Política institucional
El Gobierno decidió profundizar el ajuste y les exigirá a todos los ministerios un recorte adicional del 2% sobre sus presupuestos. La medida aparece en un momento de preocupación oficial por la caída de la recaudación y busca blindar el objetivo de déficit cero.
La señal es clara: la motosierra no se detiene. Después de dos años de recortes fuertes en distintas áreas del Estado, la Casa Rosada ahora va por una etapa más fina, enfocada en presupuestos ministeriales que ya venían tensionados.
La orden también incluye una reducción del 20% en ciertos gastos operativos, como choferes y flotas de traslado. Además, cada cartera deberá presentar a fin de mes un informe con áreas, programas o partidas donde todavía se pueda ajustar.
El problema de fondo es que el Gobierno teme que la baja de recursos complique su equilibrio fiscal. Con menos margen de maniobra, la prioridad oficial sigue siendo sostener el superávit aun cuando eso implique abrir una nueva ronda de poda sobre estructuras ya recortadas.
La discusión no queda solo en Buenos Aires. Cuando el ajuste nacional sigue avanzando sobre ministerios, la pregunta inevitable es qué pasa después con programas, asistencia, obras y políticas públicas que terminan impactando también en provincias y municipios.
Ahí aparece la tensión más sensible. El oficialismo busca mostrar disciplina fiscal a cualquier costo, pero cada nueva vuelta de recorte vuelve más concreta una duda: cuánto más puede achicarse el Estado sin que empiece a resentirse la gestión real.
