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Social / Contexto local

ANSES acreditará pagos pendientes de Becas Progresar correspondientes al ciclo lectivo 2025, incluido el reintegro del 20% retenido para estudiantes que cumplieron con los requisitos académicos exigidos.

El pago alcanza a beneficiarios que acreditaron regularidad escolar o académica, según la línea del programa. También puede incluir cuotas estímulo pendientes para quienes completaron las condiciones requeridas durante el período anterior.

Entre los principales grupos alcanzados se encuentran estudiantes de Progresar Obligatorio e ingresantes de nivel terciario y universitario de primer año. Los depósitos se realizarán de manera automática en las cuentas bancarias informadas por cada beneficiario.

El monto mensual vigente del programa continúa en $35.000, aunque el pago que recibirá cada estudiante dependerá de su situación particular, los meses liquidados y los reintegros pendientes.

Para consultar el estado del beneficio 2026, los estudiantes deben ingresar a Mi Argentina y revisar si la solicitud fue aprobada, rechazada o si continúa en evaluación. La aprobación del nuevo ciclo se realiza de manera gradual.

En Salta, estas becas son un apoyo importante para muchos jóvenes que estudian en la capital o en el interior. En localidades como Orán, Tartagal, Embarcación y otras zonas alejadas, el ingreso puede ayudar a cubrir transporte, materiales, fotocopias, conectividad y gastos básicos vinculados a la continuidad educativa.

Por ahora, los pagos del nuevo ciclo podrían comenzar en junio, aunque todavía no hay una fecha definitiva confirmada para todos los beneficiarios. La inscripción abierta actualmente corresponde a Progresar Trabajo.

Social / Contexto local

Salta avanza con un proyecto para incorporar la educación socioemocional en escuelas y colegios de la provincia, con el objetivo de fortalecer la convivencia, la empatía y la resolución pacífica de conflictos dentro del aula.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Senadores y propone trabajar estas herramientas de manera transversal, no como una materia aislada. La idea es que la gestión de emociones, los vínculos, la escucha y el respeto formen parte del proceso educativo cotidiano.

La senadora Alejandra Navarro, representante de Anta, explicó que el proyecto apunta a fortalecer capacidades emocionales y vinculares en estudiantes, docentes y comunidades educativas.

El texto también prevé la creación de una Comisión Técnica integrada por especialistas, para definir criterios pedagógicos, científicos y de implementación. Ese punto será clave para evitar que la propuesta quede solo en una declaración general.

La discusión aparece en un momento en el que muchas escuelas enfrentan situaciones cada vez más complejas: conflictos entre estudiantes, episodios de violencia, ansiedad, problemas familiares y dificultades de convivencia. En ese contexto, el aula también se convierte en un espacio de contención.

Para Salta capital y el interior, el impacto dependerá de cómo se implemente. En el norte provincial, donde la escuela muchas veces cumple un rol social central, la educación socioemocional puede ser una herramienta útil si llega acompañada de formación docente, recursos y seguimiento real.

El proyecto abre una oportunidad para trabajar la convivencia escolar desde una mirada preventiva. Pero su resultado no dependerá solo de la ley: hará falta capacitación, planificación y acompañamiento sostenido para que llegue de verdad a las aulas.

Social / Contexto local

El recorte de más de $63.000 millones en partidas sanitarias nacionales abrió preocupación por el impacto que podría tener en programas sensibles de salud pública, especialmente aquellos vinculados a medicamentos, tratamientos oncológicos y enfermedades de seguimiento continuo.

La medida forma parte de una reestructuración presupuestaria nacional y alcanza áreas vinculadas a provisión de medicamentos, salud sexual, VIH, hepatitis, tuberculosis, tratamientos de alto costo y organismos estratégicos del sistema sanitario.

El punto central no es solo el número del ajuste, sino qué puede pasar con los pacientes que dependen de programas públicos para sostener tratamientos que no pueden interrumpirse. En enfermedades crónicas, oncológicas o infecciosas, cualquier demora en la entrega de medicación puede traducirse en mayor riesgo sanitario.

Para provincias como Salta, el impacto potencial debe mirarse desde la red pública. Hospitales, centros de salud y programas provinciales suelen absorber la demanda cuando las familias pierden cobertura, no pueden pagar estudios o dependen de medicamentos provistos por el Estado.

En el norte provincial, la situación puede sentirse con más fuerza. En departamentos como San Martín y Orán, el acceso a especialistas, turnos, estudios y tratamientos muchas veces exige traslados, gestiones y tiempos de espera. Si se reducen recursos nacionales, la presión puede trasladarse a hospitales y familias.

La medida también genera interrogantes sobre la continuidad y capacidad de respuesta de programas preventivos. VIH, hepatitis, tuberculosis, salud sexual y tratamientos oncológicos requieren seguimiento sostenido, provisión regular y coordinación entre Nación, provincias y efectores locales.

Por ahora, el impacto concreto en Salta deberá observarse en la disponibilidad de medicamentos, derivaciones, turnos y continuidad de programas. Pero el recorte ya instala una señal de alerta: en salud pública, los ajustes presupuestarios no quedan en una planilla; pueden llegar directamente al tratamiento de pacientes que necesitan respuestas a tiempo.

Social / Contexto local

ARCA estableció la obligación de emitir recibos electrónicos para trabajadoras de casas particulares, una medida que busca ordenar los pagos, aportes y registros laborales dentro del empleo doméstico.

El trámite se realiza desde el portal del organismo, con CUIT o CUIL y clave fiscal, dentro del servicio de Casas Particulares. Desde allí, la parte empleadora puede gestionar pagos, generar recibos de sueldo, registrar licencias y consultar información vinculada a la relación laboral.

El recibo electrónico funciona como constancia formal del pago realizado. Allí deben quedar cargados datos como período trabajado, categoría, cantidad de horas, salario, adicionales, descuentos y aportes correspondientes.

Para las trabajadoras, el sistema permite contar con un respaldo documentado de sus ingresos y consultar aportes, obra social y cobertura previsional. Para quienes emplean personal doméstico, también sirve como comprobante ante eventuales reclamos o controles.

En Salta y el norte provincial, el empleo en casas particulares tiene un peso importante en la economía familiar. Muchas veces se trata de trabajos por hora, con vínculos informales o acuerdos de palabra, por lo que la digitalización del recibo puede ayudar a ordenar derechos y obligaciones.

El cambio no elimina los problemas de informalidad, pero suma una herramienta concreta para acreditar pagos y reducir conflictos. La clave será que empleadores y trabajadoras conozcan el procedimiento y completen correctamente la información.

La medida vuelve a poner en foco una actividad muy extendida, pero muchas veces poco visibilizada. Formalizar el recibo no es solo cumplir un trámite: también implica reconocer el trabajo doméstico como una relación laboral con derechos, aportes y responsabilidades.