Política institucional
Salta volvió a plantear ante Nación la necesidad de regularizar fondos para obras públicas clave y garantizar el abastecimiento de gas en la provincia, en un contexto marcado por proyectos demorados, rutas deterioradas y demandas de infraestructura en distintos puntos del territorio.
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en una agenda vinculada a obras de saneamiento, rutas nacionales, infraestructura educativa, energía y proyectos judiciales.
Uno de los puntos centrales fue el reclamo por fondos nacionales comprometidos para obras que ya están en marcha o que necesitan continuidad. La Provincia sostiene que viene cubriendo con recursos propios certificaciones que corresponden a Nación para evitar paralizaciones y mayores demoras.
Entre los proyectos mencionados aparecen las plantas depuradoras de Salta y Cafayate, obras en rutas nacionales, infraestructura escolar y la Ciudad Judicial de Orán. Este último punto tiene impacto directo en el norte provincial, donde el acceso a servicios judiciales y administrativos sigue siendo una demanda importante.
También se planteó la necesidad de avanzar con obras viales estratégicas, como el puente sobre el río Vaqueros, la Ruta Nacional 40, la Ruta Nacional 51 y la Ruta Nacional 9/34, especialmente en el tramo Metán–Rosario de la Frontera. El estado de las rutas nacionales se volvió un problema sensible para usuarios, transportistas, municipios y sectores productivos.
El abastecimiento de gas fue otro eje de la reunión. Salta pidió previsibilidad para garantizar el servicio y avanzar en la inclusión de nuevos departamentos dentro del sistema de zonas cálidas, una demanda relevante para hogares y actividades productivas del norte argentino.
La discusión vuelve a mostrar una tensión institucional de fondo: muchas obras dependen de fondos nacionales, pero el impacto de las demoras se siente en la provincia. Cuando las rutas se deterioran, las plantas no avanzan o el gas no tiene garantías suficientes, el problema deja de ser administrativo y se transforma en una dificultad concreta para familias, comercios, productores y municipios.
Para Orán, San Martín y el norte salteño, el reclamo tiene una lectura directa. Rutas, gas, infraestructura judicial y obras pendientes son parte de una agenda que define conectividad, servicios y desarrollo territorial.
La reunión abre una nueva instancia de negociación, pero el punto clave será qué fondos se regularizan, qué obras se destraban y qué respuestas concretas llegan para el abastecimiento energético. En Salta, la agenda de infraestructura ya no admite solo anuncios: necesita plazos, financiamiento y ejecución verificable.
