinas

    Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete con la agenda legislativa de septiembre como uno de los ejes. El Presupuesto 2027 debe llegar al Congreso antes del 15 y el proyecto sobre soberanía todavía está en elaboración.

    El Gobierno nacional comenzó una semana marcada por varias definiciones legislativas. Javier Milei reunió a su Gabinete mientras el Ejecutivo termina de preparar el Presupuesto 2027 y trabaja en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado por el Presidente.

    El Presupuesto tiene una fecha concreta. El Poder Ejecutivo debe enviar el proyecto al Congreso antes del 15 de septiembre, de acuerdo con los plazos establecidos para la presentación anual de las cuentas nacionales.

    Hasta ahora no se difundieron las planillas definitivas ni el detalle completo de las proyecciones que contendrá la iniciativa. Su ingreso abrirá la discusión sobre ingresos, gastos y prioridades del Estado para 2027.

    En paralelo, el Gobierno continúa elaborando la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada por Milei el 3 de septiembre en relación con las actividades económicas desarrolladas en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

    La iniciativa busca reforzar las herramientas disponibles frente a empresas y personas vinculadas con esas operaciones. El anuncio se produjo junto con un endurecimiento de las acciones contra compañías relacionadas con la explotación de hidrocarburos alrededor de las islas.

    Sin embargo, el proyecto todavía no fue presentado formalmente ante el Congreso y no existe una fecha pública confirmada para su envío. Por eso, su contenido definitivo sigue pendiente.

    La agenda legislativa también incluye la reforma electoral. El Senado tiene previsto avanzar en comisión el 15 de septiembre, en una discusión que vuelve a poner sobre la mesa modificaciones al actual sistema.

    Las tres cuestiones atraviesan etapas distintas: el Presupuesto tiene un plazo legal de presentación, la reforma electoral ya tiene actividad parlamentaria prevista y la iniciativa sobre Malvinas continúa en elaboración. Los textos y acuerdos finales todavía no están definidos.

  • La industria pesquera pide extender las sanciones por Malvinas

    La industria pesquera pide extender las sanciones por Malvinas

    El planteo busca que las licencias otorgadas por la administración británica de las islas reciban un tratamiento similar al endurecimiento aplicado sobre la actividad petrolera. Por ahora, no existe una medida oficial equivalente para la pesca.

    La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera pidió al Gobierno nacional ampliar hacia la actividad pesquera la estrategia de sanciones que Argentina comenzó a aplicar contra empresas y personas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

    El reclamo aparece después de que la Cancillería iniciara procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por su presunta participación en actividades petroleras sin autorización argentina. La medida se apoya en la Ley 26.659, que regula específicamente la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

    El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, designó a la Cancillería como autoridad de aplicación y reforzó los mecanismos para detectar posibles incumplimientos. Las actuaciones pueden alcanzar a operadores, accionistas y prestadores de servicios vinculados con esos proyectos.

    La pesca presenta un escenario diferente. La administración británica de las islas otorga desde hace décadas licencias para operar alrededor del archipiélago y esa actividad representa una fuente relevante de ingresos.

    Las estadísticas publicadas por la propia administración de las islas muestran que durante 2024 la captura comercial total alcanzó 261.903 toneladas. El calamar Illex representó 146.689 toneladas, más de la mitad del volumen registrado durante ese año.

    El planteo del sector pesquero argentino apunta a utilizar sobre esas operaciones una herramienta similar a la aplicada sobre los hidrocarburos. Sin embargo, actualmente los dos sectores no están regulados por el mismo esquema de sanciones.

    Argentina ya puede sancionar embarcaciones extranjeras detectadas pescando ilegalmente dentro de espacios marítimos bajo jurisdicción nacional. El pedido ahora apunta a otra cuestión: las empresas que adquieren licencias expedidas por la administración británica para operar alrededor de Malvinas.

    La discusión ganó peso con el avance del proyecto petrolero Sea Lion. El Gobierno argentino endureció su estrategia contra las compañías involucradas y abrió procedimientos para determinar responsabilidades bajo la legislación nacional.

    Por ahora, el pedido de extender ese criterio a la pesca pertenece a una organización del sector y no constituye una decisión del Poder Ejecutivo. No se anunció una modificación legal, un decreto ni un procedimiento sancionatorio específico contra quienes operan con licencias pesqueras otorgadas desde las islas.

  • Cazón propone GPS voluntarios para vehículos que circulan en la frontera

    Cazón propone GPS voluntarios para vehículos que circulan en la frontera

    El fiscal de Salvador Mazza plantea combinar dispositivos privados de rastreo con una mayor cobertura de cámaras y monitoreo en tiempo real. La iniciativa todavía no se convirtió en un proyecto formal.

    El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, propuso extender el uso voluntario de dispositivos GPS en motos, autos y camionetas como herramienta para reaccionar con mayor rapidez ante robos de vehículos en la frontera con Bolivia.

    El planteo surge de investigaciones recientes en las que vehículos sustraídos en territorio argentino cruzaron el límite internacional antes de poder ser recuperados. En una frontera con numerosos pasos alternativos, unos pocos minutos pueden modificar la jurisdicción y obligar a coordinar la búsqueda con autoridades bolivianas.

    Cazón sostuvo, en una entrevista publicada por El Tribuno, que la instalación debería quedar a elección del propietario. También planteó que la ubicación física del dispositivo sea privada y conocida únicamente por el titular del vehículo.

    El fiscal indicó que mantiene conversaciones con legisladores nacionales sobre la posibilidad de impulsar el uso de esta herramienta, aunque hasta el momento no se identificó un proyecto legislativo presentado ni una norma que establezca su implementación.

    La propuesta se suma a un reclamo anterior del fiscal para ampliar el sistema de videovigilancia en Salvador Mazza y otros puntos sensibles de la frontera. En agosto había planteado la incorporación de unas 200 cámaras conectadas a un esquema de monitoreo en tiempo real.

    El 911 funciona como canal para comunicar emergencias en la zona. De hecho, la Policía de Salta lo utiliza como número de contacto en investigaciones desarrolladas en Salvador Mazza. El planteo de Cazón apunta a otra capacidad: disponer de cámaras observadas en tiempo real y coordinar una respuesta inmediata con las fuerzas desplegadas en frontera.

    La velocidad de reacción tiene una consecuencia adicional cuando intervienen vehículos robados. Una vez que el rodado ingresa a Bolivia, la búsqueda requiere cooperación entre organismos de ambos países. Esa coordinación ya existe: en septiembre, policías argentinos y bolivianos participaron de un procedimiento conjunto por una motocicleta robada que fue localizada cerca de un paso no habilitado.

    Por ahora, el GPS voluntario es una propuesta del fiscal y no una política pública aprobada. Tampoco existe información oficial sobre un cronograma o financiamiento para ampliar la red de cámaras planteada para Salvador Mazza.

  • Los agentes de IA asistirán trámites, pero mantendrán revisión humana

    Los agentes de IA asistirán trámites, pero mantendrán revisión humana

    Salta incorporó asistentes de inteligencia artificial en distintas áreas del Estado. La normativa provincial exige supervisión humana, protección de datos y la posibilidad de revisar administrativamente las decisiones.

    El Gobierno de Salta comenzó a implementar agentes de inteligencia artificial para asistir tareas administrativas, ordenar información y responder consultas en diferentes organismos provinciales.

    La Provincia informó que actualmente existen herramientas desarrolladas para Justicia, Mujeres, Minería, Modernización, contrataciones, el Tren a las Nubes y el Ente Regulador de los Servicios Públicos, entre otras áreas. En total, la nómina oficial identifica 11 agentes y asistentes con distintas funciones.

    Uno de los casos con actividad informada es Vicente, utilizado por el Ente Regulador. Según Informate Salta, el sistema ya superó las 10.000 interacciones y puede operar junto con los sistemas de Edesa y Aguas del Norte para asistir consultas vinculadas con servicios públicos.

    En la Secretaría de Justicia funciona Justina, diseñada para asistir a empleados públicos en la preparación de notas, borradores de dictámenes y otros documentos administrativos. El Tren a las Nubes también incorporará un asistente denominado Maury para atender consultas relacionadas con ese servicio.

    La incorporación de estas herramientas no implica que los sistemas puedan tomar decisiones administrativas de manera autónoma. El marco provincial establece la supervisión humana obligatoria y mantiene en manos de los agentes públicos la revisión y toma de decisiones.

    Las reglas también contemplan protección de datos personales y sensibles, transparencia sobre los procesos, medidas para prevenir sesgos y riesgos de ciberseguridad y el derecho de las personas a solicitar una revisión administrativa.

    Por ahora, no todas las herramientas tienen el mismo nivel de interacción con el ciudadano. Algunas están destinadas al funcionamiento interno del Estado y otras funcionan como asistentes para consultas y servicios.

    La información difundida no precisa cuánto costó desarrollar los agentes, qué modelos de inteligencia artificial utilizan ni cuánto redujeron efectivamente los tiempos de cada trámite.

  • El Estado paga $203,8 millones mensuales a 11 exmandatarios y familiares

    El Estado paga $203,8 millones mensuales a 11 exmandatarios y familiares

    El monto corresponde a asignaciones vitalicias informadas para julio. La comparación con la jubilación mínima muestra la escala del gasto, pero se trata de regímenes previsionales diferentes.

    El Estado destinó $203.835.765,06 durante julio al pago de 11 asignaciones vitalicias correspondientes a expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios.

    La cifra surge de información atribuida a la ANSES a partir de un pedido de Acceso a la Información Pública y reproducida por distintos medios. REDmedios.io verificó que la suma de los 11 montos informados alcanza ese total mensual.

    El haber más alto de la nómina corresponde a Alberto Fernández, con aproximadamente $26,09 millones brutos mensuales. En el extremo inferior aparece Daniel Scioli, con alrededor de $12,49 millones.

    La lista incluye también beneficios vinculados a otros exmandatarios y familiares. Cristina Fernández de Kirchner no figura entre esas 11 asignaciones relevadas.

    La comparación con la jubilación mínima requiere una corrección respecto de algunas publicaciones. En julio, el haber mínimo oficial fue de $411.989,33 y el bono extraordinario alcanzó hasta $70.000. Para quienes recibieron el bono completo, el ingreso total llegó a $481.989,33.

    Tomando esa cifra únicamente como referencia de magnitud, el gasto mensual de $203,8 millones equivale a más de 420 haberes mínimos con bono. La comparación no implica que ambos beneficios se calculen bajo las mismas reglas: las asignaciones vitalicias corresponden a un régimen distinto del sistema jubilatorio general.

    La información disponible permite verificar el total informado y corregir la referencia utilizada para la jubilación mínima. Lo que no está disponible públicamente en las fuentes consultadas es la respuesta original completa de ANSES al pedido de información ni una actualización posterior a julio.

  • Orán figura como dueño de tierras fronterizas bajo disputa en San Martín

    Orán figura como dueño de tierras fronterizas bajo disputa en San Martín

    La Municipalidad aparece con el 33,33% de una matrícula rural de 662 hectáreas en Baúles, sobre la banda del río Grande de Tarija. El área linda con otra propiedad donde hay denuncias de ocupación y cultivos que avanzan desde Bolivia.

    Una investigación publicada por El Tribuno abrió un punto sensible sobre la franja fronteriza del norte salteño: la Municipalidad de Orán figura como cotitular de una fracción rural ubicada en Baúles, en el municipio de General Mosconi, dentro de una zona atravesada desde hace años por denuncias de ocupación y uso irregular del suelo.

    Según la información citada por ese medio, la matrícula 494 de San Martín tiene 662 hectáreas y en su cédula parcelaria el municipio oranense aparece con el 33,33% de los derechos registrales. El resto de la titularidad está repartido entre particulares.

    El dato adquiere peso por la ubicación del terreno. La fracción está en la banda salteña del río Grande de Tarija, sobre la frontera con Bolivia, y linda con otra propiedad rural, la matrícula 1011, de 1.103 hectáreas, donde sus titulares vienen denunciando desde hace años ocupaciones avanzadas desde Bermejo.

    En ese catastro lindero, los propietarios sostienen que ya hay alrededor de 100 hectáreas afectadas por usurpaciones y cultivos. También denuncian que parte de esa producción sería trasladada hacia Bolivia. Esas afirmaciones corresponden a presentaciones de los dueños y no surgen, hasta acá, de una resolución judicial conocida que las dé por probadas.

    Lo más sólido del caso, por ahora, es el dato registral: un municipio del departamento Orán figura asociado a una tierra rural situada en San Martín, dentro de una franja especialmente sensible por su aislamiento, su cercanía con la línea internacional y los conflictos de ocupación denunciados en distintos puntos del sector.

    La nota de origen también vincula el caso con investigaciones por domicilios presuntamente irregulares en Aguas Blancas. Ese punto, sin embargo, pertenece a otro expediente y no prueba por sí mismo una relación directa con la disputa de tierras en Baúles.

    El punto pendiente es central: no está explicado públicamente por qué la Municipalidad de Orán posee ese 33,33% de la matrícula, cuándo adquirió esa participación, con qué finalidad la conserva ni si tomó alguna medida frente a las denuncias que rodean al área.